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BTS y el problema de las colas: Fiscalía y PNP intervienen los exteriores de la Universidad San MarcosLas largas filas de seguidores en los alrededores del estadio San Marcos obligaron a reforzar la presencia policial y fiscal ante la ocupación de espacios públicos, campamentos y denuncias relacionadas con la venta de lugares en las colas. El operativo busca garantizar el ingreso de los asistentes y evitar que la expectativa por los tres conciertos termine generando mayores problemas en los alrededores del concierto.
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22 segundos agoon
08/10/2026By
Redacción Lima Gris
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La llegada de BTS a Lima comenzó a sentirse mucho antes de que las luces del escenario se encendieran. Desde las primeras horas del miércoles, los exteriores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se convirtieron en un punto de concentración masiva de seguidores que buscaban asegurar su ingreso al primer concierto de la agrupación surcoreana en la capital.
La expectativa, sin embargo, rápidamente dejó de ser únicamente parte del espectáculo. Las largas filas, la permanencia de personas durante la noche, la instalación de campamentos y los reclamos por la presunta venta de espacios en las colas llevaron a la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), Serenazgo de Lima y representantes del Ministerio Público.
La situación se concentró principalmente en los alrededores de la puerta 1, en la avenida Venezuela, donde las autoridades colocaron vallas metálicas para ordenar a los asistentes y evitar que las filas ocuparan la vía pública. La intervención se produjo luego de algunos altercados registrados durante el intento de retirar a personas que permanecían en la zona.
Foto: Andina.
Una cola que terminó ocupando el espacio público
La imagen de cientos de seguidores esperando para ingresar al estadio se convirtió en una de las postales de la llegada de BTS a Lima. Pero detrás de las fotografías y la expectativa por el concierto apareció otro problema: cómo organizar una concentración que supera los límites de una fila convencional y se extiende por diferentes calles alrededor de San Marcos.
El Comercio reportó que desde el 30 de septiembre se habían producido desalojos de personas que acampaban en los exteriores del recinto, aunque posteriormente las filas volvieron a instalarse. La noche previa al concierto también se observaron largas colas frente a las puertas 8, en la avenida Benavides; Venezuela y Amezaga.
A esto se sumaron denuncias de personas que estarían cobrando por guardar espacios dentro de las filas. Según el mismo reporte, algunos asistentes señalaron que se habría llegado a cobrar hasta S/310 por reservar un lugar en la cola. El fenómeno convirtió la espera para ingresar al concierto en un espacio donde también aparecieron negocios informales vinculados con la propia demanda de los fanáticos.
La situación generó reclamos entre las propias seguidoras. Algunas pidieron públicamente que no se compraran lugares dentro de las filas, al considerar que esta práctica perjudicaba a quienes habían esperado durante horas para ingresar.
Seguidores del grupo de música BTS se congregan en las afueras del Estadio San Marcos antes del concierto. Foto: Infobae.
Fiscalía advierte sobre riesgos y delitos
La intervención no respondió únicamente a un problema de tránsito. La Quinta fiscalía provincial de Prevención del Delito de Lima Centro emitió alertas preventivas antes de los conciertos para reducir los riesgos asociados a las aglomeraciones.
El Ministerio Público pidió evitar los campamentos y reducir la presencia de comercio ambulatorio informal en los alrededores del estadio. También señaló la necesidad de mantener despejadas las vías de acceso y evacuación, debido a que una concentración desordenada podría dificultar la respuesta ante una emergencia.
La Fiscalía también puso atención sobre la adquisición de entradas. Ante la posibilidad de boletos falsificados, duplicados o con códigos adulterados, recomendó a los asistentes tomar precauciones y adquirir sus entradas mediante los canales correspondientes.
Las autoridades identificaron posibles riesgos relacionados con delitos como estafa, disturbios, coacción, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de servicios públicos y suplantación de identidad. El operativo fue coordinado con la PNP, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Bomberos, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la empresa promotora y representantes del club oficial de fans.
Policía intervino tras altercados en la avenida Venezuela
La madrugada del 7 de octubre mostró hasta qué punto había escalado la situación. Según RPP, un contingente policial, junto con Serenazgo y representantes de la Fiscalía, intervino las inmediaciones de la puerta 1 luego de que cientos de seguidoras permanecieran en la vía pública.
Las autoridades instalaron vallas metálicas para delimitar las filas y mantener una zona de circulación. La intervención buscó también evitar conflictos relacionados con la reventa de entradas y mantener despejados los espacios destinados al tránsito.
La presencia policial se mantuvo durante la mañana, mientras continuaba el ingreso de los asistentes. Caretas también reportó la intervención de un presunto revendedor que habría generado malestar entre las personas que esperaban en la fila.
El problema, por tanto, no se limitó a la extensión de las colas. El espacio público comenzó a convertirse en parte de la experiencia previa al concierto, con personas esperando durante horas, comercio informal y situaciones que obligaron a las autoridades a establecer controles.
San Marcos bajo presión antes del primer concierto
La magnitud de la convocatoria explica parte del desafío. BTS tiene programados tres conciertos en el estadio San Marcos: miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Para el primer espectáculo, las puertas del campo estaban previstas para las 4:00 p. m., mientras que algunos asistentes con acceso al soundcheck ingresaron desde la mañana.
Andina registró largas filas en los alrededores del recinto y señaló que cientos de seguidores se distribuyeron alrededor de las diferentes puertas de acceso. Algunas personas llegaron desde otras regiones e incluso desde otros países para asistir al espectáculo.
El problema de las colas también se relaciona directamente con la movilidad. La Municipalidad de Lima estableció restricciones y desvíos en las avenidas Venezuela y Germán Amézaga, mientras que el operativo municipal contempla personal para controlar el tránsito, fiscalizar el comercio informal y mantener el orden en las calles.
