Las comunidades nativas del distrito de Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, enfrentan una creciente presión sobre sus territorios debido a la expansión de los cultivos de hoja de coca. Además, sufren por la presencia del narcotráfico, la tala de bosques y otros conflictos por el uso de la tierra. Así lo advirtió Landers Rodríguez, profesor intercultural bilingüe de la comunidad nativa Shipibo-Konibo y coordinador ejecutivo de la Red Nacional de Juventudes del Perú.
Rodríguez señaló que los cultivos de hoja de coca existen desde hace años en la zona. Sin embargo, actualmente observa una mayor expansión y una creciente presión sobre los territorios comunales.
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“Desde mucho antes, pero en estas ocasiones se están expandiendo más. Visiblemente como que ya no respetan el territorio de las comunidades nativas”, afirmó.
El dirigente explicó que la expansión estaría relacionada con la elaboración de drogas y denunció la presencia frecuente de avionetas en la zona. Según relató, los comuneros han registrado fotografías y videos de estas aeronaves, pero evitan denunciar públicamente algunos hechos por temor a represalias. “No hay un compromiso o un cuidado o una vigilancia como tal que sucede en nuestros territorios”, cuestionó.
Comunidades enfrentan inseguridad y conflictos
El avance de estas actividades también genera restricciones para los comuneros que utilizan los bosques para obtener alimentos y desarrollar actividades tradicionales. Rodríguez afirmó que actualmente existe temor de transitar por determinadas zonas debido a la presencia de personas vinculadas a estas actividades.
“Ahora ya no se puede pasar libremente por los bosques porque nos encontramos allí y si te encuentran no vuelves”, relató.
El entrevistado sostuvo que la expansión de los cultivos de coca y la presencia del narcotráfico ya han generado despojo y conflictos en las comunidades. También recordó que anteriormente se produjeron asesinatos de líderes indígenas.
Rodríguez indicó que los pobladores también perciben una limitada presencia de las autoridades frente a estos problemas. Por ello, las comunidades recurren a sus organizaciones, como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Además, buscan la ayuda de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), para visibilizar sus demandas. “Nosotros pedimos protección, seguridad, presencia del Estado, que trabaje con los gobiernos locales”, sostuvo.

Tala y presión sobre los bosques
A la expansión de los cultivos de coca se suma la preocupación por la tala de árboles y el ingreso de empresas madereras a territorios comunales. Rodríguez cuestionó las prácticas que, según señaló, terminan arrasando grandes extensiones de bosque. “No quiero que nuestros hijos conozcan los árboles solamente porque los tratamos en el aula”, expresó al referirse a la necesidad de conservar estos ecosistemas.
El profesor también mencionó conflictos relacionados con el ingreso de personas y grupos externos a territorios de comunidades nativas. Entre ellos, mencionó un caso que involucró a colonias menonitas. Según explicó, estas situaciones han generado disputas por el uso de la tierra. Además, generan preocupación por la tala de bosques.
Masisea cuenta con 26 comunidades nativas, principalmente de los pueblos Shipibo-Konibo y Asháninka. Rodríguez consideró que la situación requiere una respuesta coordinada entre el Estado y las organizaciones indígenas. Se necesita garantizar la seguridad de los pobladores y proteger sus territorios.
“Hay que tomar conciencia y reflexión y actuar”, concluyó Rodríguez, quien insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y establecer mecanismos de vigilancia que permitan atender los conflictos que afectan a las comunidades nativas de la zona.
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