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Los titulares de Lima Gris: 04 de septiembreLas noticias que marcan la agenda.
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4 minutos agoon
04/09/2026By
Redacción Lima Gris
José Antonio Chang defiende designaciones de Tania Ramírez y Diana Gonzales
El ministro de Educación, José Antonio Chang, defendió los nombramientos de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial y Diana Gonzales en PRONABEC, pese a los cuestionamientos sobre sus credenciales e idoneidad para los cargos. Sus declaraciones reavivan el debate sobre los criterios de designación de funcionarios y el respeto a la meritocracia en el sector público.
Humberto Morales acusa al fujimorismo de intentar “comprar votos”
El senador Humberto Morales lanzó una dura acusación contra el fujimorismo por una presunta intención de comprar votos. Sus declaraciones elevan la tensión política y vuelven a poner bajo la lupa las negociaciones y alianzas en el Congreso.
Marlon Aguirre pone en duda su permanencia en Juntos por el Perú
El diputado Marlon Aguirre afirmó que “todavía” permanece en Juntos por el Perú, dejando abierta la posibilidad de una eventual salida y alimentando las especulaciones sobre el futuro de su permanencia en la bancada. Según fuentes, Aguirre quiere vestir la camiseta naranja.
Yenifer Paredes cuestiona Presupuesto 2027: “Trasladan responsabilidades, pero no recursos”
La congresista Yenifer Paredes de JP, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, señalando que el incremento de recursos para gobiernos regionales y locales se concentra principalmente en gasto corriente. También advirtió sobre un recorte de S/ 430 millones para seguridad municipal y pidió un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2 mil millones para atender la situación del campo.
Conexión inesperada tras crimen y secuestro en Trujillo
Dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, declararon ante la Fiscalía y lo situaron, indirectamente, en una escena que es materia de investigación. Según sus testimonios, la madrugada del secuestro de un empresario minero y del asesinato de cuatro personas, ambos trasladaron en un vehículo a un hombre armado vestido como policía.
Aldo Mariños, la minería de pataz y el escolta que apareció en la ruta del secuestro y crimen en Trujillo
Redacción Lima Gris
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Aldo Mariños, la minería de pataz y el escolta que apareció en la ruta del secuestro y crimen en TrujilloLa conexión inesperada. Las declaraciones ante la Fiscalía de dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños los sitúan en una escena que hoy es materia de investigación: la madrugada en que un empresario minero fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas en Trujillo, ambos habrían trasladado en un vehículo a un hombre armado que vestía como policía. Fotografías revisadas por Lima Gris muestran, además, a uno de ellos acompañando de cerca al candidato de Somos Perú durante actividades proselitistas.
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37 minutos agoon
04/09/2026By
Edwin Cavello Limas
Aldo Mariños fue alcalde provincial de Pataz y hoy es candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Durante los últimos años construyó una posición pública de defensa de los pequeños mineros y de la llamada minería artesanal. Ha cuestionado las restricciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha reclamado mayores facilidades para la formalización y ha respaldado demandas de sectores mineros de Pataz.
Mariños también ha sostenido que no se puede colocar en el mismo saco a todos los mineros artesanales y a las organizaciones criminales que operan en la zona. El problema es que Pataz no es un territorio cualquiera.
Allí conviven minería formal, minería artesanal, minería informal, minería ilegal y estructuras criminales que disputan territorios, socavones y rentas millonarias. Por eso, cualquier relación política o laboral con personas vinculadas a ese mundo requiere una explicación particularmente rigurosa.
La madrugada que cambió la historia
La madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, Trujillo fue escenario de un hecho brutal: el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas. En medio de la investigación apareció un elemento inesperado.
Dos jóvenes que se encontraban a bordo de un Nissan Versa blanco declararon ante la Fiscalía. Sus nombres quedaron consignados en las actas: Gianmarco Javier Medina Mija, de 20 años, y Eliezer Abdías Medina Vílchez, de 23.
Lo relevante no es solamente que ambos fueran primos. Lo relevante es a quién dijeron prestar servicios. Gianmarco Medina manifestó que trabajaba como escolta de Aldo Mariños —actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú— desde hacía aproximadamente un mes y que recibía S/ 650 quincenales.
Acta de declaración testimonial.
Eliezer Medina declaró ser chofer privado de Mariños desde hacía aproximadamente un mes y medio, con una remuneración cercana a S/ 1.300 mensuales. Es decir, según sus propias declaraciones, no se trataba de dos desconocidos que pasaban circunstancialmente por el lugar. Eran dos personas que afirmaban mantener una relación laboral directa con el candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Y ambos estaban juntos aquella madrugada.
El hombre vestido de policía
Según el testimonio conocido, alrededor de las 2:10 de la madrugada escucharon detonaciones. Después circularon por las inmediaciones. Fue entonces cuando apareció un hombre vestido aparentemente como policía y subió al vehículo. El sujeto llevaba casco táctico, chaleco antibalas táctico, un distintivo con la palabra “Policía”, botines y un arma de fuego.
