El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia por un plazo de 60 días calendario en el distrito de Alto Nanay, ubicado en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. La disposición, establecida mediante el Decreto Supremo N° 136-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, busca frenar el avance de la minería ilegal, delitos conexos y diversas manifestaciones de violencia vinculadas a la delincuencia común y organizaciones criminales que operan en la cuenca.
La declaratoria responde a una solicitud expresa de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), sustentada en informes reservados de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de la Región Policial Loreto. Estos documentos alertaron sobre graves afectaciones al orden interno derivadas de las actividades extractivas ilícitas y la presencia de redes delictivas en el territorio. Bajo este marco, la PNP continuará a cargo del orden interno. Además, contará con el respaldo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas.
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Durante el periodo de emergencia, quedará restringido y suspendido el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales, tales como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio y la libertad y seguridad personales. Asimismo, el decreto precisa que las actividades públicas y masivas de carácter religioso, cultural o deportivo requerirán autorización previa de las autoridades competentes.
Entre las principales acciones operativas contempladas figura el sostenimiento del control territorial a través de patrullajes disuasivos e inopinados, además de intervenciones de control de identidad en la vía pública, transportes e inmuebles. Esta facultad incluye el descerraje en caso de ser necesario conforme a los mapas del delito e inteligencia policial. De igual manera, se ejecutarán operativos continuos para la incautación de armas, municiones, explosivos ilegales. También se contempla la fiscalización rigurosa de insumos químicos utilizados en la minería ilícita, en coordinación con el Ministerio Público.
La Superintendencia Nacional de Migraciones también intervendrá de manera articulada para fiscalizar la situación de ciudadanos extranjeros en la zona, aplicando los procedimientos sancionadores y de expulsión que correspondan. Como medida de seguridad operacional, los efectivos que participen en misiones de carácter reservado tendrán prohibido portar dispositivos de comunicación personal. Además, contarán con elementos de protección para su identidad.
El decreto supremo lleva las firmas de Luis Fernando Galarreta Velarde, primer vicepresidente de la República y encargado del despacho presidencial; Rafael Jorge Belaunde Llosa, ministro de Defensa y encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros; César Augusto Astudillo Salcedo, ministro del Interior; y Ernesto Julio Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Una vez concluidos los 60 días de vigencia, la Comandancia General de la PNP deberá presentar un informe detallado con los resultados e impactos alcanzados durante la intervención.
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