Actualidad
El IRTP, entre la denuncia sindical y una deuda de S/1.2 millones que el Poder Judicial exige ejecutarEl conflicto laboral se agudiza luego de que el IRTP suspendiera temporalmente las coordinaciones con la dirigencia del SUTIRTP. En paralelo, un juzgado laboral otorgó cinco días a la institución para informar, de manera documentada, qué acciones administrativas y presupuestales viene adoptando para cumplir con un laudo arbitral de 2019 por S/1’238,096, bajo apercibimiento de multa y otras medidas coercitivas.
Published
14 minutos agoon
10/09/2026By
Redacción Lima Gris
- Share
- Tweet
Por Susan Acuña Cruz
La tensión entre la institución y el Sindicato Único de Trabajadores del IRTP (SUTIRTP) se produce ahora en dos frentes: mientras el gremio cuestiona la actuación de funcionarios y recurre al Ministerio Público, la administración ha decidido suspender temporalmente las coordinaciones con su dirigencia relacionadas con los hechos denunciados.
El conflicto laboral suma un nuevo capítulo
El enfrentamiento entre el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (SUTIRTP) y las autoridades del IRTP suma ahora un nuevo capítulo. Luego de la denuncia penal presentada contra funcionarios de la institución, el IRTP comunicó la suspensión temporal de las coordinaciones con la dirigencia sindical relacionadas directamente con los hechos denunciados, mientras estos son evaluados por las autoridades competentes.
La decisión se produce mientras un juzgado laboral vuelve a requerir al IRTP información sobre las acciones que viene realizando para cumplir con una obligación económica que supera los S/1.2 millones, derivada de un laudo arbitral emitido en 2019.
Un requerimiento por más de S/1.2 millones
En la resolución, el juzgado requiere al IRTP, a través de su Procurador Público, que informe de manera documentada, concreta, detallada y actualizada cuáles son las nuevas acciones administrativas, presupuestales o modificaciones financieras que viene realizando para concretar el pago de la obligación. También solicita que se precise el estado del trámite administrativo, las partidas presupuestales comprometidas, las acciones realizadas ante las áreas competentes y un cronograma estimado de pago.
Fuente: Poder Judicial.
El monto señalado por el Poder Judicial asciende a S/1’238,096, correspondiente a conceptos derivados del Laudo Arbitral del 1 de julio de 2019. Entre ellos se encuentran el incremento de remuneraciones del 14%, la asignación por el Día del Trabajo y el bono por cierre de pliego.
Pero el requerimiento judicial no queda solamente en una solicitud de información. El juzgado concedió al IRTP un plazo de cinco días para cumplir y estableció un apercibimiento de multa de 3 URP, además de otras medidas coercitivas y de ejecución que correspondan conforme a ley.
¿Por qué el caso vuelve a tomar fuerza?
El expediente tiene como antecedente una obligación cuyo origen se remonta a 2019. Sin embargo, la propia resolución judicial evidencia que, a julio de este año, el juzgado todavía consideraba necesario requerir al IRTP información actualizada sobre las acciones destinadas a hacer efectivo el pago.
La resolución recuerda que el cumplimiento de estas obligaciones involucra también deberes funcionales relacionados con el registro de las demandas o procesos judiciales, el reporte de las deudas originadas por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y el control de los pagos realizados por la entidad.
En paralelo, dentro del mismo documento aparece una razón elaborada por el secretario judicial, quien explica que los juzgados laborales afrontan una “abrumadora carga laboral”, además de fallas técnicas constantes en el Sistema Integrado Judicial. Según señala, estos factores vienen dificultando la atención de los escritos dentro de los plazos ordinarios.
Esta precisión resulta relevante porque permite diferenciar dos situaciones: por un lado, las dificultades operativas reconocidas dentro del propio juzgado; y por otro, el requerimiento dirigido al IRTP para que informe qué está haciendo frente a una obligación económica que permanece pendiente.
La versión del sindicato
Para Fernando Durand Pajuelo, secretario general del SUTIRTP, el problema va más allá de una controversia administrativa. El dirigente sostiene que el mandato judicial no estaría siendo ejecutado y que esta situación fue uno de los motivos que lo llevó a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Además, Durand cuestiona la posición asumida por la jefatura institucional respecto de la ejecución del mandato judicial. Según su testimonio, “La jefa institucional sostiene que tendría capacidad legal para suspender la ejecución de una decisión judicial”.
Este último punto requiere especial atención: la Resolución N° 20 que hemos revisado no señala que la jefa institucional tenga facultades para suspender un mandato judicial. El documento, en cambio, requiere al IRTP —a través de su Procurador Público — que informe las acciones administrativas y presupuestales destinadas al pago.
Por ello, antes de presentar como hecho la existencia de esa supuesta facultad, será necesario conocer qué norma o fundamento jurídico estaría utilizando la jefatura institucional para sostener esa posición.
Cinthia Ramírez Santillana, jefa institucional del IRTP.
Un conflicto que ya no se limita al laudo
La disputa entre el sindicato y las autoridades del IRTP tampoco se reduce actualmente al pago pendiente. En la publicación anterior de Lima Gris se informó sobre la denuncia presentada por el dirigente sindical y los cuestionamientos formulados contra la jefa institucional, Cinthia Ramírez Santillana, y el gerente general, Jorge Suárez Rivero.