Los dos jóvenes dijeron que inicialmente creyeron que realmente se trataba de un efectivo policial. Hay un detalle que resulta especialmente llamativo: el hombre permanecía en silencio y revisaba su teléfono celular.
Cuando observaron un patrullero con la circulina encendida, le preguntaron si quería que lo dejaran con quienes suponían eran sus compañeros. El sujeto se negó e inmediatamente les indicó que siguieran. Y ellos continuaron.
Presunto policía uniformado corre dejando la escena del crimen.
Posteriormente, según la declaración, advirtieron que tenía acento venezolano. El hombre les habría ordenado llevarlo hasta el pasaje Santa Rosa. Allí, según la versión testimonial, sacó una pistola, apuntó hacia la parte delantera del automóvil y les advirtió que no habían visto nada y que regresaran a sus casas.
La explicación de los ocupantes es, por tanto, que actuaron bajo amenaza. Esa versión debe ser corroborada. Pero existe un hecho que permanece: el hombre armado fue trasladado en el vehículo.
El regreso al lugar
La historia no terminó allí. Después de dejar al supuesto policía, los dos jóvenes dijeron que comunicaron lo ocurrido al propietario o arrendador del vehículo y regresaron. Según la declaración de Gianmarco Medina, el efectivo policial que alquilaba el Nissan a su primo acudió con ellos hasta el lugar donde habían dejado al sujeto. El policía ingresó al pasaje. Los jóvenes dijeron que no pudieron observar hasta dónde llegó.
Eliezer Medina, por su parte, declaró que realizó una videollamada a Juan Daniel Abanto, a quien identificó como suboficial de segunda de la Policía, para contarle lo ocurrido.
Aquí aparece una de las primeras preguntas que la investigación debe responder. ¿Quién era exactamente el policía mencionado por los declarantes? Y una segunda: ¿Era la misma persona a la que Eliezer Medina identificó como Juan Daniel Abanto?
Las actas conocidas no permiten establecer inequívocamente que ambas referencias correspondan a una sola persona. Hay otra contradicción que requiere explicación.
Escena de la masacre y secuestro.
Eliezer Medina señaló que el Nissan Versa blanco pertenecía a un compañero identificado como Cristhian Daniel Geldres Quispe. Gianmarco Medina declaró que el vehículo era alquilado a su primo por un efectivo policial.
La Fiscalía tendrá que determinar quién era realmente el propietario, quién tenía el control del vehículo y quién autorizó su utilización aquella madrugada.
El dato que conecta las dos historias
Aquí aparece el punto más sensible. Uno de los ocupantes del vehículo afirmó ser escolta de Aldo Mariños. El otro dijo ser su chofer. Ambos eran primos. Ambos estaban juntos. Ambos estuvieron en el vehículo. Los dos relataron haber trasladado a un hombre armado que vestía como policía.
La conexión con Aldo Mariños generó interrogantes en la investigación. Según fuentes, existe la tesis de que estas conexiones no se tratarían de algo casual. Con las nuevas declaraciones hay un giro en la línea de investigación que colocaría al candidato al Gobierno Regional de La Libertad en los alrededores de una historia de oro y sangre.
Tras las declaraciones hay una pregunta concreta: ¿Qué hacía el escolta de un candidato al Gobierno Regional de La Libertad en una secuencia inmediatamente posterior a un ataque criminal de esta magnitud?
En círculo rojo con lentes Gianmarco Medina, como escolta de Aldo Mariños en campaña.
Y existe otra pregunta todavía más delicada: ¿Por qué, después de supuestamente haber sido amenazados por un hombre armado, regresaron al lugar acompañados por un efectivo policial? Las respuestas deberán aparecer en la investigación fiscal.
Pataz vuelve a aparecer
La otra parte de esta historia conduce nuevamente hacia Pataz. Mariños ha desarrollado una defensa política de la minería artesanal y ha cuestionado el REINFO. Ha sostenido que el Estado debe facilitar la formalización de quienes desarrollan esta actividad y ha rechazado que todos los mineros artesanales sean tratados como ilegales.
En enero de 2026, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lanzó cuestionamientos públicos contra Mariños y formuló afirmaciones sobre supuestos familiares relacionados con actividades mineras. Mariños negó categóricamente esas afirmaciones y exigió pruebas.
Aldo Mariños y ministro Ernesto Álvarez.
Ese antecedente tampoco demuestra participación en actividades ilícitas. Pero explica por qué la relación política de Mariños con el mundo minero de Pataz ha sido objeto de escrutinio. Ahora aparece un segundo escenario. Esta vez no es un pronunciamiento político. Son declaraciones ante la Fiscalía. Son nombres, horarios, un vehículo, un supuesto policía armado. Y es un trabajador que afirma desempeñarse como escolta del candidato.
Finalmente, las mismas actas muestran que dos personas declararon mantener un vínculo laboral directo con Aldo Mariños. Eso convierte el caso en un asunto de interés público, debido a que existe la conexión con un candidato al Gobierno Regional de La Libertad.
