El juzgado estableció que los cuatro sentenciados planearon y ejecutaron la muerte del dirigente para frenar su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales en su comunidad.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Genix Saboya, Limber Ríos y Segundo Villalobos, imponiéndoles entre 28 años y cuatro meses hasta 35 de prisión, mientras que Jerly Saboya, cómplice primario, recibió 15 años. La medida se dio a conocer la tarde de este lunes tras la lectura de sentencia por el sicariato en agravio del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, ocurrido el 29 de noviembre de 2023 en la región San Martín.

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Se demostró culpabilidad de sentenciados

Durante el juicio oral, los representantes fiscales demostraron la responsabilidad de los acusados a través de una gran cantidad de prueba personal, documental y pericial. En el ataque también resultaron lesionados otros ocupantes de la embarcación en la que viajaba la víctima, entre ellos Axeldina Barbaran Tapullima, quien recibió impactos de multiproyectiles de arma de fuego.

El juzgado determinó que los sentenciados planearon y ejecutaron el asesinato del líder nativo porque se oponían a su labor en defensa de derechos humanos y ambientales dentro de la comunidad. El apu, Quinto Inuma Alvarado, había presentado múltiples denuncias contra estos acusados para frenar la deforestación de bosques y evitar delitos como el tráfico ilícito de drogas. Quinto Inuma Alvarado

Líder fue asesinado pese a contar con protección

La Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia reconoció al dirigente kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu como defensor de derechos humanos. Tras identificar diversos ataques que amenazaban su vida y la de otros miembros de la comunidad nativa, esta entidad activó el Procedimiento de Alerta Temprana para otorgarle medidas de protección específicas.

No obstante, a pesar de las medidas preventivas adoptadas por el Estado peruano, Quinto Inuma Alvarado perdió la vida en un ataque deliberado y planificado por los sentenciados, demostrando la vulnerabilidad persiste incluso con salvaguardas estatales activas.

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