Diputado Marlon Aguirre: “Hasta seis diputados estamos evaluando dejar la bancada”

Política Diputado Marlon Aguirre: “Hasta seis diputados estamos evaluando dejar la bancada” En medio de las tensiones internas de Juntos por el Perú y con la inseguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones del país, el diputado Marlon Aguirre revela que evalúa su futuro político…

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En medio de las tensiones internas de Juntos por el Perú y con la inseguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones del país, el diputado Marlon Aguirre revela que evalúa su futuro político, cuestiona el manejo de la bancada y plantea una respuesta más firme frente a la criminalidad. También habla sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la protección de las Líneas de Nazca y sus prioridades para Junín.

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41 segundos ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

El diputado Marlon Aguirre del partido Juntos por el Perú, aborda las diferencias dentro del partido, así como también el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, la inseguridad ciudadana y la situación de las Líneas de Nazca.

Juntos por el Perú y las diferencias internas

Diputado, en las últimas semanas usted ha expresado diferencias respecto a la conducción de Juntos por el Perú. ¿Cómo describe actualmente la situación de la bancada y considera que son necesarios cambios para fortalecer su unidad y evitar que más parlamentarios opten por retirarse?

Sobre este tema, inicialmente se habló del trato que venía dando el señor Ernesto Zunini, pero ahora hemos visto en varias noticias que hasta seis diputados estarían evaluando dejar la bancada. Esto responde a un mal manejo de la situación dentro del grupo parlamentario y es un tema que nos preocupa. Es una controversia que se ha ido superando; sin embargo, en los últimos días hemos visto que diferentes diputados de Juntos por el Perú ya han tomado decisiones y se ha mencionado que varios estarían evaluando cambiar de bancada.

Esto debería llevar al señor Ernesto Zunini a una reflexión, porque lo que está ocurriendo es bastante preocupante.

El papel de Roberto Sánchez

¿Qué papel viene desempeñando Roberto Sánchez, como presidente de Juntos por el Perú, para buscar consensos y superar estas diferencias?

En realidad, el señor Roberto Sánchez está ausente porque ya no está en la Cámara de Diputados; actualmente se encuentra como asesor en el Senado. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados y el señor Zunini es quien está al frente. Por eso considero que existe este desliz político.

También se ha comentado sobre la posibilidad de que usted evalúe otras opciones políticas, incluso un eventual acercamiento a Fuerza Popular. ¿Cuál es actualmente su posición respecto a su permanencia en Juntos por el Perú?

Es un tema que todavía estamos evaluando. Yo no he decidido nada respecto a mi permanencia en Juntos por el Perú. Solamente he dado declaraciones sobre una controversia que ya ha pasado.

Mi compromiso está con la región Junín. Trabajo por Junín y no le doy bendiciones a ningún partido, porque Junín me eligió como parlamentario y estamos en ese camino.

Si eventualmente se produce un cambio de bancada, ¿cómo explicaría esa decisión a los ciudadanos que confiaron en usted y lo eligieron como representante de Junín?

Junín quiere cambio y el Perú quiere cambio. Esa sería la mayor justificación, porque no podemos seguir en retraso. Somos un país democrático y los parlamentarios tenemos que ejercer nuestra función buscando el cambio y el progreso de cada región que nos ha elegido. Si hay un retroceso, no puedo quedarme solamente dando declaraciones o justificaciones en mi región. Tenemos que llegar a consensos y buscar el progreso.

Para dejarlo claro, ¿su permanencia en Juntos por el Perú está asegurada o todavía es una decisión que se encuentra evaluando?

Estamos evaluando el tema del progreso y del avance político, pero todavía estamos en Juntos por el Perú, haciendo consensos. De acuerdo con ello, se verá posteriormente el tema del cambio, si se da o no, en su debido momento.

Inseguridad ciudadana y criminalidad

¿Considera que el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad organizada, la extorsión y el sicariato?

El Gobierno de la señora Keiko Fujimori está actuando con rapidez, pero existe un defecto en la conducción frente a esta situación. Se tiene que poner mano dura y mano fuerte. Tenemos que ver, sí o sí, el tema de las facultades legislativas que está solicitando el Ejecutivo al Congreso. Esto tiene que ser evaluado con prontitud, porque la inseguridad nos está ganando.

Desde el Congreso se viene evaluando la actuación del ministro del Interior y se ha planteado una eventual interpelación. ¿Cuál será su posición frente a esta iniciativa?

Tenemos que hacer un análisis político más duro, pero considero que primero debemos esperar que cumpla los cien días. Después de esos cien días se podrá hacer una evaluación de su gestión.

Sin embargo, los sucesos que están ocurriendo de manera consecutiva son preocupantes y tenemos que determinar una evaluación sobre su permanencia.

Facultades legislativas

El Ejecutivo también ha solicitado facultades legislativas para adoptar medidas frente a la inseguridad. ¿Está de acuerdo con otorgarlas y qué aspectos considera que deberían ser priorizados?

El tema de las facultades legislativas será materia de un pronunciamiento de la bancada. Lo principal, en lo personal, es que debemos enfocarnos también en educación, trabajo y salud, que son sectores que necesitan atención en la región Junín.

Pero me acojo al pronunciamiento de la bancada y en los próximos días tendremos una respuesta conjunta.

Protección de las Líneas de Nazca

Las investigaciones recientes han permitido identificar nuevos geoglifos en Nazca y han puesto nuevamente en evidencia la enorme riqueza arqueológica de esta zona. ¿Qué acciones considera necesarias para garantizar su protección?

Con el Ministerio de Cultura se tiene que trabajar el tema de la protección, porque es el órgano encargado de velar por nuestro patrimonio. Si no tenemos esa seguridad y protección, estaríamos incurriendo en un descuido frente a lo que se menciona.

Proyectos para Junín

¿Qué medidas concretas puede impulsar para fortalecer la fiscalización y evitar que actividades como la minería ilegal o el tráfico de tierras afecten las Líneas de Nazca?

Tenemos que ir por lo formal, por lo correcto, y no por lo informal. Tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas y nuestra visión para que el país avance y no retroceda.

Hablando de Junín, ¿cuáles son actualmente sus principales prioridades como representante de la región y qué proyectos o iniciativas espera concretar durante su gestión?

El tema principal es fortalecer la salud, el trabajo y la educación. En salud tenemos proyectos como las obras de los hospitales de Tarma y Chanchamayo. También buscamos fortalecer las actividades legislativas, por ejemplo, con el tema de las historias clínicas digitales, considerando que integro la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, debemos impulsar el desarrollo y culminación de las obras que necesita nuestra región. Ese será el enfoque durante este periodo, buscando alcanzar objetivos claros para Junín.

