En el evento de presentación de este reporte, donde Gestión estuvo presente, diversos analistas dieron sus impresiones sobre qué está detrás del dato y cómo cambiar el panorama. Aquí lo más destacado.
“Impuesto” invisible
El 43% de las empresas encuestadas, entre las que están mypes, pymes y gran empresa, respondieron a Ipsos que fueron fiscalizadas por entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), las municipalidades o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en los últimos 12 meses.
Con ello en mente, Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de la Confiep, advirtió que el enfoque punitivo de los controles estatales puede condenar la sostenibilidad de las mypes.
“Ese es el gran problema en la fiscalización. Tiene un carácter más sancionador que orientador. Se castiga con severidad infracciones formales y pueden llegar al absurdo de multar por valores que superan el 100% de sus ingresos. Eso lleva a la informalidad”, criticó.
Vinculado a ello, Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype en Mype Unidas del Perú, recalcó que las mypes tampoco perciben que exista un retorno por sus aportes al fisco al formalizarse.

De hecho, el 74% de las empresas encuestadas por Ipsos respondió que sienten que reciben menos de lo que aportan al Estado peruano. En las mypes, el porcentaje es de 70% y, al igual que en otras consultas, el grado de respuesta se eleva si crece el tamaño empresarial. En la gran empresa, el 91% comparte esta percepción.
“El límite entre lo formal e informal es delgadísimo en las mypes. Lo dice el estudio: crecer complica la vida empresarial. Eso explica el enanismo en Perú y que las empresas no quieran dejar de ser mypes porque no ven las ventajas de crecer”, lamentó.
A su turno, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), indicó que para revertir este panorama sería crucial que entidades como la Sunat apliquen un “perfil de riesgo” y poder concentrarse en quienes realmente incumplan la ley.
“Lo valioso de este estudio es que resalta cómo a medida que una empresa crece, la presión es mayor. Es un reflejo de que el Estado desincentiva a crecer. Es como un impuesto al crecimiento. Debes ser demasiado productivo para asumir esa incertidumbre que genera el Estado y sobrevivir”, concluyó.
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No es un asunto solo de pequeñas empresas
Otro aspecto que deja claro el informe de Ipsos y Comex es que no solo las mypes enfrentan la “incertidumbre” que genera el Estado para su sostenibilidad. La gran empresa también percibe lo mismo.
De acuerdo con el estudio, el 82% de las grandes empresas identificó el manejo de fiscalizaciones como su principal problema frente al aparato estatal, mientras que un 47% señaló que los inspectores de la Sunat cambian de criterio con frecuencia durante los procesos de auditoría.
A ello se suman otras dificultades en la relación con el Estado. El 80% calificó como mala o muy mala su capacidad para cruzar información y evitar la duplicidad de trámites; el 68% identificó la dificultad legal para desvincular personal por bajo desempeño como su mayor barrera laboral.

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