Tras cinco días de paralización, los transportistas fluviales de Pucallpa acordaron levantar el paro que mantenían en rechazo al incremento del precio de los combustibles. La decisión fue confirmada este viernes por el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, quien señaló que conversó con los dirigentes para comunicarles los alcances de la medida anunciada por el Ejecutivo.
La protesta, que provocó bloqueos, dificultades para el traslado de pasajeros y productos y problemas de abastecimiento de combustible en distintos puntos de Ucayali, llegó a su fin luego de que el Gobierno anunciara un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para el sector.
La respuesta del Ejecutivo se produjo este viernes, cuando la presidenta Keiko Fujimori, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunciaron medidas extraordinarias frente al encarecimiento del diésel y otros combustibles.
Entre las principales disposiciones se encuentra un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para el combustible, dirigido inicialmente a transportistas de carga y pasajeros. El beneficio tendrá una vigencia de tres meses y busca reducir el impacto del alza sobre los costos de operación.
El ministro Elmer Cuba precisó que el subsidio para el transporte de carga pesada y pasajeros comenzará a implementarse desde el sábado 15 de agosto. Para los transportistas fluviales y mototaxistas de la selva, la aplicación requerirá un periodo adicional debido a que deben establecerse los mecanismos de registro y entrega del beneficio.
La inclusión de estos dos sectores resulta especialmente relevante para Ucayali y otras regiones amazónicas, donde el transporte fluvial cumple un papel fundamental para movilizar pasajeros, alimentos y otros productos.
La medida de fuerza se inició por el incremento del precio de los combustibles, y el Ejecutivo precisó que el subsidio también alcanzará a fluviales y mototaxistas de la selva.
Transportistas fluviales levantan la medida
El primer levantamiento dentro de la protesta regional se produjo en Pucallpa: los dirigentes del transporte fluvial acordaron deponer el paro tras conocer el anuncio del Ejecutivo. El gobernador Manuel Gambini confirmó la decisión y precisó que ya comunicó a los representantes del sector los alcances del subsidio ofrecido por el Gobierno. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todas las organizaciones que participan del paro hayan depuesto sus medidas de fuerza.
El Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU), por su parte, mantenía una postura más amplia frente al Gobierno y exigía compromisos concretos sobre el precio y abastecimiento de combustible, además de demandas vinculadas a infraestructura, salud y educación.
¿Cuándo comenzó el paro en Ucayali?
La huelga indefinida arrancó el lunes 10 de agosto, impulsada inicialmente por transportistas y organizaciones sociales que cuestionaban el alza del precio de los combustibles. Ese incremento encareció la operación del transporte terrestre y fluvial, y generó temor por un posible aumento de los pasajes y de los productos que llegan a Pucallpa y otras localidades de la región.
En los primeros días de la medida se registraron bloqueos en la carretera Federico Basadre y en otros puntos de Ucayali. La interrupción de las vías dejó vehículos y comerciantes varados, y complicó el traslado de mercancías. En Campo Verde, comerciantes que llevaban productos perecibles denunciaron que parte de su mercadería se malogró por las horas de espera y tuvo que ser desechada.
Las autoridades del sector transporte estimaron que las pérdidas económicas por la paralización ascendían a aproximadamente S/10 millones diarios, de los cuales unos S/7,8 millones correspondían a Pucallpa.
Crisis por falta de combustible agravó la protesta
El conflicto no giró únicamente en torno al precio del combustible. Los transportistas también denunciaron trabas para acceder al producto y cuestionaron las condiciones de abastecimiento en la región. En los últimos días se vieron largas colas en los grifos y dificultades para trasladar combustible hacia Pucallpa, una situación que golpeó al transporte terrestre, al fluvial y al movimiento comercial de la zona.
Como parte de las gestiones para atender la emergencia, el Gobierno informó sobre acuerdos vinculados con la planta de Aguaytía Energy y el abastecimiento de combustible. También se anunció el uso de infraestructura de almacenamiento para facilitar la disponibilidad del producto en Ucayali.