Ahora, con el nuevo comunicado institucional y la resolución judicial, el conflicto incorpora dos elementos adicionales: la suspensión temporal de las coordinaciones con la dirigencia sindical y un nuevo requerimiento del Poder Judicial para que la institución explique qué acciones está tomando frente a una deuda de S/1’238,096.
La consecuencia inmediata es que el enfrentamiento entre ambas partes deja de ser solamente un intercambio de acusaciones. Existe ahora un documento judicial que establece un plazo concreto y advierte posibles medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
El conflicto no está cerrado. Por el contrario, los documentos conocidos hasta ahora parecen abrir nuevas preguntas. Un sindicato que exige el cumplimiento de un laudo, una institución que suspende temporalmente las coordinaciones con su dirigencia y un juzgado que reclama respuestas sobre una deuda de más de S/1.2 millones.
Pero todavía falta conocer qué ocurrió detrás de las decisiones que llevaron a este punto y, sobre todo, qué documentos podrían aparecer en los próximos días. Por ahora, el expediente sigue abierto.
Comentarios Related Topics:Cinthia Ramírez Santillanairtppoder judicialsindicato Up NextLos titulares de Lima Gris: 10 de septiembre
Don't MissChan Chan bajo riesgo: caída de viceministro expone graves fallas en la protección del patrimonio
Redacción Lima Gris
You may like
Actualidad
Los titulares de Lima Gris: 10 de septiembreLas noticias que marcan la agenda
Published
11 segundos agoon
10/09/2026By
Redacción Lima Gris
PISA 2025: Perú retrocede una década en Matemática y Lectura
Los resultados de PISA 2025 revelan un preocupante retroceso educativo en Perú: el país obtuvo 382 puntos en Matemática y 390 en Lectura, retornando a niveles cercanos a los de 2015. Además, el 70 % de estudiantes presenta bajo desempeño en Matemática y persisten brechas digitales y socioeconómicas que afectan el aprendizaje.
José Antonio Chang evalúa la designación del nuevo miembro del CNE: ¿quién será la cuota del fujimorismo en el Consejo Nacional de Educación?
El 7 de setiembre venció el plazo para presentar candidatos para reemplazar a Miriam Ponce en el Consejo Nacional de Educación. La designación del nuevo integrante genera expectativa por la posible influencia del fujimorismo en la composición del CNE.
Bancada Juntos por el Perú solicito investigar presuntas redes de bots y manipulación digital en las elecciones del 2026
La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción para crear una comisión investigadora que determine si durante las elecciones generales operaron redes de bots y mecanismos de manipulación digital. La iniciativa busca esclarecer el origen, alcance y posibles responsables de estas acciones y determinar si pudieron afectar la información y el comportamiento de los electores.
Trabajadores de la BNP protestan frente al ministerio de Economía
Trabajadores del Régimen 276 de la Biblioteca Nacional del Perú se movilizaron frente a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas para exigir la firma del documento que permitirá mejorar sus intensivos laborales, un reclamo que permanece pendiente hace 16 años
COARPE en crisis: renuncia una directiva y las sedes regionales exigen transparencia
La renuncia irrevocable de Betshy Apaza Huamani, integrante del Consejo Directivo Nacional, expone las fracturas de una institución sumida en denuncias, cuestionamientos administrativos y reclamos por falta de transparencia. Mientras Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica demandan respuestas, la dirigencia nacional responde apelando a la institucionalidad, pero sin explicar qué medidas concretas está adoptando.
Comentarios Continue ReadingActualidad
Chan Chan bajo riesgo: caída de viceministro expone graves fallas en la protección del patrimonioEl accidente ocurrido durante una visita oficial al complejo arqueológico de Chan Chan no solo dejó al viceministro de Cultura con una fractura en el brazo. El ingreso a una zona de excavación activa, sin aparentes barreras ni señalización suficiente, ha puesto nuevamente bajo la lupa la gestión del patrimonio arqueológico y el cumplimiento de los protocolos de seguridad y conservación.
Published
3 horas agoon
09/09/2026By
Redacción Lima Gris
Lo ocurrido en el complejo arqueológico de Chan Chan, en Trujillo, nos deja una grave afectación al patrimonio. Durante una visita oficial, el viceministro de Cultura sufrió una aparatosa caída al interior de una fosa de excavación y terminó con una fractura en el brazo. Pero el episodio tiene una dimensión mucho más delicada: el accidente habría afectado parte de contextos funerarios recientemente descubiertos, cuyo valor arqueológico depende precisamente de su conservación y del registro minucioso de cada elemento encontrado.
La pregunta, entonces, ya no es solamente cómo ocurrió la caída. La pregunta es por qué una autoridad ingresó a una zona arqueológica activa aparentemente sin las condiciones de seguridad que una excavación de esa naturaleza exige.
