ALERTA. La demanda del servicio aumentó 6,3% respecto de 2025 y 17,4% frente a 2024. Especialistas piden analizar las comunicaciones interrumpidas para detectar patrones de riesgo, evaluar la primera atención y reforzar el seguimiento institucional.
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Valeria TossoEscucharResumenCompartirLa Línea 100 recibió 266.928 llamadas entre enero y julio de 2026 por casos de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Sin embargo, el 46,6% fue abandonado antes de que una teleorientadora pudiera atenderlas.
La demanda aumentó 6,3% respecto del mismo periodo de 2025 y 17,4% frente a 2024. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) considera abandonada una comunicación cuando el usuario desiste antes de ser atendido. La cifra no permite determinar, por sí sola, por qué se interrumpieron esas llamadas.
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Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, considera necesario establecer si las comunicaciones se cortaron por problemas técnicos, falta de privacidad o situaciones de riesgo. La presencia del agresor en el lugar donde se encuentra la víctima también podría obligarla a terminar el contacto.
"Otra razón puede ser que la persona no se sienta adecuadamente atendida, que no se le entienda", señala Meléndez. Por ello, considera que también debe evaluarse la calidad del primer contacto con quien busca orientación.
Shely Cabrera, abogada del Movimiento Manuela Ramos, apunta al temor como otro factor. Una mujer puede dejar de buscar ayuda por miedo a represalias, dependencia económica, temor a no ser creída o a que su denuncia no genere ninguna respuesta.
Consultas telefónicas recibidas por tipo de llamada (enero-junio 2026). Gráfica LR/MIMP.
Sofía Carrillo Zegarra, integrante del grupo coordinador de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, advierte que el término “abandono” no permite conocer qué ocurrió con la persona que intentó comunicarse. "No podemos interpretar una llamada abandonada simplemente como una persona que cambió de opinión", sostiene. Por ello, plantea que el Estado identifique los tiempos de espera, los lugares desde donde se realizan las llamadas, los intentos posteriores y posibles dificultades de cobertura, idioma o accesibilidad.
También considera necesario cruzar esa información con variables como edad, territorio, discapacidad, lengua y situación socioeconómica. Una misma línea de atención puede presentar barreras distintas para una mujer rural, una adolescente, una mujer indígena o una persona con discapacidad.
Las especialistas consideran que el volumen de llamadas abandonadas exige identificar patrones. Cabrera propone revisar si un mismo número realizó varias comunicaciones y si estas se interrumpieron luego de reportarse una situación de riesgo.
"Definitivamente tendrían que sistematizarse, ver si es que ha habido más de una llamada abandonada de parte de la misma persona y si es que se identifica algún patrón, definitivamente hacer seguimiento para ver cuál es la situación real que está pasando", plantea.
La violencia que escala
La demanda de orientación ocurre en un contexto de violencia. Entre enero y julio, el Programa Nacional Warmi Ñan registró 83 casos de víctimas de feminicidio, mientras que los Centros Emergencia Mujer (CEM) y Familia registraron 159 tentativas de feminicidio. En los casos de feminicidio, el 47% correspondió a víctimas cuyo presunto agresor era su pareja; en las tentativas, la proporción llegó al 85,5%.
Para Cabrera, las cifras muestran que se debe actuar antes de que la violencia alcance niveles extremos. "Algo que tenemos que dejar de considerar como la única salida es castigar el delito", sostiene. La abogada plantea que policías, fiscales, jueces y ciudadanía puedan reconocer señales de peligro y las rutas de atención.
Meléndez cuestiona, además, las políticas preventivas. "Está fallando todo el servicio de toda la política de prevención", señala. También advierte sobre una lógica “familista” que puede priorizar la conservación del vínculo incluso cuando existe violencia. "Una lógica de mantener la familia y muchas veces en esa lógica se están manteniendo vínculos violentos", afirma.
Los recientes casos en Santa Anita, Caravelí y Carabayllo permiten observar distintos momentos de esa ruta de atención, aunque no representan la totalidad de feminicidios y tentativas registrados en el país.
En Santa Anita, Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, murió el 30 de agosto junto con su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. La investigación atribuye presuntamente los disparos a Giuseppe Carlos Leonardi Barba, esposo de Karina y padre del joven. La hija adolescente de la pareja logró escapar y pedir ayuda.
Familiares señalaron que Karina había denunciado previamente violencia psicológica contra su esposo y luego desistió de continuar con el proceso. Para Cabrera, ese alejamiento no debería detener la actuación de las autoridades. "Si es que una denuncia ya se dio, lo que corresponde a las autoridades es seguirla de oficio así la persona intente retirarla o deje de presentarse", afirma.
La abogada explica que esa decisión también puede estar relacionada con el ciclo de violencia. "Entramos a esta etapa que se llama la luna de miel donde empieza a ver un trato muy cariñoso, donde hay una apariencia de cambio de actitud por parte del agresor", explica.