Por su parte, la Fiscalía tiene que esclarecer quién era el hombre uniformado, quién lo ayudó a movilizarse, qué ocurrió después de su ingreso al pasaje Santa Rosa y qué relación existe entre todos los protagonistas.
En Trujillo, las declaraciones de un escolta y un chofer han colocado a un candidato regional frente a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada y por qué dos personas que trabajaban para Aldo Mariños terminaron en la ruta de un hombre armado vinculado temporalmente a uno de los crímenes más graves ocurridos recientemente en Trujillo?
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Derrame de diésel amenaza al río Chinchao: 10 mil galones habrían caído al cauce y crece el temor de contaminación del HuallagaEl despiste de un camión cisterna en el sector León Pampa, en Chinchao, Huánuco, habría provocado el derrame de unos 10 mil galones de diésel en el río Chinchao. Pobladores reportaron peces muertos y alertaron sobre el riesgo de que el combustible avance hacia el río Huallaga. Hasta el cierre de los primeros reportes, las autoridades no habían precisado oficialmente cuánto combustible fue derramado ni qué medidas concretas se habían ejecutado para contener la contaminación.
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11 horas agoon
03/09/2026By
Redacción Lima Gris
Foto: Inforegión.
Por Susan Acuña Cruz
El accidente ocurrió en el sector León Pampa, distrito de Chinchao, cuando un camión cisterna que transportaba combustible se despistó y terminó cayendo por una zona de pendiente. El vehículo quedó cerca del río Chinchao y, de acuerdo con los reportes de los pobladores, el diésel habría alcanzado el cauce.
Después apareció una de las primeras señales de la emergencia: peces muertos en el río. Para los habitantes de la zona, que dependen de este recurso, la escena no representa solamente las consecuencias de un accidente de tránsito. Es la advertencia de una posible contaminación cuyo verdadero alcance todavía se desconoce.
El problema, además, no termina en el punto donde ocurrió el accidente. El río Chinchao desemboca en el Huallaga y existe el temor de que el combustible pueda desplazarse hacia otros sectores. Una contaminación que comienza en una zona determinada puede terminar afectando comunidades ubicadas aguas abajo.
El biólogo Carlos Álvarez Janampa advirtió que la respuesta debe ser inmediata. Entre las medidas planteadas figura la instalación de barreras de contención y el empleo de materiales adecuados para recoger el combustible. También recomendó realizar controles del agua en diferentes puntos del río para establecer hasta dónde habría avanzado la contaminación.
Foto: Inforegión.
La alerta alcanza también al consumo de los recursos del río. Álvarez planteó que se debe advertir a la población para evitar la pesca, comercialización y consumo de peces provenientes del río Chinchao o de zonas que eventualmente puedan recibir agua contaminada. El objetivo es impedir que una emergencia ambiental termine convirtiéndose también en un problema para la salud de las personas.
Pero existe una segunda preocupación: la respuesta de las autoridades. Hasta el cierre del reporte publicado el 2 de septiembre, no se había informado oficialmente la cantidad exacta de combustible derramado, las acciones de contención ejecutadas ni el nivel de afectación del río.
La ausencia de información precisa termina alimentando la incertidumbre. Mientras los pobladores observan las consecuencias del accidente y temen por el futuro del río, permanece sin respuesta una pregunta básica en cualquier emergencia ambiental: ¿cuánto combustible llegó realmente al agua y qué se está haciendo para impedir que continúe avanzando?
Álvarez consideró necesaria la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Ambiente y otras instituciones competentes para evaluar los daños, establecer medidas de recuperación y determinar responsabilidades. También sostuvo que el accidente debe ser investigado para conocer las causas del despiste y establecer quién deberá asumir las labores de remediación.
El caso adquiere una dimensión adicional porque León Pampa no es un territorio ajeno a los riesgos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ya había identificado este sector como una zona expuesta a peligros geológicos vinculados con derrumbes y caída de rocas. Un informe técnico elaborado en 2024 evaluó precisamente los peligros existentes en León Pampa y Puente Durand, en el distrito de Chinchao.
Y existe un antecedente que resulta difícil ignorar. En junio de 2024, otra cisterna que transportaba brea cayó en el sector Caracol, también en Chinchao. En aquella oportunidad, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó acciones urgentes ante el riesgo de que la sustancia llegara al río Chinchao, mientras personal de la Administración Local del Agua del Alto Huallaga intervenía en el caso.
Dos accidentes en una zona marcada por riesgos geológicos y vinculada directamente con un recurso hídrico esencial obligan a mirar más allá del hecho puntual. No se trata únicamente de un camión que perdió el control. Se trata de las condiciones de seguridad en las que circulan vehículos que transportan sustancias contaminantes y de la capacidad del Estado para reaccionar cuando estas terminan en un río.