El reto no termina cuando comienza el concierto
El primer concierto de BTS pone a prueba algo más que la capacidad del estadio para recibir a sus seguidores. También evidencia las dificultades que enfrenta una ciudad como Lima cuando un evento masivo se encuentra acompañado de concentración de personas, comercio, transporte y ocupación temporal de espacios públicos.
La experiencia de las primeras horas deja una pregunta para las siguientes dos fechas: ¿cómo evitar que la espera de los fanáticos vuelva a convertirse en un problema de seguridad y movilidad?
Las autoridades ya anunciaron operativos para los tres conciertos. La Policía, la Municipalidad, la Fiscalía y otras instituciones deberán mantener la coordinación no solo durante el ingreso, sino también durante la salida, cuando decenas de miles de personas abandonen simultáneamente el estadio.
El fenómeno BTS, que durante meses fue esperado como un acontecimiento musical, terminó convirtiendo los alrededores de San Marcos en un escenario paralelo. Allí, entre filas que superaron el kilómetro, vallas metálicas, controles policiales y vendedores que aprovecharon la concentración, la ciudad también tuvo que prepararse para recibir al fenómeno del K-pop.
El concierto comenzó dentro del estadio. Afuera, el desafío para Lima fue otro: ordenar una multitud que llegó mucho antes que la música.
Comentarios Related Topics:BTSfiscalíapnpuniversidad san marcos Don't MissCaso Liceo Naval Almirante Guise: renunciaabogado de la víctima y responsabiliza a periodista Milagros Leiva
Redacción Lima Gris
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Caso Liceo Naval Almirante Guise: renunciaabogado de la víctima y responsabiliza a periodista Milagros LeivaA pocos días de la audiencia decisiva contra los procesados por agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, el abogado Jorge Petrosi renunció a la defensa de la víctima. El letrado denunció presuntas presiones ejercidas por la periodista Milagros Leiva sobre la familia del menor, hecho que provocó desacuerdos en la estrategia legal y su posterior salida del caso.
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14 minutos agoon
08/10/2026By
Leonardo Serrano Zapata
A pocos días de la audiencia fijada para el viernes 9 de octubre, donde se definirán las responsabilidades legales por el caso de abuso sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, el proceso dio un giro decisivo. El abogado defensor de la víctima, Jorge Petrosi, renunció a la patrocinia tras una discrepancia con la familia. En declaraciones durante el programa Beto a saber, el letrado explicó las razones de su salida y detalló los avances de la investigación.
El caso llega a esta instancia clave con cambios en la situación jurídica de los diez implicados. El juzgado liberó a cuatro menores para que declaren en calidad de testigos, aunque la resolución judicial precisa que su condición podría revertirse nuevamente a la de imputados. Sin embargo, uno de los jóvenes liberados abandonó el país junto a su madre el pasado 22 de septiembre con destino a los Estados Unidos. Mientras tanto, los otros seis alumnos permanecen internados en el centro de menores de Maranga a la espera de su recategorización por nivel de peligrosidad.
El motivo de la ruptura
El abogado Petrosi aclaró que la ruptura con la familia del menor no se produjo por la carta enviada a la periodista Milagros Leiva, sino por las declaraciones posteriores de la madre, quien afirmó que el letrado «no se alineó a nosotros». Frente a ello, Petrosi remarcó que su labor no es la de un subordinado y que su prioridad jurídica es la protección del menor de edad.
El letrado explicó además que aceptó acudir al programa televisivo bajo dos condiciones: que la entrevista se transmitiera en vivo y que Milagros Leiva le ofreciera disculpas públicas. Al detectar que la producción pretendía realizar una edición grabada, el abogado denunció un intento de manipulación y planteó un ultimátum a la madre, sostuvo: «Sí, por eso es que yo he tenido que decir hasta acá no más y les dije o Milagros Leiva o yo. Se acabó el tema.». Tras la decisión de la familia de priorizar la presentación mediática, se confirmó la renuncia formal de la defensa.
Sus críticas a Milagros Leiva y la advertencia sobre las pruebas
En relación con el tratamiento mediático del caso, el abogado Petrosi sostuvo que la difusión de la identidad del menor no constituyó un descuido fortuito, argumentando que todo profesional de la comunicación conoce los límites legales al revisar atestados y expedientes judiciales. En esa línea, el letrado afirmó que dicha conducta configuraría la presunta comisión de dos delitos, uno de los cuales contempla sanciones de hasta seis años de prisión.
Respecto a las motivaciones de la madre del afectado, el abogado se mostró cauteloso al precisar que carece de pruebas fehacientes para formular acusaciones directas, aunque reconoció tener sospechas sobre la influencia de terceros interesados en su apartamiento del caso.
Al hacer un balance de su gestión, el abogado Petrosi destacó la apertura de una investigación preliminar contra la exdirectora del plantel (Carito Ayala Delgado) y la derivación del caso contra los dos docentes a la fiscalía especializada en delitos de violación sexual. En ese sentido, la fiscalía de San Borja acogió la imputación a los dos profesores que viajaban en el autobús escolar como presuntos autores por omisión, figura jurídica que atribuye responsabilidad a quien tiene el deber legal de impedir un delito y no lo hace. Debido a la presencia de agravantes, las sanciones contempladas en el caso podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
¿Qué pasará ahora?
Pese a estos progresos, especialistas en derecho advierten que el cambio de representación legal a pocos días de la audiencia resulta riesgoso e imprudente, pues un nuevo letrado requerirá tiempo sustancial para revisar la totalidad del expediente.
No obstante, Petrosi enfatizó que la causa judicial continúa su curso de forma ininterrumpida al estar bajo la conducción del juzgado.
Por su parte, Beto Ortiz añadió «parece estarse diluyendo de una manera realmente preocupante» expresando su preocupación por el riesgo de que la polémica mediática desvíe el foco de atención respecto a la búsqueda de justicia para la víctima de presunta violencia sexual por parte de otros menores del Liceo Naval Almirante Guise. Queda una pregunta: ¿Habrá sanción ejemplar contra los infractores y adultos responsables u otra vez pesarán más los galones de la Marina de Guerra del Perú?
