La medida, que modifica la Ley de Migraciones 25.871, fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La normativa no solo impide el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio contra Argentina, sino que también habilita la cancelación de residencias ya otorgadas y la expulsión de quienes incurran en esas conductas. La reforma llega en medio de las acusaciones de Milei sobre una supuesta campaña antiargentina y del creciente conflicto diplomático con Brasil y México. Según el texto del decreto, serán considerados inadmisibles aquellos que hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino". No obstante, se aclara que la disposición no alcanza a "expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana" amparadas por la Constitución. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, remarcó que "todos los países en su condición de soberanos tienen la última palabra en decidir a quiénes les abren la puerta". La orden entrará en vigencia el viernes 31 de julio y será remitida al Congreso para su tratamiento legislativo. La Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de aplicar las nuevas restricciones impulsadas por el gobierno de Milei.

Expertos advierten riesgos de discrecionalidad

Especialistas en derecho migratorio cuestionaron la falta de precisión de la norma que modifica la Ley de Migraciones. Lucía Galoppo, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a la AFP que “el decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”. La letrada indicó que el texto “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se va a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores”. “Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó Galoppo. La abogada recordó que Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración con derechos garantizados por la Constitución.

Por su parte, el politólogo Iván Schuliaquer, investigador de la Universidad de San Martín, señaló a la agencia AFP la contradicción de la medida: “Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y justifica ataques vía redes sociales con insultos, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”.

Mientras tanto, el Ejecutivo justificó la medida en “las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina” y en el aumento de “mensajes de odio al pueblo argentino”. Según la resolución, estas situaciones representan “un riesgo para la convivencia social”.

El decreto que modifica la Ley de Migraciones, con un fuerte componente político, fue diseñado con la participación del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron a LA NACIÓN que “la autoría fue de Milei cien por ciento”. La ministra Monteoliva, cercana a la secretaria general Karina Milei, se encargó de interiorizar a los ministros para viabilizar su firma. Milei denunció la existencia de una supuesta “campaña antiargentina” financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, aunque no aportó pruebas. El presidente vinculó esas críticas con comentarios viralizados durante el Mundial de fútbol. El portavoz presidencial Adrián Ravier describió la campaña como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda.

Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil luego de que Milei participara en un mitin opositor en São Paulo y calificara al presidente Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum rechazó públicamente las acusaciones sobre su participación en la presunta campaña. La Dirección de Migraciones, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, será la encargada de aplicar el nuevo criterio. Fuentes oficiales estimaron que “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” del solicitante, aunque no precisaron los mecanismos concretos de control.

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