TGP y Cálidda quieren diez años más: el negocio del gas que el Estado debe explicar

Actualidad TGP y Cálidda quieren diez años más: el negocio del gas que el Estado debe explicar Dos concesiones estratégicas buscan prolongar sus contratos por una década. TGP ofrece inversiones por unos US$ 2.000 millones y Cálidda plantea extender su concesión hasta 2043. El argumento es la…

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Dos concesiones estratégicas buscan prolongar sus contratos por una década. TGP ofrece inversiones por unos US$ 2.000 millones y Cálidda plantea extender su concesión hasta 2043. El argumento es la expansión del gas natural. Pero antes de firmar nuevas adendas, el Estado tiene una obligación más elemental: revisar qué hicieron los concesionarios durante más de veinte años y demostrar que no existen otras alternativas para administrar una infraestructura que resulta estratégica para el país.

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42 segundos ago

18/09/2026

Elio León

No se trata simplemente de agregar una cláusula a un contrato. Se trata de decidir quién tendrá durante otra década el control operativo de eslabones fundamentales de la cadena del gas natural peruano. En ese escenario aparecen dos nombres: Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda.

TGP transporta el gas natural desde Camisea hacia la costa mediante el sistema de ductos de transporte. Cálidda, por su parte, distribuye el gas mediante redes en Lima y Callao. Son actividades diferentes, con contratos distintos, pero forman parte de una misma cadena energética.

Y existe una característica que vuelve particularmente importante la decisión del Estado: las redes de transporte y distribución de gas tienen condiciones propias de un monopolio natural. Construir varias redes paralelas para que compitan entre sí no suele resultar eficiente debido a sus enormes costos de infraestructura.

Por eso, en estos mercados, la competencia no necesariamente está en tener varias tuberías. La competencia puede estar en algo anterior: quién obtiene el derecho de operar esa infraestructura y bajo qué condiciones. Ahí comienza la pregunta que hoy debe responder el Estado.

Diez años más

TGP presentó ante el Ministerio de Energía y Minas una propuesta de adenda a sus contratos BOOT de transporte de gas natural y líquidos de gas natural en septiembre de 2024. El Minem ha continuado publicando versiones actualizadas de esa propuesta.

El planteamiento contempla una extensión de aproximadamente diez años y ha sido presentado junto con un ambicioso programa de inversiones. ProInversión ha informado que TGP proyecta inversiones del orden de US$ 2.000 millones, entre ellas proyectos destinados a ampliar la infraestructura de gas hacia el sur del país.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

El argumento parece difícil de cuestionar: más infraestructura, más inversión y mayor acceso al gas natural. Pero precisamente porque el argumento parece tan evidente es necesario formular una pregunta incómoda: ¿Por qué esas nuevas inversiones deben estar necesariamente vinculadas a una ampliación de la concesión existente?

Una cosa es decidir que el Perú necesita más infraestructura de gas. Otra, muy diferente, es decidir que esa infraestructura debe permanecer durante otros diez años bajo el mismo operador. Son dos decisiones distintas. Y el Estado debería demostrar que las ha analizado como tales.

Cálidda también pide una década

Cálidda ha planteado una ruta semejante. Su propuesta de novena adenda contempla ampliar el plazo de su concesión por diez años adicionales y llevar la vigencia contractual hasta diciembre de 2043. La propuesta incorpora nuevas áreas de distribución y está vinculada a la expansión de las redes de gas natural.

El proceso tampoco es reciente. El Ministerio de Energía y Minas ha publicado sucesivas versiones de la propuesta desde 2023 y el 8 de junio de 2026 difundió una nueva versión elaborada por el propio Estado. En 2025, además, ProInversión contrató una consultoría especializada para apoyar la evaluación de la propuesta y definir el soporte técnico correspondiente.

Es decir, no estamos ante una conversación preliminar. Hay documentos, estudios, consultorías, propuestas de inversión y hay una decisión estatal que se aproxima. Por eso, la discusión pública ya no debería reducirse a preguntar cuánto dinero invertirán las empresas. La pregunta fundamental es otra: ¿Qué alternativas evaluó el Estado antes de decidir que la ampliación de las concesiones actuales es la mejor opción?

El monopolio natural no es una concesión eterna

Aquí aparece un concepto que puede resultar incómodo, pero es fundamental. Que una actividad tenga características de monopolio natural no significa que el concesionario tenga un derecho permanente sobre ella. Significa que, por las características económicas de la infraestructura, no resulta necesariamente eficiente duplicar redes.

Eso no elimina la posibilidad de que el Estado genere competencia por el mercado. Puede convocar nuevos procesos, establecer nuevas concesiones, puede separar proyectos de expansión, diseñar concursos para infraestructura adicional, incorporar nuevos operadores en determinadas zonas y establecer obligaciones de inversión más exigentes. Puede, en definitiva, decidir cómo quiere organizar el mercado antes de entregar otros diez años.

Por eso, antes de una nueva adenda, deberían existir respuestas documentadas a preguntas muy concretas: ¿Qué alternativas estudió el Estado? ¿Qué modelos comparó? ¿Cuáles fueron los costos y beneficios de cada alternativa? ¿Qué riesgos identificó? ¿Por qué mantener al actual concesionario resulta mejor que convocar a otro operador?

Y una pregunta todavía más importante: ¿Dónde están publicados esos estudios? Si existen, deberían ser conocidos. Si no existen, la discusión adquiere otra dimensión. Porque una prórroga de diez años no puede sustentarse únicamente en la premisa de que el operador actual ya conoce la infraestructura.

El pasado también forma parte del contrato

Existe otro aspecto que no puede ser omitido. Cuando una empresa solicita diez años adicionales, el Estado no está evaluando solamente lo que promete hacer durante esos diez años. También debería evaluar lo que hizo durante los veinte anteriores.

En el caso de TGP, ese antecedente resulta particularmente relevante. Los primeros años del sistema de transporte de Camisea estuvieron marcados por incidentes que provocaron investigaciones, cuestionamientos y actuaciones de las autoridades.

En 2006, el Congreso creó una comisión investigadora específicamente encargada de investigar el transporte de gas del proyecto Camisea, las causas y consecuencias de los reiterados accidentes y las eventuales responsabilidades políticas, administrativas y penales. El propio informe parlamentario recoge una cronología de los eventos y examina los contratos y compromisos asumidos.

El contexto fue suficientemente grave para que el Gobierno dispusiera una auditoría integral del sistema. En las sesiones parlamentarias de aquel año se discutieron además las fallas, las multas, los planes de contingencia y la situación de los puntos críticos detectados por Osinergmin.

Pero aquí resulta indispensable evitar una conclusión simplista. No todos los incidentes tuvieron necesariamente la misma causa. Algunos estuvieron vinculados a condiciones geológicas o factores externos y otros fueron objeto de investigaciones y atribuciones diferentes.

Por eso, una evaluación seria no debería limitarse a sumar accidentes para construir una cifra impactante. Debería hacer algo mucho más difícil.

