Proyecta Igualdad denuncia una presunta represalia contra cinco activistas LGBTIQ+ investigados por participar en la Marcha del Orgullo de Cusco. El caso podría implicar penas de hasta seis años de prisión.

La organización Proyecta Igualdad alertó que cinco defensoras de derechos humanos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ en Cusco enfrentan una investigación penal por el delito de “ofensas al pudor público” agravadas. Este hecho, ocurrido tras su participación en la Marcha del Orgullo de Cusco realizada en julio de 2025, podría derivar en condenas de hasta seis años de cárcel.

Según Lucía Santos, presidenta de la entidad que acompaña el proceso, se trata de una represalia directa. La acusación surge meses después de que la Fiscalía iniciara un procedimiento contra una periodista local por presuntas expresiones estigmatizantes contra participantes y artistas drag en la misma jornada.

Según Santos, el Ministerio Público inició la investigación de oficio contra la comunicadora tras difundir imágenes de la marcha acompañadas de dichos comentarios. Posteriormente, cinco personas fueron reconocidas como agraviadas en este proceso inicial por discriminación e incitación a la misma. Sin embargo, meses después, la propia periodista investigada habría denunciado penalmente a esas mismas cinco personas.

El caso fue acogido por un fiscal y, de ese modo, las víctimas reconocidas por el Estado en una investigación por discriminación terminaron convertidas en investigadas. La denuncia se basó en material audiovisual difundido por su programa televisivo, utilizando como sustento lo que anteriormente había sido objeto de condena administrativa o penal contra ella.

Advierten represalia y uso irregular del derecho

Por la secuencia de los hechos, Santos considera que el proceso abierto contra los partícipes es un acto claro de represalia. "Estamos frente a una represalia por una investigación de discriminación. El Estado está investigando y tratando como acusadas a personas que han sido víctimas de discriminación", indicó. También alertó sobre un mal uso del derecho penal para sancionar. "Se está usando una interpretación antojadiza del Código Penal, que no tiene nada que ver con marchar pacíficamente, para sancionar a personas por ser artistas drag, por mostrar afecto, solo por el hecho de que se trata de personas LGBTIQ+", agregó.

La investigación por "ofensas al pudor público" tendrá un momento clave este 4 de septiembre. En esa fecha se realizará la audiencia de improcedencia de acción para discutir si los hechos constituyen el delito atribuido. Además, el 25 de septiembre vence el plazo de la investigación preparatoria; entonces, la Fiscalía deberá definir el futuro del caso, incluida una eventual acusación.

Según Proyecta Igualdad, este delito contempla una pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación. La organización considera que la continuidad del proceso podría sentar un precedente peligroso para las libertades de expresión artística, reunión pacífica y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Perú. "¿Qué pasaría si este tipo de casos se repiten en otras situaciones con menor visibilidad? Eso nos preocupa", apuntó Santos. El contexto es grave: convertir a víctimas de discriminación en acusadas por marchar pacíficamente no solo vulnera garantías individuales, sino que abre una puerta peligrosa para futuras persecuciones bajo el pretexto del orden público. Esta estrategia judicial busca criminalizar la identidad y la expresión, transformando un espacio de celebración en un escenario de conflicto legal donde las personas son juzgadas simplemente por su orientación sexual o por participar como artistas drag.

Leer artículo completo en larepublica.pe →