La legalización del porte de armas vuelve a suscitar un debate sobre seguridad en Colombia, que enfrenta problemas de narcotráfico y violencia armada.
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Mauricio Guevara CondoreEscucharResumenCompartirEl gobierno de Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general que durante años restringió el porte de armas de fuego en Colombia. La medida permite que los ciudadanos que ya cuentan con permisos vigentes puedan portar las armas amparadas por esas autorizaciones, aunque mantiene los controles establecidos por la legislación.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 y responde a una de las promesas que el mandatario hizo durante la campaña electoral. De la Espriella defendió el cambio como una herramienta para que los ciudadanos puedan protegerse frente a la acción de grupos criminales y armados.
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"No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente inocente no pueda defenderse", afirmó el presidente en un video publicado en X.
El Gobierno aclaró que el levantamiento de la suspensión no equivale a una autorización general para llevar armas en espacios públicos. Los permisos individuales continúan siendo obligatorios y deben haber sido expedidos por la autoridad militar competente.
Además, se mantienen los requisitos para acceder a estas autorizaciones, incluidas las condiciones físicas, psíquicas y emocionales exigidas a quienes buscan obtener un permiso.
El decreto también conserva las facultades de las autoridades para vigilar el cumplimiento de las normas en Colombia, así como para suspender o cancelar permisos y realizar incautaciones y decomisos cuando corresponda.
Los titulares de permisos de porte que continúen vigentes no deberán solicitar una autorización adicional. La autorización, sin embargo, se limita específicamente al arma contemplada en el permiso.
El debate sobre las armas
Aunque el Estado conserva el monopolio de la fuerza, Colombia también mantiene un mercado ilegal en el que circulan pistolas, fusiles y municiones.
La decisión presidencial vuelve a colocar el porte legal de armas en el centro del debate sobre seguridad. El Gobierno sostiene que los ciudadanos que cumplen las condiciones establecidas deben poder ejercer el derecho asociado a sus permisos, mientras que la normativa mantiene controles sobre quién puede acceder a ellos y bajo qué circunstancias.
De la Espriella ya había defendido esta posición durante la campaña electoral, cuando manifestó su respaldo al porte legal de armas.
La nueva política se suma a una estrategia de seguridad que ha generado controversia. El mandatario ha recibido críticas por la difusión de videos en los que aparece junto a cadáveres de integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones de la fuerza pública.
Una decisión en medio de la crisis de seguridad
La modificación ocurre mientras Colombia enfrenta una situación de seguridad marcada por la presencia de mafias del narcotráfico, guerrillas y otros grupos armados que mantienen actividad en amplias zonas del territorio.
El país arrastra además más de seis décadas de conflicto armado, con más de diez millones de víctimas y al menos un millón de personas asesinadas, según los datos incluidos en la información proporcionada.
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- Abelardo Gabriel de la Espriella y Otero
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