Revisar expediente por expediente

Determinar qué ocurrió. Cuál fue la causa. Qué obligación contractual o técnica estaba involucrada. Qué organismo intervino. Qué sanción se impuso. Qué medida correctiva se ordenó. Si esa medida fue cumplida. Quién verificó el cumplimiento. Y, finalmente, si el problema volvió a aparecer.

Ese es el historial que debería estar sobre la mesa antes de entregar otros diez años.

El problema de los expedientes separados

Existe una dificultad adicional. El desempeño de una concesión puede quedar distribuido en decenas o cientos de documentos pertenecientes a diferentes instituciones. Osinergmin fiscaliza aspectos técnicos y de seguridad. OEFA interviene en materia ambiental. El Ministerio de Energía y Minas administra aspectos vinculados con la concesión y los contratos.

El Ministerio Público puede investigar hechos que eventualmente tengan relevancia penal. Cada institución cumple su función. Pero existe una pregunta que el Estado debe responder: ¿Quién reúne toda esa información cuando llega el momento de decidir una prórroga?

Porque una cosa es tener expedientes. Otra es tener una evaluación integral del concesionario.

Antes de negociar una extensión contractual, el Estado debería contar, como mínimo, con una matriz pública que reúna los incumplimientos acreditados, sanciones firmes, sanciones revocadas, penalidades contractuales, medidas correctivas, compromisos pendientes, incidentes operativos, afectaciones ambientales, reparaciones y observaciones todavía abiertas.

No para castigar retrospectivamente a una empresa. Sino para decidir con información completa si corresponde confiarle otros diez años de infraestructura estratégica.

Cálidda tampoco parte de cero

El caso de Cálidda requiere un análisis diferente porque su actividad corresponde a la distribución. Pero el principio debería ser el mismo.

Una nueva década contractual debería considerar el desempeño histórico de la concesión: expansión de redes, inversiones ejecutadas, calidad del servicio, evolución tarifaria, obligaciones regulatorias, compromisos ambientales y resultados concretos de la expansión realizada.

La pregunta tampoco debería ser simplemente si Cálidda puede llevar gas a nuevas zonas. La pregunta es: ¿Tiene que hacerlo necesariamente mediante una extensión de su actual concesión?

Porque existen dos decisiones diferentes. Una es decidir que determinadas regiones necesitan gas natural. Otra es decidir quién tendrá el derecho de desarrollar y operar esa infraestructura. Confundir ambas decisiones puede hacer que una necesidad pública termine justificando automáticamente la continuidad de un operador. Y eso es precisamente lo que el Estado debería evitar.

El argumento de la inversión

TGP pone sobre la mesa inversiones por aproximadamente US$ 2.000 millones. Cálidda ofrece ampliar redes y áreas de distribución. Las cifras son importantes. Pero una inversión prometida no debería convertirse automáticamente en una razón suficiente para ampliar una concesión.

El Estado tiene que determinar cuánto de esa inversión corresponde realmente a nuevas obligaciones, cuánto responde a proyectos que podrían ejecutarse bajo otros esquemas y cuáles serían las condiciones económicas para el país. Porque una concesión no es una recompensa.

Es un contrato mediante el cual el Estado entrega durante un período determinado el derecho de explotar una actividad o infraestructura bajo determinadas obligaciones. Por eso, cada ampliación debería tener una justificación propia. No basta con decir que habrá inversión. Hay que demostrar por qué esa inversión exige diez años más.

La pregunta que queda pendiente

Durante años, el Perú ha discutido el gas desde la perspectiva de las reservas, los ductos, las tarifas, las inversiones y la masificación. Ahora aparece una discusión diferente. Quién controlará durante la próxima década una parte fundamental de esa infraestructura.

TGP quiere extender sus contratos. Cálidda quiere ampliar el suyo. El Estado estudia las propuestas. Y mientras los expedientes avanzan, existe una pregunta que debería preceder cualquier firma: ¿El Perú está prorrogando porque no existe una alternativa mejor o porque resulta más sencillo continuar con quienes ya están?

La diferencia entre ambas respuestas es enorme. En el primer caso, el Estado debería poder demostrarlo con estudios, cifras, evaluaciones comparativas y documentos públicos. En el segundo, la decisión sería simplemente continuar una ruta conocida. Y una concesión estratégica no debería renovarse por costumbre.

Menos aún cuando se trata de otros diez años. El gas natural puede necesitar más ductos, más redes, más inversión y mayor cobertura. Pero antes de decidir quién construirá y operará esa expansión, el Estado tiene una tarea que no puede delegar: demostrar que ha evaluado todas las alternativas y que la opción elegida responde al interés público, no simplemente a la comodidad contractual de prolongar lo que ya existe.

Ese es el verdadero debate. No si TGP puede invertir. No si Cálidda puede masificar. Sino por qué el Estado debería entregarles diez años más.

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Edwin Cavello: «El ministro Beingolea ha cambiado caviares por gente del PPC» [VIDEO]

Elio León

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Edwin Cavello: «El ministro Beingolea ha cambiado caviares por gente del PPC» [VIDEO]

El director de la revista Lima Gris fue entrevistado en el programa de TV de Oscar Bravo, donde abordó la coyuntura política, la influencia internacional en el Perú, el estado del sector Cultura y las investigaciones que viene desarrollando sobre Machu Picchu, Nasca y otras zonas del patrimonio nacional.

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4 horas ago

17/09/2026

Redacción Lima Gris

El periodista y director del portal Lima Gris, Edwin Cavello, participó en una entrevista televisiva conducida por Oscar Bravo, en la que analizó diversos aspectos de la actualidad nacional y expuso su mirada sobre el ejercicio del periodismo frente al poder político y las instituciones del Estado.

Durante la conversación, Cavello Limas cuestionó la falta de respuestas de las autoridades ante asuntos de interés público y sostuvo que el periodismo debe mantener una actitud vigilante, especialmente cuando están en juego recursos públicos, patrimonio cultural y decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.

Uno de los ejes de la entrevista fue la coyuntura política y la relación del Perú con las principales potencias internacionales. El director de Lima Gris planteó interrogantes sobre la creciente presencia de Estados Unidos y China en el escenario nacional y señaló la necesidad de observar estos movimientos desde una perspectiva geopolítica, económica y de defensa de la soberanía.

La conversación también abordó el papel de los medios de comunicación y las dificultades que enfrentan los periodistas para obtener respuestas de funcionarios y autoridades. Cavello Limas destacó la importancia de transparentar la información y recordó que una pregunta periodística, por incómoda que pueda resultar, forma parte del derecho de la ciudadanía a conocer cómo se toman las decisiones desde el poder.

La defensa del patrimonio cultural ocupó buena parte de la entrevista. En ese contexto, el periodista explicó las investigaciones que Lima Gris viene realizando sobre el sector Cultura, particularmente en torno a Machu Picchu, Nasca y otros sitios arqueológicos, y cuestionó que determinados problemas sean abordados únicamente con anuncios, reuniones o medidas que, a su juicio, no resuelven sus causas estructurales.

Cavello Limas también se refirió a la situación de Machu Picchu y a los cuestionamientos relacionados con la gestión de las entradas, la administración del turismo y la necesidad de transparentar el manejo de los recursos generados por el principal destino turístico del país. Asimismo, mencionó los problemas que afectan a diversos sitios arqueológicos y la necesidad de incorporar a especialistas con experiencia técnica en la protección del patrimonio.

