El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos. La norma, publicada en la medianoche del miércoles, ya está vigente mientras avanza el trámite legislativo, aunque el Congreso de la Nación deberá revisar su validez para determinar si el decreto queda ratificado.

La modificación incorpora nuevas causales para cancelar la residencia o disponer la expulsión de extranjeros. Según el texto oficial, las sanciones podrán aplicarse a quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita; incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad; participado en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales; o incitado a cometer cualquiera de esas conductas. El decreto también establece que la cancelación de la residencia puede derivar en la obligación de abandonar el país dentro del plazo fijado por las autoridades o en la expulsión del territorio argentino.

La abogada Lucía Galoppo, integrante del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó la falta de precisión de la norma. Según explicó a la AFP, el decreto no define qué constituye un “discurso de odio”, cómo serán detectadas esas expresiones ni qué criterios utilizarán las autoridades para identificar a los responsables.

El decreto precisa que las sanciones “en ningún caso” alcanzarán expresiones de disenso ideológico, críticas políticas, académicas o ciudadanas que sean un ejercicio legítimo de derechos constitucionales. No obstante, el politólogo Iván Schuliaquer, investigador de la Universidad Nacional de San Martín, advirtió que la medida busca capitalizar un contexto de dificultades económicas y tensiones en la opinión pública. El especialista también señaló una aparente contradicción entre la defensa gubernamental de la libertad de expresión y la incorporación de nuevas restricciones a determinados discursos.

La decisión fue anunciada días después de que Milei denunciara una supuesta “campaña antiargentina” atribuida a gobiernos extranjeros y actores políticos internacionales, sin presentar pruebas públicas. A su juicio, las omisiones en la norma podrían facilitar interpretaciones arbitrarias durante su aplicación. Además, la medida se produce en medio de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil, luego de que el mandatario formulara duras críticas contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en São Paulo.

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