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Taiwán conmemoró 115 años de su República con celebración en LimaEmpresarios, políticos, diplomáticos, representantes de las Fuerzas Armadas y destacados periodistas participaron en la celebración del Día Nacional de la República de China (Taiwán), realizada en Lima y encabezada por el representante taiwanés Gustavo Chao-Jui Lu.
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4 horas agoon
07/10/2026By
Redacción Lima Gris
La Oficina de Representación de Taiwán en el Perú conmemoró el 115 aniversario del Día Nacional de la República de China (Taiwán) con una recepción celebrada en el hotel Hilton Garden Inn, en Lima, que congregó a representantes de diversos sectores de la vida nacional.
El encuentro reunió a empresarios, integrantes del cuerpo diplomático, autoridades políticas, representantes de las Fuerzas Armadas y destacados periodistas, quienes acompañaron al representante de Taiwán en el Perú, Gustavo Chao-Jui Lu, en esta fecha de especial significado para la comunidad taiwanesa.
Entre las personalidades asistentes estuvieron el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco y la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, quien dirigió unas palabras a los invitados durante la ceremonia. También participaron representantes del ámbito empresarial como Erasmo Wong, además de diversos senadores y diputados.
La ceremonia se inició con la entonación de los himnos nacionales de Taiwán y del Perú, seguida de la proyección de un video dedicado a la historia de la isla. Posteriormente, se realizó el tradicional brindis de honor.
Durante su discurso de bienvenida, Gustavo Chao-Jui Lu destacó la importancia del encuentro y la posibilidad de estrechar vínculos con representantes de distintos sectores. “Es muy satisfactorio encontrarnos reunidos tantos viejos amigos como nuevos amigos que nos acompañan hoy”, expresó el representante taiwanés.
Gustavo Chao-Jui Lu estuvo acompañado por su esposa, Zoé Chang, durante la recepción, que se desarrolló en un ambiente de confraternidad y encuentro entre los invitados.
El Día Nacional de la República de China (Taiwán), conocido como “Doble Diez”, se celebra cada 10 de octubre y conmemora el levantamiento de Wuchang ocurrido en 1911, acontecimiento que marcó el inicio de la revolución que condujo a la fundación de la República de China.
La celebración en Lima se convirtió así en un espacio de encuentro entre representantes de Taiwán y diversos actores de la sociedad peruana, reafirmando los vínculos institucionales, económicos y culturales que forman parte de la relación entre ambos pueblos.
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Los presuntos delitos que provocaron el escándalo y la caída del Decano Miguel Canchari Huamaní del COARPENuevo escándalo sacude al Colegio de Arqueólogos del Perú. Sancionan a su decano nacional por presunta falsificación de documentos en licitaciones públicas que habría perjudicado los intereses del Estado.
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23 horas agoon
07/10/2026By
Redacción Lima Gris
La máxima autoridad del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE), el Decano Miguel Antonio Canchari Huamaní, fue suspendido por dos años tras acreditarse el proceso disciplinario por la denuncia de falsificación de firmas de una colega en dos certificados para ganar millonarias licitaciones de Provías. El decano intentó encubrir la denuncia durante 33 días hasta que el caso estalló en la prensa.
En uno de los golpes más severos a la ética profesional en la historia reciente de la arqueología peruana, el Consejo de Decanos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) ha impuesto una sanción ejemplar al actual Decano Nacional, el Lic. Miguel Antonio Canchari Huamaní (Registro Nº 040907). Mediante la Resolución del Consejo de Decanos N° 011-2026-COARPE/CD, fechada el 30 de septiembre y notificada el 2 de octubre de 2026, se le declara culpable de una Falta Disciplinaria Muy Grave, consistente en «hechos constitutivos de delitos que afecten el decoro o la ética profesional».
La sanción determina su suspensión e inhabilitación por dos (2) años para ocupar el cargo de Decano del Consejo Directivo Nacional, así como cualquier otro cargo en cualquier instancia del COARPE. Esta inhabilitación solo podrá ser levantada si el Poder Judicial o el Ministerio Público declaran su inocencia en instancia final.
El Origen: Una denuncia que buscó ser silenciada. El calvario institucional que derivó en esta resolución comenzó el 31 de julio de 2026, cuando la arqueóloga colegiada Rocío Coras Contreras, de la sede COARPE Centro Sur, presentó una denuncia formal. Coras Contreras acusó al entonces Decano de un delito que sacude los cimientos de la fe pública: la falsificación de documento privado y su uso para ganar una licitación estatal en el año 2025.
Sin embargo, lo que podría haber sido un proceso administrativo ordinario, se tornó en un escándalo nacional debido a la actitud del denunciado. Aprovechando su cargo de Decano Nacional (asumido el 17 de febrero de 2026), Canchari Huamaní retuvo, omitió derivar y demoró injustificadamente la denuncia en su contra durante 33 días.
El caso solo vio la luz pública tras la publicación un informe en Lima Gris. Fue recién ante la presión mediática y la exigencia directa del Presidente del Consejo de Decanos, Mg. Wilber Bolívar Yapura, que el decano remitió la denuncia mediante el oficio 181-2026-COARPE-CDN, sin adjuntar ningún acta del Consejo Directivo Nacional que avalara su envío, evidenciando un claro conflicto de intereses y un intento de encubrimiento.
El modus operandi y el engaño al Ministerio de Transportes
La gravedad de la denuncia original, que hoy sustenta la sanción disciplinaria, radica en el modus operandi que habría sido utilizado por Canchari Huamaní. Según los documentos que obran en el expediente administrativo de la denuncia, en el año 2025 —cuando el hoy sancionado se desempeñaba como Director de Asuntos Gremiales del Consejo Directivo Nacional— habría fabricado dos constancias o certificados de trabajo.
