Elecciones 2026: 52 candidatos regionales en el sur postulan con condenas registradas en la plataforma del JNE

Rostros conocidos en Arequipa

Elmer Cáceres Llica postula por segunda vez al gobierno regional y en estos comicios lo hace por Alianza para el Progreso. Declaró tres condenas en su hoja de vida: entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte (2007), falsa declaración en proceso judicial (2016) e incumplimiento de deberes funcionales (2024). 

Esta última condena se debió porque cuando fue gobernador en su primer periodo regional, designó en 2019 a Grover Delgado Flores como gerente regional de Transportes y Comunicaciones, y lo mantuvo en el cargo a pesar del pronunciamiento de la Contraloría que advirtió su poca experiencia para el perfil.

En el 2021 Cáceres Llica se vio obligado a dejar su mandato al ser detenido y enviado a prisión preventiva por el caso “Los Hijos del Cóndor". La tesis fiscal sostuvo que él lideraba esta presunta organización criminal y que valiéndose de recursos del gore Arequipa, entregaba obras o puestos de trabajo a personas claves como consejeros regionales de oposición, a cambio de respaldo político. 

En paralelo a este caso y mientras seguía en prisión, en 2023 fue condenado a siete años de cárcel por colusión agravada por el caso conocido como “las butacas”. Se le responsabilizó por la compra irregular de 232 butacas para un coliseo del distrito de Chivay que no llegaron a ser instaladas durante su gestión como alcalde provincial de Caylloma. En octubre de 2025 la Corte Suprema anuló esta condena al detectar vicios en el proceso, ordenando un nuevo juicio oral y su libertad. Además, la prisión preventiva por el caso “Los Hijos del Cóndor” ya se había cumplido. Cáceres no fue absuelto, ambos casos siguen en curso.

Esta cobertura solicitó a través de su personal de prensa una entrevista con el candidato, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Florentino Alfredo Zegarra, es otro rostro conocido en la política arequipeña. Fue alcalde provincial de la ciudad blanca y ahora aspira al sillón regional por el movimiento Fuerza Arequipeña. Declaró dos sentencias de 2019 y 2021 por el delito de otorgamiento ilegal de derechos cuando fue alcalde.

La fiscalía pudo demostrar que Alfredo Zegarra Tejada vulneró procedimientos legales para aprobar el Plan del Eco Parque Metropolitano, presentado por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Esto permitió cambiar la zonificación del área de intangible a zona de usos especiales, beneficiando a una universidad privada para construir su sede.

Según la Fiscalía, Zegarra actuó en complicidad con José Toranzo Concha, entonces secretario general de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En la sesión de Concejo de diciembre de 2014, incluyeron en la agenda la intangibilidad total del terreno del Eco Parque —que los regidores aprobaron— pero luego alteraron el contenido del acta, consignando en su lugar la aprobación de un plan específico (Ordenanza N° 906), sin que los regidores lo supieran al momento de votar.

Esta cobertura solicitó una entrevista con el candidato Zegarra, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Edwin Martínez Talavera también aspira a ser gobernador y postula por Acción Popular tras haber dejado su escaño en el Congreso integrando la bancada acciopopulista. Registra una sentencia por nombramiento ilegal del cargo (2019). Cuando fue alcalde distrital de Mariano Melgar entre el 2015 y 2018, designó a un trabajador que no reunía el perfil para el puesto, siendo sentenciado por este delito. Martínez sostuvo a El Poder en tus Manos que asumió una responsabilidad que no le correspondía.

“Porque fue por una contratación de un trabajador que no es responsabilidad del alcalde. Por algo había un área de recursos humanos, una gerencia de administración, una gerencia municipal que era quien tomaba decisiones en cuanto a la contratación del personal, pero yo asumí la responsabilidad porque era el jefe del pliego, era el alcalde, aunque en mis funciones no contemplaba el hecho de contratar personal”, afirmó.

El paso de Martínez por el Congreso no estuvo libre de cuestionamientos. Como muestra, existe el polémico caso de Isabel Cajo, joven a la que contrató para laborar en su despacho con un sueldo de S/7,000.00 cuando técnicamente no calificaba para el puesto, además de sus recordadas intervenciones en el Pleno del Congreso cuando afirmó "ojalá que nuestros asesinos los asesinen", pidiendo que delincuentes peruanos enfrenten a criminales extranjeros en medio de una ola de extorsiones y sicariato.

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Candidatos en Moquegua

Luis Dante Zubia Cortez postula a gobernador por Podemos Perú. Declaró tener tres sentencias. Una por usurpación y dos por el delito de peculado. Una de estas últimas  por un cobro indebido de doble remuneración cuando laboró para el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR-Moquegua), entidad previa a lo que hoy se conoce como gobierno regional. RPP solicitó una entrevista al candidato pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Hugo Isaías Quispe Mamani, postula por el Partido del Buen Gobierno. Ha sido exalcalde de la provincia de Mariscal Nieto en tres periodos (1991-1992, 1993-1995 y 2015-2018). Registró en su hoja de vida dos sentencias penales por malversación de fondos porque en calidad de burgomaestre, dispuso cubrir el pago de remuneraciones de trabajadores que llevaban retraso, con dinero que estaba destinado para obras, un hecho fue calificado como uso indebido de recursos. 