Las imágenes difundidas después del accidente muestran un escenario que ha generado preocupación entre especialistas: ausencia de barreras físicas claramente visibles, delimitación insuficiente de las áreas de trabajo y falta de señalización que advierta sobre el peligro de ingresar a determinados sectores. En una excavación arqueológica, donde el terreno puede haber sido removido y presentar desniveles, cavidades o estructuras inestables, el acceso no puede quedar librado a la improvisación.
Tampoco se trata únicamente de proteger al visitante. En Chan Chan, cada centímetro de terreno puede contener información irrepetible sobre la sociedad Chimú. Un contexto funerario no es simplemente un conjunto de objetos antiguos. Es una unidad histórica cuya posición, relación y asociación con otros elementos permiten reconstruir parte de un pasado que no puede recuperarse una vez destruido.
Por eso, el accidente ha provocado críticas entre arqueólogos y gestores culturales. El debate apunta a una vieja práctica que aparece cada cierto tiempo en la administración pública: convertir los sitios patrimoniales en escenarios para visitas protocolares, fotografías y anuncios oficiales, relegando a segundo plano las condiciones técnicas que exige la conservación.
El patrimonio no admite improvisaciones. Toda intervención arqueológica requiere medidas de seguridad y mecanismos de protección acordes con las características del terreno y de los trabajos que se ejecutan. La existencia de excavaciones abiertas obliga a establecer zonas restringidas, sistemas de protección y rutas seguras para quienes no forman parte del equipo especializado. Cuando esas medidas fallan, el riesgo alcanza dos dimensiones: la vida humana y la memoria histórica.
Ahora corresponde determinar responsabilidades. La investigación anunciada deberá establecer si existieron omisiones, quién autorizó el ingreso a la zona de excavación, qué medidas de seguridad estaban previstas y si estas fueron efectivamente implementadas. También deberá esclarecerse cuál fue la magnitud real de los daños ocasionados a los contextos arqueológicos.
Chan Chan no es un escenario para ceremonias, ni para lavarle la cara la ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Chan Chan es uno de los testimonios más importantes de la civilización Chimú y un patrimonio cuya conservación compromete al Estado peruano.
La caída del viceministro puede sanar con el tiempo. Una fractura ósea puede ser atendida y reparada. Pero si durante el accidente se destruyó información arqueológica, esa pérdida podría ser definitiva.
Y allí está el verdadero problema: cuando un funcionario cae dentro de una excavación, el accidente es noticia. Cuando un contexto arqueológico se destruye por falta de previsión, lo que desaparece no vuelve a aparecer en los titulares. Desaparece para siempre.
Comentarios Continue ReadingActualidad
Cusco: investigación fiscal contra TGP por contaminación ambiental permanece estancada [VIDEO]La Fiscalía investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presunta contaminación ambiental y delitos contra la seguridad y la salud, a raíz de la deflagración registrada en marzo en Megantoni, Cusco, donde 35 personas fueron atendidas por problemas de salud. Meses después, la investigación fiscal permanece sin avances, mientras desde Cusco se exige esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y se plantea la intervención del Congreso.
Published
13 horas agoon
09/09/2026By
Redacción Lima Gris
El periodista Servando Morales, de Inka Visión, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió realmente en Camisea y por qué, después de tantos meses, las respuestas siguen caminando a paso de tortuga?
El caso de TGP ya no debería ser visto únicamente como un expediente más en los anaqueles del Ministerio Público. Lo ocurrido en Megantoni plantea un problema que compromete seguridad, ambiente y responsabilidad empresarial. Y cuando una infraestructura de semejante magnitud atraviesa territorio amazónico, cualquier falla deja de ser un asunto privado para convertirse en un asunto público.
Por eso, el Congreso de la República debería evaluar la creación de una comisión especial investigadora que revise las circunstancias de la emergencia, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
No se trata de colocar a TGP en el banquillo antes de tiempo. Para eso están la Fiscalía y los jueces. Se trata, simplemente, de hacer algo que en el Perú suele convertirse en una extravagancia: fiscalizar. Más aún cuando hablamos de una empresa privada vinculada a una infraestructura estratégica para el país y a uno de sus principales recursos energéticos.
La investigación del Ministerio Público constituye un primer paso. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué falló y, sobre todo, si aquella emergencia pudo evitarse.
El asunto, entonces, no es solamente TGP. El asunto es quién vigila, quién responde y quién garantiza que una infraestructura estratégica no termine convirtiéndose en una amenaza para quienes viven alrededor de ella.
Por eso, el caso debe llegar al Congreso. Sin privilegios, sin silencios y sin explicaciones a medias. Porque Camisea no puede ser una geografía donde el gas tenga más valor que la seguridad de la gente que vive sobre la tierra que lo sostiene.
Actualidad
COARPE en crisis: renuncia una directiva y las sedes regionales exigen transparenciaLa renuncia irrevocable de Betshy Apaza Huamani, integrante del Consejo Directivo Nacional, expone las fracturas de una institución sumida en denuncias, cuestionamientos administrativos y reclamos por falta de transparencia. Mientras Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica demandan respuestas, la dirigencia nacional responde apelando a la institucionalidad, pero sin explicar qué medidas concretas está adoptando.
