La medida alcanza al exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, quien ahora deberá cumplir una serie de reglas impuestas por el juzgado. Entre ellas figura la prohibición de ausentarse del país sin autorización del Poder Judicial, así como la obligación de reportar sus actividades cada treinta días tanto al juzgado como a la Fiscalía a cargo del caso, donde deberá firmar el cuaderno de control presencial de sujeción al proceso.
Además, Cerrón Rojas tendrá que pagar una caución económica de S/ 30 000 en un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de la resolución. La decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto la medida coercitiva que pesaba sobre él, un fallo que el colegiado ratificó recientemente al anular el mandato de 24 meses de prisión preventiva.
Esa nulidad se enmarca en la investigación que el líder partidario afronta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021. El TC respondió de esta manera al pedido de aclaración que le formuló el juez Leodan Cristóbal Ayala el último 24 de julio sobre la sentencia emitida en torno a la situación legal de Cerrón Rojas en este caso. Con la nueva condición procesal, el fundador del partido deberá presentarse ante las autoridades para dar cuenta de sus actividades y cumplir con las restricciones impuestas, mientras continúa el proceso en su contra.
El juez Cristóbal Ayala explicó que su decisión se sustenta en dos resoluciones judiciales “vigentes”: una que él mismo emitió el 4 de diciembre del 2025, declarando infundada la solicitud de variación de la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, y otra de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, del 7 de enero del 2026, que confirmó ese pronunciamiento. Para el magistrado, la existencia de ambos fallos hace “evidente que la sentencia del TC sea materialmente inejecutable en sus propios términos”.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, respondió que no comparte esa lectura. En su sentencia, que estimó el habeas corpus presentado por Cerrón Rojas, se dispuso la nulidad de las resoluciones que rechazaron su pedido de pasar de prisión preventiva a comparecencia. Por ello, el TC considera que sí existe un mandato claro que debe cumplirse.
La controversia gira en torno a si el fallo del TC puede ejecutarse o si, como sostiene el Poder Judicial, las resoluciones previas siguen teniendo validez mientras no se resuelva el fondo de la controversia.
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