Un sector de gremios de transportistas urbanos de Lima y Callao ha convocado a una paralización del servicio el martes 25 de agosto de 2026. Esta medida responde directamente al incremento de ataques por cobro de cupos y sicariato que han afectado la operación diaria. Los dirigentes advirtieron que la violencia armada ha alcanzado incluso a directivos de las empresas de transporte público, lo que motivó el acuerdo para paralizar sus flotas en busca de garantías laborales.
La medida de fuerza, sin embargo, está condicionada. Las organizaciones gremiales precisaron que la protesta quedará sin efecto si el Poder Ejecutivo les concede una audiencia directa previa con la presidenta Keiko Fujimori. En un pronunciamiento institucional, se subraya: «La medida quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo nos concede la audiencia solicitada... La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables».
Las organizaciones representativas del sector señalan que esta convocatoria constituye un llamado de atención ante la ausencia de un plan articulado contra el crimen organizado. Los transportistas recordaron haber planteado anteriormente propuestas técnicas para el control de penales y el resguardo de paraderos críticos, las cuales han sido ignoradas por falta de respuestas gubernamentales.
Entre los puntos clave de su exigencia se encuentra el fortalecimiento de las unidades fiscales y policiales contra la extorsión, además del bloqueo de comunicaciones en los centros penitenciarios. Asimismo, demandan una presencia policial permanente en los corredores viales de mayor índice delictivo para proteger tanto a pasajeros como a trabajadores.
La violencia no solo afecta la seguridad física, sino que atenta contra la estabilidad económica del sector. Ante esta situación, el gremio insiste en que la medida es pacífica y busca soluciones reales frente al sicariato y las extorsiones que han cobrado vidas recientes. La falta de acción estatal ha llevado a los transportistas a tomar esta decisión extrema para presionar al gobierno por un cambio real en la seguridad ciudadana y laboral.
Los dirigentes gremiales Julio Bretoneche y Martín Ojeda sostuvieron una reunión de coordinación con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para cuestionar la efectividad del despliegue militar en los patios de maniobras. Durante este encuentro, el dirigente Martín Ojeda remarcó que las tropas no han tenido presencia en los puntos de ataque ni en las rutas comerciales durante las últimas semanas. Ante estos reclamos, el burgomaestre capitalino se comprometió a gestionar un canal de diálogo directo entre los gremios de transporte urbano y la jefa de Estado.
No obstante, la gravedad del contexto justifica la exigencia de un paro para el 25 de agosto. El documento gremial destacó la situación crítica tras el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego. Este crimen fue perpetrado por sicarios en motocicleta el 6 de agosto en Los Olivos.
Durante el ataque armado también resultó herida de bala su cónyuge, hecho por el cual los transportistas exigieron la pronta captura de los responsables. A este caso se sumó el reciente atentado a balazos contra un conductor de la línea Vipusa en el distrito de Villa El Salvador.
Los dirigentes gremiales indicaron que en los últimos 45 días se han contabilizado cerca de 17 atentados contra unidades de transporte público en diversas zonas de la capital. Esta ola de violencia ha llevado al sector a anunciar una medida contundente para forzar una respuesta del Ejecutivo, ya que las acciones represivas actuales no parecen disuadir a los grupos criminales que operan en el territorio.
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