Ahora el Chinchao vuelve a estar en el centro de una emergencia. Los pobladores esperan información, pero también acciones. Contener el combustible, evaluar la calidad del agua, determinar el alcance de la contaminación y establecer responsabilidades no pueden quedar como tareas pendientes.
Porque mientras las autoridades todavía deben precisar cuánto diésel terminó realmente en el río, la contaminación ya tiene una primera evidencia: los peces muertos y el temor de una población que observa cómo su río podría convertirse en el camino de una emergencia que nadie sabe todavía hasta dónde llegará.
La pregunta queda planteada: ¿cuál será la magnitud real del daño y quién asumirá la responsabilidad por sus consecuencias? La respuesta no puede llegar cuando el combustible ya haya alcanzado otros sectores del Huallaga. En una emergencia ambiental, esperar también puede ser una forma de agravar el daño.
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Al 2050 habrá 9,5 millones de adultos mayoresEl INEI presentó en 2026 el informe: «Estado de la Población Peruana 2026: una mirada al envejecimiento poblacional y al bono demográfico», y hacia 2050 uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor (9,5 millones de adultos mayores).
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17 horas agoon
03/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
Este fenómeno es regional: la CEPAL (2024) estima que los 68 millones de personas de 65 años o más registrados en 2024 en América Latina y el Caribe se duplicarán hacia 2050, lo que pone en riesgo el «bono demográfico», el periodo en el que la mayoría en edad de trabajar sostiene económicamente a niños y ancianos.El Perú envejece rápido. La población de 60 años a más pasó de 5,7% en 1950 a 14,6% en 2026.
9.5 millones; representa la carga post-bono definitiva tras el cierre de la ventana de oportunidad en 2045. La esperanza de vida también varía según la región: para el periodo 2025-2030, los valores más bajos de la Sierra corresponden a Cusco (75,4 años), Puno (75,0 años) y Huancavelica (74,9 años).Dado que la población peruana vivirá entre dos y tres décadas más después de los 60 años, la autonomía personal resulta clave para evitar la dependencia o vivir con cierta independencia.
En el Perú, este bono demográfico alcanzó su límite en 2020, con 60.2 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, pero el envejecimiento actual reduce esa ventaja. Un 21.9% de mujeres jóvenes de NINI está fuera del sistema educativo y laboral significa que el Perú está desperdiciando el último tramo de su bono demográfico femenino antes del cierre de 2040.
De hecho, el INEI proyecta para 2040 un quiebre social irreversible: por primera vez, los adultos mayores de 60 años (7.57 millones) superarán numéricamente a los menores de 15 años (7.55 millones), lo que exige acelerar políticas de empleo formal, educación de calidad e inclusión de jóvenes y mujeres.
Para proteger este bono, Cecchini et al. (2025) proponen ampliar la base productiva y el bienestar mediante el aumento de la participación laboral femenina, la reducción de las brechas salariales, la expansión de los servicios de cuidado y la conciliación familiar.
Aunque la región envejece más rápido que Europa sin haber consolidado un estado de bienestar, países como Chile, Uruguay y Argentina ya enfrentan esto con institutos nacionales especializados, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Instituto Nacional del Adulto Mayor y la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, cuyas políticas abarcan desde la protección social hasta la inclusión laboral.
El Perú avanza en esta línea con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) municipales y el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores; sin embargo, el seguro médico y las jubilaciones —incluyendo la de los docentes cesantes— han quedado relegados, lo que se agrava porque el 70 % de la fuerza laboral es informal y carece de pensión.
El gobierno de Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la nación, anunció la duplicación de Pensión 65 de S/350 a S/700 bimestrales a partir de 2027, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para este programa poco más de S/1 600 millones, el incremento sería de alrededor de 22,8 % respecto de 2026.
Habrá que añadir la preocupación de los docentes jubilados y cesantes quienes tendrán que esperar lo que señale el TC. Y pese a qué deben estar descansando, al igual que muchos adultos mayores trabajan aún después de los 65 años y la pensión 65 no alcanza.
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Los titulares de Lima Gris: 03 de septiembreLas noticias que marcan la agenda
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1 día agoon
03/09/2026By
Redacción Lima Gris
NASCA: MINERÍA VERSUS PATRIMONIO ENCIENDE LA POLÉMICA
El diputado José Yataco defiende la minería artesanal en Nasca y plantea reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, mientras crece la preocupación por la protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
DANIEL HERMOZA: “NO PODEMOS DAR FACULTADES LEGISLATIVAS A CIEGAS”
El representante de las MYPE, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre económica, el riesgo de El Niño y las dificultades para acceder a crédito podrían llevar a miles de pequeños negocios a la informalidad o al cierre. Pide al Congreso mayor precisión y un plan nacional para las MYPE.
EDUCACIÓN PARA TODOS: CIFRAS REVELAN GRANDES BRECHAS EN EL PERÚ
En el marco de la Semana Internacional de los Estudiantes Adultos, se alerta que el 33,6 % de los mayores de 60 años no sabe leer ni escribir, mientras 8 millones de peruanos carecen de educación básica. Además, solo el 36,7 % de jóvenes de 17 a 24 años accede a la educación superior.
