Sostenibilidad financiera en ACR: Expertos piden que el Estado garantice un presupuesto base y complemente con mecanismos innovadores

El bloque sobre «Sostenibilidad económica y financiera de las Áreas de Conservación Regional (ACR)», desarrollado durante el III Congreso Nacional en Cusco, dejó una conclusión: la búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento es necesaria, pero no exime al Estado de su responsabilidad principal. Especialistas y representantes de organizaciones ambientales coincidieron en que el financiamiento de estas áreas no puede depender exclusivamente de la cooperación internacional o de iniciativas privadas.

Una de las intervenciones más contundentes fue la de Margarita Medina Müller, representante de Andes Amazon Fund (AAF). Medina fue enfática al señalar que «necesitamos un piso estable que tiene que ser del presupuesto público, porque estas áreas de conservación son a perpetuidad». Subrayó que, si bien existen diversos mecanismos innovadores, no hay nada más sostenible en el tiempo que el Estado asumiendo la responsabilidad básica del control y la vigilancia de los espacios que ha decidido proteger.

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Esta postura fue respaldada por Luis Alfaro Lozano (Sernanp/Profonanpe), quien recordó que la creación de un área protegida es una decisión de Estado tomada en el Consejo de Ministros. Alfaro advirtió sobre el peligro de depender de fondos externos, citando el ejemplo histórico del colapso del sistema venezolano de áreas protegidas cuando el Banco Mundial retiró su financiamiento y el Estado no tenía asignados los recursos propios. «El Estado tiene que asumir su responsabilidad y saber cuánto cuesta asumir esa responsabilidad», recalcó.

Portafolios diversificados y potencial real

Más allá de garantizar la base pública, el panel abordó cómo estructurar el financiamiento complementario. Margarita Medina destacó que no todos los mecanismos innovadores aplican a todas las ACR, pues cada una tiene realidades territoriales y potencialidades distintas. «No todas las áreas de conservación regional tienen potencialidad turística y actualmente no hay ninguna ACR que esté cobrando por la entrada», ejemplificó. Por ello, resaltó la importancia de la investigación científica para evaluar los servicios ecosistémicos de cada zona y, con base en ello, armar un «portafolio de mecanismos innovadores», que podría incluir obras por impuestos o bonos de carbono, dependiendo del caso.

Denisse Cotrina (Pronaturaleza) coincidió en la necesidad de ver estos mecanismos (como los esquemas REDD) como herramientas y no como fines en sí mismos, identificando claramente a los beneficiarios («retribuyentes») y a quienes conservan («contribuyentes»). «Es importante no pensar en un proyecto REDD único, es importante diversificar esto como un portafolio», afirmó.

Por su parte, Marco Antonio Otárola (MINAM) expuso los esfuerzos desde el Ministerio para movilizar no solo recursos públicos sino también privados (como juntas de riego o empresas mineras y energéticas), ajustando normativas como la Ley de Recursos Hídricos para liberar fondos estancados.

Cogestión y beneficios para las comunidades

El factor humano fue otro eje central. Luis Espinel (Conservation International) puso el foco en las comunidades locales. «Si esta población no tiene qué comer, no tiene ingresos económicos sencillamente no va a conservar», advirtió, proponiendo mecanismos como los contratos de administración y fondos fiduciarios a largo plazo para asegurar la cogestión.

Ronald Catpo (ACCA) cerró el panel llamando a mirar la sostenibilidad desde una perspectiva de sistema, tal como ocurre con las Áreas Naturales Protegidas nacionales, donde los ingresos de los sitios más rentables (como Machu Picchu) ayudan a sostener a los de menor recaudación. Catpo sugirió que un proyecto como el teleférico de Choquequirao podría generar una dinámica similar para las ACR del Cusco.

En resumen, el panel concluyó que la sostenibilidad financiera de las ACR exige construir una arquitectura diversificada. Esta debe integrar un presupuesto público asegurado por el Estado, mecanismos financieros adaptados a las particularidades de cada territorio (innovación), la generación de información técnica y una sólida cogestión con las comunidades locales, garantizando así la protección del patrimonio natural para las futuras generaciones.

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