Educación
El Decreto Supremo N.° 002-2023-MINEDU establece que solo los «actores vinculados a la comunidad educativa» pueden postular a consejeros, prohibiendo explícitamente las solicitudes personales o autopostulaciones. Sin embargo, al analizar los expedientes de los designados por la exministra María Esther Cuadros mediante la Resolución Ministerial N.° 332-2026-MINEDU, surge una irregularidad: solo tres consejeros fueron propuestos correctamente por terceros.
Estos son José Luis Naranjo Correa (11/05), Grecia Elena Rojas Ortiz y José Vicente Ramos Lalupú (ambos del 11 o 12 de mayo). En cambio, seis funcionarios presentaron su propia candidatura directamente, violando la norma: Ada Gallegos Ruiz Conejo, Mileydi Flores Fernández, Livia Cristina Piñas Rivera, Miriam Ponce Vértiz, Luciana Puente Berry y Guido Alfredo Rospigliosi Galindo. A pesar de no estar contemplado en el reglamento, fueron admitidos para continuar hasta su designación.
La revisión de estos expedientes fue realizada por Ebert Ordinola, quien presidió el comité; Sandra Ramírez, entonces viceministra de Gestión Institucional y actual jefa de asesores del ministro Chang; Gerber Pérez, viceministro de Gestión Pedagógica; y Marcela Benavides, presidenta del Directorio de Empresarios por la Educación.
Cabe destacar que Miriam Ponce Vértiz renunció para ser posteriormente designada como viceministra de gestión pedagógica en la gestión del ministro José Antonio Chang. Por otro lado, Lida Violeta Asencios Trujillo ingresó por renovación. En los casos de Ángela Bravo Chacón y Mariela Eyzaguirre Retamozo no fue posible identificar el ingreso de sus expedientes en el sistema del MINEDU (MPD2026-EXT-475756 y 467958). Finalmente, Ada Gallegos Ruiz Conejo, Mileydi Flores Fernández, Livia Piñas Rivera, Luciana Puente Berry y Guido Rospigliosi Galindo también presentaron su propia candidatura.
En la convocatoria del 29 de abril de 2026, el MINEDU solicitó a la comunidad educativa que realizara la “presentación de propuestas para la selección de miembros del CNE periodo 2026-2029”. Sin embargo, la mayoría de las candidaturas fueron presentadas entre los días 11 y 12 de mayo. Es pertinente que el Ministerio aclare por qué en este proceso se permitió explícitamente la autopostulación. ¿Cuál era el interés de la gestión de María Esther Cuadros de aceptarlos ‘así nada más’? ¿Se trató de una dedocracia? Lo tenemos: los peruanos tienen derecho a exigir transparencia y cumplimiento del Art. 6 del Decreto Supremo N.° 002-2023-MINEDU en la designación de estos miembros.
Un caso que destaca es el de Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, actual presidenta del CNE. Su expediente (MPD2026-EXT-0478837) registra que presentó su propia candidatura el 12 de mayo de 2026, alrededor de las 23:00 horas, justo en el último día del plazo. Como se recuerda, ella demandó al MINEDU en calidad de directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú – ASUP, en 2015, exigiendo transparencia en los procedimientos de SUNEDU.
La gestión de Chang deberá evaluar la nulidad de oficio de este proceso y volverlo a convocar. El artículo 10 del TUO de la Ley N.° 27444 contempla la nulidad de actos administrativos, específicamente por: “La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”. En una institución encargada de orientar la política educativa nacional, la legitimidad de sus integrantes depende tanto de su trayectoria como de un proceso objetivo, transparente y conforme a la normativa vigente.
¿Existe otra alternativa para que la pensión de los maestros y el 100% de CTS para personal Cas vayan al Tribunal Constitucional?
Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).
El conflicto como lo anunció el ministro, irá al Tribunal Constitucional. Esta decisión se toma en un contexto donde el Colegio de Economistas de Lima viene impulsando acciones de inconstitucionalidad contra normas vinculadas al gasto público y al régimen de pensiones de docentes y policías.
