Con un proyecto denominado “Ley que deroga diversas reformas legislativas que han generado retrocesos normativos en la lucha contra el crimen organizado”, la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, presentó la primera iniciativa legislativa del nuevo Parlamento bicameral. El documento, de 33 páginas, fue ingresado formalmente ante la mesa de partes del Congreso y plantea derogar siete leyes aprobadas por la anterior legislatura.

Según el registro del Parlamento, la iniciativa busca eliminar la norma que excluye a policías y militares de la jurisdicción ordinaria en casos de delitos de función, así como otras disposiciones que la bancada considera perjudiciales. La parlamentaria sostuvo que las leyes vigentes han reducido las capacidades operativas de justicia y debilitado las herramientas de persecución judicial frente a las organizaciones criminales.

Palomino afirmó que la aprobación de esta propuesta es prioritaria para restituir las facultades de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. Ahora, las comisiones ordinarias del Congreso deberán analizar la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente sobre su viabilidad técnica.

La propuesta técnica que prepara Palomino también contempla eliminar los bonos extraordinarios y las asignaciones complementarias que reciben los representantes nacionales, con el objetivo de disminuir los gastos operativos derivados del nuevo esquema de dos cámaras legislativas. Para su elaboración, las dependencias administrativas del Congreso enviaron los antecedentes salariales que servirán como sustento económico del proyecto.

La legisladora anunció además una nueva iniciativa que buscará establecer cambios en las remuneraciones de las autoridades del Parlamento, y que propone reducir la remuneración mensual de los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este proyecto referido al régimen salarial será remitido al vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, para que lo firme y continúe con el procedimiento parlamentario correspondiente.

Entre las normas cuestionadas figura la ley que regula el juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el fuero militar policial. El documento fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso para su posterior derivación a las comisiones correspondientes.

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