Más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro mantienen bloqueadas las operaciones de la Minera Caravelí en la provincia de Pataz, región La Libertad, desde el pasado 14 de junio. El objetivo, según denunció Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía, es tomar el control de las áreas de concesión para realizar actividades mineras propias. En comunicación con RPP, el ejecutivo advirtió que el asedio se ha intensificado en las últimas horas. Los manifestantes han cercado el campamento minero con la supuesta intención de capturar al gerente de operaciones, quien aún permanece dentro de la unidad de producción. "En este momento hay el riesgo de que ingresen y capturen al gerente y lo agredan físicamente", alertó Zea. La situación, calificada por el representante de la empresa como una emergencia extrema, ha derivado en amenazas directas contra la integridad física del personal. Zea aseguró que todo el equipo se encuentra prácticamente secuestrado dentro de las instalaciones, ya que no se permite el ingreso ni la salida de ninguna persona vinculada a la compañía. El gerente denunció también un estado de indefensión ante la falta de respuesta de parte de las autoridades y la Policía. "Esta es una llamada de pedido de auxilio y de socorro urgente porque nos sentimos en un abandono total", expresó. La minera enfrenta así un escenario crítico en el que la integridad de sus trabajadores, especialmente la del gerente de operaciones, corre grave riesgo. MInera Caravelí denuncia que comuneros de Estrella de Oro intentan tomar control de sus instalaciones.

Vulnerabilidad fuera de la zona de emergencia

El gerente de la minera Caravelí, Zea, precisó que la raíz del conflicto es la intención de la comunidad Estrella de Oro —liderada por su presidente Majín Sánchez— de tomar el control de parte de la concesión para explotar los recursos directamente. Para ejecutar el bloqueo, los comuneros se movilizan en varias camionetas 4x4 a gran velocidad por toda la zona, impidiendo cualquier actividad de la empresa y obligando a los directivos a firmar documentos bajo coacción, según denunció el ejecutivo.

La ubicación geográfica de las instalaciones, pegadas a Tayabamba, agrava la situación. Zea explicó que, a diferencia de otras áreas de Pataz como Chugay o Parcoy —donde hay presencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el estado de emergencia—, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Esta no ha intervenido pese a las alertas sobre el riesgo inminente de agresiones físicas contra los trabajadores.

La parálisis de las operaciones no solo golpea la producción, sino que representa un riesgo ecológico en el distrito de Huailillas. Zea puntualizó que los manifestantes impiden el funcionamiento de las bombas encargadas de proteger la calidad del agua, un hecho ya reportado ante la fiscalía ambiental. A pesar de que la compañía ha presentado documentos y pedidos de auxilio presenciales ante la Policía en Trujillo, hasta la fecha no han recibido apoyo ni se ha registrado formalmente la denuncia.

La empresa ha denunciado que los comuneros intentan tomar el control de sus instalaciones en Caravelí. Según el comunicado, un grupo de personas ingresó de manera violenta a las oficinas y amenazó al personal. La minera exige la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad y el libre funcionamiento de sus operaciones. Hasta el momento, no se reportan heridos, pero la situación se mantiene en tensión. Los comuneros alegan incumplimientos previos por parte de la compañía.

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