El encarecimiento de los combustibles mantiene en vilo a varias regiones del Perú. Mientras Ucayali vive su quinto día consecutivo de protestas con bloqueos en la carretera Federico Basadre, Arequipa enfrenta una paralización de transportistas por el pasaje urbano y Loreto y Tacna ya registraron medidas de fuerza. Puno, en tanto, evalúa sumarse a una huelga indefinida. Los reclamos han derivado en suspensión de clases presenciales, enfrentamientos y críticas directas contra las autoridades.

En ese contexto, el Gobierno anunció este viernes 14 de agosto un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinado a transportistas. La medida, con una vigencia de tres meses, busca contener el impacto del incremento internacional del precio del petróleo sobre el transporte nacional. La presidenta Keiko Fujimori atribuyó el alza al conflicto en Medio Oriente y a las dificultades para la distribución internacional del crudo, y señaló que el Ejecutivo decidió intervenir por el efecto que esos factores externos generan en la economía y en el costo de vida de la población.

El beneficio alcanzará a transportistas de pasajeros y carga pesada y, por primera vez, incluirá también a mototaxistas y operadores de transporte fluvial, con especial atención en la Amazonía. El ministro de Economía, Elmer Cuba, precisó que la medida para los primeros dos grupos será oficializada el sábado 15 de agosto y comenzará a aplicarse en los días siguientes. Para mototaxistas y transportistas fluviales, en cambio, se requerirán aproximadamente tres semanas adicionales, pues el Gobierno deberá registrar previamente a los potenciales beneficiarios.

Cuba explicó que ese último grupo aún no cuenta con un registro completo, por lo que se implementará una plataforma tecnológica para identificar a los beneficiarios. El subsidio podrá entregarse mediante una aplicación o a través de depósitos en el Banco de la Nación.

El epicentro de la crisis sigue siendo Ucayali. El paro indefinido arrancó el lunes 10 de agosto y desde entonces se registraron bloqueos en distintos tramos de la carretera Federico Basadre, principalmente entre Aguaytía, San Alejandro, Neshuya y Curimaná. La interrupción de esa vía, principal conexión con Pucallpa, dificultó el ingreso de cisternas y agravó el desabastecimiento de combustible. Se reportaron largas colas en los grifos, vehículos varados, establecimientos cerrados y pérdidas de productos perecederos. Las autoridades del sector transporte estimaron pérdidas de alrededor de S/ 10 millones diarios, de los cuales S/ 7,8 millones corresponderían a Pucallpa.

Crisis de combustible agrava la situación en regiones del Perú.

La tensión se extiende más allá de Ucayali. En Arequipa, los transportistas cumplen una nueva jornada de paralización, mientras que en Loreto y Tacna también se han registrado medidas de fuerza. La situación ha puesto en agenda la necesidad de una respuesta estatal urgente ante un problema que golpea a la población y a la economía regional.

La paralización en Ucayali cumplió cinco días y recién entonces apareció la primera señal de distensión. Los transportistas fluviales de Pucallpa decidieron levantar el paro que mantenían después de que el Ejecutivo anunciara que el subsidio al combustible también alcanzará al transporte fluvial de la selva. El gobernador regional Manuel Gambini confirmó que conversó con los dirigentes para comunicarles los alcances de la medida, lo que constituye el primer levantamiento reportado dentro de la protesta regional.

Ese gesto, sin embargo, no implica el fin del conflicto en la región. El Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) mantiene una plataforma más amplia de demandas que no solo incluye el precio y abastecimiento del combustible, sino también reclamos por infraestructura, salud y educación. Además, el subsidio para el transporte fluvial no será inmediato: el Gobierno deberá registrar primero a los potenciales beneficiarios, un proceso que podría tomar alrededor de tres semanas.

La crisis en Ucayali dejó consecuencias graves sobre servicios esenciales. Una ambulancia que trasladaba a un paciente desde Aguaytía hacia Pucallpa quedó impedida de avanzar por los bloqueos; según los reportes recogidos en la zona, el paciente habría sufrido un accidente cerebrovascular y falleció durante el traslado. Durante la jornada del jueves se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en Pucallpa, con reportes de disparos durante la intervención policial y el incendio de un depósito municipal.

Ante ese escenario, el FREDEU anunció una radicalización de sus medidas y planteó impedir la venta de combustible, restringir el funcionamiento de establecimientos comerciales y bloquear el acceso al aeropuerto de Pucallpa. También se anunciaron nuevos bloqueos en la carretera Federico Basadre y restricciones en las vías fluviales.

La crisis llegó incluso a comunidades amazónicas de Loreto. La congresista Ruth Luque denunció la presunta destrucción, durante una intervención policial, de un helipuerto utilizado para evacuar heridos en la comunidad indígena de San Luis de Charasmana. La parlamentaria pidió al Ejecutivo esclarecer lo ocurrido y garantizar la atención de emergencias de la población.

Mientras tanto, Arequipa concentra otro de los principales focos de protesta. Cientos de transportistas urbanos salieron a las calles este viernes 14 de agosto, en medio de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, para reclamar por el incremento del precio de los combustibles y exigir condiciones que les permitan cobrar S/ 1,30 por el pasaje. Los conductores sostienen que el aumento del diésel y la gasolina ha elevado sus costos de operación y que la tarifa de S/ 1,00 ya no les permite cubrir combustible, mantenimiento y repuestos.

El conflicto en la ciudad blanca tiene una particularidad: la Municipalidad Provincial de Arequipa ya autorizó el incremento del pasaje de S/ 1,00 a S/ 1,30, pero la nueva tarifa no puede ser aplicada por todas las empresas. De las 10 compañías de transporte urbano, solo cuatro cumplieron con los requisitos y presentaron la documentación exigida para cobrar S/ 1,30. Las seis restantes, que representan casi el 60% del transporte público de la ciudad, no lograron completar el procedimiento y están obligadas a mantener la tarifa de S/ 1,00.

