Keiko prometió mano dura, pero mantiene a Óscar Arriola al mando de la PNP pese al fracaso contra el crimen

Política

La presidenta Keiko Fujimori prometió mano dura durante su campaña, pero el gobierno parece seguir la peligrosa inercia de administraciones anteriores que observaron impávidos cómo la delincuencia, el sicariato y la extorsión crecían sin que nadie se atreviera a meterle bisturí a una Policía Nacional que desde hace mucho tiempo necesita una reingeniería profunda. En lugar de una reorganización total, aparecen los mismos rostros, los mismos generales y las mismas estructuras que no han conseguido resultados convincentes.

La llamada “mano dura” empieza a parecerse demasiado al viejo truco de cambiar el discurso, conservar a los altos mandos y esperar que, por arte de magia, la criminalidad retroceda. Aquí el problema es claro: las balas no entienden de discursos electorales y menos los extorsionadores.

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Hace unos días apareció otro nombre en la escena política: el general César Alberto Jordán Brignole, designado en el Viceministerio de Orden Interno. Jordán fue asesor de seguridad de López Aliaga y postuló al Senado por Renovación Popular. Fue reducido y capturado durante el Moqueguazo y recibió una sentencia de 18 meses de prisión suspendida por desacatar órdenes de su comando. Cuestionado General Jordán es de Renovación Popular y es designado Viceministro de Orden Interno.

¿Esta es la renovación que necesita el Perú para enfrentar a las bandas que cobran cupos, amenazan empresarios, asesinan transportistas y convierten la extorsión en un impuesto criminal?

La primera señal de esta continuidad llegó el 28 de julio pasado, cuando la presidenta designó como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo. Nadie discute que fue comando de Chavín de Huántar. Pero una operación militar de esa naturaleza no convierte automáticamente a un oficial del Ejército en especialista en criminalidad común y organizada.

Hay, además, un asunto mucho más delicado. Astudillo se encuentra en la mira de las autoridades por presuntamente haber integrado una red criminal dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustible asignado a las Fuerzas Armadas, dentro del denominado caso “Gasolinazo”. Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que gasolina y petróleo destinados a la operatividad institucional terminaban comercializados en grifos particulares e incluso entregados a familiares para obtener un lucro indebido. En ese escenario, su llegada al Gobierno naranja difícilmente puede venderse como una renovación contundente de la seguridad.

En febrero del 2021, la Fiscalía allanó el domicilio del general EP César Astudillo involucrado en el denominado “Gasolinazo”. Su permanencia como ministro, dijo ayer su colega, seguirá mientras se siga obteniendo resultados.

Mientras se viene el paro de transportistas, Keiko ignora sus cartas y no los recibe para explicar su supuesto ‘plan nacional de seguridad’.

Durante la campaña la presidenta prometió mano firme, pero su ministro César Astudillo ayer respaldó la continuidad del general Óscar Arriola y soltó una frase infeliz: “El año pasado teníamos 500 muertos más”. Su permanencia en el mando de la PNP se justifica con resultados que miles de peruanos cuestionan.

Óscar Arriola asumió la comandancia general de la PNP en octubre del 2025 y el gobierno de Keiko lo mantiene en el cargo pese al fracaso contra el crimen.

César Astudillo, figura clave en el equipo de Keiko Fujimori, ha intentado blindar la gestión policial con un discurso que mezcla datos fríos y promesas de continuidad. Su argumento central se basa en la permanencia del mando: “Ustedes ven a mi costado a los mismos altos mandos y al mismo comandante general que estaba cuando asumimos. Mientras sigamos trabajando y obteniendo resultados, continuarán”. Para justificar esta postura, Astudillo invoca una tendencia descendente en la criminalidad, advirtiendo: “La gente puede decir, ‘pero oye, ayer han matado a una persona’. No es que yo sea triunfalista pero la tendencia que tenemos es a bajar, los números no engañan. Si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado teníamos 500 muertos más”. Sin embargo, esta lógica estadística choca frontalmente con la realidad humana; detrás de cada cifra hay una familia destruida. Reducir el dolor a un dato comparativo resulta en una respuesta indolente para los deudos, evocando tristemente aquella frase del exministro Jorge Trelles durante la campaña naranja del 2011: “nosotros matamos menos”.

