Un nuevo informe documenta la grave situación de seguridad y abandono institucional que enfrentan las comunidades indígenas en el departamento de Loreto. Presentado recientemente en la ciudad de Iquitos, el documento titulado “Defensores indígenas y amenazas territoriales en Loreto” revela de manera integral cómo la tala, la minería ilegal y el narcotráfico vulneran los derechos humanos en la región amazónica.
Loreto, el territorio más extenso y de mayor importancia ambiental en el país, sufre una creciente presión por actividades ilícitas y conflictos socioambientales. Esto pone en riesgo a sus bosques y a las personas que los defienden. Frente a este escenario, las organizaciones indígenas AIDESEP, CORPI-SL, ORAU y ORPIO publicaron en julio de 2026 este exhaustivo estudio de 236 páginas. La publicación fue dirigida por Iván Brehaut. Además, contó con el apoyo técnico de FCDS Perú, la Asociación Fronteras Amazónicas y el financiamiento de la Real Embajada de Noruega.
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Un territorio bajo la narcogobernanza y el vacío institucional
El informe cruza datos oficiales con trabajo de campo para evidenciar la limitada capacidad estatal en una región que ocupa el último lugar nacional en competitividad y desarrollo humano. El documento señala que el 95 % del territorio loretano carece de conexión terrestre y depende enteramente del transporte fluvial. Asimismo, esta fragmentación territorial se agrava con una precaria seguridad pública. Actualmente, se cuenta con apenas 2865 efectivos policiales y 43 comisarías básicas para cubrir más de 368 mil kilómetros cuadrados. Las carencias son profundas: el 73 % de estas dependencias policiales no cuenta con un calabozo y solo el 4 % del personal tiene rango de oficial.
En este vacío institucional se ha consolidado un ecosistema delictivo entrelazado. En él convergen de manera simultánea el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la trata de personas. El estudio advierte sobre la existencia de una «narcogobernanza» en corredores fronterizos clave como Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. En estas zonas operan facciones criminales transnacionales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital. Además, hay grupos residuales armados como los Comandos de Frontera.
El mapa de riesgo para las comunidades
Tras evaluar las condiciones de 1228 comunidades mediante un sistema de ponderación de factores de riesgo, los investigadores determinaron que 679 localidades acumulan cinco o más amenazas simultáneas. El diagnóstico precisa que 394 comunidades se encuentran en un nivel de riesgo crítico. A nivel provincial, Putumayo destaca como la jurisdicción más vulnerable. El 73 % de sus pueblos está en estado crítico.
Los datos del mapeo territorial indican que 546 comunidades enfrentan peligros derivados de pasivos y derrames de hidrocarburos. Además, 477 se encuentran dentro del área de influencia directa del narcotráfico. 415 sufren amenazas frontales por parte de operadores de minería ilegal. En total, existen más de 770 comunidades con población indígena bajo el riesgo que impone la presencia de grupos criminales organizados.
Economías criminales en ascenso
Respecto a los delitos medioambientales específicos, Loreto concentra más del 50 % de los cultivos de hoja de coca del país. Esto abarca unas 45 mil hectáreas en un fenómeno que el informe califica como la «amazonización del narcotráfico». Por otro lado, la extracción maderera mantiene cifras alarmantes. Entre los años 2021 y 2024 se movilizaron más de 130 mil metros cúbicos de madera ilícita. Esto representa el 56 % del total nacional ilegal. Estas redes utilizan permisos de manejo forestal otorgados a comunidades nativas como fachada para el lavado de la madera.
En cuanto a la minería ilegal, el documento identifica zonas críticas y de urgencia como la cuenca del río Nanay. Esta cuenca es fuente vital de agua potable para casi medio millón de habitantes de Iquitos. En esta cuenca se han detectado hasta 210 dragas activas controladas por grupos armados. Esto ha provocado que el 79 % de la población evaluada presente niveles de mercurio en el cabello por encima de los parámetros tolerables por la Organización Mundial de la Salud. Otra zona crítica reportada es Datem del Marañón. Allí se ha documentado trabajo forzoso en campamentos mineros que afecta directamente al pueblo Awajún.
Desprotección estatal y justicia postergada
El hallazgo central y más contundente de la publicación radica en la enorme brecha del sistema de protección del Estado. El Mecanismo Intersectorial de Protección de Defensores de Derechos Humanos registra formalmente a solo 101 defensores y ocho familiares en todo el departamento. Sin embargo, los autores estiman que existe un subregistro drástico y que la cifra real superaría las 300 personas defensoras. Actualmente, estas personas operan y enfrentan la criminalización sin ningún respaldo estatal.
Entre los años 2017 y 2025, se lograron documentar 171 situaciones de riesgo contra líderes ambientales, concentrándose mayormente en las provincias de Maynas y Loreto/Nauta. El 68 % de estos ataques están vinculados a la minería, tala y narcotráfico. Las agresiones erosionan de manera directa la continuidad de los pueblos originarios. Destacan los grupos Ikitu, Kichwa y Kukama Kukamiria, que acumulan más de la mitad de los casos reportados.
Aunque las estadísticas del informe indican que el 76.3 % de las víctimas de amenazas son hombres, se advierte que la participación y vulnerabilidad de las mujeres se encuentra subestimada por patrones culturales que invisibilizan su labor. Ante ello, el texto resalta el trabajo de lideresas como Mari Luz Canaquiri Murayari, Olivia Bisa Tirko y Liz Chicaje Churay. Frente al nivel de impunidad reinante, donde los sentenciados por asesinatos de líderes territoriales suelen terminar en calidad de prófugos, el estudio exige implementar un marco de reparación integral. Además, basándose en estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones instan al Estado a garantizar la restitución territorial y la no repetición de estos crímenes para salvaguardar la vida en la Amazonía peruana.
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