El ministro Guillermo Shinno, a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), confirmó que la cartera minera peruana, valorizada en US$64.075 millones, tiene el potencial de registrar avances por cerca de US$40.000 millones durante los próximos cinco años. Sin embargo, Shinno aclaró que este objetivo no implica que todo ese monto vaya a ejecutarse en su totalidad.

Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, el funcionario detalló la nueva estrategia para atender las demandas de las comunidades y prevenir conflictos sociales. Explicó que el Gobierno ya revisó los proyectos que integran la cartera minera. Ahora, su despacho buscará establecer contacto directo con las empresas responsables para conocer la situación real de cada iniciativa y determinar cuáles tienen condiciones concretas para avanzar.

"Personalmente conozco la cartera, he revisado cada uno de los proyectos", declaró Shinno en el evento. "Vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso podríamos inaugurar operaciones durante este quinquenio".

La estrategia del ministerio se enfoca en priorizar aquellas iniciativas con viabilidad técnica y social para su ejecución inmediata, descartando aquellas listas que no cuentan con el soporte necesario para ser operativas en el corto plazo. De esta manera, se busca optimizar la inversión pública y asegurar resultados tangibles para la economía nacional.

El planteamiento del Minem apunta, por tanto, a identificar los proyectos que puedan avanzar en sus diferentes etapas durante los próximos cinco años. Sin embargo, el ministro Shinno aclaró que acelerar las inversiones no debería ser el único indicador para evaluar el desarrollo de la actividad extractiva. Durante su intervención, puso énfasis en la necesidad de que los beneficios de la minería puedan ser percibidos por las poblaciones de las zonas donde se encuentran los recursos.

“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno. En esa línea, el titular del Minem planteó modificar la manera en que el Estado aborda las tensiones sociales relacionadas con los proyectos mineros. La propuesta consiste en intervenir antes de que los conflictos lleguen a convertirse en protestas o paralizaciones, a partir de una identificación anticipada de las necesidades de cada territorio.

El Gobierno busca que ese trabajo involucre a empresas, autoridades locales, comunidades y al propio Estado. La idea es que las decisiones sobre el desarrollo de una zona no se tomen únicamente desde el Gobierno central o en función de los intereses de una compañía, sino considerando también las demandas de las poblaciones directamente vinculadas con la actividad.

Es crucial reconocer que este enfoque busca transformar la gestión del conflicto. No se trata simplemente de esperar a que surjan las protestas para actuar, sino de prevenir la escalada mediante diagnósticos tempranos. Shinno insistió en que el bienestar colectivo es el termómetro real del éxito minero, desplazando la métrica puramente financiera por una visión más integral.

Para lograr esto, se requiere una articulación efectiva entre los diferentes actores sociales y políticos involucrados. Al integrar las voces de las comunidades locales junto con las autoridades regionales y nacionales, se busca evitar que el poder central imponga decisiones unilaterales. El objetivo final es garantizar que la riqueza extraída realmente beneficie a quienes habitan en los territorios afectados, asegurando así una paz social duradera.

Durante los días 18 al 20 de agosto, en el Centro de Convenciones de Lima, se desarrolló el GESS 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Fue allí donde Shinno, ministro de Energía y Minas, detalló dos frentes críticos para la industria. El primero es un enfoque denominado “gobernanza territorial”, bajo el cual uno de los desafíos principales consiste en que la población pueda identificar de manera concreta qué beneficios genera la explotación de los recursos en su localidad. “La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, sostuvo Shinno, quien enfatizó que sin esta visibilidad directa se dificulta la aceptación social de las operaciones.

El otro frente señalado por el funcionario fue el avance de la minería ilegal, particularmente en zonas de la Amazonía y los Andes. El ministro advirtió que esta actividad genera impactos sobre los ecosistemas y afecta a comunidades nativas y campesinas, además de estar vinculada con economías criminales. “Proteger la sostenibilidad del país implica obligatoriamente erradicar la ilegalidad”, afirmó Shinno. La posición del Gobierno coloca así la lucha contra la minería ilegal como uno de los retos que deberá enfrentar el sector en los próximos años, junto con la búsqueda de condiciones que permitan reducir las tensiones alrededor de los proyectos formales.

Evento GESS 2026 en Lima

El presidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, coincide en que la viabilidad de nuevos proyectos mineros dependerá de acuerdos entre empresas, autoridades y comunidades. Por su parte, Tamiko Hasegawa, presidenta del GESS 2026, señaló que esta relación debe mantenerse también con las nuevas autoridades tras las próximas elecciones regionales y municipales.

El desafío para el Gobierno será asegurar que los proyectos logren avanzar bajo condiciones sociales y territoriales favorables. Esto implica atender problemas como la minería ilegal y las demandas de las poblaciones de las zonas de influencia, garantizando así un desarrollo sostenible en los territorios donde se desarrollará la actividad minera.

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