A pesar de que Astudillo y Keiko Fujimori parecen encontrar a Óscar Arriola un aliado estratégico, el escenario operativo en Lima sugiere lo contrario. La respuesta más contundente llegó de los transportistas, quienes anunciaron para el próximo martes 25 de agosto un paro general en la capital y Callao. Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, aclaró que la movilización responde a una falta de diálogo con la mandataria: “ya enviaron varias cartas a la presidenta Keiko Fujimori para que explique cuál es su plan de seguridad nacional. Sin embargo, hasta ahora, según sostuvo, la mandataria no responde las misivas ni los recibe, mientras los extorsionadores continúan asesinando a choferes y cobradores todos los días”. Esta indiferencia institucional ha generado un clima de inseguridad que paraliza el transporte urbano.

La pregunta que emerge es innegable: ¿por qué Arriola permanece al frente de la PNP? El gobierno parece insistir en conservar estructuras cuestionadas en vez de desmontarlas y construir una estrategia distinta. No se puede hablar de transformación mientras se mantiene la lógica de siempre, como lo demuestra el caso del nefasto gobierno de Dina Boluarte. En julio del año pasado, bajo el mando del cuestionado Víctor Zanabria, cientos de comisarías enfrentaban la delincuencia con patrulleros obsoletos y falta de combustible, mientras se autorizaba una millonaria compra de vehículos de alta gama para los altos mandos policiales.

Ese escándalo, documentado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), reveló que la adquisición comprendió 168 vehículos: camionetas Audi para tenientes generales por S/200,834 cada una; 40 Toyota RAV4 para los generales por S/5.2 millones; y 120 Toyota Corolla para los coroneles por S/99,292 cada unidad. El monto total superó los S/18 millones, con la licitación terminada adjudicada a Euroshop y Autoespa tras contar con 13 empresas automotrices.

Mientras los mandos recibían lujosos vehículos, las comisarías sin patrulleros adecuados seguían esperando recursos. Entre los beneficiados de esa compra apareció Óscar Arriola, entonces jefe del Estado Mayor de la PNP, poco antes de asumir la comandancia general. Esto resume la contradicción del gobierno de Fuerza Popular: se prometió “mano dura contra la inseguridad y la corrupción”, pero se mantiene la mano de siempre. El Perú no necesita generales reciclados ni discursos triunfalistas; el régimen naranja necesita depurar, reorganizar y profesionalizar la Policía, cortar cualquier vínculo con la corrupción y poner los recursos de los peruanos donde realmente hacen falta. Porque mientras el Gobierno conserva a los mismos de siempre como Arriola, los criminales continúan orondos y también conservan sus turbios negocios.

Hoy el Dr. Gaspar Moran Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentó los resultados de los Censos Nacionales 2025 durante el seminario internacional «Estadística Pública» que se llevó a cabo entre el 19 y el 20 de agosto. Estos datos demográficos y sociales son fundamentales para elaborar políticas públicas efectivas. La población total del país alcanzó los 34,157,732 habitantes, de los cuales fueron censados efectivamente 32,706,028, lo que indica una omisión del 4.25%. El crecimiento poblacional anual fue de 1.1% entre 2017 y 2025, impulsado en parte por la inmigración venezolana.

El país es predominantemente urbano (91.4%) y la costa concentra el 58.7% de la población. Lima Metropolitana sigue siendo el centro poblacional más importante del país, y San Juan de Lurigancho se mantiene como el distrito más poblado, con 1,125,000 habitantes.

Educación: avances con rezago persistente

El censo 2025 revela una realidad compleja en el sistema educativo. El 54.3% de los niños de 3 a 5 años tiene educación inicial, mientras que el 45.7% aún no la alcanza. En primaria (6 a 11 años), la cobertura llega al 80.1%, pero cerca del 20% de ese grupo no tiene este nivel. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 70% cuenta con secundaria, frente a un 28% que todavía no la alcanza. Y de los jóvenes de 18 a 26 años, solo el 51.3% accede a educación superior universitaria o no universitaria; el resto se queda en niveles hasta primaria.

Durante este seminario internacional «Estadística Pública» promovido por el INEI, también se abordó la deuda educativa que recibe Keiko Fujimori: un 20% de los estudiantes no termina primaria y un 28% no culmina secundaria. ¿Hacia dónde va la educación peruana? Además, el analfabetismo se estanca en 5%, pese a ocho años de avance mínimo, y la brecha de género se mantiene intacta.

El analfabetismo es una problemática que debe ser erradicada, porque desencadena pobreza, marginación y exclusión en las poblaciones más vulnerables y alejadas (García-Segura, 2017). Este proceso es consecuencia de la desigualdad y discriminación social y cultural latente en la sociedad peruana, debido a la inconstancia en las políticas estatales (Urquizo- Vásquez, 2023).

Específicamente, el analfabetismo golpea el doble a las mujeres; 22 de cada 100 adultas mayores no saben leer ni escribir. La pregunta que el Minedu no puede seguir postergando es: ¿Cuál es el plan del ministro José Antonio Chang para cerrar estas brechas? Luis Felipe Alpaca, egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y periodista en la Universidad Jaime Bausate y Meza, así como miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, reflexiona sobre estos datos. Como gestor cultural ha organizado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM y miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert.

El analfabetismo en la población de 15 años y más descendió a 5.1% en 2025, frente al 5.8% registrado en 2017. Este descenso porcentual esconde una realidad alarmante: el número absoluto de personas analfabetas aumentó de 1 millón 262 mil a 1 millón 297 mil, un fenómeno explicado exclusivamente por el crecimiento demográfico del grupo etario. La distribución geográfica revela profundas desigualdades; Huancavelica y Apurímac concentran las tasas departamentales más elevadas. A nivel provincial, destacan Pomabamba en Áncash con 25.5% de analfabetismo y Paucartambo en Cusco con 25%. Loreto se distinguió como el único departamento donde la tasa creció respecto al año base. Estas cifras subrayan que, aunque las políticas públicas han transitado desde un enfoque meramente textual hacia una concepción integral vinculada a la inclusión educativa, la Educación Básica Alternativa (EBA), la interculturalidad y las competencias digitales, persisten brechas de género severas. La tasa en mujeres alcanza el 7.4%, más que duplicando el 2.8% de los hombres, y llega al 22.3% entre las mujeres de 60 años o más.

A pesar de este avance relativo, el programa enfrenta desafíos críticos en la asignación presupuestal. Lo destinado a 2026 se redujo aproximadamente S/ 46,805 respecto al año anterior, lo que limita su impacto. Esta contracción ocurre en un contexto donde las estrategias para identificar y atraer nuevos estudiantes son insuficientes. La falta de coordinación entre la Dirección de Educación Básica Alternativa del MINEDU a cargo de Luis Alberto Vásquez Quispe —quien mantiene el puesto desde 2023— y los gobiernos regionales obstaculiza cualquier reducción efectiva de la brecha educativa.

Cada vez menos estudiantes en EBA

A pesar de contar con modalidades de atención presencial, semipresencial y a distancia para personas mayores de 14 años, cada año disminuye el número de matriculados. Esto sucede aunque más de 8 millones de peruanes no hayan terminado su educación básica, situación que el Estado solo atenderá al 2.2% este año. La modalidad EBA sufre además un proceso de racionalización que provoca la pérdida anual de docentes especializados, una necesidad crítica dado el promedio de edad de los educadores actuales de 45 años y la falta de atracción para jóvenes profesionales debido a las condiciones laborales e infraestructura.

Actualmente existen 1440 CEBA públicos en el país. Es imperativo que la restructuración que promueve la gestión de Keiko Fujimori en los distintos sectores, incluyendo al Ministerio de Educación, permita elaborar nuevas políticas para reducir la brecha. Las estrategias existentes no trajeron resultados significativos y se requieren cambios de compromiso de gestión directiva que vuelvan a poner en el centro la prevención de la deserción escolar en primaria y secundaria. Además, es urgente una atención articulada entre MIDIS, MINEDU y MINAGRI para revertir esta crisis educativa.

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