CÉSAR HOLGUÍN CUESTIONA INACCIÓN DE BEINGOLEA EN NASCA
El diputado César Holguín criticó la falta de acciones del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ante la situación de Nasca y cuestionó la contratación de allegados a ministros de Educación y Cultura. El parlamentario señaló que el Ministerio de Cultura mantiene una “especie de pasividad” frente a estos problemas.
SANTIAGO CHÁVEZ: 14 AÑOS Y 90 MEDALLAS EN NATACIÓN
El joven nadador loretano Santiago Chávez Manzur, de 14 años, suma 90 medallas y vuelve a poner a Loreto en el mapa deportivo. El pasado 28 de agosto conquistó cuatro medallas de oro, representando a su colegio San Agustín, y se perfila como una nueva promesa deportiva de Iquitos.
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Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO]El diputado de la bancada del Partido Cívico Obras defiende la minería artesanal en Nasca y propone reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Sin embargo, su posición abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la actividad minera cuando pone en riesgo un patrimonio cultural reconocido por la humanidad?
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1 día agoon
02/09/2026By
Redacción Lima Gris
Las declaraciones del diputado José Yataco, de la bancada del Partido Cívico Obras y representante de Ica, han generado polémica al defender la presencia de familias dedicadas a la minería artesanal en Nasca, pese a que esta actividad se desarrolla en territorios donde también se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, uno de los patrimonios culturales más importantes del Perú y del mundo.
Durante una entrevista con Lima Gris, el parlamentario fue consultado sobre la presencia de operaciones mineras en zonas cercanas a los geoglifos, así como sobre el abandono de hitos instalados por el Ministerio de Cultura para proteger las áreas patrimoniales. La respuesta de Yataco fue directa: «En Nasca hay muchas familias que viven de la minería artesanal» y planteó que durante la próxima semana de representación pueda reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en la provincia.
El problema es que reducir la discusión a una cuestión de empleo y necesidades económicas puede terminar invisibilizando la dimensión histórica y cultural del territorio. La minería artesanal puede representar una fuente de ingresos para determinadas familias, pero eso no significa que cualquier espacio pueda convertirse en zona de explotación.
La preocupación se vuelve mayor cuando, como ha corroborado Lima Gris, existen sectores donde los geoglifos conviven con áreas de actividad minera. El caso de la ladera de los Camélidos resulta especialmente delicado. A ello se suma el deterioro y abandono de hitos que deberían delimitar y proteger las áreas arqueológicas.
Ante este escenario, resulta legítimo preguntarse si el Estado está cumpliendo realmente su obligación de proteger el patrimonio. Y, sobre todo, si una política de tolerancia frente a actividades mineras informales puede terminar convirtiéndose en una amenaza directa para bienes cuya importancia trasciende las fronteras del país.
El diputado Yataco sostiene que «la minería es prácticamente la actividad que mucho contribuye al desarrollo del país». Pero el desarrollo no puede medirse únicamente en toneladas extraídas, ingresos generados o puestos de trabajo. También debe considerar aquello que una sociedad está obligada a preservar para las futuras generaciones.
Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa no son un terreno disponible para negociar. Son testimonios de una civilización milenaria y forman parte de la memoria histórica del Perú.
Por ello, la próxima visita del parlamentario a Nasca debería servir no solo para escuchar a quienes viven de la minería, sino también para escuchar a arqueólogos, especialistas, comunidades, autoridades locales y defensores del patrimonio.
Porque fiscalizar no significa justificar. Y defender el desarrollo tampoco debería significar aceptar que el patrimonio cultural de la humanidad termine pagando la factura.
Aquí la declaraciones del diputado José Yataco.
Actualidad
Carta pública ante el abuso y maltrato a trabajadores (acreedores laborales) de RBC Televisión – Canal 11El caso RBC
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1 día agoon
02/09/2026By
Redacción Lima Gris
Lima, miércoles 2 de setiembre del 2026.
Señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi
Presidenta de la República del Perú
Señora Janet Ofelia Tello Gilardi
Presidenta del Poder Judicial
Señor Tomás Aladino Gálvez
Fiscal de la Nación
Señor Juan Carlos del Prado Ponce
Presidente del INDECOPI
Señor Carlos Alberto Rivera Salazar
Integrante de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)
Señor Esteban Aníbal Carbonell O’Brien
Vocal de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)
Señora Maribel Patricia Obregón Sáenz
Secretaria Técnica de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales
Señor Álvaro Miguel Zegarra Mulánovich
Vicepresidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales
Señor Javier Francisco Zúñiga Quevedo
Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales
Señor Walter Leonardo Valdez Muñoz
Presidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales
Señor José Antonio Arostegui Girano
Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales
Señor Zósimo Juan Pichihua Serna
Superintendente del Mercado de Valores (SMV)
Señor Christian Sergio Armas Alvarado
Procurador Público de la SMV
Señor Alix Godos García
Intendente General de Supervisión de Condutas
Señor Anderson Vela Guerrero
Intendente General de Cumplimiento de Conductas
Señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo
De nuestra mayor consideración:
Los suscritos les extendemos un cordial saludo y a la vez el pedido para que de acuerdo a sus competencias procedan de oficio ante el cuestionado proceder del empresario Ricardo Martín Belmont Vallarino (presidente de la Junta de Acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones – RBC TV SAA), pues vamos para seis años desde el inicio del procedimiento concursal, no obstante -a causa de una serie de maniobras anticorporativas y antiéticas-, los trabajadores (acreedores laborales) no reciben un sol hasta el día de hoy, siendo burlados no solo nosotros como ciudadanos sino también el propio INDECOPI y el Poder Judicial que en todas las instancias nos dio la razón.