Published
23 horas agoon
09/09/2026By
Elio León
El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) atraviesa una de sus mayores crisis internas. Lo que comenzó como una sucesión de cuestionamientos contra la conducción nacional ha terminado convirtiéndose en una disputa abierta por la transparencia, la responsabilidad de sus autoridades y el rumbo de una institución que representa a los profesionales encargados de investigar, proteger y defender el patrimonio arqueológico del país.
El 4 de septiembre, desde Cusco, la arqueóloga Betshy Apaza Huamani presentó su renuncia irrevocable al cargo de Directora de Asuntos Comunales, Eventos y Difusión. Su carta, dirigida al decano Miguel Canchari Huamani, no es una despedida protocolar. Es, en los hechos, un documento que deja constancia de su desacuerdo con la conducción institucional.
Apaza cuestiona que el decano no se haya apartado del cargo pese a la existencia de denuncias formales en su contra. También reprocha al Consejo Directivo Nacional (CDN) por no adoptar medidas frente a hechos que, según señala, fueron registrados en imágenes y difundidos públicamente.
La exdirectora también pone bajo cuestionamiento la gestión administrativa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Menciona demoras en trámites vinculados con la incorporación de nuevos agremiados y, especialmente, la falta de información sobre los ingresos y egresos mensuales del colegio.
Hay un dato que resulta especialmente revelador: según la carta de renuncia, integrantes del propio CDN no habrían sido informados oportunamente sobre determinadas denuncias presentadas por colegas y tuvieron conocimiento de ellas a través de las redes sociales.
Apaza decidió apartarse para no continuar, según sus propias palabras, como una “representante acéfala” dentro de una gestión que considera “sin rumbo”.
La crisis, sin embargo, ya no está confinada a Lima ni a los pasillos de la dirigencia nacional. El Consejo Directivo Regional Sur Oeste, que comprende a arqueólogos de Arequipa, Moquegua y Tacna, emitió un pronunciamiento reclamando transparencia y respuestas frente a los cuestionamientos que afectan al COARPE. Ica también ha expresado su preocupación.
La directiva regional exige información detallada sobre los ingresos y egresos institucionales, incluidos los recursos provenientes de cuotas, habilitaciones y aportes de los agremiados. También demanda una explicación oficial y documentada sobre las denuncias difundidas.
El 7 de septiembre, el Consejo Directivo Nacional respondió mediante un comunicado en el que invocó la institucionalidad y cuestionó lo que considera un “juzgamiento anticipado” en redes sociales. Sin embargo, el pronunciamiento no despejó las interrogantes que alimentan el malestar entre los colegiados.
La pregunta permanece abierta: ¿qué medidas concretas está adoptando la dirigencia nacional frente a los hechos denunciados? ¿Qué información existe sobre las cuentas y los recursos del colegio? ¿Quién fiscaliza a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducirlo?
En una institución cuya razón de ser está vinculada a la defensa del patrimonio y al cumplimiento de la ley, la transparencia no debería ser una consigna. Debería ser una obligación.
El COARPE puede invocar la institucionalidad. Pero la institucionalidad también significa rendir cuentas. Y hoy, precisamente, eso es lo que sus propios integrantes están reclamando.
Comentarios Continue ReadingActualidad
Los titulares de Lima Gris: 9 de septiembreLas noticias que marcan la agenda
Published
23 horas agoon
09/09/2026By
Redacción Lima Gris
Actualidad
Sindicato del IRTP denuncia a la jefa institucional Cinthia Ramírez Santillana y al Gerente General Jorge Suárez RiveroEl Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú vuelve a quedar bajo la lupa. Fernando Durand Pajuelo, secretario de los trabajadores del IRTP, denuncia el presunto incumplimiento de un laudo laboral que, según afirma, obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema. Pero el conflicto no termina allí: el dirigente también cuestiona las condiciones de la nueva sede institucional, ubicada en Jesús María, sobre la que existen informes de control que advierten situaciones adversas vinculadas con la seguridad y operatividad del inmueble.
Published
1 día agoon
08/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Susan Acuña Cruz
El IRTP enfrenta nuevamente cuestionamientos. Esta vez, el reclamo parte de su propio ámbito laboral. Fernando Durand Pajuelo, secretario de los trabajadores de la institución, sostiene que un laudo laboral que habría obtenido un fallo favorable en la Corte Suprema continúa sin ejecutarse, pese a que la instancia judicial correspondiente habría sido notificada para dar cumplimiento a la decisión.
Según el dirigente, la resolución judicial no estaría siendo acatada. Frente a ello, asegura que decidió acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia penal para que se determine si existen responsabilidades por el presunto incumplimiento de lo dispuesto judicialmente.
Fuente: Ministerio Público.
Pero durante la conversación surgió un segundo asunto que, para Durand Pajuelo, resulta todavía más preocupante: las condiciones de la nueva sede institucional del IRTP, ubicada en el jirón Natalio Sánchez, en Jesús María.
El dirigente afirma que existen cuatro informes de la Contraloría relacionados con el inmueble y cuestiona que, pese a las advertencias formuladas por el órgano de control, los trabajadores continúen desarrollando sus actividades en esas condiciones.
Y los documentos oficiales permiten colocar esta denuncia en un contexto concreto. Uno de los informes de control realizados al IRTP identificó siete situaciones adversas relacionadas con el funcionamiento y la operatividad de la nueva sede institucional. La visita de control se realizó entre el 1 y el 7 de octubre de 2025, y permitió detectar una serie de deficiencias que comprometían distintos aspectos de las condiciones laborales y de seguridad.
Una de las principales observaciones estuvo relacionada con las instalaciones eléctricas. La Contraloría señaló que las oficinas administrativas no contaban con condiciones adecuadas de seguridad para el desarrollo de las actividades de los servidores. Durante la inspección se encontraron, entre otros aspectos, llaves termomagnéticas expuestas en ambientes utilizados por personal del IRTP.
Para el órgano de control, esta situación podía representar un riesgo para el bienestar y la integridad de los trabajadores. No se trataba, por tanto, de una simple deficiencia de infraestructura, sino de una condición que podía tener consecuencias concretas sobre la seguridad del personal.
La ruta de evacuación también quedó bajo observación. La Contraloría determinó que la vía de evacuación consignada en los planos no cumplía con las condiciones establecidas por la normativa técnica. Ante una eventual emergencia, esta deficiencia podía dificultar una evacuación adecuada y poner en riesgo la salud y la integridad física de quienes se encontraran dentro del inmueble.
A ello se sumaron otras observaciones. El informe detectó deficiencias en los gabinetes de mangueras contra incendios y en la rampa de ingreso a la sede. En este último caso, la pendiente superaba el máximo establecido y el acceso tampoco contaba con señalización podotáctil ni doble pasamanos, condiciones que podían afectar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad o movilidad reducida.
Las advertencias de la Contraloría no se limitaron a estos aspectos. El informe recoge otras situaciones relacionadas con el funcionamiento de la nueva sede, configurando un escenario que obliga a preguntar qué ocurrió después de la inspección y, sobre todo, qué medidas fueron adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.
Para Durand Pajuelo, los hechos forman parte de un problema más amplio dentro del IRTP. El dirigente asegura que continuará impulsando acciones en defensa de los trabajadores y que posee documentación adicional que será puesta a disposición de las autoridades para sustentar sus cuestionamientos.
El caso deja así dos frentes abiertos: un conflicto laboral que, según el dirigente, permanece sin solución pese a una decisión judicial favorable, y una sede institucional sobre la que la Contraloría ya dejó constancia de diversas situaciones adversas.
La pregunta, ahora, corresponde al IRTP y al ministro de Cultura, Alberto Beingolea: ¿qué medidas adoptó después de las observaciones de la Contraloría y qué acciones se han ejecutado para garantizar condiciones seguras para sus trabajadores?
Por ahora, esas respuestas permanecen pendientes. Esperemos que la jefa institucional del IRTP y el mnistro Alberto Beingolea nos dé la entrevista que venimos esperando más de dos semanas.
Comentarios Continue ReadingActualidad
El COARPE en la cuerda floja: Intentan poner paños fríos a denuncias de Lima Gris con un comunicado tibioTras las revelaciones periodísticas sobre la invalidez de su junta directiva ante la SUNARP y la filtración de comprometedoras fotografías, la cúpula del COARPE recurre a la vieja táctica del formalismo burocrático para blindarse.
Published
2 días agoon
08/09/2026By
Redacción Lima Gris
Cuando las revelaciones periodísticas queman, la burocracia institucional responde con la misma receta gastada: retórica de «debido proceso», llamados al «orden» y una preocupante incapacidad para dar explicaciones claras ante la opinión pública.
Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE). Tras las publicaciones de Lima Gris que pusieron en evidencia presuntas irregularidades administrativas e institucionales, el Consejo Directivo Nacional que encabeza la orden emitió el Comunicado Oficial N° 004-2026-COARPE-CDN con fecha 7 de septiembre de 2026. Un documento que, en lugar de aclarar el panorama y asumir responsabilidades, busca ahogar los hechos en un mar de eufemismos y excusas legales.
La terca realidad: La observación de la SUNARP
El punto más escandaloso que este medio sacó a la luz es la situación registral de la dirigencia nacional del COARPE. En el comunicado, el Consejo Directivo no puede negar lo evidente y admite que existe una observación registral formulada por la SUNARP respecto a su inscripción.
Sin embargo, despachan semejante falta de legitimidad jurídica calificándola como un mero asunto «en trámite» que viene siendo atendido con «asesoría profesional pertinente». ¿Cómo es posible que la institución llamada a velar por el patrimonio arqueológico de la nación funcione con un consejo cuya validez ante Registros Públicos está seriamente cuestionada? Para la dirigencia, parece ser un detalle menor; para el gremio, es un golpe directo a la institucionalidad.
Filtraciones y el escudo del «debido proceso»
Respecto a las fotografías y materiales difundidos en redes sociales y medios digitales —que exponen la trama interna y los manejos del grupo que hoy ostenta el poder en el colegio—, la cúpula del COARPE pretende restarles validez argumentando que se trata de material «difundido de manera anónima» cuya autenticidad debe ser determinada por «instancias competentes».
