El ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, confirmó que la investigación por la presunta apropiación de combustible asignado al Ejército fue archivada de manera definitiva. La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público.

El sobreseimiento, un recurso legal que pone fin al proceso penal por falta de responsabilidad o pruebas, fue notificado al general EP (r) a través de sus redes sociales. En su mensaje, Astudillo señaló que el juez cerró el caso "al no encontrarse ningún tipo de responsabilidad". Además, el excomandante general del Ejército precisó que el archivo fue dispuesto por el magistrado Concepción Carhuancho.

Con esta resolución, se ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación de cualquier antecedente policial o judicial generado durante las pesquisas que se le seguían al actual titular del Interior por la venta ilegal de combustible durante su etapa en la institución castrense.

"Hace ya buen tiempo que la denuncia sobre mi persona, por una presunta apropiación de combustible, he sido sobreseído del caso por no encontrarse ningún tipo de responsabilidad", manifestó Astudillo Salcedo en sus cuentas oficiales, donde dio a conocer la decisión judicial a su favor.

César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

La investigación contra César Astudillo Salcedo se archivó al concluir la etapa preliminar: el Ministerio Público determinó que no existían pruebas suficientes para formular una acusación penal. En su caso específico, la Fiscalía indagaba presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso, partiendo de la hipótesis de que el alto oficial habría omitido tomar acciones tras conocer reportes sobre ventas irregulares de diésel en el COEDE en 2018, además de supuestos malos usos en la gasolina de 95 y 97 octanos asignada a la Comandancia General entre 2017 y 2018.

El origen de todo se remonta a 2018, cuando se detectó una presunta red criminal dentro del Ejército dedicada al desvío de combustible. Los implicados, denominados inicialmente como "Los capos del diésel", utilizaban vehículos condicionados con tanques especiales para retirar petróleo desde los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y venderlo ilegalmente en estaciones de servicio privadas. Esta modalidad operó entre 2013 y 2018 y generó un daño económico estimado en S/ 3 millones.

Ya en diciembre de 2019, un megaoperativo derivó en la detención preliminar de 21 militares y el allanamiento de 25 escuelas de formación del Ejército en Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca. Fueron las declaraciones de colaboradores eficaces las que luego permitieron conocer que los altos mandos militares también estaban involucrados en la trama.

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