En el contexto actual, donde el emprendimiento juvenil muestra una presencia significativa pero lucha por su sostenibilidad, surge un nuevo proyecto de ley. La iniciativa busca crear un régimen especial diseñado para fomentar la creación y formalización de empresas lideradas por jóvenes entre 18 y 29 años. Conocida como "Ley Mi Primera Empresa", esta propuesta fue presentada por la diputada Roxana Rocha Gallegos con el objetivo de impulsar startups juveniles en un entorno competitivo.
Para acceder a este régimen, se establece una condición clave: al menos el 50% de la participación accionaria o societaria debe pertenecer a personas dentro del rango etario especificado. Los beneficios abarcan desde una tasa reducida en el Impuesto a la Renta (IR) hasta deducciones adicionales por contratación y transformación digital.
Según los datos recabados para la exposición de motivos, al cierre de 2025 existían 280,196 micro y pequeñas empresas formales conducidas por jóvenes. De este total, el 96.5% eran microempresas, concentrándose casi nueve de cada diez en el sector comercio y servicios.
Uno de los cambios más relevantes se centra en la materia tributaria. Las empresas juveniles que generen rentas de tercera categoría podrían aplicar una tasa promocional del 10% sobre su renta neta imponible anual durante su primer ejercicio gravable bajo el beneficio.
Esta reducción es especialmente impactante frente al Régimen General, cuya tasa ordinaria asciende a 29.5%. Para implementar este incentivo, el proyecto plantea modificar expresamente la Ley del Impuesto a la Renta y las reglas correspondientes al Régimen MYPE Tributario.
No obstante, los beneficios tendrían una vigencia limitada de un año, contando desde el 1 de enero del ejercicio siguiente a la publicación del reglamento. Una eventual renovación requeriría una nueva ley y debería sustentarse en los resultados obtenidos y su costo fiscal. Así, el Estado busca ofrecer un impulso inicial claro para que estas empresas juveniles puedan consolidarse.
La figura de "Ley Mi Primera Empresa" no solo apunta a reducir cargas fiscales iniciales, sino también a facilitar la formalización temprana en un mercado donde la competencia es feroz. Al ofrecer herramientas como deducciones por innovación y contratación, se espera que el emprendimiento joven deje de ser una actividad informal para convertirse en un motor económico estructurado.
La diputada Rocha Gallegos considera que estas medidas son vitales para retener talento y capital humano en el país. Sin embargo, la implementación dependerá de la aprobación final del Congreso bicameral y de la capacidad regulatoria de las entidades involucradas.
El proyecto aprobado en el congreso introduce un incentivo fiscal dirigido a empresas que inviertan en innovación y transformación digital. Según lo planteado, estas podrían deducir adicionalmente hasta el 100% de ciertos gastos vinculados directamente a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la modernización de sus procesos. Este beneficio se extiende también a la capacitación de trabajadores jóvenes, así como a la adquisición de software, equipos tecnológicos y licencias digitales necesarias para la actividad empresarial. Es importante precisar que, en el caso de activos fijos o intangibles, la deducción adicional se aplicaría sobre la depreciación o amortización aceptada tributariamente por la administración.
Sin embargo, existe una restricción clara: un mismo gasto no puede generar simultáneamente este incentivo y otro beneficio tributario. En particular, cuando corresponda también la aplicación de los beneficios de la Ley N.° 30309, vinculada a investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, la empresa tendría que elegir cuál utilizar. La normativa busca evitar duplicidad en las deducciones fiscales para un mismo rubro de gasto.
Por otro lado, el componente laboral también incluye incentivos tributarios diseñados para fomentar la inserción del talento joven al mercado formal. Una empresa juvenil que incorpore a un trabajador de entre 18 y 29 años en su primer empleo formal podría deducir adicionalmente un monto equivalente al 50% de la remuneración básica efectivamente pagada durante los primeros 12 meses de la relación laboral. Para acceder a este beneficio, la contratación tendría que representar un incremento neto de la planilla de la empresa. Además, se establece que un mismo trabajador no podría generar simultáneamente más de una deducción o incentivo tributario asociado a su contratación dentro del mismo periodo.
Finalmente, el Estado contempla apoyos adicionales a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Este organismo podría implementar un subsidio temporal de hasta el 15% de la remuneración mínima vital por cada joven contratado, también por un máximo de 12 meses. No sería un beneficio automático: dependería de convocatorias públicas y de la disponibilidad presupuestal en cada momento fiscal. De esta manera, se busca combinar deducciones directas con subsidios condicionados para potenciar el emprendimiento juvenil.
