El Poder Ejecutivo publicó ayer un decreto supremo que establece una nueva metodología para generar la fórmula de pago de los Bonos de la Deuda Agraria, dirigidos a quienes sufrieron la expropiación de sus tierras de cultivo entre 1969 y 1972. Esta medida responde a un mandato del Tribunal Constitucional (TC), que en febrero del 2026 ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitir una norma que actualice el cálculo sin que resulte confiscatorio.

Mario Seoane, asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), explicó a Correo que el conflicto se remonta al 2013, cuando el TC diseñó una metodología inicial y le ordenó al MEF aplicarla para desarrollar la fórmula de actualización e implementar un procedimiento administrativo de pago. “El MEF implementó el procedimiento, pero hizo una fórmula mala, que no era la correcta porque salía en muchos casos cero soles y era totalmente confiscatorio (apropiación). El MEF insistió en que la fórmula era la correcta y el año pasado fuimos al tribunal, que respondió con una sentencia, declarando que la fórmula del MEF era inconstitucional por confiscatorio”, precisó.

En la nueva sentencia, el TC vuelve a ordenar al MEF que elabore una nueva metodología y un nuevo procedimiento de pago. No obstante, Seoane señaló que el tribunal sugiere que sea él mismo quien revise la propuesta, para evitar que el MEF demore otros diez años y los bonistas continúen en una espera interminable. “Creo que el Tribunal, en un plazo razonable debería validar la fórmula”, anotó el jurista, quien estimó que esa revisión podría tomar aproximadamente dos meses. Una vez validada, se procedería al pago de los bonos, los cuales, por tratarse de una expropiación, no requieren estar programados en el presupuesto público.

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