Otro de los temas tratados fue la gestión del Ministerio de Cultura y la relación de esta institución con los artistas, gestores culturales y organizaciones que trabajan en distintas regiones del país. Desde su experiencia como periodista cultural, Cavello Limas sostuvo que existe una brecha entre las decisiones adoptadas desde Lima y las necesidades concretas de quienes desarrollan actividades culturales en las comunidades y ciudades del interior.

La entrevista permitió además poner en agenda las investigaciones periodísticas de Lima Gris, medio que ha desarrollado coberturas sobre política, cultura, patrimonio y asuntos regionales, con especial atención a documentos oficiales, informes de control y testimonios.

Al cierre de la conversación, Cavello Limas reafirmó una idea que atraviesa su trabajo periodístico: informar, investigar y preguntar son herramientas fundamentales para exigir transparencia a quienes ejercen funciones públicas. En tiempos de creciente desconfianza ciudadana, la entrevista planteó precisamente ese desafío: que el periodismo no deje de preguntar y que las autoridades estén dispuestas a responder.

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El tenebroso colegio de la Marina de Guerra del Perú: lo que ocurrió en el Liceo Naval no puede quedar en una simple retención [VIDEO]

Un adolescente de cuarto de secundaria denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual durante el retorno de un campeonato. Diez alumnos de quinto son investigados.. Y ahora la pregunta que nadie puede esquivar es mucho más grave que la propia denuncia: ¿quién tenía la obligación de proteger a ese menor?

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9 horas ago

17/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay hechos que estremecen por su brutalidad. Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, de Surco hacia San Borja, ha generado un terremoto dentro de la Marina de Guerra del Perú.

Según la denuncia presentada por la familia, un estudiante de cuarto de secundaria habría sido víctima de una agresión sexual por parte de compañeros de quinto año. La Fiscalía de Familia ha iniciado una investigación preliminar y la Policía intervino a diez escolares. La Defensoría del Pueblo supervisa las diligencias y ha pedido que se garantice una atención célere e integral al adolescente y a su familia.

Pero existe una pregunta que resulta imposible apartar: ¿dónde estaban los adultos?

La información difundida por la Defensoría señala que en el vehículo viajaban tres adultos: el conductor y dos trabajadores del colegio. No eran escolares. Eran adultos responsables del traslado de una delegación educativa. La investigación deberá determinar qué vieron, qué escucharon, qué sabían y, sobre todo, qué hicieron frente a lo que habría ocurrido dentro de ese bus.

Porque una institución educativa no se mide únicamente por sus aulas, sus uniformes, sus ceremonias, sus medallas deportivas o la disciplina que exhibe hacia afuera. Se mide, sobre todo, por su capacidad para proteger al más vulnerable cuando nadie está mirando.

Y aquí aparece otro dato que no puede pasar inadvertido. Una docente del propio colegio, Giovanna León, ha declarado públicamente que durante años presentó alertas sobre situaciones de bullying y violencia escolar. Según su testimonio, esas advertencias no habrían recibido una respuesta adecuada y, en su caso, afirma haber sufrido represalias por denunciar.

Son declaraciones que deben ser investigadas y contrastadas, pero que plantean una cuestión inevitable: ¿era este un hecho absolutamente imprevisible o existían señales anteriores que nadie quiso escuchar?

La respuesta no puede construirse a partir de rumores ni de linchamientos públicos. Los diez adolescentes investigados son menores de edad y corresponde a la Fiscalía determinar individualmente qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde a cada uno. Eso se llama debido proceso.

Pero debido proceso no significa silencio. Y mucho menos significa convertir la protección de los menores en una estrategia de comunicación institucional.

El colegio ha señalado que colabora con las autoridades y que aplicará las medidas disciplinarias correspondientes si se comprueban responsabilidades. También pidió a las familias mantener la calma y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Está bien. Las versiones no confirmadas deben evitarse. Pero hay una diferencia enorme entre evitar rumores y pedir silencio frente a un hecho que ya está siendo investigado por la Policía y el Ministerio Público.

Hay una víctima que necesita protección, asistencia psicológica y acompañamiento legal. El Ministerio de la Mujer ha informado que brinda precisamente ese soporte al adolescente y a su familia. Y hay una institución que tendrá que responder muchas preguntas.

No solamente qué ocurrió dentro de aquel bus. También qué protocolos existían. Qué supervisión había. Qué hicieron los adultos que estaban allí. Si hubo advertencias anteriores. Cómo fueron atendidas. Y si alguien, en algún momento, decidió mirar hacia otro lado.

Porque lo verdaderamente peligroso no es solamente la violencia de un grupo de adolescentes. Lo verdaderamente peligroso es que un adolescente pueda llegar a pensar que puede hacerle cualquier cosa a otro porque detrás de él existe una estructura que lo protegerá. Eso es lo que debe investigar la justicia.

Esta vez la sociedad tiene derecho a exigir algo elemental: que todos respondan ante la misma justicia.

Porque si un colegio enseña disciplina, pero no puede garantizar protección; si habla de valores, pero sus alertas internas no son atendidas; si pide prudencia cuando lo que corresponde es transparencia; entonces el problema ya no está solamente dentro de un bus.

Está en el sistema que permitió que ese bus avanzara mientras un menor era sometido a una agresión. Y eso no se resuelve con un comunicado. Se resuelve encontrando la verdad.

Nuevo hecho indignante

Nuevo episodio de tensión en el caso Liceo Naval. El padre de uno de los escolares investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero fue abordado por la prensa a su salida y, tras negarse a responder sobre las acusaciones, escupió y llegó a intentar morder la mano de un camarógrafo que cubría el caso.

Pronunciamiento de la Marina de Guerra del Perú

La Marina de Guerra del Perú emitió el Comunicado N.° 004-2026 tras los hechos ocurridos recientemente en el Liceo Naval Almirante Guise, donde reafirma su rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes. En el documento, la institución informa que la Dirección de Bienestar de la Marina dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol, mientras continúan las investigaciones a cargo de las autoridades competentes.

Asimismo, la Marina señala que viene brindando facilidades y colaboración para el esclarecimiento de los hechos y que se ha activado el protocolo correspondiente. Debido a que se trata de menores de edad, la institución precisa que se mantendrá en reserva toda información que permita identificarlos. Finalmente, indica que adoptará las medidas que correspondan conforme a los resultados de las investigaciones y la normativa vigente, asegurando que no exista injerencia durante el proceso. El comunicado fue emitido en La Perla, hoy 17 de septiembre de 2026.

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Los titulares de Lima Gris: 17 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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1 día ago

17/09/2026

Redacción Lima Gris

Polémica en el Congreso: Ernesto Álvarez vincula violaciones a menores con ortigen cultural

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que las violaciones contra menores registradas en Condorcanqui (Amazonas) “ tienen origen cultural.» La declaración, hecha durante su presentación sobre las políticas de Estado de su sector, generó un fuerte rechazo en redes.

