Cultura
Con más de 33 mil espectadores, la trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP cerró su aniversario reafirmando su rol como uno de los principales espacios cinematográficos de la región. Esta celebración de tres décadas reunió una programación diversa que incluyó 145 producciones audiovisuales: 83 obras de ficción, 62 documentales y un fuerte componente nacional con 72 películas peruanas, entre las cuales destacan 38 largometrajes. La cifra de asistentes confirma el éxito del evento, que funcionó como plataforma para conectar realizadores, profesionales y público.
Published
on
By
Uno de los hitos más significativos fue El Mercado, el espacio diseñado para impulsar proyectos. Este año registró 110 postulaciones de obras peruanas en ficción y documental, superando la cifra anterior y estableciendo un nuevo récord histórico en sus 11 años de vida. Esta alta participación demuestra que el área es fundamental para acompañar y fortalecer la producción audiovisual local.
Más allá de la industria, el festival buscó acercar el cine a nuevos públicos. Para ello, 24 actividades y funciones fueron de ingreso libre, lo que amplió el acceso y permitió que más personas disfrutaran de la fiesta cinematográfica sin barreras económicas.
La formación y el diálogo también ocuparon un lugar central en esta edición. El evento desarrolló 95 encuentros, que incluyeron conversatorios, clases maestras, diálogos, presentaciones de publicaciones, talleres y sesiones de preguntas y respuestas (Q&A). De este modo, las películas no solo se exhibieron, sino que sirvieron como punto de partida para la reflexión y el aprendizaje entre cineastas y especialistas.
A lo largo de sus 30 años, el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP ha construido un espacio único entre el cine peruano, latinoamericano y mundial. Su programación ha permitido que distintas generaciones conozcan historias capaces de ampliar nuestra manera de mirar el mundo.
La edición aniversario reafirmó esa vocación al articular cine, cultura, formación e industria. El festival reunió a creadores, especialistas y público en una experiencia que extendió sus actividades hasta Lima, Cusco e Iquitos, convirtiendo nuevamente a estas ciudades en escenarios para la celebración del séptimo arte. Así se consolidó un modelo integral que combina el encuentro de autores con la promoción activa de nuevos talentos.
Tres décadas después de su nacimiento, la fiesta del cine continúa. Treinta años después, el Festival no solo mira hacia su historia. También proyecta su futuro: el de un encuentro cinematográfico que apuesta por la diversidad de voces, el crecimiento del cine peruano y la formación de nuevas audiencias.
En un movimiento que resulta políticamente incómodo, el Ministerio de Cultura vuelve a mirar hacia atrás. Mientras el ministro Alberto Beingolea anunciaba una nueva etapa para el sector y cuestionaba públicamente el supuesto copamiento político de la institución, una antigua funcionaria retorna a un puesto estratégico. María Belén Gómez de la Torre Barrera fue designada asesora II del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, mediante la Resolución Ministerial N.° 281-2026-MC, publicada el 12 de agosto de 2026.
La designación lleva la firma del viceministro Fernando López Sánchez y contradice el discurso de renovación que acompañó la llegada de la actual administración. En lugar de abrir paso a nuevos cuadros, el Ministerio vuelve a incorporar a una funcionaria que conoce desde hace años los circuitos internos de la gestión del patrimonio.
Gómez de la Torre tiene una extensa trayectoria en el sector. Trabajó en el Ministerio de Cultura entre 2008 y 2018 en la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. Posteriormente ocupó la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial y llegó a ejercer como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. Hasta septiembre de 2021 estuvo al frente de esta última área, una de las dependencias más sensibles de la administración del patrimonio arqueológico del país.
También fue asesora del entonces ministro Alfredo Luna. Ahora vuelve a ocupar una posición desde la cual tendrá acceso directo a información, decisiones y procesos vinculados con la política nacional de patrimonio cultural. Su paso por áreas estratégicas del patrimonio, su participación en documentos vinculados con Nasca y su contratación para trabajos especializados en Chankillo plantean preguntas que la actual gestión está obligada a responder.
El caso Nasca
Uno de los principales puntos que requiere explicación es su participación en la elaboración del "Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Nasca y Palpa", instrumento formulado desde la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial y aprobado en 2015.
La pregunta es inevitable: si durante años se trabajó en un sistema destinado a proteger y gestionar uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta, ¿por qué su aplicación no logró impedir el deterioro de la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa?
Hoy, el caso Nasca se ha reinsertado en el centro de la controversia pública debido a denuncias que cuestionan el recorte del polígono del área protegida, el funcionamiento del Sistema de Gestión y diversas decisiones administrativas bajo investigación. En este contexto, el retorno de María Belén Gómez de la Torre Barrera al Ministerio no puede analizarse como un simple cambio administrativo; obliga necesariamente a revisar las responsabilidades institucionales de quienes ocuparon posiciones de decisión durante los años en que se construyó el actual escenario de crisis.