El clásico libreto de defensa: pretender que los cuestionamientos se callen mientras sus comisiones internas —esas mismas que ellos controlan— se toman años en investigar. Exigen que las denuncias se canalicen únicamente por «vías institucionales», pretendiendo silenciar el debate público y el juzgamiento de las bases arqueológicas que hoy exigen transparencia inmediata.
Una dirigencia atrincherada
Pese a las observaciones de la SUNARP y la desconfianza creciente de sus propios agremiados, el Consejo Directivo asegura que «se mantiene en el pleno ejercicio de sus funciones» y apela a la «presunción de inocencia».
El COARPE atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad. La comunidad de arqueólogos del Perú no necesita comunicados tibios ni llamadas a la calma redactadas desde la comodidad de una oficina en Santa Beatriz. Necesita transparencia real, explicaciones directas sobre su situación legal y una verdadera rendición de cuentas que esté a la altura del patrimonio que dicen defender. La verdad, aunque intenten postergarla con trámites, termina imponiéndose.
Comentarios Continue ReadingActualidad
José Odria: “La Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho necesita presupuesto y expediente técnico”Tras años de organización para hacer realidad la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho, el proyecto enfrenta nuevos cuestionamientos por la falta de presupuesto y avances concretos. Mientras la comunidad exige resultados, la posible utilización de un local comunal construido por los propios vecinos abre otro frente de conflicto.
Published
2 días agoon
08/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar
En entrevista con Lima Gris, El presidente del Pueblo Joven Cruz de Motupe, José Odria, recuerda el papel que tuvo la organización de la comunidad para conseguir el terreno destinado a la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho y cuestiona el lento avance de su implementación. Advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla recursos para la universidad y expresa su preocupación por el intento de utilizar el local comunal de Cruz de Motupe, construido por los propios vecinos.
Señor Odria, ¿cómo se inició la organización del pueblo de San Juan de Lurigancho para conseguir que la Universidad Nacional pudiera hacerse realidad?
La organización del pueblo se formó aproximadamente en el año 2003 y, desde entonces, se comenzó a trabajar en este objetivo. Entre 2003 y 2014 hubo todo un proceso de organización y gestión. En 2011 se aprobó la primera ley de creación de la universidad.
Sin embargo, pese a que la universidad había sido creada legalmente, no se nombró una comisión organizadora, no se asignaron los recursos necesarios y tampoco se solucionó el problema fundamental del terreno. Por esas razones, la universidad quedó prácticamente a la deriva y no podía iniciar sus funciones.
¿Cuándo se retoma con mayor fuerza la búsqueda de una solución para el terreno?
En el año 2021 nos contactamos con el ingeniero Alfonso Cerna y con un grupo de profesores que estaban buscando precisamente un terreno para la universidad. Ya existía la ley, pero el problema era que no se encontraba una solución definitiva para disponer de un espacio donde pudiera funcionar.
Inicialmente se había planteado un terreno en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), pero esa alternativa quedó pendiente. Entonces nosotros señalamos que en el pueblo existía un área de 24 mil metros cuadrados que había sido excluida por Bienes Nacionales.
¿Y qué decisión tomó la comunidad respecto a esos 24 mil metros cuadrados?
Se convocó a una asamblea y se aprobó brindar las facilidades para ofrecer ese terreno y plantear un nuevo proyecto de ley. Ese proceso se trabajó durante varios años, entre 2021 y 2022, coordinando con diferentes sectores y buscando que finalmente la universidad pudiera contar con un terreno. La existencia del terreno fue precisamente uno de los factores importantes para que el Congreso pudiera interesarse nuevamente en el proyecto.
¿Qué ocurrió posteriormente con la aprobación de la ley?
Hubo varios proyectos y, finalmente, se logró aprobar uno. En ese proceso también se coordinó con la comunidad y con diferentes bancadas del Congreso. Finalmente, la propuesta consiguió 108 votos a favor.
La ley establecía, además, que debía inscribirse el dominio del terreno a favor de la universidad. Según lo que hemos podido seguir, ese terreno ya fue inscrito a nombre de la universidad.
Entonces, ¿se puede decir que la comunidad tuvo un papel importante para que la universidad consiguiera el terreno?
Sí. El pueblo de Cruz de Motupe dio las facilidades mediante una decisión de asamblea. Cuando se presentó el proyecto, ya se podía demostrar que existía un terreno disponible. Eso fue importante para que los congresistas pudieran interesarse y respaldar la propuesta.
No fue solamente una decisión individual. Hubo participación de la comunidad organizada y coordinación con distintos sectores para que el proyecto pudiera avanzar.
Después de conseguir la aprobación de la ley, ¿qué pasó con los recursos económicos para poner en marcha la universidad?
En 2024 se consiguió una partida presupuestaria de seis millones de soles. Pero de esos seis millones solamente se terminó desembolsando una parte, aproximadamente un millón doscientos mil soles, y esto ocurrió recién entre septiembre y octubre de 2025.
Ese dinero estaba destinado a las primeras etapas de implementación. Se comenzó a trabajar en temas como el estatuto y los reglamentos de la comisión organizadora.
¿La primera Comisión Organizadora logró avanzar en ese proceso?