San Juan de Lurigancho: Policía Nacional halla fotos de alcalde Jesús Maldonado con cabecillas de los injertos

Según Diario Uno, la PNP habría encontrado, durante un operativo contra la organización criminal ‘Los Injertos del Tren’, una fotografía en la que aparece el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, junto al cabecilla de la organización, su hijo y una exempleada municipal. El hallazgo habría generado alertas en el equipo policial y podría motivar que el burgomaestre sea citado para esclarecer las circunstancias de la fotografía y las posibles conexiones institucionales mencionadas en la investigación.

Jaime Delgado cuestiona primeras decisiones del gobierno de Keiko Fujimori
El senador Jaime Delgado cuestionó el desempeño del gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo que, hasta el momento, “no vemos resultados en este nuevo gobierno”. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que ya había formulado sobre el mensaje presidencial y las primeras decisiones de la gestión, particularmente en materia social y de salud.

Poder Judicial del Perú impulsa red eurolatinoamericana para combatir la corrupción y el crimen transnacional
Poder Judicial del Perú impulsa red eurolatinoamericana para combatir la corrupción y el crimen transnacional. Proyecto de estatuto fue presentado por juez coordinador del Subsistema en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez.

Diputada Mery Infantas: “El Perú necesita decisiones firmes para enfrentar al crimen organizado”

En diálogo con Lima Gris, la parlamentaria se pronunció sobre la necesidad de revisar el funcionamiento de las escuelas de la Policía Nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y la cooperación internacional impulsada por el Gobierno. La diputada de Fuerza Popular, sostuvo que el Congreso debe contribuir a destrabar las medidas destinadas a combatir la inseguridad ciudadana.

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Poder Judicial del Perú impulsa red eurolatinoamericana para combatir la corrupción y el crimen transnacional

Proyecto de estatuto fue presentado por juez coordinador del Subsistema en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez.

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1 día ago

16/09/2026

Redacción Lima Gris

El Poder Judicial del Perú, que preside Janet Tello Gilardi, presentó el proyecto de Estatuto de la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio, una alianza judicial internacional que reunirá a juezas y jueces especializados para enfrentar a la corrupción y el crimen organizado transnacional.

La iniciativa es promovida en coordinación con el PACCTO 2.O, que es un programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, destinada a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y a fortalecer la institución de justicia y de seguridad.

De ese modo, la red busca impulsar una justicia más articulada, efectiva y coherente con los estándares internacionales al fortalecer las acciones judiciales orientadas a la recuperación de activos ilícitos.

Participaron en la reunión preparatoria virtual de la red el juez supremo y coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio de nuestro país, Manuel Luján Túpez (desde Palacio de Justicia); el experto principal de lavado de activos y recuperación de activos del PacCTO 2.0, Daniel Francisco.

Asimismo, estuvieron presentes en la cita virtual representantes de los poderes judiciales de Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Italia, México, Guatemala, entre otras autoridades invitadas, desde sus propios países de origen.

Luján Túpez advirtió que desde hace tiempo las barreras limítrofes de los países han desaparecido, lo que hace necesaria la unidad para hacer frente a la delincuencia internacional que agobia a muchos países.

“Ya no podemos seguir siendo islas en el mundo, necesitamos unirnos, trabajar juntos, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y poder hacer que el trabajo que tanto nos cuesta en cada país pueda tener éxito para el bien de nuestros connacionales”, expresó.

Un país no puede solo
A su vez, Daniel Francisco señaló que la criminalidad ahora no actúa desde un único territorio al contar con estructuras de dirección en un país, desarrollar actos criminales en otros, utilizar empresas y sociedades de diferentes sitios para blanquear el beneficio y mantener activos en terceros países.

“Por eso, la cooperación internacional ya no puede limitarse a responder a una solicitud puntual de otro país, necesitamos mecanismos de cooperación más rápidos, más directos y sobre todo basados en la relación de confianza entre profesionales”, sostuvo.

Bajo ese enfoque, el especialista consideró que en la recuperación de activos es importante recalcar que luchar contra la delincuencia organizada no consiste solo en identificar a los responsables y obtener condenas, también en privarlos de sus beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.

“Y aquí llegamos a una cuestión fundamental: ningún país puede hoy responder por sí solo a este desafío, y en materia de delincuencia transnacional, muchas veces el primer problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos, sino algo más sencillo: saber con quién hablar”, afirmó.

Así, remarcó que cuando un investigador, un fiscal, un juez necesita información o cooperación de otro país, disponer de un contacto directo que conozca el sistema, comprenda la problemática y tenga la confianza necesaria para responder, puede marcar una diferencia enorme.

“Poner en contacto a jueces de diferentes países permite compartir soluciones, comparar experiencias y desarrollar una comprensión común de estos desafíos, y no se trata de crear una red para interferir en la independencia judicial, se trata de crear un espacio de intercambio”, sostuvo.

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IRTP bajo la lupa: denuncias laborales, fallos judiciales y cuestionamientos que ponen a la institución en jaque

Lo que empezó como un reclamo por el cumplimiento de un laudo laboral podría ser apenas la punta del iceberg en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Decenas de procesos judiciales por el reconocimiento de vínculos laborales y las observaciones formuladas por la Contraloría a la nueva sede de la institución configuran un escenario de múltiples frentes abiertos y ponen bajo la lupa la gestión del organismo encargado de administrar los medios públicos del país.

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2 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

¿Qué está pasando dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)? Lo que inicialmente parecía un reclamo sindical por el cumplimiento de un laudo laboral hoy muestra un escenario mucho más amplio. Trabajadores han recurrido a la vía judicial para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales, mientras otros cuestionamientos apuntan al cumplimiento de sentencias, la gestión de personal y las condiciones de la nueva sede institucional ubicada en Jesús María. ¿Se trata de casos aislados o de un problema que viene acumulándose dentro de la institución?

El conflicto llegó a los tribunales

El problema laboral dentro del IRTP no se limita a un reclamo sindical. Documentos judiciales y administrativos muestran que existen distintos procesos en los que trabajadores han acudido a los tribunales para obtener el reconocimiento de derechos laborales, mientras la institución debe afrontar las consecuencias administrativas y presupuestales derivadas de esas decisiones.

Uno de los datos que permite dimensionar el problema aparece en una comunicación oficial de la Oficina de Gestión del Talento Humano del IRTP. La entidad reconoce que actualmente gestiona 93 procesos judiciales de reconocimiento de vínculo laboral e incorporación a planillas. De ese total, 14 se encuentran en trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas y otros seis están en proceso de solicitud de disponibilidad presupuestal. Los demás, según explica el propio IRTP, se encuentran en evaluación de perfil.

La propia institución precisa que, en la mayoría de estos casos, se trata de procesos que derivan de personas que prestaron servicios como locadores y/o trabajadores CAS, cuyos puestos deben ser evaluados para determinar su equivalencia con los instrumentos de gestión y la escala remunerativa de la entidad.

El dato deja una pregunta inevitable: ¿Qué está generando que decenas de trabajadores hayan tenido que recurrir a la vía judicial para conseguir el reconocimiento de un vínculo laboral?