Ante un presidente de la Junta de Acreedores (o administrador como Ricardo Martín Belmont Vallarino), que desvía fondos de la concursada Red Bicolor de Comunicaciones SAA, se evidencia que el mismo incumple y modifica los acuerdos conciliatorios y que retrasa sistemáticamente el cronograma de pagos, por lo que los acreedores laborales esperamos que se activen de inmediato los mecanismos legales del Estado peruano para su remoción en el cargo.
¿Cómo proceder legalmente bajo el marco del Sistema Concursal Peruano? ¿Qué debe hacer la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi?
Aunque el Indecopi no administra directamente la empresa, posee facultades sancionadoras y de fiscalización rigurosas. Es más, ante las reiteradas multas aplicadas al ciudadano Ricardo Martín Belmont Vallarino y el desvío de fondos que ha hecho, la Comisión de Procedimientos Concursales ya le aplicó multas pero debe actuar de forma más contundente y categórica, al amparo de la Ley General del Sistema Concursal, pues el desvío de fondos a otras empresas constituye una infracción muy grave (vulneración del destino patrimonial de la concursada).
Asimismo, sucede que cuando el presidente de una Junta de Acreedores ignora los requerimientos de información sobre el destino del dinero o las órdenes de la CCO, entonces esta Comisión deberá remitir los actuados al Ministerio Público para que se le denuncie por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, pues el desvío de dinero a otra empresa fuera del cronograma concursal no es solo una falta administrativa, sino un delito penal de carácter económico.
Urgimos a las autoridades del Estado a documentar este caso, sobre todo cuando ya habría denuncias contra el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino por Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Quiebra Fraudulenta. En ese sentido, los acreedores afectados y burlados por años solicitamos la intervención de oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción o Delitos Económicos para denunciar al presidente de la junta de acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA por delitos como administración fraudulenta, apropiación ilícita, o fraude concursal (ocultamiento de bienes o simulación de deudas/desvíos para perjudicar el cobro de acreedores), de ser el caso, debiendo el INDECOPI a través de la CCO tomar atención debida al respecto.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a sus dignos despachos por el interés y la atención que le otorguen a este caso por ser de justicia, toda vez que el Estado debe garantizar que se respete la Constitución, la ley y los derechos de los trabajadores y acreedores laborales, como parte sustantiva del compliance, así como del paso seguro de nuestro país hacia la OCDE, como también en provecho de la predictibilidad y la seguridad jurídica que permiten la inversión privada, que fomentan la seriedad de las buenas prácticas corporativas y la cultura empresarial con ética en una nación emprendedora y pujante como la peruana, temas que parecen no importar al ciudadano Ricardo Belmont Vallarino.
Atte.,
Karim Yuliet Alegría del Águila
DNI 07759079
Rafael Romero Vásquez
DNI 10802382
Evelyn Jacqueline Agreda Alarcón
DNI 45970834
Miriane Luz Mogollón Tinoco
DNI 10331231
Lenith Ariana Checa Tuesta
DNI 60182840
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Daniel Hermoza: «No podemos dar facultades legislativas a ciegas»Representante de las Mypes, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre, el riesgo de El Niño y las dificultades de acceso al crédito pueden empujar a miles de pequeños negocios hacia la informalidad o el cierre. Reclama al Congreso mayor precisión antes de entregar facultades legislativas al Ejecutivo y exige un plan nacional para las MYPE.
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1 día agoon
02/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar
Las micro y pequeñas empresas enfrentan un escenario complejo. A las dificultades que ya arrastran para formalizarse, acceder al crédito y sostener sus negocios se suma ahora la incertidumbre generada por las reformas que plantea el Ejecutivo y los posibles efectos del fenómeno El Niño.
Para Daniel Hermoza, especialista en MYPE, el debate no puede centrarse únicamente en eliminar trámites o modificar los regímenes tributarios. Considera que el problema de fondo es la falta de capital, el bajo crecimiento económico y la ausencia de una política de Estado que atienda de manera integral a las micro y pequeñas empresas.
En esta entrevista analiza las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la situación de las MYPE y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para proteger el empleo y promover la formalización.
Señor Hermoza ¿Cuál es su principal preocupación frente a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?