Grescas y ataque a bus

La movilización en Arequipa dejó enfrentamientos que incluyeron discusiones entre transportistas y transeúntes que rechazaban la protesta en la avenida Aviación. Cuando los manifestantes intentaron bloquear una vía, se produjeron cruces verbales con agentes de la Policía Nacional que buscaron impedirlo. Uno de los incidentes más graves ocurrió en Sachaca, donde un grupo de manifestantes atacó un bus de transporte público que trasladaba pasajeros: uno de ellos lanzó una piedra contra la unidad, lo que generó pánico entre los ocupantes y dejó a algunos heridos.

La paralización provocó además escasez de buses y serias dificultades para miles de ciudadanos. Ante la falta de transporte, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa suspendió las clases presenciales y dispuso que los colegios desarrollen sus actividades de manera virtual. El conflicto entre las seis concesionarias y la Municipalidad Provincial se intensificó después de que un diálogo de unas nueve horas terminara sin acuerdos. Los operadores también cuestionaron que la alcaldesa no participara directamente durante toda la negociación.

Los dirigentes pidieron a la presidenta Keiko Fujimori fiscalizar a los grifos y adoptar medidas para reducir el precio del combustible, al considerar que el incremento de los costos hace inviable mantener el servicio con la tarifa actual. Los transportistas circularon con carteles y bocinazos, reclamaron la instalación de una mesa de diálogo y denunciaron presuntos favoritismos en los requisitos municipales, que consideran demasiado engorrosos. Los gremios exigen que todas las empresas puedan acceder a la tarifa de S/ 1,30.

Loreto: bloqueos y presión en la Amazonía

Loreto también figura entre las regiones afectadas, con bloqueos reportados en la carretera Iquitos-Nauta y movilizaciones de transportistas terrestres, mototaxistas y operadores fluviales. La situación es especialmente sensible por la dependencia de la región del transporte fluvial para conectar localidades y trasladar pasajeros y productos. El incremento del combustible puede terminar trasladándose a las tarifas y al precio de alimentos y mercancías. El Gobierno incluyó precisamente a mototaxistas y transportistas de peque-peque dentro del nuevo subsidio, aunque su aplicación demorará debido al proceso de registro de beneficiarios.

Tacna: paro de 48 horas

Tacna también fue escenario de una paralización: la Federación de Transporte realizó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto contra el incremento del precio del diésel. La medida afectó el transporte urbano e interurbano y generó restricciones para el desplazamiento de la población, mientras que las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente durante los días de protesta. Aunque el paro concluyó, los dirigentes mantienen sus reclamos y no descartan nuevas acciones si el Gobierno no adopta medidas frente al costo del combustible.

Puno evalúa huelga indefinida

Puno aparece como uno de los siguientes posibles focos de protesta. Los transportistas han advertido que podrían iniciar una huelga indefinida si el Ejecutivo no reduce el precio del combustible. La congestión en varias avenidas de Arequipa fue parte del escenario que evidenció la magnitud del malestar, en un contexto donde la diferencia de criterios entre los transportistas y las autoridades municipales ha generado un clima de tensión que se extiende a varias regiones del país.

El subsidio anunciado por el Ejecutivo representa el primer intento directo de frenar la escalada de protestas mediante una reducción temporal del impacto del diésel sobre los costos del transporte. La medida tendrá dos velocidades: para los transportistas de pasajeros y carga pesada será oficializada el sábado 15 de agosto y comenzará a aplicarse en los siguientes días, mientras que los mototaxistas y transportistas fluviales deberán esperar aproximadamente tres semanas para que se complete su registro.

El problema es que la protesta ya no tiene una sola demanda. En Ucayali se han sumado reclamos históricos de infraestructura y servicios públicos; en Arequipa se disputa la aplicación del pasaje de S/ 1,30; en Puno se evalúa una nueva huelga y en Yauyos permanece activo un conflicto minero. Así, mientras el Gobierno busca apagar el descontento con una medida temporal, las regiones mantienen distintos frentes abiertos. El levantamiento del paro fluvial en Ucayali es una primera señal favorable para el Ejecutivo, pero la permanencia de bloqueos y nuevas amenazas de paralización determinarán si el subsidio logra evitar una expansión de la protesta durante los próximos días.

En paralelo a las protestas por los combustibles, Yauyos mantiene un conflicto social de distinta naturaleza. La Comunidad Campesina de Tinco cumple el quinto día de un paro indefinido y mantiene bloqueada la vía Chupaca-Yauyos contra Sociedad Minera Corona, empresa del grupo Alpayana. Los comuneros exigen el cumplimiento de compromisos relacionados con el uso de terrenos comunales, contratación de servicios, oportunidades laborales y asuntos ambientales. También cuestionan que determinados contratos hayan sido entregados a terceros en lugar de beneficiar a la empresa comunal ECOSEM Tinco. La comunidad afirma que el conflicto se arrastra desde hace más de un año y que las reuniones y mesas de trabajo con la compañía no han permitido alcanzar acuerdos definitivos. Entre los compromisos considerados pendientes figuran proyectos, fondos de responsabilidad social, caminos, monitoreos ambientales y participación de la comunidad en el proceso de modificación del estudio ambiental.

Entre sus propuestas figuran una subvención y la reactivación de un fondo de estabilización. Los dirigentes señalan que el diésel se comercializa en la región a precios cercanos a S/ 25 por galón. El Frente de Organizaciones Populares de Puno convocó para el 23 de agosto una reunión regional con organizaciones sociales y transportistas para definir una posición conjunta.

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