La Defensoría del Pueblo en Cusco inició acciones de supervisión y solicitó explicaciones a la Municipalidad Provincial de Canchis tras la difusión de un show infantil en el que un payaso pidió a varios niños quitarse prendas de vestir para obtener un premio. El hecho ocurrió el último domingo en Sicuani, durante una actividad vinculada a una festividad religiosa, y fue registrado en imágenes que circularon en medios de comunicación y redes sociales.
Según las imágenes difundidas, durante el espectáculo los menores participaron en una dinámica en la que se les pidió entregar prendas como casacas, polos, buzos y pantalones a cambio de un premio. Una madre que asistió al evento cuestionó además algunos comentarios realizados por el animador desde el inicio de la actividad y consideró inadecuada la propuesta planteada a los niños.
La entidad defensora busca conocer qué área estuvo encargada del evento, qué medidas preventivas fueron adoptadas y qué acciones se implementarán para establecer posibles responsabilidades frente a una actividad que involucró a menores de edad. La indignación de los padres de familia de Canchis fue inmediata tras conocerse la dinámica dirigida por el payaso, que vulneró a los niños durante la actividad organizada por la comuna provincial.
En su intervención, la Defensoría del Pueblo pidió al alcalde provincial de Canchis, Edgar Verástegui Verástegui, un informe detallado sobre la organización del espectáculo y las medidas adoptadas tras lo ocurrido. El pedido incluye identificar a la unidad responsable del evento y precisar las acciones emprendidas para determinar responsabilidades. Además, la entidad recomendó que la Demuna evalúe si alguna niña, niño o adolescente pudo haber visto afectados sus derechos y gestione las medidas de protección necesarias.
La Defensoría también solicitó conservar fotografías, videos, documentos, contratos, órdenes de servicio, informes, actas y otros registros relacionados con la actividad, y exhortó a la municipalidad a establecer mecanismos para que futuras actividades recreativas, culturales, deportivas o de entretenimiento que involucren menores sean previamente evaluadas desde un enfoque de derechos. Sobre el fondo del caso, el organismo señaló que este tipo de situaciones deben ser evaluadas bajo el deber especial de protección que corresponde al Estado respecto de niñas, niños y adolescentes, y mencionó derechos vinculados con la dignidad, integridad moral y psíquica, intimidad, buen trato y libre desarrollo. De corresponder, indicó, deberán adoptarse medidas de protección, investigación y sanción.
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