La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) salió al frente del anunciado “cambio de rumbo” en Petroperú y puso bajo la lupa las obligaciones pendientes de la estatal, que según información con corte a diciembre de 2025 ascienden a S/6.093,5 millones. El monto incluye partidas vinculadas al crédito fiscal de la Amazonía, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), el sistema de pensiones, remediaciones y el abastecimiento de combustible a las Fuerzas Armadas.
El gremio exige una auditoría forense a la petrolera estatal y cuestiona la designación de Oliver Stark Preuss al frente del Directorio, en medio de dudas sobre el rol de ProInversión en la gestión de la empresa. Para Fenpetrol, las decisiones tomadas hasta ahora no marcan una ruptura clara con el proceso de reestructuración aplicado en los últimos meses.
El reclamo se produce después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunciara un nuevo rumbo para la gestión de Petroperú. Sin embargo, el gremio sostiene que el discurso todavía no encuentra correspondencia en las decisiones adoptadas por la nueva administración y pide revisar, entre otros puntos, las obligaciones pendientes vinculadas a la empresa estatal.
El documento de Fenpetrol detalla que las obligaciones pendientes suman S/6.093,5 millones. La partida más alta corresponde a S/3.112 millones por crédito fiscal de la Amazonía, a la que se añaden S/1.863 millones por la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. El resto incluye S/450 millones por una transferencia al Fondo de Pensiones de la ONP (régimen del Decreto Ley N.° 20530), S/408 millones por remediaciones por cortes en el Oleoducto Norperuano, S/200 millones por remediaciones de unidades privatizadas, S/15 millones por abandono técnico de pozos y S/45,5 millones que las Fuerzas Armadas adeudan por abastecimiento de combustible.
En paralelo, la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú genera cuestionamientos en la organización sindical. El gremio recuerda que Stark integró anteriormente una administración que promovió propuestas orientadas a que la empresa pudiera ser gestionada por operadores privados y que contemplaban el desprendimiento de algunas unidades de negocio. Esto plantea dudas sobre el alcance de la nueva estrategia: si el objetivo será reforzar el papel de Petroperú como empresa estatal o continuar con una fórmula de reestructuración que, desde su perspectiva, no ha conseguido fortalecerla.
La federación también pone en tela de juicio las declaraciones de Cuba sobre los “resultados impresionantes” de ProInversión. Según el gremio, tras siete meses de implementación del proceso y la asignación de recursos públicos, todavía no existen resultados públicos verificables que acrediten mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de Petroperú. Para Fenpetrol, estos montos deben formar parte de la discusión sobre el futuro financiero de la empresa, por lo que considera necesario que el actual Directorio determine si exigirá al Estado el cumplimiento de las obligaciones pendientes y plantea que su recuperación sea incorporada a cualquier estrategia destinada a mejorar la situación financiera de la petrolera.
El reclamo adquiere otra dimensión dentro del proceso de reestructuración porque la empresa ha estado bajo mecanismos de administración o supervisión vinculados a ProInversión. Fenpetrol sostiene que esta estructura limita la autonomía de Petroperú para adoptar decisiones financieras y empresariales. Por ello, el sindicato considera que el siguiente paso debería ser revisar qué ocurrió durante las gestiones anteriores y cuánto de los problemas acumulados puede atribuirse a decisiones administrativas, financieras y patrimoniales.
Fenpetrol no se opone a una reforma de Petroperú, sino a que esta sirva para reducir progresivamente su papel o fragmentar sus operaciones. Para el gremio, una reestructuración debería modernizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo y elevar la competitividad de la empresa. Por ello, solicita una auditoría forense que examine el destino y uso de los recursos públicos comprometidos en los distintos procesos de respaldo económico, y que los anteriores administradores rindan cuentas sobre las decisiones que llevaron a los sucesivos salvatajes del Estado.
En concreto, el gremio plantea que el Gobierno garantice predictibilidad y respaldo financiero, establezca un plan de reestructuración con objetivos, plazos y resultados verificables, preserve el rol estratégico de Petroperú y fortalezca su autonomía y gobernanza técnica.
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