El agravante más indignante para el gremio es que para cometer este ilícito, habría falsificado el nombre y la firma de la propia denunciante, la Lic. Rocío Coras Contreras, haciéndola figurar como empleadora.
El objetivo de estos documentos apócrifos era acreditar una experiencia laboral inexistente para participar y ganar una licitación pública de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Específicamente, el documento de Control Interno del MTC ha confirmado que estos certificados falsos fueron utilizados para ganar la licitación:
«Servicio de consultoría DE OBRAS: rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial paquete 3R, tramo: Empalme PE-16 (DV. Ocros) – Ticllos – Corpanqui – Cajamarquilla – Tacra – Ocros – Rinconada – Huanchay – Huaylillas Grande (Empalme PE-16) (L 138.15 Kms)».
Los Proyectos Fantasmas La Resolución del Consejo de Decanos detalla que los certificados falsificados supuestamente acreditaban la participación de Canchari Huamaní como especialista en arqueología en dos megaproyectos viales:
- Obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera «Quinua – San Francisco – Tramo 2: Km 78+500 al Km 172+420 (VRAEM)».
- Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Abra Toccto – Vilcashuamán; tramo: Condorccocha – Vilcashuamán.
El silencio cómplice y la ausencia de pruebas
Durante el procedimiento disciplinario, se le exigió al Decano que acreditara su participación en estas obras. La resolución es demoledora al señalar que Canchari Huamaní no acreditó haber participado laboralmente en dichos proyectos. No presentó informes de la época, correos electrónicos que evidencien su labor, ni mucho menos los recibos por honorarios o depósitos bancarios que sustenten un pago por estos servicios. Tampoco acreditó relación contractual alguna con la Lic. Rocío Coras Contreras.
Pese a ser notificado el 15 de septiembre de 2026 y de habérsele convocado a una audiencia virtual única el 18 de septiembre, el Decano optó por el silencio procesal. No se presentó a la audiencia, no envió descargos escritos en el plazo de 5 días hábiles, ni solicitó ampliación de plazo.
La traición a la ética y el futuro penal de caso
Un Golpe al Prestigio de la Institución. El Consejo de Decanos, presidido por el Mg. Wilber Bolívar Yapura, fue contundente al calificar la conducta de Canchari Huamaní. La Resolución subraya que la conducta adquiere una «especial relevancia disciplinaria» por estar vinculada a un delito tipificado en el artículo 427° del Código Penal Peruano (Falsificación de Documento Privado).
«Es importante considerar que quienes ejercen funciones de dirección o representación mantienen un deber reforzado de actuación acorde al cargo que desempeña», señala el documento. El hecho de que la máxima autoridad del gremio arqueológico esté recurriendo a la falsificación de firmas de sus propias colegas para obtener beneficios económicos en licitaciones estatales, configura una actuación incompatible con los deberes de diligencia, transparencia y respeto a la ética profesional.
Además, la retención injustificada de la denuncia en su propia mesa de partes durante más de un mes, violando el artículo 57 del Estatuto que le obliga a «velar por el prestigio permanente de la institución», añade una capa de obstrucción a la justicia interna que el Consejo de Decanos ha calificado como de extrema gravedad.
Rumbo al Ministerio Público
La sanción administrativa de dos años de inhabilitación es solo el comienzo del proceso legal para Miguel Antonio Canchari Huamaní. En el Artículo 3° de la Resolución N° 011-2026-COARPE/CD, el Consejo de Decanos ha resuelto trasladar y formalizar la denuncia penal en contra del exfuncionario del COARPE ante el Ministerio Público por los delitos de falsificación y uso de documento falso privado.
Asimismo, el Consejo de Decanos ha recomendado al Consejo Directivo Nacional que, ante la vacancia generada por esta sanción, sea el Vicedecano quien asuma las riendas del COARPE para intentar recomponer la imagen de la institución.
El mensaje al gremio
El caso de Miguel Antonio Canchari Huamaní quedará marcado como un precedente histórico en el COARPE. La Resolución, que deberá ser publicada y difundida entre todos los agremiados (Artículo 8°), envía un mensaje claro: la autonomía de los colegios profesionales no es un escudo para proteger a quienes delinquen, y la falsificación de documentos para engañar al Estado y al gremio será castigada con todo el peso de la ley estatutaria y penal.
Mientras el Ministerio Público determina su situación jurídica, la arqueología peruana enfrenta el reto de sanar las heridas éticas dejadas por quien, llamado a ser el guardián de la profesión, prefirió convertirse en su principal victimario.
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Luiz Carlos Reátegui: del mundo de las letras a la alcaldía de Jesús MaríaEl escritor y abogado construyó durante años una trayectoria entre la literatura, el servicio público y la política. Antes de llegar a la Municipalidad de Jesús María, publicó novelas y cuentos, recibió reconocimientos literarios y ocupó cargos relacionados con la administración estatal y municipal.
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1 día agoon
07/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
Luiz Carlos Reátegui del Águila llega a la alcaldía de Jesús María después de construir durante varios años una trayectoria que pasó por la literatura, el Derecho, la gestión pública y la política. Nacido en Iquitos en 1985, comenzó a escribir desde niño y con el tiempo publicó novelas y libros de cuentos que le permitieron obtener reconocimientos como el Premio Planeta Cuba y el Premio Copé de Bronce.
Paralelamente, desarrolló una carrera profesional vinculada al Estado, ocupó cargos en distintas municipalidades de Lima y fue regidor metropolitano. Su llegada a la Municipalidad de Jesús María representa una nueva etapa en un recorrido profesional que comenzó mucho antes de su incursión en la política distrital.
Los primeros años en Iquitos
La historia de Reátegui con la escritura comenzó en Iquitos, donde durante su infancia estuvo en contacto con las historias y leyendas de la Amazonía. En entrevistas ha recordado los relatos que escuchaba sobre personajes como el tunche, el chullachaqui y el bufeo colorado, narraciones que despertaron desde temprano su interés por inventar sus propias historias.
