Mediante el Decreto de Urgencia N.°007-2026, el Gobierno aprobó un paquete de subsidios de hasta S/105 millones que busca mitigar el efecto del alza de los combustibles en los costos de operación del transporte terrestre. La medida regirá durante tres meses y contempla dos modalidades de apoyo, diferenciadas según la zona de operación y el tipo de servicio.
El esquema, que beneficiará a transportistas de pasajeros y carga, establece que fuera de Lima y Callao se otorgará S/4 por galón. En la capital y el primer puerto, en cambio, el cálculo del apoyo se hará en función de los kilómetros efectivamente recorridos por cada vehículo habilitado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
La primera modalidad, denominada Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigida a los servicios regulares de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial, así como al transporte terrestre de mercancías. La segunda, META-Lima y Callao, comprende a los operadores del transporte público regular que cuenten con habilitación de la ATU.
Para el META-Nacional, el beneficio no se calculará sobre una estimación de consumo, sino sobre el volumen efectivamente adquirido: el Estado reconocerá S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 de uso vehicular que compren los transportistas que cumplan las condiciones. El subsidio se aplicará en tres tramos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.
El acceso no será automático para cualquier propietario de un vehículo. Quienes quieran acogerse deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio, tener vehículos habilitados y mantener el RUC activo y en condición de habido. Para sustentar las compras, además, deberán presentar comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.
La validación de la información estará a cargo de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, SUNAT y Osinergmin. El pago se realizará mediante el Banco de la Nación u otras empresas del sistema financiero, y los recursos podrán ser depositados en cuentas existentes, nuevas cuentas o tarjetas a nombre de los beneficiarios.
¿Cómo se distribuirán los S/105 millones?
El financiamiento se dividirá entre ambos programas. Los recursos provendrán de transferencias con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta S/60 millones serán destinados al META-Nacional, mientras que otros S/45 millones corresponderán al mecanismo para Lima y Callao, cuyo destino final será la ATU.
Para el transporte público regular autorizado por la ATU, el subsidio no estará vinculado directamente con los galones comprados. En Lima y Callao, el cálculo será diferente: el META-Lima y Callao utilizará como referencia el kilometraje efectivamente recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM). Los montos serán de S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses. Este mecanismo también tendrá una vigencia de tres meses y busca relacionar el desembolso con la prestación efectiva del servicio.
La norma establece además restricciones para evitar que un mismo vehículo genere pagos duplicados por un mismo concepto. Los operadores que se encuentren bajo la competencia de la ATU no podrán acogerse al META-Nacional y, si corresponde, deberán hacerlo exclusivamente mediante el mecanismo diseñado para Lima y Callao.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la decisión responde a un esquema focalizado y no a un subsidio generalizado, con el objetivo de canalizar los recursos hacia los transportistas que cumplan las condiciones establecidas en la norma. La medida se da en un contexto de alza de los precios de referencia del diésel durante julio y agosto, por la mayor volatilidad del mercado energético internacional, lo que impacta directamente en los costos operativos de empresas y transportistas, para quienes el combustible representa una porción relevante de sus gastos. El resultado final dependerá de cuántos transportistas logren los requisitos y del volumen de combustible o kilometraje reconocido en los tres meses de vigencia, factores que definirán el alcance real de la ayuda.
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