Este martes, el Ejecutivo de Keiko Fujimori dio oficialidad al Decreto de Urgencia Nº 008-2026, una medida diseñada para ejecutar intervenciones inmediatas frente al peligro inminente causado por lluvias intensas vinculadas al Fenómeno El Niño. La norma autoriza transferencias superiores a los 179 millones de soles destinadas a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realice obras preventivas en seis regiones críticas.

Según el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, el calentamiento oceánico persistirá hasta abril de 2027. Este pronóstico técnico indica que la costa norte y central enfrentarán precipitaciones superiores a lo normal, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica por la posible destrucción de carreteras, sistemas de riego y centros de salud.

Ante estos reportes, las entidades competentes determinaron que no se trata de una necesidad ordinaria, sino de una contingencia imprevisible que exige celeridad. La asignación de recursos extraordinarios busca mitigar daños a la infraestructura pública y agrícola mediante labores de limpieza y protección en zonas vulnerables.

Intervención en 70 puntos críticos de ríos y quebradas

La medida principal del decreto es autorizar a la ANA para intervenir, de manera inmediata, en setenta puntos identificados como de alta vulnerabilidad en diversos cauces fluviales. Para estas labores —que incluyen limpieza, descolmatación y formación de bordos de protección— se ha destinado un presupuesto específico de 129 millones 400 mil soles.

El área de acción abarca distritos declarados en estado de emergencia en los departamentos de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. En estas localidades se utilizará maquinaria adquirida previamente con el fin de reducir significativamente el riesgo de inundaciones.

La emisión de esta normativa legal fundamenta la urgencia en mitigar los impactos que las lluvias extremas podrían causar, asegurando que la respuesta estatal sea rápida y efectiva para proteger a las poblaciones más expuestas al fenómeno climático.

El dispositivo legal promueve una reorganización presupuestaria flexible para el año 2026, otorgando facultades especiales no solo a la ANA, sino también a las entidades del Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales. Según lo establecido en la norma, estas autoridades podrán utilizar recursos ordinarios para financiar gastos urgentes que salvaguarden puentes, colegios y otras obras públicas frente a la amenaza de las lluvias. El objetivo es garantizar que sus operaciones esenciales no se detenen ante la emergencia. Para lograrlo, el decreto exonera a dichas autoridades de ciertas limitaciones administrativas habituales, facilitando una ejecución rápida del gasto. Esto implica suspender artículos de la Ley de Presupuesto 2026 y del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, se exceptúan restricciones de los decretos de urgencia 001-2026 y 005-2026, lo que permite reasignar fondos para proteger infraestructura y asegurar servicios críticos sin las demoras burocráticas ordinarias. Esta flexibilidad administrativa va acompañada de una asignación financiera concreta: el Ejecutivo transfirió 50 millones 59 mil 56 soles adicionales específicamente para la instalación de barreras dinámicas en quebradas críticas de las provincias de Lima y Huarochirí. Estas zonas son áreas recurrentemente afectadas por movimientos en masa y huaicos. Con estos fondos, se permite la contratación de bienes y servicios especializados para dichas defensas. Las infraestructuras están diseñadas estratégicamente para detener detritos y rocas durante las crecidas de los ríos, brindando así una capa adicional de protección a las poblaciones asentadas en las zonas bajas de las quebradas, mitigando el riesgo de que la violencia del agua cause daños mayores. Finalmente, para cerrar el ciclo de gestión responsable, el decreto establece mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas. La norma asegura que los recursos se utilicen exclusivamente en la prevención de desastres, evitando cualquier desviación o uso ineficiente del dinero público transferido. Al combinar la reasignación presupuestaria inmediata con la inversión física en barreras dinámicas, el Ejecutivo busca blindar a las comunidades más vulnerables de la violencia de los fenómenos naturales esperados para el próximo año. La medida integra tanto la capacidad operativa de respuesta rápida como la infraestructura preventiva necesaria para enfrentar la amenaza inminente que plantea el fenómeno climático en nuestra región. Así se garantiza que la protección ciudadana sea una prioridad absoluta, con fondos disponibles y herramientas técnicas listas para actuar cuando las lluvias intensas golpeen a los valles y quebradas del país.

Según el decreto, todas las entidades receptoras de financiamiento bajo este marco deben informar mensualmente a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño sobre el avance físico y financiero de sus obras. Por su parte, el titular de la ANA tiene la obligación de publicar informes trimestrales y un reporte final que incluya la ubicación exacta, mediante coordenadas geográficas, de cada intervención realizada.

El Ejecutivo y el sector privado articulan acciones frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. Además, Senamhi activó alerta naranja por fuertes vientos en la costa desde el 19 de agosto; ya reportan caída de árboles y calaminas en Lima. Asimismo, se ha confirmado que la costa peruana, incluida la capital, ha soportado lloviznas históricas "sin precedentes", según respondió la entidad meteorológica.

¿Por qué las lloviznas golpean con fuerza los distritos de Lima Sur y hasta cuándo se extenderán? Senamhi responde a esta interrogante. En el ámbito político, Beingolea respalda la derogatoria de la ley que creó el Colegio de Artistas del Perú al afirmar que "tiene los días contados". Por otro lado, en materia de seguridad, un ex defensor del Pueblo afirmó que la moción de interpelación contra el ministro de Defensa "es casi una declaratoria de guerra". Finalmente, la embajada de Rusia aseguró que peruanos que firmaron contratos para la guerra en Ucrania eran conscientes de las condiciones y riesgos.

En la administración pública también se registran cambios: el gobierno designó nuevo presidente del IPD tras la renuncia de Sergio Ludeña. Estas noticias complementan el panorama actual sobre los efectos climáticos y políticos que atraviesa el país en este momento.

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