Durante su etapa escolar comenzó a escribir cuentos y uno de sus primeros textos fue precisamente un relato de terror. Según contó años después, su profesora llegó a dudar de que él fuera el verdadero autor del cuento por la edad que tenía. Aquel episodio no lo alejó de la escritura y terminó convirtiéndose en uno de los primeros recuerdos de su relación con la literatura.
Con el paso de los años, aquella afición se desarrolló al mismo tiempo que su formación profesional. Reátegui estudió Derecho en la Universidad de San Martín de Porres y posteriormente realizó estudios de Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La carrera jurídica lo puso en contacto permanente con documentos y textos, mientras que fuera de las aulas continuó leyendo literatura y desarrollando sus propios escritos.
Una novela ambientada en el renacimiento
Su debut editorial llegó con Isabella Nápoles, novela publicada en 2014 por el Grupo Editorial Mesa Redonda. La Agencia Peruana del ISBN de la Biblioteca Nacional del Perú registra la primera edición con fecha del 27 de noviembre de ese año y una extensión de 207 páginas. La obra tendría posteriormente una segunda edición publicada en 2016.
La historia se desarrolla en el contexto del Renacimiento italiano, una época que despertó el interés del autor por la importancia que alcanzaron las artes y las letras. En entrevistas, Reátegui explicó que buscó trabajar una novela histórica y desarrollar una historia alejada de los escenarios habituales de buena parte de la narrativa peruana contemporánea.
Luiz Carlos presentado su libro «Isabella de Nápoles» en la FIL de Lima del 2016, junto a Eloy Jáuregui.
El cuento como nuevo territorio
En 2017 publicó Prohibido besar a las cholas, un libro de cuentos editado por el Grupo Editorial Mesa Redonda. El libro registra la primera edición con fecha del 6 de agosto de ese año y una extensión de 76 páginas.
El libro reúne historias de diferentes características y muestra un cambio respecto de su primera novela. Reátegui comenzó a trabajar con mayor frecuencia relatos breves en los que la observación de situaciones cotidianas ocupa un lugar importante.
El escritor ha explicado que algunas ideas nacen de personas y escenas que encuentra en la vida diaria. Calles, parques, conversaciones y situaciones aparentemente comunes pueden convertirse en el punto de partida de una historia, aunque posteriormente esos elementos son transformados mediante la ficción.
El cuento que da nombre al libro obtuvo el Premio Planeta Cuba en 2015, reconocimiento que se convirtió en uno de los primeros galardones importantes de su trayectoria. Su participación en diferentes concursos continuó durante los años siguientes y amplió su presencia dentro del ámbito literario.
El Premio Copé es uno de los concursos literarios de mayor trayectoria en el país y reúne trabajos de escritores de diferentes generaciones. El reconocimiento obtenido por Reátegui permitió que su nombre quedara asociado a una de las principales convocatorias nacionales dedicadas al cuento.
Las historia de La casa abuela
Los relatos reunidos en La casa abuela recorren diferentes registros. Algunos se aproximan al realismo, mientras otros incorporan elementos fantásticos, psicológicos o irónicos. El autor también utiliza diferentes voces narrativas y recursos como cambios temporales y relatos dentro de otros relatos.
Uno de los cuentos que comentó públicamente fue “Putumayo”, una historia relacionada con la explotación de indígenas durante el periodo del caucho en la Amazonía. El relato toma como referencia un episodio histórico de la región y lo convierte en material para una narración de ficción.
Los autores que forman parte de sus lecturas
Entre los escritores que Reátegui ha mencionado como parte de sus lecturas se encuentran Julio Ramón Ribeyro, Julio Cortázar, Raymond Carver, J. D. Salinger, Ernest Hemingway, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique.
Su interés por estos autores está relacionado con diferentes aspectos de la narrativa. En entrevistas ha destacado en Ribeyro la capacidad para construir emociones a partir de situaciones sencillas, mientras que de Vargas Llosa ha mencionado recursos relacionados con la estructura narrativa. También ha señalado el humor como uno de los elementos que encuentra en la obra de Bryce Echenique.
Las influencias que reconoce permiten observar la variedad de registros presentes en su propia producción. De una novela histórica ambientada en Europa pasó a relatos de carácter social, cotidiano, psicológico y fantástico, manteniendo el cuento como uno de los formatos centrales de su trabajo posterior.
Libros publicados por Luiz Carlos Reátegui.
La otra faceta de Reátegui
La carrera profesional de Reátegui se desarrolló principalmente alrededor de la administración tributaria y la gestión municipal. Su paso por la SUNAT le permitió adquirir experiencia en esta materia, que posteriormente trasladó a los gobiernos locales, donde ocupó cargos relacionados con rentas, recaudación y fiscalización.
En 2023 fue designado Gerente de Rentas y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pueblo Libre, posición desde la que tuvo bajo su responsabilidad áreas vinculadas con los ingresos municipales. También desempeñó funciones relacionadas con la recaudación y la ejecución coactiva, antes de continuar su recorrido profesional en otro distrito.
Un año después llegó a la Municipalidad de Miraflores como subgerente de Fiscalización Tributaria. El cargo estuvo relacionado con la revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y amplió su experiencia dentro de las estructuras administrativas de los gobiernos locales.
Ganó Jesús María
Reátegui ganó la alcaldía de Jesús María este domingo 4 de octubre, con Somos Perú. La boca de urna de Datum le dio 31.9 %, contra 24.8 % de Enrique Ocrospoma, de Avanza País, y 21.8 % de Daniel Li, de Renovación Popular. Con el 97 % de las actas contabilizadas, la ONPE lo mantiene arriba: 28.3 % contra 24.4 % de Ocrospoma. Falta que el jurado lo proclame, pero asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.
Luiz Carlos Reátegui ha pasado buena parte de su vida entre historias y documentos, entre la ficción de sus libros y la realidad de las instituciones públicas. Durante años escribió sobre personajes, lugares y situaciones que nacían de su imaginación o de aquello que observaba a su alrededor. Ahora, el protagonista de una nueva historia es él mismo, y el escenario también ha cambiado.
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23 lideresas se convierten en las primeras Orientadoras Judiciales de LambayequeLa Corte Superior de Justicia de Lambayeque incorporó por primera vez a 23 lideresas comunitarias como Orientadoras Judiciales, quienes tendrán la misión de acercar los servicios de justicia a la población y orientar a quienes enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos.
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2 días agoon
05/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por primera vez en su historia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque juramentó a 23 lideresas comunitarias como Orientadoras Judiciales, durante una ceremonia realizada este lunes 5 de octubre en el auditorio de la sede institucional.
El acto fue presidido por el titular de la Corte de Lambayeque, César William Bravo Llaque, quien estuvo acompañado por Ana Elizabeth Salés del Castillo y Cástulo Rojas Díaz, coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
La ceremonia se inició con la lectura de la Resolución Administrativa N.° 01372-2026-P-CSJLA/PJ, emitida el 11 de septiembre de 2026, mediante la cual se acreditó oficialmente a las 23 lideresas como Orientadoras Judiciales.
Luego, el presidente de la Corte tomó juramento a las nuevas representantes comunitarias, quienes asumieron formalmente la responsabilidad de orientar a ciudadanos de sus respectivas localidades y facilitar su acercamiento a los servicios que brinda el Poder Judicial.
Como parte del acto, las nuevas orientadoras recibieron sus resoluciones administrativas, además de los chalecos y credenciales que las identificarán durante el ejercicio de sus funciones. Los chalecos fueron entregados por Ana Elizabeth Salés del Castillo, mientras que las credenciales estuvieron a cargo de Cástulo Rojas Díaz.
Un puente entre la ciudadanía y la justicia
Durante sus palabras de bienvenida, Rojas Díaz explicó que las Orientadoras Judiciales cumplirán una función de enlace entre la ciudadanía y el sistema de justicia. Su tarea será brindar orientación inicial a las personas que necesiten conocer sus derechos y saber a qué instancia pueden acudir para buscar atención.
Señaló que esta iniciativa busca reducir las barreras que dificultan el acceso a la justicia y fortalecer el conocimiento de los mecanismos disponibles para ejercer los derechos. En ese sentido, destacó que las nuevas orientadoras serán aliadas del servicio judicial y contribuirán al proceso de acercamiento y empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A su turno, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque destacó el compromiso voluntario de las 23 lideresas y la importancia de contar con mujeres dispuestas a contribuir con el acercamiento de los servicios de justicia a sus comunidades.
Bravo Llaque sostuvo que existen diversas barreras que pueden alejar a la ciudadanía del sistema judicial, como el desconocimiento de los procedimientos, el temor, la distancia, la necesidad de contar con un abogado o la falta de información sobre dónde y ante quién presentar una determinada solicitud.
Frente a esta realidad, explicó que las Orientadoras Judiciales tendrán la tarea de convertirse en un vínculo entre la población y las instituciones encargadas de administrar justicia, orientando a las personas sobre dónde acudir, con quién comunicarse y qué mecanismos pueden utilizar para que sus demandas sean escuchadas.
Entre los casos que requieren mayor orientación mencionó las solicitudes de alimentos, cuyo trámite actualmente puede realizarse mediante herramientas digitales, así como las situaciones de violencia física, psicológica, doméstica y económica contra las mujeres.
“Ustedes van a estar allí”, señaló el titular de la Corte al referirse al papel que desempeñarán las nuevas orientadoras en los lugares de donde provienen, destacando que su presencia permitirá acercar las necesidades de la población a los servicios del Poder Judicial.
Finalmente, Bravo Llaque agradeció a las 23 lideresas por asumir voluntariamente esta responsabilidad y les expresó el respaldo institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, las invitó a continuar participando en las capacitaciones programadas para fortalecer sus conocimientos y desarrollar adecuadamente su labor.
La ceremonia concluyó con la fotografía oficial de las 23 nuevas Orientadoras Judiciales junto a las autoridades de la institución.
Con esta incorporación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque inicia una nueva etapa en su estrategia de acercamiento a la ciudadanía, colocando a lideresas comunitarias como un canal de orientación para quienes encuentran mayores dificultades para conocer y ejercer sus derechos.
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Tragedia a la salida del colegio: un muerto, ocho escolares heridos y una conductora en prisión preventivaTras la tragedia la conductora cumple siete meses de prisión preventiva mientras Fiscalía y la defensa legal sostienen versiones distintas sobre lo ocurrido. Ahora, la investigación deberá reconstruir qué pasó en los segundos previos al impacto y determinar si el semáforo, un posible desvanecimiento u otros factores estuvieron detrás de la tragedia.
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3 días agoon
04/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Susan Acuña
Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando terminaba la jornada escolar el 28 de septiembre. En la avenida cusco frente al colegio Diego Quispe Tito, un grupo de estudiantes y adultos cruzaban la vía cuando un vehículo irrumpió en la zona y terminó atropellando a varias personas. Desde entonces, una pregunta permanece abierta: ¿Qué ocurrió realmente antes de que el vehículo llegara hasta el cruce?
La investigación avanzó esta semana con la decisión del Poder Judicial de dictar siete meses de prisión preventiva para Martha Erlinda Morales Alarcón, mientras se esclarece su presunta responsabilidad en el accidente. La Fiscalía la investiga por la muerte de una mujer y las lesiones ocasionadas a los demás afectados. Tanto la defensa como el Ministerio Público apelaron la decisión.
Martha Erlinda Morales Alarcón.
Una de las primeras versiones recogidas por la Policía apunta al semáforo. El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que la conductora se dirigía a recoger a su hijo y que, en ese trayecto, habría intentado avanzar con la luz roja. Según explicó, esa maniobra habría terminado provocando la tragedia.