Otro frente de la iniciativa se centra en reducir las barreras de entrada para crear nuevas empresas. En este sentido, las sociedades que acrediten desde su constitución la participación juvenil exigida quedarían exoneradas, por única vez, de los derechos registrales correspondientes a la reserva del nombre y a la inscripción de su acto constitutivo ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Es importante precisar que esta exoneración no comprendería modificaciones posteriores del estatuto, aumentos de capital, inscripción de poderes, licencias municipales u otras autorizaciones.
Para facilitar el proceso, se propone implementar mecanismos digitales que permitan la constitución virtual de estas empresas, junto con la obtención de RUC, licencias y autorizaciones. Además, se establecería una ventanilla única digital específica para los emprendimientos juveniles. Estas medidas se sumarían a un marco mype que actualmente ya contempla mecanismos de simplificación y reducción de costos para la formalización empresarial.
En el ámbito financiero, la iniciativa plantea crear el Fondo Nacional de Emprendimiento Juvenil e Innovación (FONEJI) dentro del Ministerio de la Producción. Este fondo financiaría capital semilla, incubación y aceleración de empresas, asistencia técnica, créditos, garantías, innovación tecnológica, transformación digital e internacionalización.
Los instrumentos crediticios y las garantías serían canalizados a través de Cofide. El diagnóstico incorporado al proyecto señala que, pese a una mayor presencia de jóvenes dentro del sistema financiero, los montos a los que acceden continúan siendo considerablemente menores. Al cierre de 2025 había 735,707 jóvenes de entre 18 y 29 años con algún crédito mype. Sin embargo, concentraban solo el 8.7% del saldo total de estas colocaciones.
Su deuda promedio ascendía aproximadamente a S/ 7,000, frente a los S/ 21,000 registrados entre personas de 30 años a más. La propuesta también busca priorizar, entre otros grupos, a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad sociolaboral, personas con discapacidad, residentes en zonas rurales o con elevados niveles de desempleo y egresados de instituciones de educación superior que ingresen por primera vez a un empleo formal.
El proyecto, anunciado como una de las primeras iniciativas de la nueva Cámara de Diputados para establecer beneficios temporales y mecanismos específicos de financiamiento para emprendimientos juveniles, aún debe pasar por el trámite legislativo correspondiente. De prosperar, supondría un régimen promocional diferenciado por edad que combina incentivos tributarios, subsidios a la contratación, financiamiento y reducción de costos de formalización. No bastaría con que el fundador sea joven. La propuesta exige que por lo menos el 50% de la participación accionaria o societaria permanezca en manos de jóvenes de entre 18 y 29 años durante todo el periodo en que se utilicen los beneficios. Además, la empresa tendría que operar en el Perú, encontrarse activa y habida en el RUC. Asimismo, no registrar determinadas sanciones firmes en materia tributaria, laboral, ambiental o de libre competencia. Para administrar el esquema se crearía un Registro Nacional de Empresas Juveniles Innovadoras a cargo del Produce. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y las demás entidades competentes quedarían encargadas de controlar el uso de los incentivos y sancionar los casos de fraude, simulación empresarial o utilización indebida de los beneficios. El objetivo es impulsar a quienes están en la etapa inicial.
No bastaría con que el fundador sea joven. La propuesta exige que por lo menos el 50% de la participación accionaria o societaria permanezca en manos de jóvenes de entre 18 y 29 años durante todo el periodo en que se utilicen los beneficios.
Además, la empresa tendría que operar en el Perú, encontrarse activa y habida en el RUC y no registrar determinadas sanciones firmes en materia tributaria, laboral, ambiental o de libre competencia.
Para administrar el esquema se crearía un Registro Nacional de Empresas Juveniles Innovadoras a cargo del Produce.
El proyecto todavía deberá pasar por el trámite legislativo correspondiente. De prosperar, supondría un régimen promocional diferenciado por edad que combina incentivos tributarios, subsidios a la contratación, financiamiento y reducción de costos de formalización.
La propuesta ya había sido anunciada como una de las primeras iniciativas de la nueva Cámara de Diputados, bajo la idea de establecer beneficios temporales y mecanismos específicos de financiamiento para emprendimientos juveniles.
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