Uno de los casos documentados corresponde a Luis Michael Cáceres Villafane. El 38.º Juzgado de Trabajo notificó al IRTP en agosto de 2026 que el expediente había sido remitido para su ejecución y ordenó reconocer una relación laboral a plazo indeterminado bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 desde el 1 de junio de 2015 hasta la actualidad.

El propio IRTP informó posteriormente que estaba realizando las acciones administrativas necesarias para ejecutar la decisión judicial. Entre ellas figuran procedimientos vinculados al presupuesto, instrumentos de gestión y registro de la plaza correspondiente.

Pero este no es el único caso

En octubre de 2025, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima confirmó una sentencia favorable a Rafael Faustino Palacios Barraza contra el IRTP. El Poder Judicial ordenó reconocer que su vínculo laboral, desde el 12 de marzo de 2018, era de naturaleza indeterminada bajo el régimen 728 y dispuso su incorporación a las planillas de trabajadores permanentes. Además, estableció el pago de S/81,768.50 por beneficios sociales, más intereses, así como un depósito de S/21,777.78 por CTS, también con los intereses correspondientes.

Estos casos permiten entender por qué el número de 93 procesos judiciales adquiere especial relevancia. No estamos hablando únicamente de una controversia entre un sindicato y la institución, sino de una serie de procesos individuales que han terminado, en algunos casos, con decisiones judiciales favorables a los trabajadores.

El laudo laboral que sigue pendiente

A este escenario se suma el conflicto por un laudo arbitral emitido el 1 de julio de 2019, relacionado con un incremento de remuneraciones del 14%, una asignación por el Día del Trabajo y un bono por cierre de pliego.

La controversia llegó nuevamente al 4.º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima. En una resolución del 7 de julio de 2026, el juzgado requirió al IRTP, a través de su Procuraduría Pública, que informe de manera documentada las acciones administrativas y presupuestales realizadas para concretar el pago de una obligación de S/1,238,096. El juzgado también pidió conocer el estado del trámite, las partidas presupuestales comprometidas y un cronograma estimado de pago.

Sobre el caso, Fernando Durand Pajuelo, señaló: “El laudo ya se ganó en la Sala Suprema, en la Cuarta Sala, y el original [juzgado] fue notificado para que cumplan, pero no lo hacen”.

Una segunda alerta: las condiciones de la nueva sede

Mientras el conflicto laboral avanza por la vía judicial, otro frente aparece en los informes de control sobre la nueva sede del IRTP, ubicada en la calle Natalio Sánchez, en Jesús María.

La Contraloría identificó siete situaciones adversas durante una visita de control realizada en octubre de 2025. El informe concluyó que estas situaciones podían afectar la continuidad del proceso, sus resultados o el cumplimiento de los objetivos vinculados a la ejecución contractual.

Una de las observaciones más delicadas estuvo relacionada con las condiciones de seguridad de las oficinas. El informe señala que las áreas utilizadas por el personal no contaban con condiciones adecuadas para desarrollar sus funciones y advierte específicamente sobre llaves termomagnéticas expuestas dentro de ambientes utilizados por trabajadores del IRTP.

La situación adquiere mayor relevancia porque el propio informe recuerda que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que el empleador debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante el desempeño de sus labores. Y Contraloría no se quedó únicamente en esa observación. El documento también identificó problemas relacionados con rutas de evacuación, sistemas contra incendios, accesibilidad para personas con discapacidad y condiciones para la conservación de documentación, entre otros puntos.

La pregunta, entonces, vuelve a aparecer: ¿qué acciones tomó el IRTP frente a estas advertencias?

El propio informe de Contraloría recomendó que la titular de la entidad adoptara las acciones preventivas o correctivas correspondientes y comunicara al Órgano de Control Institucional, dentro de cinco días hábiles, las medidas adoptadas o por adoptar.

Los otros frentes que denuncian los trabajadores

Pero los cuestionamientos dentro del IRTP no terminan en los expedientes judiciales. Para los trabajadores y su representación sindical, detrás de las sentencias y procesos existen otros hechos que también deberían ser explicados por la institución. Uno de los testimonios más delicados está relacionado con trabajadores que, según el sindicato, habrían dejado de laborar en el IRTP pese a contar con decisiones judiciales favorables para el reconocimiento de sus derechos laborales.

La afirmación requiere todavía una verificación documental. Hasta el momento, los expedientes revisados sí permiten comprobar que existen trabajadores con sentencias favorables que ordenan al IRTP reconocer vínculos laborales e incorporarlos al régimen 728. Por ejemplo, en el caso de Rafael Faustino Palacios Barraza, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima confirmó la orden de reconocer un vínculo laboral indeterminado, incorporarlo a planilla y pagar beneficios sociales y CTS.

Sin embargo, una sentencia favorable no demuestra por sí sola que el trabajador haya sido despedido posteriormente. Para establecer ese punto será necesario conocer la fecha y modalidad de su salida, el documento que la sustenta y la respuesta de la institución.

¿Dónde termina el conflicto laboral y dónde comienza el sindical?

Otro de los cuestionamientos planteados por Durand está relacionado con la actuación de funcionarios frente a la actividad sindical.

El dirigente sostiene que determinadas acciones realizadas alrededor del cumplimiento de una sentencia constituyen una intromisión en el ámbito del sindicato.

“A tener en cuenta esta carta enviada el día de hoy. Estuve en la sala laboral de Magdalena gestionando el reiteramiento de la sentencia de la cuarta sala laboral de la Corte Suprema. Esto es una clara intromisión en la gestión sindical. Favor pido un diagnóstico de esta intromisión abusiva en el espacio del fuero sindical”, menciona Fernando Durand Pajuelo.

La denuncia abre otra pregunta dentro de esta investigación: ¿qué decía exactamente la carta a la que hace referencia el dirigente y qué actuación concreta considera el sindicato como una interferencia?

Por ahora, ese documento no forma parte de los expedientes que hemos revisado, por lo que no corresponde afirmar que existió una intromisión. Lo que sí queda registrado es la posición expresada por el dirigente sindical y la existencia de un conflicto cada vez más amplio entre la dirigencia y la administración del IRTP.

La denuncia sobre las contrataciones

Hay un tercer punto que podría convertirse en uno de los capítulos más importantes de esta investigación: el número y las condiciones de contratación de trabajadores dentro del IRTP.

Durante la conversación con Lima Gris, Fernando Durand, afirmó “Son más de 600 trabajadores con salarios de 3 mil, 4 mil, hasta 5 mil soles”.

El dirigente también sostuvo que algunas de esas incorporaciones tendrían una finalidad política y mencionó presuntos vínculos con militancia partidaria. Esta parte es especialmente delicada y, por ahora, debe mantenerse como una denuncia del sindicato, porque no cuentan todavía con documentación que permita confirmar que las contrataciones hayan respondido a criterios políticos.

La institución, sin embargo, sí cuenta con información pública que puede permitir contrastar parte de esta denuncia. El Portal de Transparencia del Estado señala que el IRTP publica la relación del personal contratado bajo cualquier modalidad, además de contar con información sobre sus instrumentos de gestión de recursos humanos. (Transparencia Perú).

