Durante una reunión de alto nivel, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto a ministros de sectores clave, altos mandos militares y representantes de inteligencia, definió una estrategia. El encuentro tuvo como eje la articulación de una respuesta coordinada frente al avance del sicariato, las extorsiones y otras economías delictivas en el país. El Gobierno puso en marcha esta ofensiva nacional contra el crimen organizado con el objetivo de recuperar el control del territorio y restablecer el orden interno.

“El Gobierno ha tomado la decisión política de pasar del diagnóstico a la acción. Esta ofensiva no es declarativa: implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles”, afirmó el jefe del Gabinete. Arroyo también subrayó que el combate a la delincuencia es fundamental para la gobernabilidad. “No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado”, añadió.

Durante la sesión, el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028. Este plan plantea una intervención escalonada en las zonas más afectadas, con énfasis en la prevención policial y comunitaria, así como el control en fronteras y espacios estratégicos. La seguridad ciudadana es una prioridad en la agenda del Ejecutivo para garantizar metas al 2028.

Durante una reunión encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Díaz; Rodolfo Acuña, titular de Economía y Finanzas; César Augusto Briceño, jefe del Comando Conjunto, y Óscar Arriola, comandante general de la Policía, se definió un plan estratégico contra el crimen. La meta central es bajar la tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes en 2025 hasta alcanzar los 8.5 en 2028. Asimismo, se proyecta una reducción progresiva de casos de extorsión y sicariato mediante el fortalecimiento de la inteligencia criminal y el análisis del delito.

El Ejecutivo también contempla reforzar la administración de justicia y el sistema penitenciario, considerados piezas clave para desarticular redes criminales y evitar la reincidencia. La ofensiva se implementará a través de Fuerzas de Tarea Integradas del Estado, con un despliegue flexible que se adaptará a la dinámica delictiva de cada territorio.

Este enfoque busca una respuesta más rápida frente a focos de violencia y una intervención directa sobre organizaciones criminales. El plan se enfoca en atacar las causas estructurales que alimentan el delito, asegurando que la maquinaria estatal funcione con coherencia para garantizar seguridad ciudadana efectiva en todo el país durante los próximos años.

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