A pesar de que Gómez de la Torre permaneció vinculada al Ministerio durante buena parte del periodo posterior a la aprobación del documento crítico y llegó posteriormente a dirigir la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, no trascendió una alerta pública de su parte sobre los problemas que, años después, terminarían convirtiéndose en una crisis de dimensiones internacionales. Es importante precisar que también estuvo bajo la gestión del exministro Alfredo Luna.
Otro antecedente relevante para explicar sus vínculos corresponde a su vinculación con la Unidad Ejecutora 010 Chankillo. En noviembre de 2025, Lima Gris informó sobre diversas contrataciones realizadas por esta unidad, entonces dirigida por el arqueólogo Iván Ghezzi Solís. El reportaje consignó observaciones relacionadas con pagos a especialistas, servicios contratados y decisiones presupuestales que requerían una mayor explicación pública.
Caso Chankillo.
En ese contexto específico apareció el nombre de María Belén Gómez de la Torre Barrera. El 15 de enero de 2025, el Ministerio de Cultura emitió a su favor una orden de servicio por S/ 40 000 para un trabajo especializado relacionado con patrimonio mundial para la Unidad Ejecutora 010 Chankillo. Nueve días después, el 24 de enero, se emitió otra orden de servicio por S/ 40 000, esta vez desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La existencia de estas contrataciones no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad. Pero sí plantea una pregunta periodística legítima: ¿qué servicios concretos fueron prestados, cuáles fueron sus productos, quién los supervisó y cuál fue el resultado verificable de esos trabajos?
Esas respuestas deberían estar disponibles para cualquier ciudadano interesado en conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a la protección del patrimonio.
La cercanía que debe explicarse
Existe, además, un elemento que merece ser aclarado por la propia administración: la relación profesional entre Fernando López Sánchez y Gómez de la Torre. Según la información proporcionada, ambos estuvieron vinculados en el ámbito académico de la Maestría de Conservación del Patrimonio Edificado de la FAUA-UNI, donde López Sánchez habría ejercido como docente.
Ese antecedente no demuestra por sí mismo favoritismo ni irregularidad. Pero cuando un funcionario designa para un cargo de confianza a una profesional con la que tuvo una relación académica previa, resulta razonable exigir transparencia sobre los criterios utilizados para la selección.
El Ministerio de Cultura debería dar cuenta si se evaluó un proceso real, qué méritos pesaron y qué experiencia específica justificó la designación. Porque el problema no es que una funcionaria con trayectoria regrese al Estado público. El conflicto emerge cuando los retornos ocurren sin explicaciones claras y en áreas donde existen controversias que involucran a antiguos funcionarios y decisiones tomadas durante su permanencia en la institución.
Una oficina estratégica como la asesoría del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales permite participar en la preparación de informes, recomendaciones y políticas que afectan directamente la conservación del patrimonio arqueológico e histórico. Por eso, la designación de una funcionaria con pasado en la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial y en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble exige una revisión particularmente rigurosa.
Hay demasiados asuntos pendientes: el caso Nasca y Palpa, las decisiones sobre áreas arqueológicas, los proyectos de inversión, las contrataciones de consultores y las investigaciones sobre posibles irregularidades dentro del sector. En todos esos casos, el Ministerio tiene la obligación de garantizar que quienes intervienen en la toma de decisiones actúen con absoluta independencia y transparencia.
Viceministro Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
El problema de fondo no es María Belén Gómez de la Torre. El problema es un modelo de administración pública que, durante años, ha permitido que determinados funcionarios circulen de una dirección a otra, de una consultoría a un cargo de confianza y de una gestión política a otra, acumulando poder, información y relaciones dentro de una institución que debería tener como prioridad la defensa del patrimonio.
Si el nuevo Ministerio prometió terminar con los privilegios y renovar las estructuras internas, esta designación merece una explicación. María Belén Gómez de la Torre también es identificada con el oscuro grupo lumbrerista. No basta con afirmar que se está cambiando el Ministerio de Cultura. Hay que demostrarlo.
Y en Nasca existe una pregunta que permanece abierta: ¿quiénes estuvieron dentro de la estructura que permitió llegar hasta la actual crisis y qué responsabilidad institucional tuvieron quienes ocuparon posiciones estratégicas durante ese proceso? La respuesta no puede quedar enterrada bajo otra capa de burocracia. Porque cuando una institución que anuncia renovación termina reciclando a sus antiguos cuadros, la primera sospecha no es de cambio. Es de continuidad.
A pesar que hace una semana le hemos solicitado una entrevista al ministro de Cultura, hasta hoy seguimos recibiendo silencio. Es necesario que la administración demuestre con hechos su voluntad de ruptura con el pasado y no solo con retórica. La transparencia se construye en cada decisión, especialmente cuando se trata de proteger nuestro legado cultural frente a intereses particulares o grupos influyentes que han mantenido el estatus quo durante demasiado tiempo.
Comentarios 1
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta