Tras la reciente declaratoria del Estado de Emergencia por 60 días en el distrito de Alto Nanay (Loreto) para combatir la minería ilegal y el crimen organizado, especialistas y líderes locales coinciden en que la medida coercitiva es insuficiente. Además, consideran que debe acompañarse de declaratorias de emergencia sanitaria y ambiental. También sugieren la implementación de proyectos de desarrollo territorial integral.

En una entrevista concedida al programa Ampliación de Noticias Regional de RPP, Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental y abogado experto en derecho ambiental, advirtió que la restricción temporal del orden interno no solucionará las causas estructurales del problema. Señaló que esto ocurrirá si el Estado no interviene multisectorialmente.

En los cuatro estados de emergencia [anteriores], los únicos culpables hemos sido nosotros, los inocentes. Cuando sacaban nuestra carne, nuestro carbón, nuestros palos rollizos, nos detenían. Pero a los extranjeros nada", reclamó Jhonny Huaymacari, presidente de la organización indígena CONACCUNAY. (Foto: Inforegión) Nota relacionada

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«No es suficiente la declaración de estado de emergencia por razones de orden interno. Ya se ha hecho en Nanay y en Madre de Dios, donde se pospone cada tres meses desde hace 10 años. Se requiere una visión que complemente e impulse el desarrollo territorial local», enfatizó Castro.

Emergencia de seguridad vs. Emergencia de derechos

Castro subrayó una diferencia conceptual crucial respecto a los pedidos de las organizaciones indígenas, como CONACCUNAY y FECONABA. Mientras que el actual Estado de Emergencia restringe derechos civiles para facilitar la acción policial y militar, una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria «activa derechos».

«Al declarar estado de emergencia (sanitaria y ambiental), el Estado se obliga a una intervención multisectorial para recuperar un ambiente sano y el acceso a la salud. Hay información clara, del Centro de Control de Enfermedades y del Instituto Nacional de Salud, sobre la grave exposición a metales pesados y mercurio en la región. Esa información bastaría para que el Ministerio de Salud active la emergencia y atienda a la niñez afectada y madres gestantes», explicó el exviceministro.

La urgencia es palpable. La dieta fundamental de estas comunidades amazónicas se basa en el consumo de pescado. Según diversos informes, dicho producto se encuentra contaminado con metales pesados derivados de la extracción ilícita de oro.

En una entrevista concedida a RPP, Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental y abogado experto en derecho ambiental, advirtió que la restricción temporal del orden interno no solucionará las causas estructurales del problema. (Foto: RPP)

Alternativas de desarrollo y el fin del REINFO

Durante la entrevista, se discutió también la necesidad de crear un «Proyecto Especial de Inversión Territorial». Con la intensión de integrar a las cuencas del Nanay y del Tigre. Castro recordó que existen estudios, como uno elaborado por la Universidad de Harvard y la Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Loreto. Dichos estudios identificaron más de 50 actividades económicas sostenibles más allá de la madera y el petróleo.

«Abordar las causas del problema implica combatir el abandono y la pobreza grave que existe en la zona, y que el Estado intervenga proactiva y multisectorialmente con proyectos especiales en una gestión participativa con las organizaciones locales», indicó.

Finalmente, sobre el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en diciembre de este año, Castro señaló que no deben otorgarse más «ampliaciones indebidas e injustificadas». Hizo un llamado a no disminuir los estándares ambientales ni exonerar de responsabilidad penal a quienes dañen el ecosistema. «El proceso debe establecer metas y plazos de adecuación que impliquen un cambio real de prácticas. Eso supone asistencia técnica, financiera, seguimiento y control territorial riguroso», concluyó.

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