Finalmente, diputado, ¿qué mensaje quiere transmitir a los ciudadanos de Junín respecto a su trabajo en el Congreso y a las decisiones políticas que tendrá que tomar durante los próximos meses?

El mensaje es que Marlon Aguirre está trabajando de la mano con ustedes. Ya hemos realizado acciones relevantes en la provincia y en las comunidades de nuestra región.

Quiero que tengan tranquilidad y confianza en el representante que han elegido. Voy a hacer las cosas bien por Junín. No los voy a defraudar. He sido el segundo parlamentario más votado y vamos a trabajar de la mano con ustedes, con una visión de futuro y con identidad. Dios los bendiga y muchas gracias.

Ministro Beingolea confirmó la renuncia de la madre tras escándalo pero la hija se queda en la BNP [VIDEO]

Redacción Lima Gris

Política

Ministro Beingolea confirmó la renuncia de la madre tras escándalo pero la hija se queda en la BNP [VIDEO]

El ministro de Cultura negó haber intervenido en el nombramiento de la hija en la Biblioteca Nacional y defendió a su exsecretaria, quien renunció tras el escándalo. Sin embargo, reconoció que debió advertir que la contratación de una madre y su hija “iba a sonar mal”.

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2 días ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, salió al frente de los cuestionamientos por las polémicas contrataciones de una madre y su hija vinculadas al Ministerio de Cultura y aseguró que no existe ningún acto delictivo ni infracción legal o administrativa en ambos casos. No obstante, durante una entrevista en canal N, admitió que debió anticipar el impacto político y mediático que tendría que dos familiares terminaran vinculadas al sector que dirige.

Beingolea sostuvo que la contratación de la hija en la Biblioteca Nacional del Perú no estuvo bajo su responsabilidad. Explicó que la institución cuenta con un presupuesto y un pliego presupuestal propios, además de autonomía funcional y administrativa, por lo que el jefe de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali, tenía la facultad de designar a sus personas de confianza. Según el ministro, la funcionaria fue nombrada como gerente general por decisión de dicha autoridad.

“Primero, no tuve nada que ver”, respondió Beingolea al ser consultado directamente sobre el nombramiento. El ministro insistió en que no existe ninguna irregularidad en el procedimiento y aseguró que su exsecretaria, quien posteriormente fue contratada para prestar servicios en su entorno, contaba con más de diez años de experiencia trabajando para el Estado y había sido su persona de confianza durante cinco años en el Congreso de la República.

Sin embargo, el ministro terminó reconociendo que la situación podía generar cuestionamientos. “Debí darme cuenta de decir, oye, espérate un ratito, esto… Madre e hija”, señaló durante la entrevista. Y añadió que, aunque considera que no se cometió ninguna infracción, debió prever que la decisión sería cuestionada públicamente.

La autocrítica llegó después de que Beingolea confirmara la renuncia de su exsecretaria. Según relató, la funcionaria decidió dejar el cargo luego de considerar que no debía someterse a cuestionamientos que, desde su perspectiva, eran injustificados. El ministro lamentó su salida y la calificó como “una tremenda trabajadora”.

Pero Beingolea también intentó colocar las denuncias dentro de un escenario político más amplio. Recordó que, antes de que estallara el escándalo, había expresado públicamente una posición crítica sobre el Lugar de la Memoria y posteriormente empezó a realizar cambios dentro del Ministerio de Cultura. Según su versión, fue entonces cuando comenzaron las acusaciones.

“Cuando comienzo a ajustar las perlas, comienzan las acusaciones”, afirmó el ministro, quien consideró llamativo que las denuncias aparecieran precisamente cuando empezó a modificar estructuras y dinámicas internas del sector.

Beingolea también cuestionó la presencia de trabajadores que llevan años en el Ministerio y criticó el uso del teletrabajo, asegurando que existen personas que, según él, permanecen “cómodamente instaladas” en la institución.

Mientras el Ministerio Público investiga las circunstancias de las contrataciones, el ministro busca separar su responsabilidad política de las decisiones administrativas adoptadas en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, su propia admisión de que debió advertir el problema revela el principal costo político del caso: aun cuando sostiene que no existió una infracción, reconoce que la contratación de una madre y su hija dentro de un mismo sector era, cuando menos, una decisión susceptible de generar cuestionamientos.

Es importante mencionar, que la Fiscalía Anticorrupción viene investigando todos los detalles del escándalo. Queda claro que al ministro Beingolea se le olvidó la reunión que tuvo en su despacho el 31 de julio con Sofía Aguayo Morales. En la investigación, las llamadas telefónicas, chats y documentos internos, serán clave para visibilizar la ruta de la orden que dio Beingolea para designar a la hija de su exsecretaria como gerente general de la BNP.

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Política

Tania Ramírez, José Antonio Chang y la Universidad de San Martín de Porres

La excongresista del partido de gobierno Fuerza Popular fue designada en la Derrama Magisterial en representación del Ministerio de educación, Ramírez mantiene una relación laboral en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) cuyo dueño es José Antonio Chang hoy titular del MINEDU durante el gobierno de Keiko Fujimori.

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3 días ago

31/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

La Resolución Ministerial N.° 440-2026-MINEDU incorporó a la excongresista Tania Ramírez García al directorio de la Derrama Magisterial, la institución que administra los aportes mensuales de los docentes del sector público. La designada por el ministro José Antonio Chang comparte espacio en ese directorio con profesionales delegados del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP).

Albertista vs keikista

Algunos representantes del partido oficialista Fuerza Popular han comenzado a manifestar opiniones contrarias respecto a la designación de Tania Ramírez.

La senadora del partido Fuerza Popular Martha Chávez exigió públicamente que el ministro Chang ofrezca explicaciones y remarcó: «Yo sí creo que merece una explicación ¡Inmediata!».

Por otro lado, la diputada Rosangela Barbarán al ser consultada sobre el particular, se mostró a favor de la designación mencionando que su excompañera de bancada: «me parece irrelevante el tema (…) la Sra. Tania es doctora o doctorante por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)».

De acuerdo a su declaración jurada la exrepresentante por Cajamarca, realizó estudios en el doctorado en política fiscal y sistema tributario en la UNMSM. Actualmente ostenta una maestría en gestión pública y un titulo profesional de Contador público por la Universidad César Vallejo. Ramírez trabajó como vendedora, como locadora de servicios para la UGEL Jaén y fue congresista por Fuerza Popular en el periodo 2021-2026.

El gobierno y la USMP

El primer ministro, Luis Galarreta Velarde del gobierno de Keiko Fujimori, sustentó recientemente su tesis titulada «La necesidad de incorporar el curso de Derecho Parlamentario en el plan de estudios de la carrera de Derecho para el fortalecimiento de la democracia» para obtener el título profesional de abogado. El asesor de esta investigación fue Ernesto Álvarez Miranda, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Además, Álvarez Miranda ocupó previamente el cargo de presidente del Consejo de ministros durante la gestión de José Jerí.

La tesis del premier sostiene la necesidad de incorporar el curso de Derecho Parlamentario en la carrera de Derecho y recoge las opiniones de: Mercedes Aráoz Fernández (economista y exministra), Juan Sheput (actual ministro de trabajo), Miguel Ángel Torres Morales (actual presidente del congreso y senado), Luis Iberico Núñez (excongresista), Marisol Espinoza (excandidata a la presidencia y con un amistad de antaño con el premier), Carlos Bruce (candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú) y Víctor Andrés García Belaunde (excongresista por Acción Popular). A través de entrevistas semiestructuradas, la investigación analiza el desconocimiento existente sobre la organización, funciones y procedimientos del Congreso y su impacto en la percepción ciudadana y la gobernabilidad democrática que tienen los egresados.

El vínculo de Tania Ramírez con la USMP

La hoja de vida presentada por Ramírez García ante el Jurado Nacional de Elecciones para su postulación al Congreso 2026 añade otro elemento al cuadro. La excongresista es docente en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) desde 2021, casa de estudios que Chang dirigió como rector y dueño durante casi tres décadas, desde 1996, cargo que delegó temporalmente al Ing. Raúl Bao García antes de asumir el Ministerio de Educación.

Su vínculo con la USMP tiene una segunda dimensión: en la misma declaración jurada figura como estudiante de Derecho en esa universidad, cursando el último ciclo (X ciclo) en el periodo 2025-II, sin haber egresado todavía. ¿El ministro Chang le solicitará a Álvarez que también sea el asesor de tesis de Tania Ramírez?

Es decir, al momento de su designación, Ramírez mantenía con la USMP una doble relación, docente y estudiante activa, de la institución que hasta hace poco dirigía el ministro que la nombró.

Silencio oficial

Ministro Rafael Rey.

Las fuentes consultadas dentro del Ministerio de Educación (Minedu) muestran también opiniones divididas sobre la situación de Ramírez. Por un lado, señalan que el ministro José Chang no se encuentra preocupado por este asunto y prefiere esperar a que disminuya la tensión política. Por otro lado, señalan que el ministro estaría recibiendo presiones desde el partido oficialista para exigir la renuncia de Ramírez.

Consultado sobre el caso, ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, evitó pronunciarse al respecto.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación no se ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública sobre los criterios utilizados para la designación ni sobre las coincidencias reportadas entre Ramírez y Chang.

Siga el consejo de la abogada Martha Chávez.

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Política

El mensaje de Josué Gutiérrez: ¿una advertencia, un globo de ensayo o una señal al fujimorismo?

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sorprendió al afirmar que si Keiko Fujimori disolviera el Congreso su popularidad podría aumentar entre 20 y 30 puntos. La frase cobra otra dimensión al recordar la fotografía de enero de 2023 que lo mostró reunido en un chifa con Miki Torres, Hernando Guerra García, Alberto Pinto Cáceres y Jaime Abensur Pinasco, cuatro personajes vinculados al fujimorismo. ¿Fue solo una opinión, una provocación para distraer la agenda o una forma de medir cuánto respaldo tendría una decisión extrema?

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3 días ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Foto: La República.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, acaba de pronunciar una de esas frases: “Si mañana Keiko Fujimori disuelve el Congreso va a subir 20 o 30 puntos en su popularidad”. Después vino la aclaración de rigor: “No estoy alentando, soy un demócrata”.

Pero el problema no está solamente en lo que dijo. Está en quién lo dijo, ante quién lo dijo y qué antecedentes rodean a Gutiérrez.

El Defensor del Pueblo no es un observador neutral de la política peruana. Fue congresista, militó en Perú Libre y fue abogado de Vladimir Cerrón. En mayo de 2023 llegó a la Defensoría del Pueblo con 88 votos, y entre ellos estuvieron los 23 congresistas de Fuerza Popular, que votaron en bloque por su candidatura.

Meses antes, en enero de aquel año, ocurrió una escena que hoy adquiere otro significado político. Una fotografía publicada por el diario La República mostró a Gutiérrez conversando en un chifa del centro de Lima con Miki Torres (actual presidente del senado), Hernando Guerra García, Alberto Pinto Cáceres y Jaime Abensur Pinasco (actual diputado y presidente de Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo), vinculados al entorno parlamentario y fujimorista. El propio Gutiérrez sostuvo entonces que no hubo una reunión política y que simplemente se trató de un saludo. El fotógrafo John Reyes, sin embargo, señaló que la conversación se prolongó durante más de quince minutos.

Foto: La República.

No se puede convertir aquella fotografía en prueba de un pacto secreto. Pero tampoco puede borrarse de la historia política. Porque en política las casualidades no existen.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿por qué el defensor del Pueblo introduce públicamente la hipótesis de que Keiko Fujimori podría disolver el Congreso y, además, le asigna un beneficio político concreto de entre 20 y 30 puntos de popularidad?

La Constitución no permite una disolución presidencial discrecional. El artículo 134 establece condiciones específicas vinculadas a la censura o negación de confianza a dos Consejos de Ministros y contempla, además, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias.

Por eso la frase de Gutiérrez no puede leerse únicamente como una opinión sociológica. Puede ser ruido político: lanzar una declaración extrema para dominar la conversación pública mientras otros problemas quedan desplazados.

Puede ser también una infotáctica, una manera de instalar una idea en la sociedad y medir inmediatamente la reacción de congresistas, partidos, medios y ciudadanía.

Y existe una tercera posibilidad, más delicada: medir la temperatura del país. En política, antes de ejecutar determinadas decisiones, muchas veces se tantea el terreno. Se lanza una idea, se observa quién protesta, quién la respalda, quién guarda silencio y cuánto cuesta políticamente sostenerla.

Eso no demuestra que exista un plan para cerrar el Congreso. No hay evidencia suficiente para afirmarlo. Pero sí existe un hecho político verificable: Gutiérrez colocó esa posibilidad en el debate nacional y, al mismo tiempo, presentó la disolución como una eventual fuente de popularidad presidencial.

Y eso resulta particularmente llamativo cuando se recuerda que su llegada a la Defensoría contó con el respaldo decisivo del fujimorismo. La pregunta, entonces, no es solamente qué quiso decir Josué Gutiérrez. La verdadera pregunta es para quién fue dicho el mensaje.

Porque a veces una declaración no sirve para anunciar una decisión. Sirve para saber cuánto cuesta tomarla.

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Política

Fiscalía Anticorrupción tras los pasos del ministro Alberto Beingolea [VIDEO]

Lima Gris puso bajo la lupa la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Edwin Cavello, Luis Felipe Alpaca y Hans Herrera Núñez analizaron las cuestionadas contrataciones, el presunto clientelismo y la falta de experiencia del ministro Alberto Beingolea, a solo un mes del inicio del gobierno de Keiko Fujimori.

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4 días ago

30/08/2026

Redacción Lima Gris

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción en las oficinas centrales del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú fue el eje del último programa de Lima Gris, transmitido por radio Planicie 91.5 FM. El equipo abordó las denuncias periodísticas que habrían puesto bajo la lupa a funcionarios y contrataciones realizadas durante la gestión del ministro Alberto Beingolea.

Edwin Cavello abrió el programa contextualizando el origen de la investigación. Según explicó, la intervención fiscal se realizó por un informe periodístico de publicado en Lima Gris sobre los manejos internos del Ministerio de Cultura y, particularmente, con la llegada de personas vinculadas al Partido Popular Cristiano (PPC) a cargos y puestos de confianza. El punto más cuestionado, señaló, no sería únicamente su procedencia política, sino la ausencia del perfil profesional requerido para determinadas funciones.

Cavello puso especial énfasis en el caso de una funcionaria vinculada al entorno del ministro y en la contratación posterior de su madre mediante una orden de servicio por S/ 32.500. Para el conductor del programa de radio Lima Gris, estos hechos formarían parte de un problema mayor. Adelantó, además, que el medio publicará información sobre otros personajes vinculados al PPC que actualmente trabajan en el Ministerio de Cultura, con nombres y documentación.

Luis Felipe Alpaca sostuvo que el caso revela una práctica que, en su opinión, se ha repetido durante diferentes gobiernos. Comparó el episodio con anteriores escándalos de contrataciones en el Estado y advirtió que, con menos de un mes de gestión, este caso se ha convertido en el primer gran escándalo de presunta corrupción que golpea al gobierno de Fuerza Popular. También consideró que mantener al ministro podría generar un mayor costo político para la presidenta Keiko Fujimori.

Hans Herrera Núñez llevó el debate hacia una discusión más profunda: la crisis institucional del Ministerio de Cultura. Cuestionó lo que considera improvisación, amiguismo, compadrazgo y pago de favores políticos. Su posición fue particularmente radical: planteó incluso evaluar la desaparición del Ministerio de Cultura, al considerar que su funcionamiento no estaría produciendo los resultados esperados y que, en casos como Nasca, su inacción habría contribuido al deterioro de la protección del patrimonio.

El programa también cuestionó el perfil de Beingolea para dirigir el sector. Cavello y sus panelistas coincidieron en que su trayectoria política y comunicacional no necesariamente lo prepara para conducir una cartera especializada en patrimonio, industrias culturales e interculturalidad. Para Alpaca, el Ministerio se ha convertido en una suerte de agencia de empleos, mientras los artistas continúan enfrentando dificultades para acceder a apoyo institucional.

Finalmente, la intervención fiscal abre una nueva etapa de escrutinio sobre una cartera que, lejos de estar dedicada exclusivamente a proteger el patrimonio y promover la cultura, vuelve a quedar en el centro de las denuncias por presuntas irregularidades, contrataciones cuestionadas y decisiones políticas.

Aquí el video del programa.

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Política

66 facultades para 120 días: el amplio poder legislativo que Keiko Fujimori pide al Congreso

Seguridad, terrorismo, empleo, tasas de interés, minería, turismo, agua, SEDAPAL y hasta la derogación del Colegio Profesional de Artistas están incluidos en el paquete presentado por el Ejecutivo. El Congreso deberá decidir cuánto de ese poder está dispuesto a entregar al Gobierno.

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5 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha puesto sobre la mesa uno de sus primeros grandes desafíos políticos: obtener del Congreso facultades para legislar durante 120 días y modificar un amplio conjunto de normas que atraviesan prácticamente todos los sectores estratégicos del Estado.

El proyecto fue presentado con carácter de “MUY URGENTE”, mediante el Oficio N.° 245-2026-PR, y contempla 66 solicitudes distribuidas en ocho materias. La PCM confirmó oficialmente que el pedido busca fortalecer la seguridad ciudadana, dinamizar la economía, modernizar el Estado y atender problemas vinculados con infraestructura, vivienda y saneamiento.

La magnitud del pedido obliga, sin embargo, a mirar cada bloque por separado. No todos tienen el mismo peso político ni las mismas consecuencias para los ciudadanos.

1. Seguridad: el corazón político del pedido

El primer bloque es, claramente, el que tiene mayor impacto político. El Gobierno pretende modificar normas penales, procesales, penitenciarias, policiales, migratorias y relacionadas con el uso de la fuerza.

Hay medidas que responden directamente a problemas que hoy preocupan a la ciudadanía: rastreo y geolocalización de celulares, bloqueo de equipos utilizados ilícitamente, control de comunicaciones desde las cárceles, armas, explosivos, criminalidad organizada y reincidencia.

La propuesta también busca permitir una participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo dentro de establecimientos penitenciarios.

Pero hay dos puntos especialmente sensibles.

El primero es la posibilidad de establecer un régimen de libertad vigilada postpenitenciaria para condenados por delitos considerados de alta peligrosidad, lesividad o carácter pluriofensivo. El segundo es la creación de un marco legal para declarar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, además de establecer un sistema de clasificación y registro.

Este último asunto no aparece en el vacío. El propio Congreso ya había discutido durante 2026 una propuesta para incorporar la figura de las organizaciones terroristas y crear una lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

Por tanto, el Ejecutivo está incorporando a su pedido una materia que ya se encontraba en debate parlamentario. La pregunta periodística será si la delegación agilizará una respuesta contra estructuras criminales o si trasladará al Ejecutivo una discusión que, por su trascendencia, el Congreso debería resolver directamente.

La legítima defensa

Otro punto delicado es la propuesta de establecer una presunción iuris tantum de inocencia respecto de la racionalidad de la respuesta de quien ejerce la legítima defensa.

La discusión no es menor. Una cosa es proteger al ciudadano que repele una agresión real y otra establecer reglas que puedan dificultar posteriormente la investigación de un uso excesivo de la fuerza.

El Congreso tendrá que precisar hasta dónde llega la protección jurídica del ciudadano y dónde comienza la obligación del Estado de investigar una eventual respuesta desproporcionada.

Armas y áreas naturales protegidas

El Ejecutivo también pretende regular armas de fuego, municiones, explosivos y pirotecnia, así como autorizar el uso de armas no letales y equipamiento especial para quienes realizan vigilancia y control en áreas naturales protegidas.

Aquí aparece una dimensión que va más allá de la seguridad urbana: el Estado busca fortalecer la capacidad operativa de quienes custodian territorios naturales frente a actividades ilegales.

2. MYPE: formalizar, financiar y facilitar negocios

El segundo bloque está orientado a las micro y pequeñas empresas.

El Ejecutivo plantea fortalecer la formalización voluntaria, el factoring y el ecosistema de emprendimiento innovador. También pretende modificar la regulación de las sociedades por acciones cerradas simplificadas y fortalecer la Red CITE y ProInnóvate.

En términos económicos, la lógica es clara: reducir obstáculos para que pequeñas empresas puedan formalizarse, acceder a financiamiento y crecer.

El riesgo, sin embargo, está en que la flexibilización empresarial no termine convirtiéndose en una reducción de estándares que protegen a trabajadores, consumidores o competidores formales.

El Congreso deberá preguntarse qué entiende exactamente el Ejecutivo por “formalización” y qué obligaciones pretende simplificar.

3. Trabajo: productividad, jóvenes y un nuevo debate sobre los feriados

El bloque laboral introduce varias modificaciones relevantes.

Una de ellas es el desarrollo de políticas para empleo, empleabilidad y autoempleo juvenil. Otra busca modificar las competencias de SUNAFIL mediante un modelo preventivo, focalizado y basado en resultados.

Sobre el papel, puede ser una reforma razonable: una inspección laboral que no solamente sancione después de producido el incumplimiento, sino que también prevenga y oriente.

Pero el punto que probablemente generará mayor discusión es el de los bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo en el sector privado.

El Ejecutivo sostiene que estos mecanismos permitirían incentivar la productividad y mejorar los ingresos. Los sindicatos y especialistas laborales, en cambio, podrían cuestionar si determinados conceptos que actualmente forman parte de la remuneración podrían terminar siendo trasladados a mecanismos variables sin los mismos efectos laborales.

También se plantea modificar el régimen de feriados no laborables, con la intención de optimizar su utilización, aumentar la productividad y promover el turismo.

Aquí aparece una contradicción interesante: reducir o modificar feriados puede favorecer la productividad en determinadas actividades, pero también puede afectar al turismo interno, que depende precisamente de los fines de semana largos.

Por eso, la reforma no debería analizarse solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde la política turística.

4. Simplificación administrativa: menos burocracia, pero una derogación políticamente significativa

El cuarto bloque apunta a uno de los problemas estructurales del país: la burocracia.

El Ejecutivo quiere modificar las reglas de los procedimientos administrativos, impulsar la transformación digital, fortalecer las credenciales digitales y firmas electrónicas y ampliar el concepto de barrera burocrática.

La finalidad es evidente: reducir tiempo, costos y trámites tanto para ciudadanos como para empresas.

Pero dentro de este paquete aparece una disposición que, aunque pequeña en términos económicos, tiene una fuerte carga política y cultural: la derogación de la Ley N.° 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El Ejecutivo no está planteando simplemente modificar esa institución: está solicitando facultades para eliminar la norma que la creó.

El caso merece especial atención porque el Colegio Profesional de Artistas fue creado recientemente y su derogación mediante decreto legislativo abriría un debate sobre los límites de una delegación de facultades y sobre la conveniencia de que una institución de naturaleza profesional sea eliminada sin una discusión parlamentaria específica.

Para el sector cultural, este es probablemente uno de los puntos más sensibles de todo el paquete.

5. Desarrollo productivo: el bloque más grande y económicamente estratégico

El quinto bloque es probablemente el más extenso y heterogéneo.

Incluye agricultura, riego, agua, pesca, acuicultura, minería, hidrocarburos, electricidad, turismo, ambiente, recursos naturales e infraestructura industrial.

Es, en la práctica, un paquete de reformas económicas.

Agricultura

Se propone modificar las reglas de sanidad agraria, inocuidad alimentaria, semillas, cooperativas agrarias y seguros agrícolas.

También aparece el certificado de cosecha electrónico como título valor, que puede convertirse en una herramienta financiera para productores agrícolas.

Asimismo, se plantea modificar las reglas de saneamiento físico-legal de predios rurales y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

La orientación general es aumentar la bancarización, formalización, productividad y capacidad de financiamiento del sector agrario.

Agua y riego

El Gobierno pretende modificar la Ley de Recursos Hídricos y otras normas para acelerar la disponibilidad de terrenos destinados a infraestructura hidráulica y de riego.

El objetivo es atacar uno de los grandes cuellos de botella de la inversión pública: proyectos que cuentan con presupuesto o estudios, pero que no pueden ejecutarse porque existen problemas con terrenos, interferencias o saneamiento físico-legal.

El peligro es conocido: acelerar procedimientos puede reducir tiempos, pero también puede aumentar conflictos si la liberación de predios no incorpora suficientes garantías para propietarios y comunidades.

Pesca

El Ejecutivo propone formalizar embarcaciones artesanales del ámbito continental y crear un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal de naturaleza privada.

La idea apunta a financiar al sector sin recurrir al Tesoro Público.

La clave estará en saber quién administrará el fondo, quiénes podrán acceder a él y cuáles serán los mecanismos de transparencia y fiscalización.

Minería

La minería ocupa un lugar central. El Ejecutivo busca actualizar las reglas sobre concesiones y títulos habilitantes para otorgar mayor seguridad jurídica y promover inversiones privadas.

Aquí aparece una de las principales apuestas económicas del Gobierno: destrabar inversiones mediante cambios regulatorios.

La discusión será si la “seguridad jurídica” se traducirá en mayor predictibilidad para los inversionistas sin debilitar las exigencias ambientales, sociales y territoriales.

Hidrocarburos y electricidad

El paquete también busca promover inversiones en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos e incorporar la petroquímica.

Asimismo, se propone actualizar la Ley de Concesiones Eléctricas y otras normas del sector.

Esto revela que el Gobierno no está pensando únicamente en una política de corto plazo contra la inseguridad: pretende utilizar la delegación para rediseñar condiciones de inversión en sectores estratégicos.

Turismo

Aunque aparece casi escondido dentro de una larga lista de materias, el turismo también está incluido.

Esto resulta relevante porque el Gobierno vincula turismo, infraestructura, feriados, inversión privada y desarrollo productivo.

El pedido, sin embargo, no presenta al turismo como un bloque autónomo de gran profundidad, sino como parte del paquete económico general. Para un país con problemas de infraestructura turística, protección patrimonial y conectividad, habrá que evaluar si los futuros decretos realmente atacarán esos problemas o se concentrarán en facilitar inversiones.

6. Tasas de interés y sistema financiero: uno de los cambios con mayor impacto cotidiano

Este es uno de los puntos que probablemente generará mayor controversia económica.

El Ejecutivo pretende eliminar las disposiciones relacionadas con los topes a las tasas de interés incorporados por la Ley N.° 31143.

En términos sencillos: busca desmontar el régimen de límites a las tasas máximas que pueden cobrar determinadas entidades financieras.

El argumento a favor es que los topes pueden distorsionar el mercado y reducir el acceso al crédito para personas consideradas de mayor riesgo.

El argumento contrario es que eliminarlos puede aumentar el costo del crédito para consumidores vulnerables.

El Congreso deberá, por tanto, analizar una cuestión que afecta directamente a millones de usuarios del sistema financiero.

El proyecto incorpora además una medida de inclusión financiera: permitir que menores de 12 años en adelante puedan acceder a cuentas de ahorro bancarias bajo el nuevo marco que se establezca.

La medida podría facilitar la educación financiera y la bancarización temprana, pero exigirá mecanismos sólidos de protección frente al fraude, captación indebida de datos y uso irregular de cuentas de menores.

7. APP y ProInversión: más protagonismo para la inversión privada

El Ejecutivo busca que los inversionistas puedan asumir determinadas labores relacionadas con estudios técnicos y liberación de interferencias en proyectos de Asociación Público-Privada.

También plantea reestructurar el Consejo Directivo de ProInversión y modificar las reglas para adquisición y expropiación de predios.

La filosofía es acelerar proyectos.

El problema es que precisamente las APP requieren controles fuertes porque involucran recursos públicos, compromisos de largo plazo y contratos complejos.

Por eso, cualquier modificación que otorgue mayor capacidad de intervención al privado deberá ser acompañada de reglas claras de transparencia, competencia, supervisión y protección del interés público.

8. Tributos, aduanas y comercio: facilitar el comercio y combatir el trabajo forzoso

El sexto bloque —tributario y aduanero— busca modificar el Código Tributario, los regímenes tributarios y las normas aduaneras.

La intención es reducir costos y tiempos y facilitar el comercio exterior.

Pero también incorpora un componente de derechos humanos: medidas destinadas a prevenir y erradicar mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Asimismo, se plantea modificar Obras por Impuestos para incorporar infraestructura vinculada con gestión del riesgo de desastres, defensa civil y viviendas rurales para damnificados, además de IOARR de emergencia.

Esta medida cobra especial importancia en un país expuesto a lluvias, inundaciones, huaicos y otros eventos climáticos.

9. Reforma del Estado: meritocracia, salidas de servidores y SEDAPAL

El bloque de modernización estatal toca directamente el aparato público.

El Gobierno quiere establecer reglas de idoneidad para el ejercicio de la función pública y crear incentivos económicos voluntarios para la salida de servidores públicos.

El proyecto, según la información difundida, establece que estas medidas no habilitarían el despido de trabajadores que cuentan con estabilidad laboral.

Aquí se abre una discusión fundamental: modernizar el Estado no significa necesariamente reducir personal. La pregunta será si el objetivo es mejorar capacidades, eliminar duplicidades y profesionalizar la administración o simplemente disminuir el tamaño de determinadas entidades.

También se plantea modificar el marco del Sistema Nacional de Inteligencia y de la DINI.

SEDAPAL

Uno de los puntos menos visibles políticamente puede ser uno de los más importantes para Lima: la reestructuración de SEDAPAL.

El Gobierno argumenta que existen riesgos operativos, comerciales, económicos y financieros que comprometen la prestación del servicio de agua y saneamiento.

Cualquier intervención sobre SEDAPAL tendrá una repercusión directa sobre millones de limeños. Por ello, la discusión no debería limitarse a la eficiencia empresarial: también debe abordar continuidad del servicio, tarifas, inversiones, expansión de redes y seguridad hídrica.

INDECI

También se propone que INDECI pueda entregar directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia.

La lógica es evitar la lentitud burocrática cuando una población necesita alimentos, agua, abrigo o herramientas de emergencia.

En este punto existe una justificación particularmente fuerte: en situaciones de desastre, días de demora pueden significar vidas y pérdidas materiales mayores.

10. Vivienda y saneamiento: acelerar casas, agua y subsidios

El último gran bloque está dedicado a vivienda y saneamiento.

El Ejecutivo pretende facilitar proyectos de Vivienda de Interés Social, establecer mecanismos especiales para resolver problemas de factibilidad de servicios y crear procedimientos registrales especiales para este tipo de proyectos.

También plantea modificar los bonos habitacionales y los mecanismos de apoyo a damnificados.

En materia de agua potable, propone crear un Esquema Integral de Subsidios Cruzados Focalizados.

La propuesta puede tener un impacto importante si logra que los subsidios beneficien realmente a los hogares que los necesitan, evitando que los sectores de mayores ingresos reciban subsidios que no les corresponden.

También se plantean cambios relacionados con el acceso universal al agua y las inspecciones de seguridad en edificaciones.

¿Qué está pidiendo realmente el Gobierno?

El proyecto de Keiko Fujimori no puede ser leído solamente como una solicitud para combatir la delincuencia.

Es, en realidad, un programa legislativo acelerado para los primeros meses de gobierno.

El Ejecutivo busca intervenir simultáneamente en cuatro grandes frentes:

1. Orden y seguridad:
Código Penal, criminalidad organizada, terrorismo, armas, cárceles, migración, celulares y Fuerzas Armadas.

2. Reactivación económica:
MYPE, minería, hidrocarburos, electricidad, agricultura, pesca, APP, factoring y sistema financiero.

3. Reforma del Estado:
Servicio civil, SUNAFIL, digitalización, SEDAPAL, INDECI y simplificación administrativa.

4. Infraestructura y servicios:
Agua, vivienda, riego, saneamiento, prevención de desastres y proyectos de inversión.

La amplitud es precisamente su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su principal riesgo.

La Constitución permite que el Congreso delegue facultades legislativas al Ejecutivo mediante decretos legislativos, pero exige que la delegación se refiera a materias específicas y por un plazo determinado. El Tribunal Constitucional ha reiterado que existen límites formales, materiales y temporales y que no pueden delegarse materias que son indelegables a la Comisión Permanente.

Por ello, el Congreso no debería limitarse a responder si está “a favor” o “en contra” del paquete. Su tarea será determinar qué facultades son suficientemente específicas, cuáles necesitan ser acotadas y cuáles deberían permanecer bajo discusión parlamentaria ordinaria.

El antecedente inmediato demuestra que las facultades pueden producir una gran cantidad de cambios en poco tiempo. En diciembre de 2025, el Congreso aprobó la Ley N.° 32527 y otorgó al Ejecutivo 60 días para legislar en seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. Esa delegación permitió la aprobación de 48 medidas urgentes.

Ahora el Gobierno solicita el doble de tiempo y un campo de acción considerablemente más amplio.

La verdadera prueba para el Congreso

La presidenta Keiko Fujimori ha pedido “celeridad” al Parlamento y ha apelado al “sentido común” para que el Estado pueda trabajar con mayor velocidad.

La rapidez puede ser necesaria. Pero en una democracia constitucional celeridad no significa cheque en blanco.

El Congreso tendrá que decidir si entrega las 66 facultades tal como fueron planteadas, si las reduce, si las divide por materias o si excluye aquellas que considera demasiado amplias o políticamente sensibles.

Los temas más delicados estarán en seguridad y terrorismo, legítima defensa, uso de la fuerza, tasas de interés, empleo privado, minería, expropiaciones, reestructuración del Estado, SEDAPAL y la derogación del Colegio Profesional de Artistas.

En otras palabras, detrás de las 66 solicitudes existe una pregunta mucho mayor:

¿Quiere el Congreso darle al Gobierno de Keiko Fujimori velocidad para gobernar o una capacidad extraordinaria para rediseñar buena parte del Estado durante sus primeros 120 días?

La respuesta definirá no solamente el alcance de este paquete legislativo, sino también el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso durante los primeros meses de esta administración.

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Política

Expremier Guido Bellido cuestiona gestión de Alberto Beingolea y pide a Keiko Fujimori evaluar su permanencia en Cultura

El expremier cuestionó las contrataciones de una madre y su hija vinculadas al entorno del ministro y advirtió que el Ministerio de Cultura no debe convertirse en un espacio para colocar allegados políticos.

Published

6 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

La gestión de Alberto Beingolea al frente del Ministerio de Cultura enfrenta un nuevo cuestionamiento. Esta vez, el expremier Guido Bellido Ugarte puso en duda los criterios utilizados para determinadas contrataciones en el sector y pidió a la presidenta Keiko Fujimori evaluar seriamente la continuidad del actual titular del Mincul.

A través de un mensaje, Bellido centró su crítica en el caso de las contrataciones de una madre y su hija, a quienes vinculó con el entorno del ministro. Para el exjefe del Gabinete, esta situación vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de garantizar que los puestos dentro del Estado respondan a criterios profesionales y técnicos, y no a relaciones de cercanía política.

“¿Se está priorizando el perfil profesional o la cercanía política?”, cuestionó Bellido, al referirse a las decisiones adoptadas durante la gestión de Beingolea.

El exministro y excongresista sostuvo que el Ministerio de Cultura no puede convertirse en una “agencia de empleos del PPC” ni en un espacio destinado a la colocación de allegados. Con ello, apuntó directamente al Partido Popular Cristiano, agrupación a la que pertenece Beingolea, y planteó dudas sobre la influencia política en la conformación de los equipos que acompañan al ministro.

Bellido también dirigió su mensaje a la presidenta Keiko Fujimori. Consideró que, si el Gobierno busca preservar su imagen, debería revisar la situación generada alrededor del Ministerio de Cultura y exigir que las contrataciones y designaciones se realicen bajo criterios de mérito, transparencia y cumplimiento de los perfiles técnicos.

“El Ministerio de Cultura no puede convertirse en una agencia de empleos del PPC ni en un espacio para colocar allegados”, afirmó el expremier.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que viene acumulando la administración de Beingolea en el sector cultural. El debate no solo alcanza al ministro, sino también a los mecanismos mediante los cuales se incorporan funcionarios y servidores a una cartera que administra importantes recursos públicos y tiene bajo su responsabilidad la protección del patrimonio cultural del país.

La controversia plantea así una pregunta que trasciende el caso particular de las contrataciones señaladas por Bellido: ¿las posiciones dentro del Ministerio de Cultura están siendo ocupadas por personas seleccionadas por su experiencia y especialización, o por vínculos de confianza y cercanía política?

Por ahora, el cuestionamiento político está planteado. La respuesta deberá pasar por la transparencia de las contrataciones, la revisión de los perfiles profesionales y, sobre todo, por las explicaciones que correspondan desde el propio Ministerio de Cultura. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción sigue invesntigando.

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Política

¿Un despacho presidencial paralelo? Keiko Fujimori y las reuniones en un spa de La Victoria

La realización de encuentros de la mandataria fuera de los espacios institucionales, sin información pública suficiente sobre sus participantes, motivos y eventuales resultados, abre un serio debate sobre transparencia y rendición de cuentas. Se debe esclarecer que se habló en esos encuentros cuando Keiko ya había sido declarada presidenta electa.

Published

2 semanas ago

22/08/2026

Redacción Lima Gris

La imagen resulta, cuando menos, incómoda para un gobierno que debería tener como regla la transparencia: una presidenta de la República que sostuvo reuniones con un empresario extranjero en un centro de masajes ubicado en La Victoria, lejos de los espacios habituales. Palacio de Gobierno debe responder qué se habló allí, quiénes participaron, qué intereses estuvieron sobre la mesa.

Según la información periodística difundida por el semanario Hildebrandt en sus trece, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, compartió reuniones con la presidenta Keiko Fujimori en el Spa Tomyko, ubicado en La Victoria. En una de sus reuniones Keiko ya había sido declarada presidenta electa.

Presidenta Fujimori en auto frente a Spa Tomyko. Foto: Hildebrandt en sus trece.

El fantasma de Sarratea

El antecedente político inevitable es el caso de Pedro Castillo y las reuniones que sostuvo en una vivienda del jirón Sarratea, en Breña.

Aquellas reuniones provocaron una profunda controversia porque se desarrollaban fuera de Palacio de Gobierno y generaron dudas sobre quiénes tenían acceso al entonces presidente y qué asuntos se discutían al margen de los mecanismos habituales de transparencia.

La comparación no significa afirmar que ambos casos sean jurídicamente iguales. Pero existe una similitud política que no puede ignorarse: el riesgo de que el poder se desplace hacia espacios privados donde disminuyen los mecanismos de control y escrutinio público.

Expresidente Pedro Castillo y sus visitas al inmueble del pasaje Sarratea.

Por eso, la pregunta que debe responder el Gobierno de Keiko Fujimori es concreta: ¿el spa de La Victoria se convirtió en un espacio para tratar asuntos vinculados al Estado?

La ruta que debe seguir la investigación

El primer paso debería ser establecer si las reuniones fueron registradas en una agenda oficial. También debe determinarse quién coordinó el encuentro, quién acompañó a la mandataria, cuál fue su motivo y si existieron posteriores reuniones entre el empresario y funcionarios del Ejecutivo.

La investigación debería seguir una línea temporal: reunión, contactos posteriores, gestiones administrativas y eventuales decisiones del Estado. Ese recorrido puede ser mucho más revelador que la reunión misma.

Si después del encuentro aparecen gestiones ante ministerios, organismos públicos, autorizaciones, contratos, inversiones o decisiones administrativas vinculadas con los intereses del empresario, la controversia adquiriría una dimensión mucho mayor.

En ese escenario ya no estaríamos ante una cuestión meramente protocolar, sino ante la necesidad de determinar si existió una gestión de intereses.

¿Qué debe hacer el Congreso?

El Congreso debe investigar si el Spa Tomyko funciona como un “despacho paralelo” para la actual presidente Keiko Fujimori.

La Comisión de Fiscalización podría solicitar inicialmente la agenda presidencial, los registros de visitas, la información disponible sobre las personas que participaron en las reuniones y los documentos relacionados con eventuales gestiones posteriores.

También debería requerirse información sobre las empresas y actividades que representa el empresario argentino, así como sobre cualquier expediente o decisión administrativa que pudiera guardar relación con los asuntos tratados.

Si aparecen indicios suficientes, el Parlamento podría evaluar la conformación de una comisión investigadora con facultades específicas. El objetivo no debería ser construir una acusación política contra Fujimori, sino responder una pregunta institucional mucho más importante: ¿se está tomando alguna decisión de Estado fuera de los canales formales y sin la debida trazabilidad?

Palacio debe responder, no refugiarse en el silencio

La reacción del Gobierno será determinante. Keiko debería explicar públicamente la naturaleza de estas reuniones y proporcionar la información que corresponda. Una respuesta basada únicamente en que la presidenta tiene derecho a la privacidad sería insuficiente. Recordemos que una de sus reuniones con el empresario argentino se dio cuando Fujimori Higuchi, ya había sido declarada presidenta electa.

El Gobierno tiene una oportunidad para despejar las dudas: transparentar las reuniones, identificar a los participantes, explicar los motivos y precisar si hubo alguna consecuencia administrativa o política posterior.

Empresario argentino Damián Valenzuela Mayer. Foto: Hildebrandt en sus trece.

Pero si opta por minimizar los hechos, entregar versiones contradictorias o mantener en reserva información que debería ser pública, el costo político aumentará.

Porque el problema sería que una parte del ejercicio del poder se estaría trasladando deliberadamente a espacios privados donde resulta más difícil saber quién entra, qué se negocia y qué decisiones se toman. Y esa es precisamente la lección que dejó Sarratea.

La pregunta que importa continúa sin responderse: ¿qué asuntos de Estado se discutieron en ese spa de La Victoria y qué decisiones se tomaron después?

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Política

Exministra de Educación Flor Pablo Medina se benefició de la Ley Soto

La Fiscalía Anticorrupción de Lima confirma que la acción penal contra la excongresista y exministra de Educación Flor Pablo se extinguió tras la aplicación de la llamada «Ley Soto»; el proceso investigaba irregularidades en un contrato de transporte de materiales educativos suscrito en 2014.

Published

2 semanas ago

20/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

La Primera fiscalía provincial de Lima a cargo del fiscal investigó a la exministra de Educación, Flor Pablo Medina durante la gestión de Martín Vizcarra, por el presunto delito de negociación incompatible (Carpeta Fiscal N.º 506015505-2015-444-0).

El fiscal Néstor Rivera Navarro, sostenía que los hechos habrían ocurrido cuando Medina se desempeñaba como directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación (Minedu). Y solicitó 4 años y 8 meses de prisión en su contra en 2020 por negociación incompatible, en agravio del Estado.

El proceso penal se tramita ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, órgano especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos.

La fiscalía sostenía que los implicados habrían modificado sin justificación el Contrato N.º 002-2014-MINEDU y su adenda del 30 de julio de 2014, lo cual perjudicó económicamente al Ministerio de Educación y benefició directamente al Consorcio Lucar-Alcarraz, representado por Vidal Alcarraz Rivera y Francy Omar Alcarraz Serna.

Además de Pablo Medina, la investigación fiscal incluía a otras trece personas entre exmiembros del ministerio y representantes de la empresa privada. Los investigados son Manuel Cox Ganoza, José Bellido Suárez, José García Córdova, Arnold Camones Jara, Patricia Espichan Cuadros, Jimmy Santos Quiroz Caycho, Daniel Gaspar Lagua, Miriam Jessica Arias Gamarra, Jorge Martín Gómez Herrera, Lupita del Rosario Domínguez Odar, Lilly Rocío Vivanco Montoya, junto con los empresarios Alcarraz Rivera y Alcarraz Serna.

Defensa legal pagada por el ministerio de Educación

Pese a que la excongresista Pablo Medina rechazó públicamente los cargos argumentando que dejó la dirección de Educación Primaria antes de ocurrir los hechos investigados. Solicitó defensa legal y en octubre de 2017, el Ministerio de Educación autorizó financiar la defensa legal de la exfuncionaria (Resolución N.º 293-2017-MINEDU).

El archivamiento por prescripción

El 18 de agosto de 2023, durante la entrevista con el periodista Jaime Chincha, la entonces congresista Flor Pablo cuestionaba como el congresista Soto usara la Ley N.º 31751, para acogerse a la prescripción: “Luego aprovecharse de la ley de prescripción, claro, él dice no fue de mi autoría, por favor. Votó a favor en su momento y luego al final se termina beneficiando, pero el trámite no lo hizo él, lo hizo su abogado. se lavaba las manos por todos lados”. La excongresista Pablo Medina, también se benefició de la Ley.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima declaró la extinción de la acción penal por prescripción a favor de los 14 investigados, incluido Pablo Medina, en el caso de negociación incompatible (Resolución N.º 33, del 20 de abril de 2026). Como consecuencia de la prescripción, el órgano judicial dispuso el archivo definitivo (sobreseimiento) del caso.

La decisión de prescribir el caso se dio de oficio. El juez aplicó la prescripción directamente al advertir que el plazo de persecución penal había vencido, bajo el nuevo criterio establecido por el Tribunal Constitucional (TC).

La resolución que archivó el caso quedó firme (consentida) el 9 de abril de 2026, tras el fallo del TC del 22 de enero de 2026 (Expediente N.º 00013-2024-PI/TC). En dicha sentencia, el TC declaró constitucional la Ley N.º 31751 (conocida como «Ley Soto»), la cual limita a un año como máximo la suspensión del plazo de prescripción.

Según informó el diario La República en el caso contra Pablo, la demora en la entrega de dicho material educativo significó un retraso de 187 días y ocasionó un perjuicio de S/ 4 millones al Estado por el tiempo de almacenaje.

Según el informe del fiscal Jorge Reyes Huamán: “el estado actual de la Carpeta Fiscal N.º 444-2015; se encuentra pendiente de resolverse lo correspondiente a la REPARACIÓN CIVIL, audiencias en las que ya no forma parte el Ministerio Público, quedando pendiente la ANULACIÓN DE REGISTRO (SGF)”.

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