El diputado Héctor Guillén planteó declarar inamnistiables los crímenes de lesa humanidad y exigió a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) un informe sobre las reparaciones pendientes a las víctimas del conflicto armado interno.
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Ariadna YayaEscucharResumenCompartirHéctor Guillén, diputado de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para derogar la ley de amnistía a favor de militares, policías e integrantes de comités de autodefensa procesados por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. El proyecto busca eliminar la Ley 32419 y, además, establecer una regla permanente que impida el uso de la amnistía en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa norma que busca derogar fue promulgada por Dina Boluarte en agosto de 2025. Lo hizo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya le había ordenado abstenerse de aplicarla.
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El tribunal internacional volvió a insistir en esa orden semanas después, en setiembre de 2025, dentro del proceso de supervisión de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El texto del proyecto no se limita a la derogación. También propone que ningún delito de genocidio, tortura o desaparición forzada pueda beneficiarse con amnistía, indulto o conmutación de pena en el futuro. La idea, según planteó el propio diputado en la exposición de motivos, es cerrar un vacío legal que hasta ahora dependía solo de la interpretación de los jueces.
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Los antecedentes del proyecto
La Ley 32419 nació de una propuesta que presentó en 2023 el entonces congresista Jorge Montoya. Esa norma benefició con amnistía a los procesados sin sentencia firme por delitos ligados a la lucha antiterrorista. También incluyó un beneficio para condenados de edad avanzada, siempre que no tuvieran sentencias por terrorismo o corrupción.
Distintos organismos rechazaron la ley desde su promulgación. El Ministerio Público la calificó como jurídicamente inviable. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que ese tipo de normas genera impunidad y afecta a las víctimas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron a los cuestionamientos y señalaron que la norma podía frenar procesos judiciales en marcha.
Dos instituciones ya presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la ley: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, cada una por separado. Ambas demandas están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional.
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