En Caravelí, Darlene Cruz Gallardo, de 24 años, fue hallada muerta el 1 de septiembre cerca del ingreso al centro poblado San Juan de Miraflores, en Huanuhuanu. La Policía detuvo a su expareja, Rike Bell Ayamamani Jiménez, como sospechoso. Personas cercanas a la investigación señalaron que antes de su desaparición habría sufrido agresiones físicas y recibido amenazas de muerte. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la responsabilidad del detenido.
En Carabayllo, una mujer identificada como Natalia permanece hospitalizada después de un presunto intento de feminicidio. Su familia sostiene que su expareja, Itamar Nina Quispe Peralta, la interceptó cuando se dirigía a recoger a su hijo y la habría arrastrado con un vehículo tras una discusión por la manutención del menor.
Su abogado, Arturo Menacho, afirmó que la denuncia presentada en la comisaría de Santa Isabel fue registrada inicialmente como accidente de tránsito y luego pasó a investigarse como feminicidio en grado de tentativa. También cuestionó que el presunto agresor no fuera detenido en flagrancia. Estas afirmaciones corresponden a la defensa y deberán ser esclarecidas por las autoridades.
Para Carrillo, estos casos también evidencian la necesidad de que las instituciones actúen de manera coordinada cuando una mujer ingresa al sistema de protección. Propone pasar de un sistema fragmentado a uno que “gestione activamente el riesgo” y articule a la Policía, los CEM, la Fiscalía, el Poder Judicial y los servicios de salud, sin obligar a la víctima a empezar de cero en cada institución.
Una ruta sin seguimiento
Para Meléndez, la intervención no debería comenzar únicamente cuando existe una denuncia formal. Un primer acercamiento a una institución pública ya puede revelar una situación de riesgo. "Desde el primer acercamiento de la víctima a una institución estatal deberían activarse los protocolos", afirma.
La evaluación, añade, debe realizarse desde los primeros minutos de atención. También cuestiona que existan normas y protocolos que no siempre se aplican de manera efectiva. "Hay protocolos, leyes, normativa, hay. Pero esta tiene que implementarse, o sea, normas, reglas, protocolos hay, pero estas tienen que implementarse", sostiene.
Cabrera señala que la violencia puede aumentar si las primeras señales no reciben una respuesta adecuada. En ese punto, la capacidad de seguimiento resulta determinante, sobre todo cuando una víctima deja de acudir a una institución.
Pero la especialista también advierte que los recientes cambios normativos han debilitado, desde su perspectiva, el enfoque de género en las políticas de prevención. Entre ellos, menciona modificaciones relacionadas con la educación sexual integral (ESI), que considera necesaria para que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer señales de violencia y conocer las rutas de ayuda disponibles.
Cabrera también cuestiona el Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR, presentado por Milagros Jáuregui, que propone eliminar el feminicidio como delito específico y reemplazarlo por la figura de “asesinato de la pareja”. La iniciativa fue presentada en el periodo parlamentario anterior, pero su autora forma parte del actual Congreso.
Las especialistas también identifican limitaciones en la capacidad operativa de los servicios. Cabrera plantea incrementar el personal y la capacitación de quienes reciben las alertas, mientras que Meléndez propone fortalecer el Ministerio de la Mujer y sus servicios, así como la Línea 100, los CEM, el Servicio de Atención Urgente y la Estrategia Rural, además de mejorar la respuesta policial.
Carrillo añade que la protección debe adaptarse a las condiciones de cada víctima. Algunas pueden requerir alojamiento seguro, autonomía económica, apoyo para el cuidado de sus hijos, atención intercultural o mecanismos de accesibilidad. "No todas necesitan lo mismo ni enfrentan las mismas barreras", sostiene.
En el caso de las medidas de protección, Cabrera explica que los juzgados cuentan con 24 horas para establecerlas y que el plazo puede ampliarse a 48 horas cuando el nivel de riesgo es indeterminable. Estas pueden incluir prohibiciones de acercamiento, restricciones respecto del domicilio o centro laboral de la víctima y mecanismos de supervisión para las visitas de los hijos.
La carga procesal, la falta de juzgados y la capacitación insuficiente, señala, pueden retrasar esa respuesta.
El seguimiento también debería permitir determinar qué ocurre con las alertas que no continúan. Para Meléndez, una llamada, una consulta o una denuncia no deberían quedar sin respuesta simplemente porque la mujer no volvió a presentarse.
"Y creo que un caso fundamental en general es el seguimiento de los casos", señala. En esa primera interacción también puede identificarse el riesgo y determinar si corresponde activar otras instituciones. "Porque detectar tempranamente el riesgo también es prevenir", resume.
El Ministerio de la Mujer considera "abandonada" una llamada cuando la persona usuaria desiste de la comunicación antes de ser atendida por una teleorientadora del servicio.
- Ministerio de la Mujer
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