La Municipalidad Provincial del Callao, con el apoyo de la Policía Nacional y maquinaria pesada, intervino un tramo de la avenida Venezuela para recuperar más de cien metros de espacios públicos. Según el municipio, las áreas estaban ocupadas de forma ilegal durante más de 40 años. La medida afectó parte del patio de maniobras alquilado por la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), donde se guardan buses del Corredor Rojo y del servicio de transporte regular autorizado, según informó su gerente general, Ángel Mendoza Aguirre.

De acuerdo con el municipio, las áreas estaban ocupadas ilegalmente hace décadas. Sin embargo, los representantes de la ACTU aseguran que no fueron notificados y quedaron expuestos a la delincuencia por esta acción.

En Ampliación de Noticias, el gerente general de la ACTU lamentó lo sucedido; además explicó que su gremio alquila el espacio a la familia Cogorno y que no fueron informados sobre la intervención.

"Nosotros lamentamos que el día de ayer (miércoles 19 de agosto) haya existido un acto que puede estar justificado porque se está afectando la vía pública; sin embargo, nosotros somos inquilinos de este terreno de la familia Cogorno y, como tales, no hemos sido notificados en ningún momento de dicha controversia. Y lo que ha ocurrido el día de ayer es que han tumbado las paredes, nos han generado daños, perjuicios", señaló Ángel Mendoza Aguirre.

Esta semana, la Municipalidad Provincial del Callao, con el apoyo de la Policía Nacional y maquinaria pesada, intervino un tramo de la avenida Venezuela para recuperar más de cien metros de espacios públicos. De acuerdo con el municipio, las áreas estaban ocupadas de forma ilegal.

Wendy Milla Loo

César Pérez, alcalde provincial del Callao, aclaró que el conflicto surge porque la empresa Cogorno, propietaria de un patio de maniobras alquilado por la ACTU, ocupa ilegalmente entre 16 y 18 metros de la vía pública en la avenida Venezuela. Según el edil, esta invasión se ha mantenido durante más de cuatro décadas sin que la autoridad haya actuado. Por su lado, Ángel Mendoza Aguirre, gerente general de la ACTU, defendió a la empresa asegurando que no fueron notificados previamente sobre la intervención.

No obstante, aclaró que la familia propietaria del inmueble sí estaba informada sobre los procesos legales en curso. «Conversé con una de las propietarias el día de ayer, me dijo que sí están en un proceso legal, pero nosotros desconocíamos porque, naturalmente, si hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos previsto y hubiéramos tomado las medidas necesarias», sostuvo Aguirre. Él explicó que la comuna ejecutó la demolición alegando que el «inmueble» invadía la vía pública en al menos 20 metros.

Mendoza Aguirre lamentó profundamente lo sucedido, pues el derribo de una pared dejó a los transportistas «expuestos a la delincuencia». Lo más grave para ellos fue no recibir la gracia del tiempo que solicitaban. «Nosotros lo que el día de ayer le pedíamos a la Municipalidad solamente es que nos dé 24 horas para poder modificar y retirarnos de manera pacífica y permitir que se recuperen los espacios públicos, porque hay que respetar la ley», dijo.

Su petición fue ignorada por la administración local. «Pero tampoco podía, de un momento a otro, romper las paredes y quedarnos nosotros expuestos inclusive a la delincuencia», agregó el gerente. Aguirre insistió en que su solicitud de 24 horas para retirarse pacíficamente no fue atendida, lo que derivó en la demolición inmediata.

Ángel Mendoza Aguirre, gerente general de la ACTU. "No es un terreno, lo que hemos hecho es recuperar la vía pública de tres carriles de la avenida Venezuela tomados por esta empresa para volverla a disposición de los vecinos", sostuvo el burgomaestre del Callao. Explicó que ya se habían realizado las coordinaciones y el proceso administrativo, fiscalización y coactivo, permitiendo que el personal de la Municipalidad demoliera un muro que invadía la vía desde hace 40 años. Asimismo, precisó que se informó previamente al propietario del terreno sobre la intervención, responsabilizándolo por no notificar a la ACTU. "Se les pidió que ellos se retiren, no [a] la empresa de la Línea Roja ni de las empresas que guardan los buses ahí, sino al propietario", indicó. Aclaró que es él quien tenía que realizar las coordinaciones y quien le alquila a la Línea Roja, ya que los transportistas son inquilinos que no tienen nada que ver con el hecho principal. Además, el alcalde aseguró que la Municipalidad reforzó la seguridad en la zona mediante serenazgo y coordinó con la Policía para proteger a los usuarios tras la acción. "Le hemos puesto seguridad a través de nuestro serenazgo, hemos hablado con el general Conde, jefe de la Región Policial Callao, para que cuide ese borde de las empresas", sostuvo. Subrayó que deben cuidarse sobre todo a los transportistas, "porque son nuestros transportistas también, pero también son nuestros vecinos". Finalmente, añadió que en la zona intervenida, que abarca casi cinco cuadras de la avenida Venezuela, se halló una empresa con grano de maíz expuesto. Según dijo, esta situación generaba riesgos para la salud de los vecinos. "Acá no hay nadie que tenga corona", finalizó su intervención. La autoridad municipal dejó claro que la operación fue estrictamente legal y enfocada en recuperar el espacio público usurpado, asegurando que toda la gestión se realizó con las debidas notificaciones a las partes involucradas. El objetivo principal ha sido restituir la calzada para el tráfico ordinario y garantizar que los comerciantes ilegales no obstruyan el paso de los ciudadanos en una arteria vital de la ciudad portuaria. "Encontramos una empresa con grano expuesto, infestado de ratas y palomas", concluyó César Pérez. "Nadie fiscalizó ese material porque operaba en la clandestinidad". La declaración del alcalde del Callao cierra el informe sobre la liberación del tramo de la avenida Venezuela, señalando la negligencia que permitió el almacenamiento ilegal en la vía pública sin supervisión alguna. César Pérez, alcalde de la Provincia Constitucional del Callao.

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