La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) pidió al Gobierno retirar a ProInversión del proceso de reorganización de Petroperú y derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, que otorgaron a la agencia un rol central en la conducción de la empresa estatal. El gremio sostiene que, tras seis meses de implementadas estas medidas extraordinarias, no existen resultados concretos que justifiquen la permanencia de ProInversión en la reorganización patrimonial de la petrolera.
Según recordó Fenpetrol, ambas normas le dieron a la agencia representación en el Directorio y en la Junta General de Accionistas de Petroperú, además de encargarle la estructuración de un financiamiento internacional para mejorar la situación económica de la compañía. Sin embargo, el gremio afirma que la recuperación financiera que hoy comienza a mostrar la empresa responde a mejoras operativas y al trabajo de sus técnicos y trabajadores, mas no al proceso de reorganización impulsado por el Gobierno.
"Después de medio año, ProInversión no puede exhibir un solo resultado concreto que haya fortalecido patrimonialmente a Petroperú o mejorado su situación financiera. La recuperación que hoy comienza a mostrar la empresa responde al esfuerzo de sus trabajadores y de su plana técnica", señaló Rafael Noblecilla Escobedo, secretario general del gremio sindical.
Gremio atribuye utilidades de Petroperú a la operación, no a la reorganización
La Federación de Trabajadores de Petroperú (Fenpetrol) sostiene que la mejora financiera de la empresa estatal no responde al proceso de reorganización, sino a su desempeño operativo. Como prueba, el gremio señala que Petroperú cerró el primer cuatrimestre con una utilidad neta de US$208,4 millones y un EBITDA de US$395 millones, indicador que mide el rendimiento del negocio principal antes de descontar gastos financieros e impuestos. La propia administración de la empresa atribuyó estos resultados a una mayor eficiencia operativa, la optimización de costos, mejores márgenes comerciales y un entorno favorable para el negocio de combustibles.
Para Fenpetrol, estas cifras demuestran que la recuperación financiera ya estaba en marcha por factores vinculados a la gestión y operación de la empresa, más que por las medidas adoptadas dentro del proceso de reorganización. Además, el gremio advierte que ya ha transcurrido aproximadamente la mitad del plazo previsto para la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 sin que se hayan alcanzado avances verificables en los objetivos que motivaron la intervención.
Cuestionan constitucionalidad del proceso
La representación sindical también cuestionó la legalidad del proceso de reorganización. Recordó que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al considerar que la norma habría modificado el gobierno corporativo de Petroperú sin acreditar una situación excepcional que justificara su emisión. Añadió que diversos colegios profesionales también han planteado revisar ese esquema para preservar la autonomía de la empresa.
El gremio también exhortó al presidente José Balcázar a derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026. A la presidenta electa, Keiko Fujimori, le pidió respaldar un financiamiento internacional de hasta US$2.000 millones, contemplado en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, para reperfilar la deuda, reducir los costos financieros y fortalecer el patrimonio de Petroperú. Durante la emergencia energética por la deflagración en el sistema de transporte de gas de Camisea, el gremio destacó que la empresa garantizó el abastecimiento de diésel para mantener la continuidad de la generación eléctrica. A su juicio, este episodio confirmó el carácter estratégico de la petrolera estatal.
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