Por eso, una de las preguntas que quedan abiertas es concreta: ¿cuántas personas fueron contratadas por el IRTP durante 2026, bajo qué modalidad, cuánto perciben y cuáles fueron los criterios utilizados para su incorporación?

La respuesta no debería depender únicamente de lo que afirma el sindicato. Los registros de personal, las órdenes de servicio, los contratos y la información presupuestal pueden permitir comprobarlo.

Un conflicto que se sigue ampliando

Así, lo que inicialmente apareció como una disputa por el cumplimiento de un laudo laboral termina mostrando varios escenarios al mismo tiempo: procesos judiciales de trabajadores que buscan el reconocimiento de sus vínculos laborales, una obligación económica superior al millón de soles, cuestionamientos sobre las condiciones de la nueva sede y denuncias sindicales relacionadas con despidos, actuaciones de funcionarios y contrataciones.

Algunos de estos hechos ya cuentan con respaldo documental. Otros permanecen, por ahora, en el terreno de las denuncias y necesitan ser contrastados.

Y precisamente ahí está el siguiente punto de esta investigación: determinar qué ocurrió después de las sentencias, qué pasó con los trabajadores que aseguran haber sido separados y qué muestran realmente los registros de contratación del IRTP.

Al final, el problema del IRTP parece ser mucho más amplio que un solo reclamo sindical. Hay sentencias judiciales que deben ejecutarse, trabajadores que han acudido a los tribunales para conseguir el reconocimiento de sus derechos, una deuda laboral que supera el millón de soles y una institución que reconoce tener 93 procesos relacionados con el reconocimiento de vínculos laborales e incorporación a planillas. A ello se suman las observaciones de la Contraloría sobre la nueva sede y las denuncias que vienen planteando los propios trabajadores.

Pero todavía quedan preguntas que necesitan respuestas. ¿Qué medidas concretas está tomando el IRTP para cumplir con las decisiones judiciales? ¿Qué ocurrió con los trabajadores que aseguran haber sido separados pese a contar con sentencias favorables? ¿Cuántas personas fueron contratadas y bajo qué criterios? Y qué acciones se adoptaron frente a las siete situaciones adversas advertidas por la Contraloría?

Son preguntas que no corresponden únicamente al sindicato. También corresponden a una institución pública que administra recursos del Estado y que tiene la obligación de explicar sus decisiones.

Ahora corresponde al IRTP responder. Porque cuando los expedientes se acumulan, las sentencias llegan y las advertencias de control quedan registradas, ya no se trata solamente de denuncias: se trata de respuestas que la institución todavía tiene pendientes.

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Actualidad

Taiwán merece participar en los mecanismos de la ONU para contribuir a la comunidad internacional Foto del avatar

Published

3 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Gustavo Chao-Jui Lu
Representante
Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú

En el marco de la presente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considero oportuno compartir algunas reflexiones sobre la participación de Taiwán en el sistema de la ONU y la necesidad de promover una mayor inclusión y cooperación internacional.
La 81.ª sesión de la Asamblea General, inaugurada el 8 de septiembre en Nueva York bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión en la comunidad internacional, más allá de las diferencias políticas.

El Gobierno de Taiwán ha anunciado una nueva campaña para promover su participación en el sistema de la ONU. El viceministro de Relaciones Exteriores, Baushuan Ger, ha señalado que los 23,5 millones de habitantes de Taiwán deberían poder participar en los mecanismos internacionales y aportar su experiencia en ámbitos como el desarrollo sostenible, la salud, la tecnología y los semiconductores.

Taiwán se considera un miembro responsable de la comunidad internacional que, además de afrontar desafíos globales comunes, enfrenta crecientes amenazas y presiones de China en el estrecho de Taiwán y la región. En este contexto, uno de los principales puntos de debate se refiere a la Resolución 2758 de la Asamblea General, adoptada en 1971. Dicha resolución abordó la representación de China en las Naciones Unidas, pero no determinó la soberanía de Taiwán ni estableció que la República Popular China representara a Taiwán en el sistema de la ONU.

Más allá de estas diferencias, ¿cómo garantizar que una población de 23,5 millones de personas pueda contribuir a afrontar desafíos internacionales que nos afectan a todos?
Esta cuestión también resulta relevante para el Perú. Perú y Taiwán comparten valores fundamentales como la libertad, la democracia y el respeto por el Estado de derecho, así como el interés en preservar un entorno internacional pacífico y estable que favorezca el desarrollo de nuestros pueblos.

La creciente tensión en el estrecho de Taiwán merece atención especial. Maniobras militares y otras acciones de presión de China generan preocupación por la paz y estabilidad regional. Cualquier conflicto tendría repercusiones internacionales, especialmente por el papel estratégico de Taiwán en las cadenas mundiales de suministro de semiconductores.
Taiwán reafirma su compromiso con el statu quo, la paz y la solución pacífica de controversias. Asimismo, su experiencia puede beneficiar al Perú y a la comunidad internacional en áreas como salud, tecnología, agricultura, cambio climático y prevención de desastres.

Perú y Taiwán, como sociedades libres y democráticas, comparten el interés por la paz, la cooperación y el respeto de las normas internacionales. Una ONU que aspire “cumplir para todos” (Deliver for All) debería aprovechar las capacidades de quienes pueden contribuir a afrontar nuestros desafíos comunes.

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Los titulares de Lima Gris: 15 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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3 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

Vivienda de Andrés Ramos queda destruida por incendio y pide investigación

El senador de Juntos por el Perú, Andrés Ramos Huillcas, pidió investigar las causas del incendio que destruyó casi por completo el departamento que alquilaba en Jesús María. El parlamentario recordó además un incidente previo en su despacho del Congreso, aunque evitó vincular ambos hechos hasta conocer los resultados de las investigaciones.

Escultor Luis Sifuentes, ‘Mamanka’, acusado de abusar de una menor

El escultor Luis Sifuentes, conocido como ‘Mamanka’, enfrenta una denuncia por presunta violación de una menor. Una joven colombiana afirma que fue captada cuando tenía 14 años, trasladada a Lima y sometida sexualmente en el taller del artista. La denunciante dio a luz a los 15 años a una niña que actualmente vive con Sifuentes. El escultor niega las acusaciones y asegura que son falsas, mientras el caso continúa bajo investigación judicial.

Diputado Víctor Piñan cuestiona contrato de colaboradores de campañas políticas en despacho de Congreso

El diputado Víctor Piñán cuestionó la contratación de colaboradores vinculados a campañas políticas en los despachos del Congreso. Señaló que, aunque legalmente forma parte de las facultades de diputados y senadores, considera que éticamente está mal y constituye un mal mensaje para la población.

Carlos Espá el fenómeno del niño va hacer un diluvio universal

El canciller Carlos Espá declara a la prensa sobre la gravedad del Fenómeno El Niño, advirtiendo que sus efectos serán sumamente intensos —llegando a compararlo metafóricamente con un «diluvio universal»— y señala la profunda preocupación del Ejecutivo, así como la necesidad de asignar un presupuesto significativo para las labores de prevención y respuesta ante las probables inundaciones.

Tensión en el Congreso: Graciela Chipana confronta al ministro Belaúnde

Un momento de tensión se registró en el Congreso durante el intercambio entre la diputada Chipana y el ministro Belaúnde. La parlamentaria cuestionó las declaraciones del titular de la cartera y lo confrontó públicamente con la frase: “Ministro, deje de mentir al país”. El incidente generó un fuerte intercambio en el Pleno y puso nuevamente bajo cuestionamiento las respuestas del Ejecutivo ante el Parlamento.

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Actualidad

Decano del COARPE bajo la lupa: Miguel Canchari Huamaní dirigió monitoreos arqueológicos mientras ejercía cargo municipal

Documentos oficiales del Ministerio de Cultura registran que el actual decano del Colegio de Arqueólogos del Perú fue autorizado para dirigir dos Planes de Monitoreo Arqueológico mientras ejercía, simultáneamente, el cargo de Subgerente de Patrimonio Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. En uno de los proyectos debía permanecer 14 días en Apurímac y en el otro fue designado director-residente durante dos meses en Vilcashuamán. La documentación abre una pregunta que debe responderse con precisión: ¿cómo cumplió, al mismo tiempo, sus obligaciones como funcionario municipal y su presencia permanente en campo?

Published

3 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

El Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) tiene entre sus responsabilidades velar por el correcto ejercicio profesional de sus miembros y contribuir a la protección del patrimonio cultural de la Nación. Sus integrantes pueden ser sometidos a procedimientos disciplinarios cuando incurren en faltas éticas o profesionales, con sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación. El problema adquiere una dimensión particularmente grave cuando los cuestionamientos recaen sobre quien ocupa la máxima autoridad de la institución: su decano.

Miguel Antonio Canchari Huamaní, actual decano del COARPE, afronta ahora una nueva denuncia que pone bajo cuestionamiento la compatibilidad entre su actividad como funcionario municipal y su desempeño profesional en intervenciones arqueológicas fuera de Huamanga. El caso no se sustenta únicamente en declaraciones o versiones de terceros. Existen resoluciones oficiales de las Direcciones Desconcentradas de Cultura de Apurímac y Ayacucho que identifican directamente a Canchari Huamaní como responsable de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR).

Desde el 3 de enero de 2025, Canchari Huamaní se desempeña como Subgerente de Patrimonio Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Se trata de un cargo de dirección dentro de la administración municipal, vinculado directamente con la protección, conservación y gestión del patrimonio histórico, cultural y paisajístico del Centro Histórico de Ayacucho.

Entre las funciones de dicha subgerencia se encuentran la formulación de planes y proyectos de protección patrimonial, la propuesta de normas y procedimientos para la conservación y puesta en valor del centro histórico, la regulación de determinadas autorizaciones y licencias, así como la fiscalización de intervenciones que puedan afectar inmuebles y espacios de valor patrimonial. También corresponde coordinar con el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho acciones destinadas a garantizar la defensa del patrimonio.

Por tanto, Canchari Huamaní no ocupa en la municipalidad un puesto meramente técnico. Su responsabilidad está vinculada a decisiones administrativas y a la protección del patrimonio cultural dentro de la jurisdicción municipal. Precisamente por esa razón, su simultánea participación en actividades privadas de intervención arqueológica fuera de Huamanga plantea interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de sus obligaciones funcionales y sobre una eventual incompatibilidad que corresponde determinar a las autoridades competentes.

El primer documento que coloca el caso bajo la lupa es la Resolución Directoral N.° 133-2026-DDC APU/MC, emitida el 6 de abril de 2026 por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac. La resolución se originó en el expediente N.° 2026-30814, presentado el 6 de marzo de 2026 por el propio Miguel Antonio Canchari Huamaní mediante su casilla electrónica.

El documento autorizó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto denominado “Recuperación del ecosistema forestal degradado bosque relicto mesoandino de la Comunidad Campesina de San Ignacio del distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, departamento de Apurímac”, identificado con CUI 2540720. La autorización estableció como responsable al Lic. Miguel Antonio Canchari Huamaní, con COARPE N.° 040907, por un periodo de 14 días.

La resolución no deja el asunto a la interpretación. Entre sus disposiciones precisa que el arqueólogo director debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y permanecer durante la totalidad de la fase de trabajo de campo cuando la intervención no cuenta con un arqueólogo residente. Asimismo, establece que no puede transferir esa responsabilidad a terceros y que el Ministerio de Cultura puede disponer la suspensión o finalización del plan si se incumple dicha obligación.

La pregunta aparece entonces de manera inevitable: ¿cómo cumplió Canchari Huamaní esos 14 días de presencia en campo en Apurímac mientras continuaba desempeñándose como Subgerente de Patrimonio Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga?

Como todo servidor público, Canchari está sujeto a los principios (respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad al Estado de Derecho, justicia y equidad) y a los deberes expresamente listados en el artículo 7° de dicha Ley:

Neutralidad: actuar con imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole.
Transparencia: dar acceso a la información sobre las actividades de la entidad, salvo las excepciones legales.
Discreción: guardar reserva respecto de hechos o información de los que tenga conocimiento por su cargo.
Ejercicio adecuado del cargo: no adoptar represalias contra denunciantes de irregularidades, ni usar el cargo para fines ajenos al servicio.
Uso adecuado de los bienes del Estado: no emplear los recursos públicos a su cargo para fines particulares.
Responsabilidad: desarrollar la función encomendada con honestidad, eficacia y buena fe.

Por ello, al asumir el cargo Miguel Canchari Huamaní presentó las Declaraciones juradas obligatorias: a) Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Ley N.° 27482 y su reglamento), obligatoria para funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos del Estado, o que ocupan cargos de dirección; b) Declaración Jurada de Intereses (Ley N.° 30161 y D.S. N.° 091-2017-PCM), exigible a funcionarios y directivos que toman decisiones públicas relevantes, precisamente para transparentar situaciones que puedan generar conflicto de interés; c) Deber de abstención ante conflicto de interés (Ley N.° 27444, artículos 88° al 97°): El servidor debe abstenerse de intervenir en asuntos donde tenga interés personal, directo o indirecto, o donde exista un vínculo que pueda comprometer su imparcialidad; d) Sujeción al Sistema Nacional de Control, Como servidor que administra o custodia recursos y bienes del Estado (en este caso, vinculados al patrimonio histórico municipal), está sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República (Ley N.° 27785), y puede incurrir en responsabilidad administrativa funcional, civil o penal (esta última conforme a los delitos contra la administración pública del Código Penal, como el peculado, la colusión o la negociación incompatible, de configurarse los supuestos correspondientes).

Fuente: Transparencia.

Pero el caso no termina allí. El 18 de mayo de 2026, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho emitió la Resolución Directoral N.° 209-2026-DDC AYA-MC, correspondiente al expediente N.° 2026-0056734, presentado también por Miguel Canchari Huamaní.

La resolución autorizó la ejecución de otro Plan de Monitoreo Arqueológico, esta vez para el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitarias de excretas en la localidad de Toma, distrito de Independencia, provincia de Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho”, identificado con CUI 2604737.