La primera comisión organizadora tuvo una duración bastante corta, aproximadamente siete meses, desde junio o julio hasta febrero. Posteriormente se nombró una nueva comisión. En teoría, esta segunda comisión debía continuar con las funciones necesarias para implementar la universidad y desarrollar el proyecto.
¿También se consiguió presupuesto posteriormente?
Sí. En 2025 se volvió a conseguir en el Congreso un monto de seis millones de soles. Sin embargo, nuevamente solamente se autorizó y desembolsó una parte, alrededor de un millón cuatrocientos mil soles.
Además, el dinero fue transferido bastante tarde, entre septiembre y octubre, cuando ya quedaban pocos meses para terminar el año. Eso limita, evidentemente, lo que se puede ejecutar.
¿Cuál es entonces la principal preocupación que tiene respecto al avance de la universidad?
El problema de fondo es que necesitamos tener un proyecto y un expediente técnico. No podemos hablar seriamente de construir una universidad si no tenemos ese documento fundamental. Cuando hablamos de infraestructura universitaria, estamos hablando de una inversión muy grande. El proyecto puede estar en un promedio de 400 o 500 millones de soles. No estamos hablando de uno o dos millones de soles.
Por eso resulta fundamental que primero se tenga un proyecto bien elaborado, un expediente técnico y una planificación para conseguir progresivamente los recursos que permitan ejecutar la infraestructura.
¿Considera que la actual Comisión Organizadora está cumpliendo con esa tarea?
Nosotros consideramos que no se ha avanzado como debería. La segunda comisión organizadora ya lleva aproximadamente un año y siete meses, pero seguimos esperando resultados concretos respecto al proyecto y al expediente técnico.
Cuando hemos preguntado cómo está el expediente técnico, se nos ha señalado en diferentes oportunidades que está avanzado en 50 % o 70 %. Pero lo que necesitamos son resultados concretos.
¿Qué significa para la universidad que el proyecto de Presupuesto 2027 no contemple recursos para ella?
Es una situación preocupante. El Ejecutivo ha presentado el proyecto de Ley de Presupuesto y, según nuestra revisión, la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho no aparece contemplada.
Si no se incorpora una partida durante el debate presupuestal, la universidad no tendrá recursos para avanzar durante 2027. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a hacer que funcione? No se puede si no existe presupuesto.
¿Todavía existe la posibilidad de modificar esa situación?
Sí. Ahora nos quedan los meses de septiembre, octubre y noviembre para realizar las gestiones ante el Congreso. Se debe buscar que se incorpore un presupuesto determinado que permita avanzar, por lo menos, con el expediente técnico y, posteriormente, impulsar el tema de infraestructura.
Nosotros, como sociedad civil, ya hemos presentado documentos ante el Ejecutivo, pero tampoco hemos sido considerados. Sin embargo, la responsabilidad principal de realizar esas gestiones corresponde a la Comisión Organizadora de la universidad.
Hablemos ahora del local comunal de Cruz de Motupe. ¿Por qué existe preocupación entre los vecinos?
Nosotros tenemos un local comunal de aproximadamente 3 mil metros cuadrados que ha sido construido con el esfuerzo de la comunidad. Actualmente se han construido dos pisos sobre una estructura de aproximadamente 360 metros cuadrados.
Lo que nos preocupa es que se pretenda utilizar o disponer de todo el terreno. Nosotros nunca hemos hablado de entregar los 3 mil metros cuadrados. Lo que se conversó fue la posibilidad de facilitar los 360 metros cuadrados que ya están construidos.
¿Qué ocurrió con la Comisión Organizadora respecto a este tema?
Nos sorprendió que, en la primera semana de julio, se organizara un evento en el que incluso se pretendía realizar una entrega de un diploma y se buscaba nuestra firma. Yo pregunté por qué tenía que firmar algo si nunca se había hablado de transferir los 3 mil metros cuadrados.
Posteriormente nos enteramos de que se habían realizado gestiones ante la SBN relacionadas con esos terrenos. Ahí es donde nosotros expresamos nuestro desacuerdo, porque consideramos que se está rompiendo el acuerdo que existía con la comunidad.
¿La población está de acuerdo con que el local sea utilizado por la universidad?
No estamos en contra de la universidad. Esa es una precisión importante. Lo que cuestionamos es la forma en que se está realizando el procedimiento. La mayoría de la población que ha participado en las coordinaciones recientes está en desacuerdo con que se pretenda disponer de todo el local comunal sin considerar la opinión de los vecinos y los acuerdos que se habían tomado anteriormente.
¿Qué importancia tiene ese local para los vecinos de Cruz de Motupe?
Es un espacio fundamental porque tiene múltiples usos para la comunidad. Es un área de 3 mil metros cuadrados que se ha conseguido y construido con el esfuerzo de los propios vecinos.
Tenemos diferentes necesidades que, lamentablemente, el Estado no atiende ni construye. Por ejemplo, contamos con siete comedores populares que también requieren infraestructura y espacios adecuados.
Si la universidad administra los 3 mil metros cuadrados, nosotros quedaríamos prácticamente fuera y perderíamos un espacio que es necesario para atender las necesidades de la comunidad.
Terreno para la Universidad de San Juan de Lurigancho en el 2025. Foto: La República.
