El exministro de Economía sostuvo que el nuevo Gobierno enfrentará un reducido margen fiscal debido a las normas aprobadas por el Congreso.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla sostuvo que el próximo Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que revisar y hasta derogar leyes con impacto fiscal que Fuerza Popular respaldó en el Congreso, si pretende recuperar la disciplina de las finanzas públicas. La advertencia se da luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera una controversia competencial que ratifica que la iniciativa de gasto corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo.

En entrevista con RPP, Castilla calificó el fallo del TC como una oportunidad para ordenar las cuentas fiscales y definir con mayor claridad las competencias presupuestales. No obstante, advirtió que el nuevo Ejecutivo asumirá el poder con un margen fiscal muy limitado, debido a la acumulación de normas que generan obligaciones de gasto aprobadas durante el actual periodo parlamentario.

“Van a tener que retroceder en leyes que ellos mismos han apoyado, de cierta forma derogando algunas leyes, si es que es posible, o interponiendo acciones de inconstitucionalidad”, señaló el economista. Castilla recordó que Fuerza Popular respaldó diversas iniciativas legislativas que hoy son cuestionadas por su impacto sobre las finanzas públicas, y subrayó que el reto no recaerá únicamente en el próximo ministro de Economía, sino en todo el gabinete y en la propia presidenta electa.

El exministro consideró que el nuevo Gobierno recibirá unas finanzas públicas con escaso margen fiscal, por lo que deberá revisar las leyes con impacto presupuestal aprobadas por el Congreso. La declaración se produce en un contexto donde el TC ya se pronunció sobre la iniciativa de gasto, limitando la capacidad del Legislativo para generar obligaciones sin el visto bueno del Ejecutivo.

Nuevo Gobierno tendrá poco espacio fiscal

El siguiente Gobierno recibirá una situación fiscal compleja, advirtió Castilla, debido al elevado costo de las leyes aprobadas por el Congreso. Solo en el último año, estas normas representarían compromisos superiores a los S/30.000 millones, un monto imposible de financiar con el presupuesto disponible, según explicó. A su juicio, el próximo Ejecutivo deberá definir qué hará con esas leyes de gasto y con las nuevas obligaciones presupuestales que podrían derivarse del crédito suplementario, ya que mantenerlas pondría en riesgo el proceso de consolidación fiscal.

Castilla indicó que el fallo del Tribunal Constitucional aclara que la conducción de la política fiscal corresponde al Ejecutivo, lo que permitirá enfrentar con mayor respaldo legal las iniciativas legislativas que comprometen recursos públicos. En esa línea, cuestionó que, a pocas semanas del cambio de Gobierno, el Congreso discuta un crédito suplementario cercano a los S/10.000 millones, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de reafirmar que el Parlamento no cuenta con iniciativa para crear gasto público.

"Ahora toca aprovechar esta ventana de oportunidad y comenzar a recomponer las cuentas fiscales para que el siguiente Gobierno pueda implementar su plan de educación pública, sus programas sociales, porque el espacio es muy reducido", afirmó.

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