El diputado Héctor Guillén Valencia, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto legislativo para derogar la Ley 32419, que concedió la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La iniciativa, presentada el 2 de septiembre, también propone establecer una regla permanente de inamnistiabilidad para delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
Juntos por el Perú busca derogar ley de amnistía
El Proyecto de Ley 00118-2026-2031-CD, presentado por Juntos por el Perú, plantea dejar sin efecto en su totalidad la Ley 32419, publicada el 14 de agosto de 2025. Esta norma otorgó amnistía a militares y policías que afrontaban denuncias, investigaciones o procesos por hechos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo en el periodo citado.
La propuesta de Guillén sostiene que determinados delitos no deben recibir amnistía, indulto, derecho de gracia, conmutación de pena ni otro mecanismo de extinción de la acción penal o de la pena, entre ellos: genocidio, desaparición forzada y tortura, además de los crímenes de lesa humanidad y de guerra reconocidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El diputado sustenta la iniciativa en el artículo 44 de la Constitución, referido al deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los DD. HH., y en la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que establece la interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por el Perú.
Proyecto plantea límites por graves violaciones
La propuesta propone incorporar una regla general para impedir que los delitos señalados puedan quedar sin persecución penal mediante mecanismos de gracia. La medida alcanzaría también a graves violaciones de derechos humanos cometidas de forma sistemática o generalizada contra la población civil.
Guillén cita como sustento los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la persecución de crímenes de lesa humanidad. La propuesta busca convertir esos criterios en una regla expresa dentro del ordenamiento peruano.
La Ley 32419 ya enfrenta un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda contra la norma y el TC la admitió a trámite en octubre de 2025. En marzo de 2026, el proceso quedó al voto después de una audiencia pública.
Iniciativa también plantea revisar reparaciones a víctimas
El proyecto incorpora un componente relacionado con las víctimas del conflicto armado interno. Para ello, propone que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada del Plan Integral de Reparaciones, priorice la actualización del Registro Único de Víctimas y la atención de las reparaciones económicas y colectivas pendientes.
La propuesta establece que la CMAN presente al Congreso un informe sobre el estado de estas reparaciones en un plazo máximo de 180 días calendario desde la entrada en vigencia de la eventual ley. El pedido se plantea dentro del marco de la Ley 28592, que creó el Plan Integral de Reparaciones.
En su exposición de motivos, Guillén sostiene que la iniciativa busca garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, además de reducir el riesgo de impunidad por graves violaciones a los derechos humanos.
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