Justamente, por no consignar una de estas sentencias, fue excluido de las Elecciones Generales 2026 en las que participaba como candidato al Senado por el partido de Jorge Nieto.

Esta cobertura recogió la postura de Flavio Figallo, actual senador de la bancada del Buen Gobierno y vocero de la agrupación, a quien se le preguntó por el proceso de selección de los candidatos:

“Compromiso, evaluación, acciones concretas sí las hay, sí las tenemos. Estamos cuidando lo mayor posible, digamos, que sean los candidatos más idóneos, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos preocupa, el tema de la corrupción, evitar la corrupción. Evitar que personas no idóneas tengan cargos públicos es parte de las tareas que tenemos [como partido].”

En Ayaucho y Apurímac

Román Quispe Congacha postula a gobernador regional de Ayacucho por el partido Batalla Perú. Es ingeniero civil y tiene una sentencia penal por colusión porque, como representante de una empresa constructora, pactó con funcionarios de la municipalidad distrital de Pacaycasa, para lograr una licitación de 9 millones de soles para el mejoramiento de un colegio.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho que llevó el caso, pudo demostrar que un grupo de funcionarios municipales formaron parte de un comité especial de selección en el proyecto “Mejoramiento del servicio de educación inicial n° 04 I.E. del distrito de Pacaycasa, Huamanga-Ayacucho” del año 2016, valorizado en 9 millones 467 mil soles. Los integrantes del comité de selección se coludieron con Román Quispe a pesar que el consorcio no reunía los requisitos exigidos.

RPP solicitó una entrevista a través del personal de prensa de la agrupación política Batalla Perú, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Y en Apurímac, Óscar Vera Serrano postula por el partido Progresemos al cargo de consejero regional con el número 1. Tiene una sentencia por agresiones contra la mujer, ya que fue denunciado por su exconviviente por agresión física y psicológica y detenido por la Policía de Antabamba. Esta denuncia policial derivó en un proceso judicial con sentencia en 2023, que incluyó medidas de protección para la víctima.

Consultado por los antecedentes de este candidato apurimeño, Paul Jaimes, fundador del Partido Progresemos y excandidato presidencial en las Elecciones Generales 2026; afirmó que la agrupación designó coordinadores regionales y provinciales quienes han sido los encargados de seleccionar a los candidatos. 

"Nosotros tenemos muchas listan inscritas en el sur [participantes] y parte de ese éxito es que hemos recurrido a designar a coordinadores regionales y éstos a su vez a los coordinadores provinciales, quienes han visto a líderes que sumaran electoralmente y que, si al día de hoy las candidaturas [que registraron condenas] están vigentes, es porque están rehabilitados, entonces no hay infracción y por eso son candidatos", afirmó. 

Los candidatos mencionados en este informe declararon sus procesos judiciales con condena en sus hojas de vida y para que sus candidaturas sean admitidas por los Jurados Electorales Especiales, tuvieron que demostrar que se encuentran rehabilitados.  

¿Permitir o no postulación con condenas?

Si las organizaciones políticas continúan postulando a candidatos con antecedentes judiciales, ¿es posible poner más límites a la ley electoral sin que eso signifique afectar el derecho a la participación política que debe tener todo ciudadano?, Alexandra Marallano, ex secretaria del Jurado Nacional de Elecciones propuso:

“Yo creo que deberíamos centrarnos en, precisamente, el tema de delitos contra la administración pública, delitos contra la libertad sexual. Creo que primero debe haber una clasificación de los delitos según su gravedad y, a partir de ahí, poner ciertos impedimentos para poder postular a cargo público. No considero oportuno las prohibiciones perpetuas, pero debería haber una comisión que se encargue de establecer qué delitos aplican y cuáles no”, subrayó.

Frente a estos casos surge la pregunta si las organizaciones políticas están aplicando verderos filtros antes de elegir a sus candidatos. Al respecto, el analista político Enrique Castillo señaló:

“Los filtros en los partidos políticos no funcionan porque simplemente los intereses son otros, es decir, la idea y el objetivo es ganar por ganar. Hay muchísimos casos en los cuales los partidos políticos recurren a gente que ya ha tenido condenas, denuncias, problemas de todo tipo -hasta con con violencia familiar- entonces si los partidos no son el filtro adecuado, de la ley tiene que poner esos filtros porque proceso tras proceso electoral vamos a tener lo mismo. Yo considero que aquellos candidatos que tienen sentencia firme, que han sido condenados, definitivamente no deberían postular a cargo público", opinó.

Puede revisar la lista completa de estos candidatos en RPP.PE Recuerde que este 4 de octubre, una decisión informada empieza por conocer a quién se le entrega el voto.

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