La falta de acuerdos llevó al FREDEU a anunciar la radicalización de la protesta. Entre las medidas comunicadas figuraban impedir la apertura de establecimientos comerciales como Tottus y Plaza Vea, evitar la venta de combustible en los grifos y restringir el ingreso de personas al aeropuerto de Pucallpa. También se anunciaron nuevos bloqueos en la carretera Federico Basadre, incluido el tramo Aguaytía-Pucallpa, además de acciones relacionadas con las vías fluviales del río Ucayali.
La crisis escaló a tal punto que los dirigentes plantearon medidas adicionales, como impedir la venta de combustible en algunos grifos y restringir el funcionamiento de establecimientos comerciales. En ese contexto, el FREDEU reclamó la presencia de representantes del Gobierno Nacional con capacidad para tomar decisiones. Eler Romayna, vocero de la organización, había señalado que los dirigentes buscaban un acta de compromiso con acuerdos concretos para solucionar la problemática y que una respuesta satisfactoria podía permitir levantar la huelga.
El reclamo se produjo después de una reunión de aproximadamente seis horas realizada el 13 de agosto entre el Gobierno Regional de Ucayali, el FREDEU y otras organizaciones sociales y gremiales, con mediación de la Defensoría del Pueblo. Durante ese encuentro se abordó una plataforma de 15 demandas. Las entidades públicas plantearon compromisos relacionados con salud, educación y abastecimiento de combustible. Sin embargo, los dirigentes del FREDEU no suscribieron el acta, por lo que no se concretó un acuerdo formal entre ambas partes. También se planteó una tregua para permitir la llegada de representantes del Ejecutivo, pero los dirigentes indicaron que debían consultar la propuesta con sus bases.
Uno de los hechos más graves registrados durante el paro fue la muerte de un paciente cuyo traslado hacia Pucallpa se vio afectado por los bloqueos. La Dirección Regional de Salud de Ucayali informó que el hombre presentaba un accidente cerebrovascular e hipertensión arterial no controlada. La ambulancia que lo trasladaba quedó afectada por el bloqueo de la carretera Federico Basadre y la demora dificultó que recibiera atención médica oportuna.
Mientras tanto, en Yarinacocha, vecinos retiraron llantas, maderas y otros objetos colocados en algunas vías y expresaron su rechazo a la continuidad de los bloqueos.
El levantamiento del paro por parte de los transportistas fluviales de Pucallpa se concretó tras el anuncio del subsidio gubernamental, aunque el escenario regional aún no queda del todo despejado. Las organizaciones que mantienen otras demandas deberán evaluar si los compromisos anunciados resultan suficientes, mientras el Ejecutivo define los mecanismos para incorporar al beneficio a los transportistas fluviales y mototaxistas de la selva. Por ahora, el subsidio responde directamente al principal reclamo del gremio, pero las exigencias adicionales del FREDEU siguen pendientes de atención y negociación.
Ante el fallecimiento registrado durante las protestas, la DIRESA exhortó a los manifestantes y a los responsables de los puntos de bloqueo a garantizar el libre tránsito de ambulancias, vehículos de emergencia y personal sanitario. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo pidió evitar medidas que afecten el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, así como los derechos de la población que no participa en la movilización.
Antes de que se anunciara el subsidio, la Defensoría del Pueblo había informado que el paro continuaba vigente e instó a las organizaciones y autoridades a retomar el diálogo. La institución trasladó al Ejecutivo la agenda de demandas planteada en las reuniones y solicitó la participación de una Comisión de Alto Nivel con capacidad de decisión. Entre los pedidos figuraban la atención al precio y calidad del combustible, la culminación de la carretera Tournavista-Campo Verde, mejoras en la infraestructura de salud en Pucallpa, Campo Verde y Purús, y la solución de problemas en la Universidad Nacional de Ucayali y la UGEL Coronel Portillo. También se plantearon demandas vinculadas al saneamiento físico-legal de predios rurales y al acceso al agua potable en Campo Verde.
El Gobierno deberá ahora implementar el beneficio para los distintos sectores y definir los mecanismos de incorporación, en un contexto donde el paro se levantó pero persisten reclamos sin resolver.
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