Pero esa no es la única versión que forma parte de la investigación. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que Morales Alarcón sufrió un desvanecimiento mientras manejaba y relacionó lo ocurrido con el efecto de un medicamento que, según su declaración, había recibido horas antes durante un examen médico en EsSalud. Esta explicación tendrá que ser contrastada con las pericias y demás elementos que reúna la investigación.
Otro punto que ha generado cuestionamientos entre los padres de familia es la situación de la licencia de conducir. El abogado Edwin Gonzales afirmó que la mujer no contaría con autorización para manejar.
Mientras se intenta reconstruir lo ocurrido, las consecuencias ya dejaron huella entre las familias de los colegios Diego Quispe Tito y Virgen de Fátima. Ocho escolares resultaron afectados, además de adultos que se encontraban en el lugar. Entre los casos de mayor gravedad estuvo el de una niña de 10 años, quien recibió atención médica por las lesiones que sufrió.
Los heridos fueron trasladados a distintos establecimientos de salud de Cusco. Siete estudiantes fueron atendidos en el Hospital Regional del Cusco y otro menor fue llevado a la Clínica Peruano Suizo. En tanto, Victoria Lutgarda Navarro de Escobedo fue trasladada al Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud, donde se confirmó su fallecimiento.
El lugar del accidente también ha comenzado a ser parte de la discusión. El director del colegio Diego Quispe Tito señaló que ya se habían producido otros accidentes en los alrededores y cuestionó el tiempo de duración del semáforo. Los padres de familia, por su parte, salieron a las calles para exigir que las investigaciones avancen y que se adopten medidas que eviten que una situación similar vuelva a ocurrir.
La propia Policía confirmó que el agente encargado de la protección escolar se encontraba en la puerta del colegio cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, los efectivos participaron en el auxilio de los heridos y en la intervención de la conductora.
Una madre llora de rodillas en medio de la tragedia.
El caso deja ahora dos asuntos que avanzan en paralelo. Por un lado, la justicia deberá determinar qué ocurrió en esos segundos previos al impacto y cuál fue la responsabilidad de la conductora. Por otro, queda pendiente saber qué medidas se tomarán en ese cruce para proteger a los estudiantes que todos los días pasan por allí.
Porque después de una tragedia como esta, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió aquel 28 de septiembre, sino qué tendrá que cambiar para que la salida de clases vuelva a ser, simplemente, el camino de regreso a casa.
Mientras la investigación continúa, la justicia deberá determinar qué ocurrió en aquellos segundos frente al colegio, para las familias la preocupación va más allá de encontrar responsables. El cruce de la avenida Cusco seguirá formando parte de la rutina de cientos de estudiantes, y el pedido que queda sobre la mesa es que se tomen medidas para hacerlo más seguro. Después de lo ocurrido, la salida de clases ya no puede volver a ser la misma; al menos, no mientras persistan las condiciones que hicieron posible esta tragedia.
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Ministerio de educación reglamenta el uso de celulares en las aulas de Educación Básica del PerúEl Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU busca mejorar la atención y la convivencia en los colegios. La norma establece el uso obligatorio de los canales institucionales para la comunicación con las familias y fija cuatro excepciones específicas para el uso de tecnología en el aula.
Published
4 días agoon
03/10/2026By
Leonardo Serrano Zapata
Imagine un día escolar enfocado plenamente en el aprendizaje: el estudiante llega a la escuela, guarda su celular y solo lo utiliza si el docente lo autoriza para una actividad pedagógica. Este es el objetivo central del Reglamento de la Ley N.º 32385 (Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU) publicado el 3 de octubre del 2026.
La norma establece la restricción obligatoria de teléfonos celulares y dispositivos similares durante las clases en escuelas públicas y privadas de Educación Básica Regular, Especial y Alternativa (arts. 3, 4.1 y 5.1). Esta medida busca elevar la atención, mejorar el rendimiento académico, fortalecer la convivencia e impedir el ciberacoso (art. 2).
Para resguardar los derechos de los estudiantes, el monitoreo escolar prohíbe explícitamente revisar el contenido personal de los teléfonos (art. 11.1). Asimismo, la norma contempla cuatro excepciones autorizadas: uso pedagógico, atención a barreras educativas, razones de salud o discapacidad y situaciones de emergencia (art. 6).
Es comprensible que los padres de familia deseen comunicarse con sus hijos durante la jornada escolar y que exista resistencia cuando se retiene un celular. Sin embargo, conviene recordar que la restricción busca proteger la tarea central de la Educación: las actividades pedagógicas.
Frente a la retención de un teléfono o dispositivo electrónico, la norma establece pautas claras para las instituciones educativas: Espacio de custodia e integridad: El colegio debe disponer de un espacio destinado a guardar los equipos y tiene la obligación de garantizar su integridad física. Además, los procedimientos y plazos para la retención o devolución dependen de lo establecido en el reglamento interno. Por ello, es indispensable actualizar este documento con la participación de los padres de familia, respetando criterios de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Frente a situaciones donde se invoque una barrera educativa, corresponde al director de la institución educativa autorizar por escrito el uso del dispositivo, previa verificación fundamentada de su necesidad. Según el artículo 6 (literal b) del Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, en concordancia con el Reglamento de la Ley General de Educación (Decreto Supremo N.º 007-2021-MINEDU), una barrera educativa se define como aquel obstáculo temporal o permanente que impide o limita el aprendizaje, el desarrollo de competencias o la culminación de los estudios.
Fuente: Cartilla, sobre la identificación de barreras educativas en la educación básica. (Minedu, 2022).
Es fundamental aclarar que esta figura no constituye un pretexto ni un recurso discrecional para que los padres de familia eviten el cumplimiento de la norma. La condición debe responder a una evaluación técnica acreditada dentro de las categorías normadas: de accesibilidad, actitudinales, curriculares, didácticas u organizacionales.
