El incremento del diésel y la gasolina desató un frente de protestas en distintas regiones del país a solo 13 días de que Keiko Fujimori asumiera el Gobierno. Desde el lunes, transportistas y organizaciones sociales de Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna protagonizan paros, movilizaciones y bloqueos que afectan el tránsito y el abastecimiento, en rechazo al impacto del alza en sus costos de operación y en las tarifas del transporte público.
Los principales focos de la jornada están en Ucayali e Iquitos. En Pucallpa se cumple el tercer día de huelga indefinida, con bloqueos en distintos puntos de la carretera Federico Basadre, la vía que conecta Ucayali con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. La Defensoría del Pueblo identificó restricciones en varios kilómetros de esa ruta, además de bloqueos en zonas urbanas y limitaciones al tránsito fluvial en los ríos Tamaya e Iparía. También se reportaron enfrentamientos con la Policía.
En Loreto hubo bloqueos y movilizaciones, mientras que en Arequipa el transporte volvió a circular, aunque los gremios advierten que el paro no ha sido levantado. El conflicto también alcanzó Bagua, donde comunidades awajún de Wawas, en Imaza, bloquearon el IV Eje Vial para exigir la reactivación de obras educativas paralizadas y la construcción de un puente peatonal destruido hace más de un año.
El malestar social amenaza con ampliarse: Puno anuncia un posible paro indefinido, mientras el Gobierno busca contener la crisis con subsidios y la reactivación del fondo de estabilización de combustibles. Las protestas, que golpean a cuatro regiones, también complican el abastecimiento y el costo de vida, en medio de demandas por el incremento de pasajes.
El alza del combustible es el principal reclamo de las protestas que golpean varias regiones del país. Un dirigente señaló que el diésel pasó de costar S/11,50-S/12 por galón en marzo a S/23-S/24 actualmente, un incremento que ya afecta el abastecimiento: grifos permanecen inoperativos y se forman largas filas. Petroperú sostiene que hay combustible disponible, pero los bloqueos dificultan su traslado en cisternas. A esto se suma la acumulación de basura, problemas para retirar residuos hospitalarios y la suspensión de clases presenciales en Coronel Portillo. En una mesa de diálogo, transportistas y organizaciones plantearon reclamos por infraestructura y servicios de salud, agua potable, saneamiento e infraestructura vial, y solicitaron al Gobierno que instalara una comisión de alto nivel con capacidad de decisión.
En Arequipa, los transportistas reclaman elevar el pasaje de S/1 a S/1,30 debido al incremento del combustible y otros costos como aceite, llantas, repuestos y mantenimiento. "Prácticamente trabajamos para pagar el combustible", señaló un chofer. El martes, seis de las diez empresas que no obtuvieron autorización para cobrar la nueva tarifa paralizaron sus actividades, afectando el transporte de la ciudad y a unos 220.000 estudiantes, cuyas clases presenciales fueron suspendidas. Este miércoles, los buses retomaron el servicio tras recibir cartas notariales de la Municipalidad, aunque los transportistas precisaron que el paro no ha sido levantado. La noche del miércoles, los dirigentes se reunieron con la alcaldesa Ruccy Oscco. La Municipalidad informó que la mesa de diálogo continuará este jueves, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Educación y la Prefectura. La comuna sostiene que las empresas deben cumplir los requisitos y presentar su documentación antes de aplicar el incremento.
En Tacna, la Federación de Transporte convocó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto, con la paralización de unidades de transporte urbano e interurbano. Los gremios cuestionaron el precio del diésel, que llegó hasta S/25,35 por galón, y advirtieron que el incremento afecta directamente sus costos de operación. La medida tuvo impacto en el traslado de pasajeros y llevó a la Dirección Regional de Educación a suspender las clases presenciales durante ambos días en los colegios.
El malestar en Puno podría escalar a una nueva paralización. Allí, el diésel se vende entre S/24,80 y S/25 por galón y los transportistas denuncian que el alza les ha recortado las ganancias. “Literalmente estamos subvencionando nuestro propio trabajo”, declaró el transportista Jaime Machaca, quien afirmó que destina más de S/150 diarios de sus ingresos al combustible. Los gremios otorgaron al Gobierno un plazo de un mes para atender su reclamo y exigen una subvención o la reactivación de un fondo de estabilización que permita bajar el precio hasta unos S/20,00. Para el 23 de agosto está prevista una reunión regional de transportistas con el fin de definir una posición conjunta, mientras el Frente de Organizaciones Populares ya realizó un plantón contra el alza.
En Loreto, la afectación no se limita al transporte terrestre, sino que golpea a una zona cuya conectividad depende en gran medida de las vías fluviales. La Defensoría reportó el bloqueo de la carretera Nauta-Iquitos. A ello se suman las medidas de protesta anunciadas por gremios de transporte de pasajeros, mototaxistas y operadores fluviales contra el incremento de los combustibles, cuyo costo repercute directamente en el traslado de personas.
La respuesta del Gobierno, sin embargo, no ha contenido la escalada del malestar. En mayo se aprobó un subsidio temporal de S/4 por galón de diésel B5 y B20 para transportistas de pasajeros y mercancías, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza sobre pasajes y fletes. El beneficio cubre las compras realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio y está sujeto a requisitos específicos. Aun así, los paros evidencian el límite de esa medida: los transportistas reclaman una solución frente al precio que pagan por operar, no solo una compensación temporal.
El politólogo Andy Philipps indicó a este medio que cualquier subsidio es una respuesta de corto plazo que no garantiza una reducción sostenida del precio del combustible. En su opinión, el Gobierno debería apostar por masificar el gas natural, promover la conversión de vehículos y avanzar en una nueva matriz energética, una discusión que —sostiene— lleva años postergada.
Para el politólogo, la crisis actual abre una ventana para que el Gobierno decida si sigue respondiendo con paliativos o apuesta por reformas de fondo. En ese sentido, cuestiona que un subsidio de corto plazo pueda resolver el problema si no hay garantía de que la rebaja llegue efectivamente a los grifos. “Este subsidio no resuelve nada de fondo”, afirma, y propone que el Estado impulse la conversión de vehículos, sobre todo camiones, al gas natural vehicular.
El analista recuerda que el problema arrastra años y que varias regiones ya venían lidiando con la dificultad de sostener un transporte accesible. Pone como caso a Arequipa, Moquegua y Tacna, donde la tarifa del pasaje se instaló en el centro del debate público por el encarecimiento del combustible. “El precio del pasaje es un primer orden de agenda pública regional”, sostiene, y advierte que en algunas ciudades las tarifas incluso llegaron a duplicarse.
Philipps cree que el país debe avanzar hacia una transformación de su matriz energética, una discusión que, según recuerda, permanece pendiente desde hace tiempo. “Estamos ante un primer punto de quiebre”, señala, aunque duda de la voluntad de la actual gestión para empujar ese cambio. A su juicio, el Gobierno mantiene “un enfoque más extractivista, cortoplacista” y podría dejar escapar otra vez la ocasión de recortar la dependencia de combustibles caros.
El Ejecutivo anunció la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y un subsidio temporal para la Amazonía, pero las protestas evidencian que el alza del combustible fue solo el detonante: el reclamo empieza a concentrar una agenda mucho más amplia de demandas regionales y costo de vida.
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