¿Qué alternativa plantea para que la universidad pueda funcionar sin afectar los espacios de la comunidad?
Consideramos que la Comisión Organizadora tiene que buscar alternativas y gestionar adecuadamente ante el Estado. En el proyecto de ley existen disposiciones que permiten gestionar recursos para que la universidad pueda funcionar. Nosotros entendemos que se deben utilizar esos mecanismos y hacer las gestiones necesarias para conseguir el presupuesto.
No se puede pretender solucionar el problema de infraestructura simplemente tomando un espacio comunal. Primero tiene que existir un proyecto, un expediente técnico y los recursos necesarios.
¿Qué acciones legales o administrativas ha tomado la comunidad frente a la situación del local?
Hemos planteado nuestra oposición. También hemos presentado una impugnación y, adicionalmente, hemos solicitado la nulidad del acto administrativo correspondiente. Consideramos que las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas y que existen mecanismos para solicitar su nulidad. Lo que buscamos es defender los acuerdos de la comunidad y evitar que se tomen decisiones a espaldas de la población.
¿Qué espera ahora de las autoridades universitarias?
Esperamos que reaccionen y que realmente trabajen para hacer funcionar la universidad. Sabemos que existe un equipo de aproximadamente 20 personas que viene trabajando, algunos bajo diferentes modalidades de contratación.
Pero para desarrollar un proyecto de esta magnitud se necesita contar con profesionales adecuados. Si se necesita un arquitecto, por ejemplo, debe existir un término de referencia que establezca claramente qué trabajo tiene que realizar. Lo mismo debe ocurrir con los demás profesionales.
¿Considera que todavía existe tiempo para recuperar el rumbo del proyecto?
Todavía existe la posibilidad de gestionar, pero el tiempo es limitado. Tenemos estos meses para buscar que el presupuesto sea incorporado y que se pueda avanzar con el expediente técnico.
Si no se logra conseguir recursos para 2027, será muy difícil avanzar. No se puede construir ni poner en funcionamiento una universidad sin presupuesto y sin una planificación técnica.
Finalmente, ¿qué mensaje quiere transmitir a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho y a los vecinos?
Nuestro llamado es a que la Comisión Organizadora reaccione. Tiene que trabajar con ciencia, conocimiento y planificación. Hay profesionales que pueden hacerlo, pero necesitamos resultados.
Nosotros, como comunidad, hemos apoyado durante años el proyecto de la universidad. Hemos puesto a disposición un terreno y hemos trabajado para que la universidad tenga una oportunidad. No estamos contra la universidad; queremos que funcione.
Pero también queremos que se respete a la comunidad y sus espacios. No podemos permitir que se tomen decisiones a espaldas del pueblo. Por eso vamos a convocar a una asamblea en octubre, donde evaluaremos la situación y tomaremos decisiones firmes respecto a lo que está ocurriendo.
Comentarios Continue Reading Advertisement- Más reciente
- Popular
- Videos
Actualidad11 segundos ago
Los titulares de Lima Gris: 10 de septiembre
Actualidad14 minutos agoEl IRTP, entre la denuncia sindical y una deuda de S/1.2 millones que el Poder Judicial exige ejecutar
Actualidad3 horas ago
Chan Chan bajo riesgo: caída de viceministro expone graves fallas en la protección del patrimonio
Opinión7 horas ago
Anatomía de un poema: «Cromo» de Kareen Spano
Opinión7 horas ago
PISA 2025: Perú retrocede 10 años en Matemática y Lectura
Cultura2 semanas ago
Ministerio de Cultura convertido en botín: un ministro, una madre, una hija y miles de soles
Actualidad2 semanas ago
Fiscalía Anticorrupción interviene el Ministerio de Cultura y la BNP por contrataciones de madre e hija
Cultura2 semanas ago
Pecado mortal por omisión: la muerte de Nasca a manos del MINCUL
Actualidad1 semana ago
Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos
Cultura2 semanas ago
La ruta de la orden de servicio de S/ 32.500: así se armó el contrato de la madre de la gerenta de la Biblioteca Nacional
Actualidad13 horas ago
Cusco: investigación fiscal contra TGP por contaminación ambiental permanece estancada [VIDEO]
Política3 días ago
Ministro de educación José Antonio Chang: Las evaluaciones del desempeño docente no son punitivas [VIDEO]
Cultura3 días ago
Jorge Díaz Untiveros: “Lo que realmente une a Lima es la fragmentación” [VIDEO]
Actualidad5 días ago
La periodista Anabel Hernández, vincula al expresidente Alan García con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa [VIDEO]
Actualidad6 días ago
Los titulares de Lima Gris: 04 de septiembre
LIMA GRIS TV
PUBLICIDAD
PRNEWS
PARTNER
CONTACTO
Síguenos en Twitter
Tweets por @Limagris
LIMA GRIS RADIO
Trending
-
Política6 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política6 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad6 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General6 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política5 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad3 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura6 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura5 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo
- Inicio
- PRNEWS
- ¿Quiénes Somos?
- Staff Lima Gris / Web – Revista – Radio – TV
- Política
Copyright © 2025 Lima Gris
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta