Exministra de Educación Flor Pablo Medina se benefició de la Ley Soto

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El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, órgano especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos, dispuso el archivo definitivo del caso contra la exministra de Educación Flor Pablo Medina. Esta resolución, dictada con fecha 20 de abril de 2026 (Resolución N.º 33), extinguió la acción penal por prescripción a favor de los catorce investigados, incluida la excongresista en el asunto de negociación incompatible. La decisión se tomó de oficio, al advertir que el plazo de persecución penal había vencido bajo el nuevo criterio establecido por el Tribunal Constitucional (TC). Es importante precisar que la resolución archivadora quedó firme y consentida el 9 de abril de este año, tras el fallo del TC del 22 de enero de 2026. En dicha sentencia, el máximo tribunal declaró constitucional la Ley N.º 31751, conocida como «Ley Soto», la cual limita a un año como máximo la suspensión del plazo de prescripción.

Luego, aprovechándose de la ley de prescripción para acogerse a ella, se cuestiona el uso político. Durante una entrevista con el periodista Jaime Chincha, el entonces congresista Flor Pablo expresaba su crítica hacia cómo el congresista Soto usara la Ley N.º 31751: «Luego aprovecharse de la ley de prescripción, claro, él dice no fue de mi autoría, por favor. Votó a favor en su momento y luego al final se termina beneficiando, pero el trámite no lo hizo él, lo hizo su abogado. se lavaba las manos por todos lados». Ironías del destino: La excongresista Pablo Medina también se benefició de la Ley.

Para entender el origen de este conflicto, hay que retroceder a la gestión de Martín Vizcarra. Allí fue cuando la Primera fiscalía provincial de Lima a cargo del fiscal Néstor Rivera Navarro investigó a la exministra de Educación. El proceso se tramitaba bajo la carpeta N.º 506015505-2015-444-0, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El fiscal sostenía que los hechos habrían ocurrido cuando Medina se desempeñaba como directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación (Minedu). Por ello, solicitó 4 años y 8 meses de prisión en su contra en 2020 por negociación incompatible. La investigación fiscal apuntaba a que los implicados habían modificado sin justificación el Contrato N.º 002-2014-MINEDU y su adenda del 30 de julio de 2014, lo cual perjudicó económicamente al Ministerio de Educación y benefició directamente al Consorcio Lucar-Alcarraz.

Dicho consorcio estaba representado por Vidal Alcarraz Rivera y Francy Omar Alcarraz Serna. Además de Pablo Medina, la investigación fiscal incluía a otras trece personas entre exmiembros del ministerio y representantes de la empresa privada. Los investigados son Manuel Cox Ganoza, José Bellido Suárez, José García Córdova, Arnold Camones Jara, Patricia Espichan Cuadros, Jimmy Santos Quiroz Caycho, Daniel Gaspar Lagua, Miriam Jessica Arias Gamarra, Jorge Martín Gómez Herrera, Lupita del Rosario Domínguez Odar, Lilly Rocío Vivanco Montoya, junto con los empresarios Alcarraz Rivera y Alcarraz Serna.

Defensa legal pagada por el ministerio de Educación

Pese a que la excongresista Pablo Medina rechazó públicamente los cargos argumentando que dejó la dirección de Educación Primaria antes de ocurrir los hechos investigados, solicitó defensa legal. En octubre de 2017, el Ministerio de Educación autorizó financiar la defensa legal de la exfuncionaria mediante la Resolución N.º 293-2017-MINEDU.

Según el informe del fiscal Jorge Reyes Huamán, el estado actual de la Carpeta Fiscal N.º 444-2015 se encuentra pendiente de resolverse lo correspondiente a la REPARACIÓN CIVIL y audiencias en las que ya no forma parte el Ministerio Público, quedando pendiente la ANULACIÓN DE REGISTRO (SGF). En este contexto judicial, según informó el diario La República, la demora en la entrega de dicho material educativo significó un retraso de 187 días y ocasionó un perjuicio de S/ 4 millones al Estado por el tiempo de almacenaje. El premier Luis Galarreta llegó este jueves al Congreso con un discurso diseñado para transmitir autoridad, orden y capacidad de gestión. Desde el título de su presentación —“Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”— el Gobierno quiso instalar una idea central: el problema del Perú no sería la falta de diagnósticos, sino un Estado incapaz de ejecutar. En su presentación ante el Congreso, el premier Luis Galarreta trazó cinco ejes para el Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad, prevención de desastres, desarrollo social, crecimiento económico y gobernabilidad. El discurso está cargado de cifras, metas y anuncios, pero también de promesas cuya ejecución, presupuesto y responsables todavía requieren respuestas. El gran desafío no será anunciar lo que el Estado debe hacer, sino demostrar que este Gobierno puede convertir el diagnóstico en resultados. Galarreta fue enfático al describir la administración que recibió. Habló de “total desorden”, burocracia, improvisación, abandono, corrupción y recursos almacenados durante años. Incluso mencionó insumos sin utilizar, órdenes de servicio que requieren explicación y miles de kits de uniformes sin distribuir. Sin embargo, hay una pregunta inevitable: ¿quiénes son los responsables de ese desorden y qué mecanismos concretos utilizará el Gobierno para determinar responsabilidades? El discurso denuncia, pero no desarrolla una estrategia de rendición de cuentas sobre los hechos que atribuye a administraciones anteriores. Galarreta promete ordenar el Estado, pero deja demasiadas preguntas en el aire en medio de largas promesas. El primer eje fue la seguridad ciudadana. Galarreta prometió enfrentar extorsión, sicariato, crimen organizado, narcotráfico y economías ilegales mediante inteligencia, tecnología y mayor presencia policial. También anunció el fortalecimiento de la investigación contra la extorsión, sistemas biométricos AFIS, videovigilancia con inteligencia artificial, más de 50 mil operativos penitenciarios y bloqueo de comunicaciones desde las cárceles. El problema es que buena parte de estas propuestas ya forman parte del repertorio habitual de los gobiernos: más cámaras, más operativos, más inteligencia, más equipamiento. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿qué cambiará realmente en la capacidad de investigación criminal, en la coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial y en la persecución financiera de las organizaciones criminales?. Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

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También resulta polémica la propuesta de eliminar mecanismos como la terminación anticipada en delitos violentos. Galarreta la presenta como respuesta a la llamada “puerta giratoria”, pero cualquier modificación de esta naturaleza debe demostrar que no terminará congestionando aún más el sistema penitenciario y judicial.

El Gobierno anuncia además nuevos penales, utilización de cuarteles en desuso y participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de las cárceles. La pregunta fundamental será si existe presupuesto, cronograma y capacidad institucional para ejecutar todo ello sin convertir la política de seguridad en una sucesión de anuncios.

Crecimiento: el discurso apuesta por inversión y destrabe

El cuarto eje es probablemente el más claramente orientado hacia la inversión privada. Galarreta propone simplificación tributaria, financiamiento para MYPE, reactivación de obras de riego, nuevos proyectos energéticos, infraestructura vial, conectividad digital y seguridad jurídica para las inversiones mineras.

El mensaje intenta recuperar una receta conocida: reglas claras, inversión, productividad y empleo formal. Sin embargo, el Gobierno debe demostrar que “destrabar” no significa simplemente acelerar proyectos. En minería, por ejemplo, el propio premier reconoce que la inversión privada requiere seguridad jurídica y procedimientos previsibles, pero también afirma que no se rebajarán las obligaciones ambientales y sociales. Ese equilibrio será una de las pruebas políticas más importantes de la administración Fujimori.

Salud y educación: objetivos ambiciosos, pero sin suficiente detalle

El tercer eje ofrece metas sociales: reducir anemia y desnutrición, fortalecer establecimientos de salud, disminuir listas de espera, mejorar aprendizajes, combatir el trabajo infantil y ampliar la capacitación laboral. También se promete atención domiciliaria para adultos mayores y más de 40 mil conexiones de agua en 18 departamentos.

Aquí aparece otro problema del discurso: la abundancia de cifras puede producir una sensación de precisión que no necesariamente equivale a una garantía de cumplimiento. Decir que se atenderá a más de un millón de personas durante el quinquenio o que se instalarán miles de conexiones es cuantificable. Pero el verdadero indicador será la calidad del servicio. En salud, por ejemplo, reducir una lista de espera no basta si persisten hospitales sin medicamentos, equipos deteriorados o falta de especialistas.

El Fenómeno El Niño: el propio Gobierno admite que llega tarde

En prevención de desastres aparece una de las confesiones más importantes del discurso. Galarreta reconoce que el país “va tarde” en la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027. El Gobierno anuncia 536 puntos críticos para limpieza y descolmatación, más de S/62 millones para pesca y la ampliación de los grupos especializados de búsqueda y rescate USAR de cuatro a 16 al final del quinquenio.
El reconocimiento es positivo, pero también revela la dimensión del problema: el Gobierno sabe que la emergencia se aproxima y admite que la prevención está retrasada.

La referencia a las lluvias del 16 de agosto en Lima Sur —que afectaron Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores— convierte el anuncio en una cuestión de urgencia. Pero limpiar cauces y anunciar drenajes no equivale todavía a construir una política integral de adaptación climática. El Perú necesita mantenimiento permanente, planificación urbana, infraestructura resistente y coordinación efectiva entre Gobierno nacional, regiones y municipios.

Galarreta cerró su intervención con una frase diseñada para sonar políticamente eficaz: "menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones". Sin embargo, esta declaración no debe entenderse solo como un cierre retórico. Desde este instante, constituye una promesa explícita que servirá como vara de medición para evaluar al propio Gobierno. Porque el Perú no necesita otro catálogo de buenas intenciones ni una agenda extensa confundida con capacidad real de ejecución. Lo que la nación requiere es concreto: que la seguridad deje de ser una mera estadística, que los hospitales atiendan a sus pacientes y las escuelas funcionen sin interrupciones, que el agua llegue a los hogares y que las obras públicas se terminen. El Estado debe llegar antes que la emergencia.

Aquí reside el verdadero examen para este mandato: lo que se demuestre en seis meses. Galarreta intentó anticiparse a las críticas anunciando metas claras para diciembre de 2026, julio de 2027 y hacia 2031. Aseguró que en tan solo medio año el Ejecutivo debería poder evidenciar si ya empezó, contrató personal, entregó servicios, aprobó normas, destrabó procesos o puso en funcionamiento aquello que prometió. El discurso posee diagnósticos razonables y una extensa lista de metas, pero también contiene una acumulación de promesas que atraviesan prácticamente todos los problemas estructurales del país: seguridad, cárceles, salud, educación, agua, infraestructura, minería, agricultura, energía, transporte, prevención de desastres y reforma del Estado.

No obstante, es crucial distinguir entre la cartera anunciada y el dinero que el Estado tiene bajo control. La cartera minera superior a los US$33 mil millones aparece como expectativa de inversión ejecutada hacia 2031, no como fondos disponibles hoy. Esa precisión en el discurso es importante: una cartera anunciada no equivale a inversión realizada, ni inversión realizada equivale automáticamente a desarrollo para las poblaciones involucradas. El verdadero mensaje no será el pronunciado hoy en el Congreso; serán los resultados que puedan verificarse cuando llegue la hora de rendir cuentas.

Sobre el quinto eje, Galarreta proclama respeto por la democracia, la separación de poderes, las libertades de prensa y expresión y los derechos fundamentales. También ofrece diálogo con fuerzas políticas, gobiernos regionales y locales, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales. Es, quizás, la parte que más tendrá que contrastarse con la práctica. Un Gobierno no demuestra respeto por la libertad de prensa porque lo declare desde el parlamento, sino por la forma en que tolera la crítica, responde a las investigaciones periodísticas y garantiza el acceso a la información pública.

Galarreta pidió al Parlamento acompañar al Ejecutivo para "destrabar" soluciones, aunque reconoció que el Congreso debe mantener su función fiscalizadora. El equilibrio es delicado: coordinar no puede convertirse en subordinar la fiscalización. La Democracia, finalmente, será probada por los hechos. Ahora falta saber si el Gobierno de Keiko Fujimori tiene la capacidad política, técnica y presupuestal para recorrer el territorio que su propio mapa dibuja.

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