El Gobierno de Keiko Fujimori alista sus primeras demandas ante el Tribunal Constitucional (TC) contra cuatro normas aprobadas por el Congreso 2021-2026. La decisión recae en el MEF, que dirige Elmer Cuba, y que advierte que estas leyes podrían afectar la trayectoria de las cuentas públicas debido a las obligaciones económicas que trasladan al Estado.
El paquete incluye las modificaciones a las pensiones de maestros jubilados y cesantes, así como de militares y policías; la homologación del incentivo CAFAE para los trabajadores del régimen 276 y el reconocimiento de gratificaciones y CTS para el personal CAS. De este grupo, dos normas ya fueron llevadas al TC por el Colegio de Economistas del Perú y el ministerio respaldará esas demandas. Las otras dos serán impugnadas directamente por la cartera económica.
Cuba señaló que, entre las múltiples disposiciones del Parlamento anterior, estas cuatro son las que pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas. La primera de ellas, vinculada a los maestros jubilados y cesantes, establece que sus pensiones equivalgan a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala de la carrera magisterial, cuyo monto ronda los S/3.500.
El Consejo Fiscal ya había alertado sobre un conjunto más amplio de leyes con impacto fiscal, y Fuerza Popular respaldó estas cuatro medidas cuando tenía bancada en el Parlamento. Ahora, desde el Ejecutivo, el mismo partido busca dejarlas sin efecto. La controversia, entonces, tiene una segunda lectura: el partido de gobierno intenta frenar normas que sus propios congresistas apoyaron en el periodo legislativo anterior.
La segunda norma modifica el régimen pensionario de militares y policías, con un impacto fiscal neto de S/46.000 millones en valor presente, cifra que el Consejo Fiscal utiliza para expresar en términos actuales las obligaciones que el Estado deberá cubrir durante varios años. Sobre la primera, el mismo organismo calcula que costaría al menos S/8.000 millones anuales y advierte que podría generar un esquema similar a una “cédula viva”: las pensiones quedarían vinculadas al aumento de las remuneraciones de los docentes en actividad, lo que haría crecer también el gasto en los jubilados.
Las otras dos leyes atañen a trabajadores públicos. La homologación del incentivo único CAFAE para servidores del régimen 276 de gobiernos regionales tendría un costo diferencial de S/2.621 millones anuales, según el Consejo Fiscal. La cuarta es la Ley N.° 32563, que reconoce a los trabajadores CAS gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de CTS. El beneficio se aplicará progresivamente: durante 2026 equivale al 10% de la remuneración mensual y aumentará hasta llegar al 100% en 2030, con un costo fiscal estimado que bordea los S/3.000 millones anuales.
Elmer Cuba ha advertido que, si estas obligaciones se incorporan al presupuesto sin medidas correctivas, el déficit fiscal podría pasar de 1,8% del PBI en 2026 a 3% en 2027 y mantenerse en ese nivel durante el resto del mandato. Ambas normas ya fueron llevadas ante el TC por el Colegio de Economistas del Perú, y el MEF ha anunciado que respaldará las acciones y podría presentar sus propias demandas si estas no prosperan.
Fuerza Popular apoyó las cuatro leyes que ahora busca frenar
El antecedente político aparece con claridad al revisar las votaciones del Congreso anterior. Fuerza Popular aportó 12 votos a favor de la reforma pensionaria de militares y policías; 10 en la ley que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS; 6 en la homologación del CAFAE; y 2 votos a favor y una abstención en la norma sobre pensiones de maestros jubilados.
El fujimorismo parlamentario no fue un espectador en la aprobación de estas normas: la bancada participó en su votación y, en varios casos, sus votos integraron la mayoría que las sacó adelante. El impacto fiscal de las medidas tampoco era una incógnita. En marzo de 2026, el Consejo Fiscal advirtió sobre 11 leyes y autógrafas del Congreso que podían generar obligaciones permanentes de gasto por al menos S/11.400 millones anuales.
La ofensiva constitucional del MEF se concentra ahora en cuatro de esas normas, pero el problema fiscal del Congreso anterior no se limita a las leyes que incrementan el gasto: también hubo medidas que recortan los ingresos del Estado a través de beneficios tributarios. Una de ellas es la Ley N.° 32434, conocida como “Ley Chlimper 2.0”, que crea un régimen tributario especial para ciertas empresas del sector agrario y agroexportador. Entre sus principales beneficios está la reducción del Impuesto a la Renta de 29,5% a 15% para compañías con facturación anual superior a S/8,4 millones comprendidas en el régimen; la tasa reducida regirá hasta 2035 y el retorno a la general está previsto para 2036. La norma incluye, además, depreciación acelerada para obras de riego, deducciones por compras a pequeños productores y otros beneficios.
El costo para las cuentas públicas no es menor. El MEF estimó un impacto fiscal de S/1.170 millones para la norma, según recoge el Consejo Fiscal, mientras que otros cálculos oficiales lo ubican en alrededor de S/1.880 millones anuales, dependiendo de los componentes considerados. La diferencia radica en que no todas las estimaciones incluyen los mismos elementos del régimen. En cualquier caso, el efecto es concreto: el Estado deja de recaudar recursos que habría obtenido bajo el régimen general.
La Ley Agraria, en cambio, sí tiene origen fujimorista: en septiembre de 2024, la bancada de Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley N.° 8924-2024-CR, una de las iniciativas que luego fueron acumuladas y terminaron formando parte del dictamen que dio origen a la Ley N.° 32434. Esa norma fue aprobada finalmente con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.
Pese a ello, la Ley 32434 no forma parte de las cuatro normas que el Gobierno ha anunciado que llevará al TC. La exclusión llama la atención porque, como advierte el propio Ejecutivo, deja fuera, al menos en esta primera ofensiva, una norma que reduce la recaudación tributaria durante una década y que también nació de una propuesta fujimorista.
No son medidas iguales. Las cuatro leyes cuestionadas crean obligaciones directas para el Estado, mientras que la Ley Agraria reduce los ingresos tributarios mediante un régimen especial. Pero ambas terminan afectando el espacio que tiene el Estado para financiar sus obligaciones. Por eso, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta cada ley, sino por qué criterio está utilizando el MEF para determinar cuáles pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas y ameritan una acción ante el Tribunal Constitucional.
Desde el Ejecutivo, Fuerza Popular busca cuestionar cuatro leyes que su propia bancada ayudó a aprobar por el impacto que tendrán sobre el gasto público, pero no incluye en esa primera ofensiva la norma que más afecta los ingresos fiscales a largo plazo.
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