Un nuevo informe expone la gravedad del abandono institucional y el deterioro de la seguridad que afecta a las comunidades indígenas del departamento de Loreto. Publicado en julio de 2026, el estudio titulado "Defensores indígenas y amenazas territoriales en Loreto" detalla cómo actividades ilícitas como la tala, la minería ilegal y el narcotráfico vulneran derechos humanos en la Amazonía peruana. Esta publicación de 236 páginas fue dirigida por Iván Brehaut y elaborada con apoyo técnico de FCDS Perú, la Asociación Fronteras Amazónicas, bajo financiamiento de la Real Embajada de Noruega. Las organizaciones indígenas AIDESEP, CORPI-SL, ORAU y ORPIO lideraron esta investigación.

Loreto, región de mayor extensión territorial e importancia ambiental del país, enfrenta una presión creciente por conflictos socioambientales que ponen en riesgo sus bosques y a quienes los defienden. El documento cruza datos oficiales con trabajo de campo para evidenciar la limitada capacidad estatal en un departamento que ocupa el último lugar nacional en competitividad y desarrollo humano. La realidad logística es crítica: el 95 % del territorio carece de conexión terrestre, dependiendo enteramente del transporte fluvial.

A esta precaria infraestructura se suma una seguridad pública insuficiente para cubrir los más de 368 mil kilómetros cuadrados del departamento. Actualmente, solo existen 2865 efectivos policiales y 43 comisarías básicas para atender la región. Las carencias son profundas: el 73 % de estas dependencias no cuenta con un calabozo funcional y únicamente el 4 % del personal tiene rango de oficial. Frente a este escenario de narcogobernanza, las comunidades exigen protección permanente.

A esta situación se suma el petitorio Jaguar Dorado, que permanece pendiente de una resolución administrativa. (Foto: FCDS Perú)

Dentro del vacío institucional que existe, se ha consolidado un ecosistema delictivo donde convergen simultáneamente la trata de personas, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. El estudio advierte sobre una «narcogobernanza» en corredores fronterizos clave como Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. En estas zonas operan facciones criminales transnacionales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, además de grupos residuales armados como los Comandos de Frontera. Esto ha permitido que más de 770 comunidades con población indígena vivan bajo el riesgo que impone la presencia de estos grupos organizados.

El mapa de riesgo para las comunidades

Tras evaluar las condiciones de 1228 comunidades mediante un sistema de ponderación de factores de riesgo, los investigadores determinaron que 679 localidades acumulan cinco o más amenazas simultáneas. El diagnóstico precisa que 394 comunidades se encuentran en un nivel de riesgo crítico. A nivel provincial, Putumayo destaca como la jurisdicción más vulnerable; el 73 % de sus pueblos está en estado crítico. Los datos del mapeo territorial indican que 546 comunidades enfrentan peligros derivados de pasivos y derrames de hidrocarburos. Además, 477 se encuentran dentro del área de influencia directa del narcotráfico y 415 sufren amenazas frontales por parte de operadores de minería ilegal.

Economías criminales en ascenso

Respecto a los delitos medioambientales específicos, Loreto concentra más del 50 % de los cultivos de hoja de coca del país. Esto abarca unas 45 mil hectáreas en un fenómeno que el informe califica como la «amazonización del narcotráfico». Por otro lado, la extracción maderera mantiene cifras alarmantes. Entre los años 2021 y 2024 se movilizaron más de 130 mil metros cúbicos de madera ilícita. Esto representa el 56 % del total nacional ilegal. Estas redes utilizan permisos de manejo forestal otorgados a comunidades nativas como fachada para el lavado de la madera, consolidando así un modelo de economía criminal que avanza sobre los territorios ancestrales sin得到有效 respuesta estatal.

El hallazgo central del documento radica en una enorme brecha de protección estatal. Si bien el Mecanismo Intersectorial registra formalmente a solo 101 defensores y ocho familiares en todo el departamento, los autores estiman que la cifra real supera las 300 personas. Actualmente, estas figuras operan bajo amenaza sin respaldo alguno del Estado. Entre 2017 y 2025 se documentaron 171 situaciones de riesgo contra líderes ambientales, concentrándose mayormente en Maynas y Loreto/Nauta. Destacan los grupos Ikitu, Kichwa y Kukama Kukamiria, que acumulan más de la mitad de los casos reportados. El 68 % de estos ataques están vinculados directamente a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Este avance criminal sobre territorios indígenas ha generado zonas críticas de urgencia en Loreto. En cuanto a la minería ilegal, se identificó la cuenca del río Nanay como un punto vital, pues es fuente de agua potable para casi medio millón de habitantes de Iquitos. Allí se han detectado hasta 210 dragas activas controladas por grupos armados. Esta situación ha provocado que el 79 % de la población evaluada presente niveles de mercurio en el cabello por encima de los parámetros tolerables por la Organización Mundial de la Salud. Otra zona crítica reportada es Datem del Marañón, donde se documentó trabajo forzoso en campamentos mineros que afecta directamente al pueblo Awajún. Las agresiones erosionan de manera directa la continuidad de los pueblos originarios. La desprotección institucional y la justicia postergada dejan a las comunidades expuestas. Los datos revelan que, aunque el número oficial de defensores es bajo, la realidad del terreno muestra una amenaza latente para cientos de activistas. La criminalización sin protección estatal permite que los grupos criminales operen libremente en territorios estratégicos.

Aunque el informe señala que el 76.3 % de víctimas son hombres, advierte que la participación femenina se subestima por patrones culturales que invisibilizan su labor. Ante ello, destaca a lideresas como Mari Luz Canaquiri Murayari, Olivia Bisa Tirko y Liz Chicaje Churay. Frente a la impunidad reinante —donde los sentenciados por asesinatos de líderes territoriales suelen ser prófugos—, el estudio exige un marco de reparación integral. Basándose en estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones instan al Estado a garantizar la restitución territorial y la no repetición de estos crímenes para salvaguardar la vida en la Amazonía peruana, asegurando que las garantías judiciales sean efectivas ante el avance criminal sobre los territorios ancestrales.

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