La declaración del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre las pensiones de los maestros jubilados y cesantes y el 100% de CTS al personal CAS, abre un debate que va mucho más allá de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso.
Cuba fue contundente al señalar que no existe manera de que el Gobierno cumpla normas que, a su juicio, fueron aprobadas ilegalmente y que vulneran la Constitución. El argumento central es conocido: el Congreso no puede asumir iniciativa de gasto y comprometer recursos públicos sin considerar la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, aquí aparece el primer problema. Durante años, los maestros jubilados y los trabajadores CAS han escuchado promesas sobre una pensión digna mientras su tiempo de servicio se acumula, pero sus ingresos pierden capacidad adquisitiva. No estamos hablando únicamente de cifras en una hoja de cálculo, sino de personas que dedicaron décadas al servicio educativo y que ahora reclaman que el Estado cumpla con una deuda social.
Ya advertimos en anteriores columnas sobre el riesgo de comprometer la caja fiscal con decisiones que no tengan respaldo presupuestal. La discusión sobre una pensión digna para los maestros no puede convertirse en una competencia de populismo entre poderes del Estado. Tampoco puede resolverse simplemente diciendo que "no hay plata".
Elmer Cuba, ministro de economía, manifestó la posición oficial del gobierno de Keiko Fujimori de enviar al Tribunal Constitucional Ley N° 32581 (para la pensión de los maestros jubilados y cesantes) y la Ley N° 32563 (que incorpora el pago de gratificaciones y el 100% de la CTS para el personal CAS). Sin plantear una alternativa sobre las pensiones y la CTS.
El conflicto como anunció el ministro, irá al Tribunal Constitucional, en un contexto en que el Colegio de Economistas de Lima viene impulsando acciones de inconstitucionalidad contra normas vinculadas al gasto público y al régimen de pensiones de docentes y policías.
Además, existe una pregunta que el Gobierno debería responder con absoluta claridad: si considera que estas normas son inconstitucionales, ¿Cuál será su propuesta alternativa para mejorar las pensiones? Porque decir "no va" puede ser políticamente contundente, pero no constituye una política pública.
Mediante la Resolución Ministerial N.° 466-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación designó a Miriam Zuloeta Seclén como jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la Oficina General de Recursos Humanos. Esta decisión administrativa se produce en un contexto legal delicado: EPSEL mantiene activa una demanda por daños y perjuicios contra ella ante el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En ese mismo proceso, mediante la Resolución de Gerencia General N.° 000065-2025-OTASS-GG del 23 de septiembre de 2025, el OTASS otorgó defensa legal a la demandada; dicha resolución fue suscrita por María Teresa Cornejo Ramos en su época como gerente general del organismo.
Por otro lado, las brechas de aprendizaje persisten entre colegios públicos y privados, así como entre zonas urbanas y rurales. La Universidad Católica San Pablo advierte que estas deficiencias no se detienen en el aula primaria o secundaria; llegan hasta la educación superior y limitan gravemente la capacidad del país para formar el talento que demanda el mercado laboral.
El tema de las pensiones docentes ha sido una variable ausente en la agenda pública reciente. Una semana antes de la declaración del 16 de julio en Cuarto Poder, el ministro de economía hablaba explícitamente de encontrar una salida al problema. Sin embargo, este punto no fue mencionado posteriormente. ¿El gobierno cambió de postura? La gestión de Keiko Fujimori acaba de comenzar y tiene una oportunidad para ordenar esta discusión crucial. No sería prudente permitir que las pensiones sean utilizadas otra vez como moneda política por el Congreso, tal como lo advierte Elmer Cuba sobre el equilibrio fiscal.
Es cierto que la defensa de la caja fiscal es necesaria, pero el Gobierno también debe demostrar que detrás de esa postura existe una alternativa concreta para quienes esperan una jubilación que les permita vivir con dignidad. De momento, no se hace pública otra opción viable frente a este impasse pensional.
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