Organizaciones indígenas cuestionan declaratoria de emergencia en Alto Nanay y exigen intervención sanitaria y ambiental frente a la minería ilegal

El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia por 60 días calendario en el distrito de Alto Nanay, en la región Loreto. El objetivo es combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, la medida ha generado preocupación y rechazo entre las organizaciones indígenas. Estas advierten que la restricción de derechos perjudica a las comunidades locales. Además, califican la disposición como insuficiente frente a la grave crisis de contaminación por mercurio.

Mediante el Decreto Supremo N° 136-2026-PCM, el gobierno dispuso que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La norma suspende derechos constitucionales fundamentales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Además, autoriza patrullajes inopinados, control de identidad, allanamientos y la intervención de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esta institución intervendrá para fiscalizar a ciudadanos extranjeros.

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Frente a este panorama, Jhonny Huaymacari, presidente de la organización indígena CONACCUNAY, declaró en exclusiva a Inforegión que la medida de seguridad vulnera los derechos de las comunidades sin ofrecer soluciones reales.

«En los cuatro estados de emergencia [anteriores], los únicos culpables hemos sido nosotros, los inocentes. Cuando sacaban nuestra carne, nuestro carbón, nuestros palos rollizos, nos detenían. Pero a los extranjeros nada», reclamó el dirigente.

Huaymacari calificó el decreto como «un saludo a la bandera». Señala que el artículo que define el financiamiento establece que las acciones se pagarán con el presupuesto institucional existente de las entidades involucradas. Puntualizó que esos fondos, a estas alturas del año, ya se encuentran agotados. Asimismo, exigió que los operativos logren la captura de aproximadamente 30 ciudadanos extranjeros, entre colombianos y venezolanos, que, según informes de la Defensoría del Pueblo, operan en la cuenca del Nanay portando DNI peruano.

Demanda por emergencia sanitaria y ambiental

La principal exigencia de CONACCUNAY, articulada junto a la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABA), es que el gobierno declare el estado de emergencia sanitaria y ambiental para ambas cuencas. Los líderes indígenas denuncian un abandono estatal que está costando vidas.

Huaymacari alertó sobre el impacto de la actividad extractiva en la salud pública basándose en estudios científicos recientes del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

«Casi el 80% de la población del Nanay está expuesta a niveles elevados de mercurio en la sangre. Nuestros peces están contaminados con cinco metales pesados. El agua del Nanay se está envenenando cada día más y no es apta para el consumo humano; los estamos matando en vida», sentenció.

El dirigente también destacó un hecho sin precedentes. La Comunidad Andina emitió recientemente un dictamen condenatorio contra el Estado peruano por su inacción en la lucha transfronteriza contra la minería ilegal.

Para las 14 comunidades del Alto Nanay, la solución no radica únicamente en la interdicción y destrucción de dragas. Las organizaciones indígenas han solicitado formalmente al Ejecutivo la creación de un «proyecto especial multisectorial de desarrollo integral» para la cuenca del Nanay y el Tigre. Argumentan que las medidas coercitivas de 60 días no resolverán la dependencia económica ni el daño ecológico estructural que padece la Amazonía.

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