El Gobierno Nacional ha dejado claro que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”. Así lo señala el comunicado oficial que advierte: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”. La medida fue impulsada tras denunciar una supuesta campaña “anti-Argentina” que, según medios como La Nación, habría sido protagonizada por celebridades internacionales luego de la final del Mundial 2026. El presidente Javier Milei vinculó estas manifestaciones de hostilidad con intereses de sectores políticos externos que buscarían perjudicar el modelo de gestión actual, reseña el diario.
El portavoz presidencial Adrián Ravier defendió la postura oficial frente a las acusaciones de racismo vertidas desde el exterior, señalando que tales críticas ignoran la realidad histórica del pueblo argentino. En cuanto a los procedimientos legales, si un ciudadano extranjero ya posee una autorización de residencia en el país, la autoridad migratoria podrá cancelar dicho beneficio basándose en las nuevas causales incorporadas. Según la modificación del artículo 63, esto puede resultar en una intimación para abandonar voluntariamente el territorio en un plazo determinado o derivar directamente en una orden de expulsión forzosa, evaluando siempre las circunstancias personales y la gravedad de los hechos atribuidos.
Estas disposiciones entrarán en plena vigencia a partir del viernes 31 de julio. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento expreso en un lapso de diez días hábiles.
“Todas aquellas personas que desde Hollywood, España, desde cualquier parte del mundo, hablen de la Argentina como un país racista, claramente desconocen nuestra historia”, afirmó el portavoz Adrián Ravier. El DNU establece que estas restricciones no se aplicarán a expresiones de disenso ideológico, debates académicos o críticas ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.
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