La Confederación Nacional de Trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del Perú presentó una acción popular contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el Poder Judicial anule el decreto que regula el pago de gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para más de 350 mil trabajadores estatales sujetos al Decreto Legislativo 1057. El gremio sostiene que la norma restringe beneficios reconocidos por ley, al establecer un cronograma de pagos progresivos que recién completará el 100% en 2030.
La noche del último martes, el MEF publicó el decreto que implementa dichos beneficios laborales, pero dispone un pago escalonado: 10% en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y el 100% recién a partir de 2030. Este fraccionamiento es rechazado por los trabajadores del sector público, ya que, según sus argumentos, la Ley N.° 32563 les otorga el derecho al pago íntegro de estos beneficios desde su entrada en vigencia.
"Hemos presentado la acción popular porque no es posible que un decreto supremo esté por encima de la ley 32563 (que indica que) los CAS recibirán la gratificación y CTS al 100%. Los derechos laborales no son renunciables", señaló el gremio laboral al elevar el documento judicial.
La acción popular es un mecanismo constitucional que permite impugnar normas de rango inferior, como decretos o reglamentos, que vulneren la Constitución o las leyes. El sindicato considera que el reglamento del MEF limita el alcance de los derechos reconocidos por la Ley N.° 32563 al diferir el pago completo de las gratificaciones y la CTS hasta el año 2030.
El reglamento del decreto del MEF establece un cronograma de cinco años para que los trabajadores CAS accedan al pago completo de las gratificaciones y CTS. A partir de 2026, recibirán dos gratificaciones al año por Fiestas Patrias y Navidad, en lugar del aguinaldo. El cronograma aprobado es el siguiente: en 2026, el 10% de una remuneración; en 2027, el 20%; en 2028, el 30%; en 2029, el 50%; y recién en 2030, el 100%. En el caso de la CTS, esos mismos porcentajes se aplicarán por cada año de servicios.
El gobierno de Balcázar justifica esta progresividad argumentando que estos beneficios deben considerar la disponibilidad presupuestal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, el reglamento precisa las condiciones para el pago de gratificaciones proporcionales y truncas, así como los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para acceder a estos beneficios.
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