La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una revisión integral de la actuación de ProInversión en la reestructuración de Petroperú. El gremio pidió que se verifique si las medidas aplicadas cumplieron los objetivos de los Decretos de Urgencia 010-2025 y 003-2026, y que el Ejecutivo evalúe tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial.
Uno de los puntos centrales es el destino de los S/ 86,4 millones transferidos por el Ministerio de Energía y Minas a ProInversión para ese proceso. Según Fenpetrol, ese monto no ha generado resultados públicos verificables en eficiencia operativa, gestión corporativa o desempeño financiero. Por ello, el gremio pidió que el MEF no solo evalúe el cumplimiento de las metas, sino que también determine las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de dichos recursos.
La federación sostuvo que el proceso no logró los resultados esperados. “Desde la perspectiva de los trabajadores, la reestructuración incorporó nuevas restricciones administrativas que dificultaron la toma de decisiones y redujeron la capacidad de respuesta de la empresa frente a un mercado altamente competitivo”, indicó a través de un comunicado.
La federación también planteó que una eventual nueva etapa de modernización contemple una auditoría forense independiente que determine responsabilidades administrativas, de gestión y de gobernanza vinculadas con el deterioro financiero de la compañía. Además, solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, una audiencia para que los representantes de los trabajadores puedan exponer información técnica y operativa que, según señalan, contribuiría a una evaluación objetiva de la reestructuración.
En su pronunciamiento, el gremio insistió en que no se opone a una modernización de Petroperú, siempre que esta tenga como objetivo fortalecer la empresa, mejorar su gestión y preservar su papel estratégico dentro de la seguridad energética del país. Esta postura se da en medio de las serias restricciones financieras que enfrenta la petrolera estatal, las cuales —advirtió Fenpetrol— impiden comprar oportunamente petróleo crudo por la falta del aval comprometido para fortalecer la liquidez, lo que mantiene a la Nueva Refinería de Talara operando alrededor del 50% de su capacidad.
Como consecuencia de estas limitaciones, cuatro buques tanque permanecen fondeados en la bahía de Bayóvar a la espera de autorización para descargar, generando sobrecostos diarios por sobrestadía que agravan la situación económica de la empresa.
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