Nos preocupa especialmente que en el primer borrador de las facultades legislativas, que circuló, se planteara la posibilidad de eliminar el RUS y el RER, que son regímenes tributarios especiales para las MYPE.
También discrepamos de las declaraciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto a que los regímenes especiales tributarios y laborales no habían contribuido al desarrollo de las MYPE. Consideramos que sí han contribuido a la formalización.
Es cierto que algunas empresas hacen un uso indebido de estos beneficios y, en lugar de crecer, se estancan o crean otras empresas para no superar los límites establecidos. Pero esa distorsión no representa a la mayoría de las empresas que utilizan estos regímenes.
¿El documento presentado por el Ejecutivo es suficientemente claro respecto de los cambios que pretende realizar?
No, no está suficientemente claro, el documento es bastante genérico. Habla de normas tributarias que faciliten la formalización y el crecimiento, pero no especifica exactamente qué se quiere modificar.
Si se solicita una facultad para modificar normas tributarias, se debe precisar cuáles. Porque, de lo contrario, se podría entender que se está otorgando una facultad demasiado amplia.
Además, hemos visto anuncios que después son desmentidos. Hoy se habló, por ejemplo, de grabar los ahorros y los intereses y luego se dijo que eso no se había planteado. No podemos estar con estas idas y vueltas porque lo que generan es inestabilidad.
¿Cómo afecta esta incertidumbre a los emprendedores que buscan formalizarse?
Si quiero ser formal es porque busco predictibilidad. Quiero tener beneficios laborales y tributarios que me permitan empezar a crecer. Pero si veo que esos beneficios pueden ser eliminados, la formalidad pierde atractivo y puedo decidir continuar siendo informal.
Creo que se ha elegido un mal momento para plantear reformas que afectan beneficios de las MYPE, especialmente cuando tenemos por delante un problema climático que puede generar un fuerte impacto económico.
¿Qué sectores ya están sintiendo los efectos de esta situación?
Las MYPE de Gamarra ya han sido afectadas porque perdieron una de sus campañas más importantes: la de invierno. El calor impidió vender buena parte de la ropa que habían producido y, por lo tanto, no pudieron recuperar el capital invertido.
Ahora deben afrontar la campaña navideña con menos recursos, a eso se suma que los bancos están siendo más cautelosos para otorgar créditos debido al riesgo generado por el fenómeno “El Niño”.
En Villa El Salvador, por ejemplo, unas 300 MYPE del sector madera fueron afectadas porque se mojó la madera que tenían lista para trabajar. También se dañaron rollos de cuero y telas.
¿Qué debería hacer el Gobierno para lograr una formalización más atractiva para los emprendedores?
El problema de fondo de la informalidad no es solamente la tramitología. La estructura tributaria y laboral para las MYPE no está tan mal como se afirma.
Uno de los grandes problemas es el escaso crecimiento económico. Cuando una persona entra al mercado y sus expectativas de venta disminuyen, muchas empresas terminan cerrando.
Las estadísticas de bajas empresariales son un indicador importante. Cada año cientos de miles de empresas dejan de operar. Hemos pedido que se haga un estudio serio para determinar por qué ocurre esto.
¿Qué encontraron en sus estudios sobre el tiempo que toma pasar de la informalidad a la formalidad?
En un estudio que realizamos entre nuestros asociados encontramos que el 50 % señaló que no tuvo período de informalidad: decidió crear una empresa y desde el primer día fue formal.
El otro 50 % manifestó que demoró entre cuatro y ocho años, dependiendo del rubro. La razón principal fue la necesidad de acumular capital.
En actividades como la fabricación de calzado y confecciones, la formalización puede ser más rápida porque muchos comienzan trabajando desde sus propias casas. En cambio, en el comercio se necesita acumular capital para adquirir un local y recién entonces dar el salto hacia la formalidad.
¿Qué mecanismos financieros podrían ayudar a reducir ese período de informalidad?
Necesitamos desarrollar capital de riesgo. El capital semilla sirve para iniciar un pequeño negocio y comprar insumos, pero el capital de riesgo permite adquirir maquinaria, alquilar un local y ampliar la empresa.
Ese tipo de financiamiento prácticamente no existe en el Perú. Debemos construir un sistema que permita acortar el tiempo que una empresa permanece en la informalidad.
La reducción de la tramitología puede ayudar a una empresa que ya se formalizó, pero también necesitamos resolver el problema del acceso al crédito.
¿Qué medidas se necesitan para evitar que los emprendedores recurran al financiamiento informal?
El Estado debe evitar que el crédito informal gane espacio. Cuando el crédito formal disminuye, el emprendedor que necesita capital puede terminar recurriendo a préstamos informales con tasas de interés muy altas.
Por eso planteamos que se genere rápidamente un fondo de garantía, similar al modelo de Reactiva, para las MYPE que puedan verse afectadas por el fenómeno El Niño.