Aquí aparece el dato más delicado. El artículo cuarto de la resolución autorizó a Miguel A. Canchari Huamaní como “Director-Residente” del PMAR por un periodo de dos meses, del 11 de mayo al 11 de julio de 2026. El artículo quinto estableció nuevamente que no podía transferir la responsabilidad a terceros.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Es decir, durante dos meses, mientras mantenía su condición de Subgerente de Patrimonio Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la documentación oficial del Ministerio de Cultura lo identificaba como director-residente de una intervención arqueológica en la provincia de Vilcas Huamán.

El asunto adquiere mayor relevancia porque Vilcashuamán no se encuentra dentro de la ciudad de Huamanga. El desplazamiento implica varias horas de carretera. En consecuencia, la documentación plantea una cuestión objetiva que requiere ser esclarecida: ¿en qué momentos Canchari Huamaní ejercía sus funciones municipales y en qué momentos cumplía la residencia exigida por el PMAR?

La propia normativa arqueológica establece que el director de una intervención que no cuenta con arqueólogo residente debe permanecer durante la totalidad de la fase de trabajo de campo. La regla no contempla que la responsabilidad pueda ser simplemente delegada en otra persona.

Fuente: Ministerio de Cultura

El periodo es todavía más revelador. El PMAR de Vilcashuamán se desarrollaba entre el 11 de mayo y el 11 de julio de 2026. En ese mismo periodo, Canchari Huamaní mantenía su cargo en la Municipalidad Provincial de Huamanga. Por ello, resulta indispensable establecer mediante documentos de asistencia, permisos, vacaciones, licencias, órdenes de servicio, contratos, informes, fichas de monitoreo y actas de inspección dónde estuvo efectivamente el funcionario durante las jornadas correspondientes.

No se trata de una discusión menor sobre horarios. Si un funcionario público debía cumplir una jornada determinada en la municipalidad y, simultáneamente, tenía la obligación profesional de permanecer en campo durante una intervención arqueológica, corresponde establecer cómo se compatibilizaron ambas obligaciones. La respuesta debe encontrarse en documentos verificables y no en explicaciones posteriores.

El propio expediente plantea varias posibilidades que deben ser investigadas. Una de ellas sería que Canchari Huamaní hubiera obtenido permisos, vacaciones o licencias durante los periodos de intervención. Otra posibilidad sería que hubiera cumplido sus obligaciones municipales en horarios compatibles con los trabajos arqueológicos. Y una tercera hipótesis —mucho más grave— sería que alguna de las obligaciones no hubiera sido cumplida efectivamente.

Hasta el momento, según la información revisada para esta investigación, no aparece acreditada la existencia de licencias sin goce de haber o vacaciones que expliquen su ausencia de la municipalidad durante los periodos señalados. Esa circunstancia debe ser contrastada con los registros oficiales de la comuna.

También resulta indispensable revisar las fichas de monitoreo, actas de inspección y documentos finales de ambos proyectos. Si en ellos se consignara que el director estuvo físicamente en campo en determinadas fechas y horarios, esos registros deberían ser contrastados con los controles de asistencia y demás documentos laborales de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Solo una investigación documental completa podrá establecer si existió una incompatibilidad funcional, abandono de funciones, incumplimiento contractual o alguna eventual responsabilidad administrativa, civil o penal.

El caso también tiene una dimensión ética. Canchari Huamaní asumió en febrero de 2026 el cargo de decano del Colegio de Arqueólogos del Perú. Es decir, la persona llamada a representar y defender el ejercicio ético de miles de profesionales enfrenta cuestionamientos relacionados precisamente con el cumplimiento de sus obligaciones profesionales y administrativas.

La situación adquiere una particular gravedad institucional porque, de acuerdo con la información materia de esta investigación, el Consejo Directivo Nacional del COARPE no habría producido una respuesta contundente frente a los anteriores cuestionamientos formulados contra su decano. Algunas sedes regionales, entre ellas la Sede Regional Suroeste de Arequipa, Moquegua y Tacna y la Sede Departamental de Ica, sí habrían reclamado investigaciones.

Y mientras las preguntas permanecen abiertas, aparece otro capítulo que merece una investigación independiente: el sitio arqueológico de Conchopata, uno de los espacios vinculados al desarrollo de la cultura Wari y ubicado dentro de la ciudad de Ayacucho.

sitio arqueológico de Conchopata.

Según información recogida por Lima Gris, en los últimos meses se habrían desarrollado intervenciones de evaluación y rescate arqueológico en este sitio. Las versiones recogidas señalan que Canchari Huamaní habría tenido participación directa en dichas actividades, aunque otros arqueólogos aparecerían formalmente como directores.

La situación es especialmente sensible porque Conchopata ha sufrido durante años la presión de invasiones y expansión urbana. La reducción progresiva del área arqueológica convierte cualquier intervención en un asunto de interés público. Si quien dirige la política patrimonial desde una municipalidad participa simultáneamente en actividades arqueológicas privadas dentro de la misma jurisdicción, la obligación de transparencia resulta todavía mayor.

También debe esclarecerse cualquier eventual relación funcional o familiar que pudiera influir en la supervisión de las intervenciones. La información revisada señala que Khinjhe Mandini Canchari Huamaní, también arqueólogo, trabaja como inspector en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Cualquier eventual conflicto de interés debe ser establecido documentalmente y sometido al procedimiento correspondiente.

El principio fundamental es sencillo: quien tiene la obligación de proteger el patrimonio no puede quedar al margen de los controles destinados precisamente a garantizar esa protección.

Por ello, la Contraloría General de la República tiene un escenario concreto para intervenir y revisar la documentación laboral y administrativa de la Municipalidad Provincial de Huamanga, mientras que el Ministerio de Cultura debería verificar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en las Resoluciones Directorales N.° 133-2026-DDC APU/MC y N.° 209-2026-DDC AYA-MC.

También corresponde determinar quiénes realizaron las inspecciones de los PMAR, qué fechas consignaron, qué arqueólogos suscribieron las actas, qué fichas de campo fueron presentadas y quién recibió y aprobó los informes finales.

Lima Gris se comunicó con Miguel Antonio Canchari Huamaní por vía telefónica y mediante WhatsApp para obtener su versión y conocer sus descargos frente a estas preguntas. Hasta el cierre de esta información no se obtuvo respuesta. Su versión queda abierta y deberá ser incorporada a esta investigación si decide pronunciarse.

El caso, finalmente, coloca al COARPE ante una prueba institucional. No basta con sancionar a arqueólogos cuando son denunciados por faltas éticas. Si el propio decano enfrenta cuestionamientos documentados sobre el cumplimiento de sus obligaciones como funcionario y director de intervenciones arqueológicas, corresponde aplicar el mismo estándar de transparencia y control.

La pregunta ya no es solamente dónde estuvo Miguel Canchari Huamaní entre el 11 de mayo y el 11 de julio de 2026. La pregunta institucional es otra, mucho más profunda: ¿quién estaba vigilando al encargado de vigilar?

Y, sobre todo, ¿quién estaba protegiendo el patrimonio mientras el máximo representante de los arqueólogos del Perú debía responder simultáneamente por tres responsabilidades que, según los documentos oficiales, exigían su presencia efectiva?

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