La diputada de Fuerza Popular estaba involucrada en el presunto delito de malversación de fondos al comprobarse que realizó compras irregulares cuando laboró en la Dirección Regional de Turismo de Ucayali.
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Carlos VillacortaEscucharResumenCompartirEn un adelanto de fallo, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo ordenó que la diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, pague 150 mil soles como reparación civil, por un caso de malversación de fondos ocurrido en el 2015, cuando trabajaba en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Directur) de Ucayali.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa Fiscalía señaló que Navas Sánchez, en su condición de coordinadora del proyecto de la Dircetur de Ucayali, permitió el desvío de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio firmado con el Plan Copesco.
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Según la tesis fiscal, se compró un bus turístico de dos niveles por 399.000 soles; una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales, por 30.440 soles.
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En la audiencia del último lunes 31 de agosto, la jueza Ana Bedoya Maque cuestionó que la Fiscalía no haya fundamentado en qué consistió el daño al servicio que promovió Navas Sánchez.
A ello, la representante del Poder Judicial señaló que el propio perito de la Fiscalía tampoco precisó un perjuicio concreto ni afectación del plan Copesco tras la compra de los bienes, según su declaración.
En el adelanto de fallo, la magistrada dejó en claro que existió una falta administrativa al realizar la compra sin autorización de Plan Copesco y al registrar la operación con clasificadores de gasto presupuestarios erróneos.
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No obstante, detalló que una falta administrativa no equivale automáticamente a la comisión de un delito. De esta manera, al no haberse acreditado la afectación al servicio, el juzgado determinó que la vía penal quedó descartada.
Reparación civil
Sobre la reparación civil, la jueza Bedoya Maque detalló que al verificarse que se dio una infracción por el desorden patrimonial se determina que existe responsabilidad civil, por lo que se impone el pago de S/150.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Al cierre de la audiencia, Bedoya también dispuso remitir copias a la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali para que proceda a investigar a los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali que participaron de la compra de bienes, pero que no fueron considerados en la investigación de la Fiscalía.
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