No se trata de regalar dinero. Se trata de generar un fondo de respaldo que permita que el sistema financiero continúe otorgando créditos a los emprendedores.
Pregunta. ¿Qué debería hacer el Gobierno para que las MYPE crezcan y generen empleo formal durante los próximos años?
Primero debemos reestructurar los servicios del Estado. Hemos propuesto que los programas, sistemas y viceministerios vinculados con las MYPE se integren en un solo ministerio.
Actualmente están dispersos y cada uno trabaja por su lado. Necesitamos integrarlos para que funcionen eficientemente.
En segundo lugar, necesitamos un verdadero plan de desarrollo de las MYPE. Otros sectores, como el turismo, cuentan con planes nacionales que establecen objetivos y acciones. En el caso de las MYPE no tenemos un plan de esa naturaleza.
¿Qué papel debe cumplir la capacitación técnica dentro de ese plan?
Es fundamental. Tenemos un gran déficit de técnicos en prácticamente todos los sectores.
Gamarra, por ejemplo, es una verdadera universidad de confeccionistas. Los jóvenes aprenden en la práctica a colocar botones, hacer cuellos, armar camisas y desarrollar diferentes procesos, pero no necesariamente reciben una certificación.
Necesitamos profesionalizar esos conocimientos porque debemos elevar la productividad para ser competitivos. También necesitamos fortalecer instituciones como Senati y multiplicar los centros de formación técnica especializados.
¿Cómo se podría impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas peruanas?
Necesitamos incorporar la internacionalización dentro de un plan de desarrollo. Debemos buscar mercados para las MYPE y crear mecanismos que permitan a nuestros empresarios llegar al exterior.
Podríamos reunir a cientos de empresarios con apoyo del Estado y abrir un centro comercial en Francia para ofrecer productos peruanos.
Los chinos han desarrollado estrategias similares con sus barrios comerciales en diferentes partes del mundo. Es un ejemplo que podríamos analizar y adaptar a nuestra realidad.
¿Qué le pediría al Congreso antes de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo?
Le pediría mayor claridad. No puede haber enunciados genéricos cuando se solicitan facultades legislativas. El Congreso debe saber exactamente qué leyes se van a modificar y qué aspectos se pretenden cambiar.
Estamos a favor de los cambios que necesita el país, pero deben ser cambios conscientes. Tenemos que saber exactamente qué estamos apoyando.
No se trata de dar las facultades a ciegas, sino de hacerlo con responsabilidad y con evidencia.
¿Por qué es importante considerar las diferencias entre las MYPE de Lima y las de las regiones?
Porque las MYPE peruanas no son una masa uniforme. La realidad de una empresa de Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Trujillo o Lima son diferente.
Una política que funciona en Lima no necesariamente tendrá el mismo resultado en una región. Además, debemos considerar las dificultades y limitaciones de los gobiernos regionales y locales, que muchas veces no están conectados con la realidad de las MYPE.
Si finalmente se aprueban las facultades legislativas, ¿qué resultado concreto debería observar un pequeño empresario en los próximos seis meses?
Es difícil decirlo porque estamos en una etapa de incertidumbre. Cuando un proyecto de ley pasa por el Congreso existe un proceso de discusión, opiniones y dictámenes que permite analizar sus efectos.
Cuando se otorgan facultades al Ejecutivo, la dinámica es diferente y se pueden aprobar decretos legislativos directamente. Por eso no sabemos cómo van a salir esas normas.
Estamos en una etapa de especulación y no podemos anticipar con certeza qué resultados tendremos.
¿Esta falta de predictibilidad puede terminar afectando la economía?
Por supuesto. No podemos vivir en una situación en la que un día se anuncia que se aplicarán impuestos a los intereses de los ahorros y horas después el Ministerio de Economía sale a desmentirlo.
Ese tipo de mensajes genera incertidumbre y puede provocar decisiones apresuradas de ciudadanos y empresas.
No podemos jugar de esa manera con la economía. Pensé que la inestabilidad había terminado, pero lamentablemente seguimos sin tener predictibilidad.
Finalmente, ¿qué mensaje les daría a los millones de emprendedores peruanos que esperan mejores condiciones para trabajar y hacer crecer sus negocios?
Les pediría que tengamos fe en los nuevos políticos que tenemos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, pero también que les exijamos responsabilidad.
Estamos hablando de la vida de millones de peruanos que han invertido en sus pequeños negocios y que viven de ellos. Si las autoridades actúan de manera irresponsable o demagógica, lo más probable es que perdamos más empleo.
A los emprendedores les diría que sigan adelante y que tengan fe en que sus dirigentes continuarán luchando para lograr mejores condiciones para hacer empresa en el Perú.
Necesitamos que las MYPE sean parte de verdaderas políticas de Estado. Otros sectores tienen objetivos y planes de largo plazo; las MYPE también necesitan esa visión.
Los peruanos sabemos cómo enfrentar las adversidades y reconvertirnos. Vamos a superar también esta etapa complicada.
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2 días agoon
02/09/2026By
Redacción Lima Gris
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