Para canalizar consultas y emergencias de forma ordenada, la norma exige que las instituciones educativas mantengan visibles y operativos sus canales formales (dirección o secretaría, teléfono, correo institucional, mesa de partes y citas con tutores o docentes).
Esta disposición se alinea con la Directiva N.º 003-2024-PCM/SGP (aprobada por la Resolución N.º 007-2024-PCM/SGP), que regula la mejora de la atención al ciudadano a través de medios presenciales, telefónicos y digitales. Ante una urgencia real, la escuela contactará de inmediato a la familia, mientras que el artículo 5.2 del reglamento responsabiliza a los padres de contribuir al cumplimiento de la restricción.
En cuanto a la excepción pedagógica, el reglamento autoriza el uso de dispositivos en el nivel secundaria o en el Servicio Educativo Hospitalario (SEHO) únicamente cuando responda al desarrollo de aprendizajes o competencias. En ambos casos, se requiere la autorización del docente a cargo o del director, además debe figurar explícitamente en la programación curricular.
Finalmente, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen la función de monitorear y supervisar (artículo 14), respaldando a las escuelas cuando apliquen la norma con proporcionalidad y conforme a su reglamento interno (artículo 12). Supervisar significa acompañar a la comunidad educativa, no ceder ante la presión externa.
Saludo la medida del ministro de educación José Antonio Chang, corresponde ahora a las familias utilizar las vías oficiales y a las UGEL brindar un respaldo firme a sus instituciones. Sin privilegios.
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Bypass de Nueva Esperanza: cinco inundaciones en un año y un problema que persisteEl paso a desnivel de Villa María del Triunfo volvió a quedar inundado este jueves tras las lloviznas y tuvo que ser cerrado al tránsito. La infraestructura, inaugurada en 2021, registra aniegos recurrentes y EMAPE ha reconocido problemas en su sistema de drenaje.
Published
6 días agoon
02/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Susan Acuña
Cada vez que las lloviznas se prolongan en Lima Sur, el bypass de Nueva Esperanza vuelve a convertirse en un problema para quienes transitan por Villa María del Triunfo. Este jueves, el paso a desnivel quedó nuevamente bajo el agua y tuvo que ser cerrado mientras EMAPE trabajaba para retirar el agua acumulada. Es la quinta vez que ocurre en lo que va del año, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué una obra inaugurada hace cinco años continúa inundándose cada vez que llueve?
El aniego volvió a complicar el tránsito en una de las vías utilizadas por los conductores de zona. Durante la mañana del jueves, los vehículos que normalmente utilizan el paso a desnivel tuvieron que tomar las vías auxiliares de la avenida 26 de noviembre, mientras personal de EMAPE trabajaba para retirar el agua acumulada.
La situación no es nueva. De acuerdo con reportes publicados este jueves, esta fue la quinta vez en lo que va de 2026 que el bypass termina inundado luego de las precipitaciones registradas en Lima.
El problema viene de años atrás. El bypass Nueva Esperanza fue inaugurado el 21 de abril de 2021 como parte de un proyecto destinado a mejorar el tránsito entre las avenidas Los Héroes y Pachacútec. Sin embargo, desde junio de 2022 comenzaron a registrarse episodios de acumulación de agua en este punto. EMAPE confirmó que estos hechos se han repetido después de la inauguración.
La obra estuvo a cargo de EMAPE durante la gestión del entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y fue ejecutada por el Consorcio Vial VES. La supervisión estuvo a cargo del Consorcio Supervisor Miguel Iglesias, dentro de un convenio entre EMAPE y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El bypass formó parte de un proyecto vial mucho más grande. El monto contratado fue de S/228 millones, pero esta cifra corresponde a todo el proyecto y no únicamente al paso a desnivel de Nueva Esperanza. Los trabajos también incluyeron otras vías, un segundo paso a desnivel, veredas, paraderos, señalización y áreas verdes. La ejecución comenzó en enero de 2019 y terminó en abril de 2021.
Una de las claves para entender por qué el agua termina allí está en la propia ubicación del bypass. La parte por donde circulan los vehículos está más abajo que las calles que la rodean, por lo que el agua termina concentrándose en ese punto cuando llueve.
Pero hay otro dato que llama la atención. EMAPE reconoció que el bypass no cuenta con un sistema adecuado para sacar el agua. La entidad explicó que existen rejillas, pero que no tienen las condiciones necesarias para retirar el agua de manera suficiente. Por eso, cuando las precipitaciones aumentan, el agua termina acumulándose en la parte baja.
Las consecuencias han sido visibles para quienes utilizan esta vía. En agosto, por ejemplo, un bus de transporte público quedó atrapado y terminó casi cubierto por el agua después de una fuerte llovizna. El conductor tuvo que abandonar la unidad mientras buscaba ayuda para retirarla.
Ante estos episodios, EMAPE ha recurrido a motobombas, cisternas y otros equipos para retirar el agua, además de cerrar el paso cuando las condiciones impiden circular con seguridad. En septiembre, personal de la Municipalidad de Lima y EMAPE también utilizó hidrojets y cisternas para atender otra inundación en el mismo lugar.
Ahora, la entidad señala que está revisando las condiciones del sistema que permite retirar el agua para determinar qué trabajos serían necesarios. Por el momento, no se ha anunciado una solución definitiva para evitar que el problema vuelva a repetirse.
Al final, el problema no está solo en el agua que queda acumulada después de una lluvia. También está en lo que viene después: calles que se llenan de vehículos, personas que tienen que cambiar su recorrido y vecinos que vuelven a preguntarse cuándo dejarán de vivir esta situación.
Una obra puede cumplir con el propósito para el que fue creada, pero también necesita responder a los problemas que aparecen con el paso del tiempo. En Nueva Esperanza, esa respuesta todavía está pendiente. Y mientras tanto, cada nueva lluvia vuelve a poner la misma pregunta sobre la mesa: ¿cuándo dejará de ser el bypass el problema y volverá a ser la solución que los vecinos esperaban?
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