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por Nicolás Zevallos Trigoso
29 de Septiembre del 2026 9:19 AM · Actualizado el 29 de Septiembre del 2026 9:19 AMLas mejores ideas del debate metropolitano ponen a la municipalidad a trabajar para el sistema de seguridad: darle capacidades a la Policía y la Fiscalía, actuar en lo que le compete y rendir cuentas por el tiempo de respuesta.
A pocos días de la elección, el debate metropolitano sobre seguridad sigue atrapado entre dos ideas. La primera sostiene que la seguridad "no es competencia del alcalde"; la segunda promete un alcalde que "combatirá la delincuencia" con serenazgo armado, miles de cámaras con inteligencia artificial y metas de capturas diarias. Ambas comparten el error de imaginar a la municipalidad como una competidora de la Policía. Las ideas más sólidas que dejaron los debates apuntan a otro rol, el de una municipalidad habilitadora, que potencia a la Policía y a la Fiscalía con capacidades y actúa con decisión en lo que le compete.
La advertencia contra la lógica de la lista de compras ya está documentada. En marzo de 2025, la Contraloría encontró en municipalidades de Lima y Callao 729 cámaras inoperativas, 1,655 que no conservaban sus grabaciones el tiempo exigido y 250 vehículos operativos detenidos por falta de personal o de combustible. Comprar sin articular produce activos que no responden.
Por eso, el primer campo de acción es alimentar al sistema. La inteligencia municipal que sirve la hacen investigadores y analistas que procesan información territorial —denuncias, cámaras, patrones de robo— y la entregan a la Policía y a la Fiscalía en un formato útil para investigar. Para eso no hace falta implementar espías municipales. La municipalidad puede, además, invertir en cerrar brechas. La serie Tendencias y Alertas del Instituto de Criminología muestra que el tiempo de respuesta depende de una grilla de cuatro capas —personal, equipamiento, vehículos y comunicaciones— y que la más débil es la última: con datos del Ministerio del Interior, las comisarías contaban con 6,739 equipos de comunicación operativos para 52,149 efectivos. El mismo estudio registra que, en seis de doce años analizados, el sector devolvió más de la mitad del presupuesto asignado para comprar esos equipos. El cuello de botella está en la capacidad de ejecución, y ahí una municipalidad con caja y gestión puede aportar equipamiento, vehículos, infraestructura, recursos para que las escuelas policiales formen y entrenen a sus agentes, y un fondo de recompensas que sume aportes privados.
El segundo campo es actuar en lo propio. Según el registro que administra Osiptel, en el país se roban unos 3,700 celulares al día, y entre 8,000 y 10,000 equipos con irregularidades intentan ingresar cada día a las redes móviles. Ese robo se sostiene porque existe un mercado que compra, desarma, adultera y revende, y esa reventa ocurre en espacios comerciales —galerías, puestos, ferias— cuya licencia y fiscalización son competencia municipal. Fiscalizar, clausurar y coordinar con la Policía, la Fiscalía y el regulador para cortar ese eslabón es tarea del alcalde. Lo mismo ocurre con la prevención, que por fin aparece en la agenda. Existen experiencias que muestran que generar empleo -aunque sea temporal- a jóvenes de barrios con alta violencia redujo en 43% sus arrestos por delitos violentos. Empleo y deporte funcionan cuando llegan antes de que empiece la trayectoria delictiva.
El tercer campo es responder y rendir cuentas. Una central de emergencias es necesaria, y su valor está en la conectividad y la capacidad de respuesta en terreno, más que en un número unificado. El mismo estudio del Instituto de Criminología recoge que el 91% de las llamadas contestadas por las centrales son malintencionadas, y que una llamada bien atendida es apenas el inicio: la ayuda llega cuando el mensaje se procesa, se transmite a las unidades en campo y estas pueden desplazarse. Por eso la rendición de cuentas —que en el debate llegó desde las preguntas ciudadanas— debería medirse con indicadores concretos: cuántos minutos tarda en llegar la ayuda, en qué distritos y con qué recursos. La confianza en las instituciones se construye con esa inversión visible.
Todo esto es parte de la agenda de desarrollo de Lima. Una ciudad donde la ayuda llega a tiempo y el celular robado se queda sin comprador es una ciudad donde se puede trabajar, estudiar y emprender sin pagar el costo de la inseguridad.
NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.Tags
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